Gisela Eva Morales Ruiz
Expediente 858/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 858/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 30/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gisela Eva Morales Ruiz
- Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado FOVISSSTE
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de conservación dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido, el incidente de suspensión es susceptible de conservación, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 17 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, transfiérase el presente juicio y el incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Devuélvase a la autoridad responsable Juez Segundo Menor en Materia Civil, con sede en esta ciudad, la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
El once de octubre de dos mil veintitrés se da cuenta al Juez, dentro del juicio de amparo I-858/2023, con una promoción registrada con el número 17988. Conste. Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito firmado por la quejosa Gisela Eva Morales Ruiz, mediante el cual solicita la devolución del billete de depósito N947052 valioso por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos moneda nacional 00/100), que exhibió para que surtiera efectos la suspensión definitiva concedida en el incidente de suspensión derivado del presente asunto. En tal virtud, dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad a su petición, toda vez que aún no comienza a transcurrir el plazo de seis meses que establece el artículo 156 de la Ley de Amparo, para que la parte tercera interesada promueva el incidente de pago de daños y perjuicios, en virtud de que se encuentra pendiente de causar ejecutoria la sentencia por la que se negó el amparo y protección de justicia. Asimismo, hágase saber a la peticionaria de amparo, que una vez transcurrido los seis meses que hace mención el párrafo anterior, este órgano jurisdiccional acordará de oficio lo conducente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veinte de septiembre de dos mil veintitrés. VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 858/2023; promovido por ********************, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de julio de dos mil veintitrés (foja 4), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, ******************** por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Segundo Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este juzgado, la registró con el número 858/2023, mediante auto de tres de agosto de dos mil veintitrés (foja 40) se desechó la demanda respecto de los actos reclamados consistentes en: 1. Las notificaciones realizadas en el juicio mercantil número 1387/2019, del índice del Juzgado Segundo Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, hasta el dictado de la sentencia emitida por el Juez responsable; 2. La omisión de la autoridad judicial responsable de no haberle solicitado su cédula profesional a la persona que la quejosa señaló como su representante en el juicio de origen; y, 3. Las notificaciones practicadas a la parte quejosa en la etapa de ejecución de sentencia del juicio mercantil 1387/2019. De igual forma, se admitió la demanda por lo que ve al acto consistente en: La entrega material del bien inmueble ubicado en el lote ********************, en esta ciudad, con la que concluyó la etapa de ejecución de sentencia del juicio ejecutivo mercantil 1387/2019, con uso de fuerza pública. Se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación y otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En auto de once de agosto de dos mil veintitrés (foja 71) se reconoció el carácter de tercera interesada a Claudia Vanesa García Villegas, en su carácter de actora dentro del juicio de origen, así como a Izzet Vázquez Rubio, en cuanto adjudicataria del inmueble rematado en dicha controversia judicial. Finalmente, se llevó a cabo el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado consignado en el acta que antecede, por lo que ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado tuvo ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda se advierte que ******************** reclama, del Juez Segundo Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de esta ciudad, al Actuario adscrito a dicho Juzgado y al Comisionado de la Policía Municipal de Morelia, Michoacán: La entrega material del bien inmueble ubicado en el lote ********************, en esta ciudad, con la que concluyó la etapa de ejecución de sentencia del juicio ejecutivo mercantil 1387/2019, con uso de fuerza pública. Tercera. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez Segundo Menor en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, al Actuario adscrito a dicho Juzgado y al Comisionado de la Policía Municipal de Morelia, Michoacán, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 67, 69 y 88), lo que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe, consistentes en testimonio autorizado del juicio ejecutivo mercantil 1387/2019, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. En ese sentido, se tiene por cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, corresponde ahora examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinta. Estudio de fondo. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." La quejosa en los conceptos de violación esgrime esencialmente que el Juez responsable vulnera el principio pro persona, toda vez que no obstante que no contó con una defensa adecuada, omitió requerir a su abogado para que exhibiera su cédula profesional. Que las notificaciones efectuadas durante el procedimiento, no reúnen los requisitos de fundamentación ni motivación y que tampoco fueron realizadas conforme a derecho. También aduce, que el aquo, suplió la deficiencia de la queja en favor de la parte actora en dos momentos procesales; el primero, al abrir un término extraordinario de ocho días para desahogar la prueba confesional y la audiencia de alegatos y el segundo, en el que por decisión propia y sin petición de las partes subsanó los errores o situaciones que se presentaron, cuando en la materia mercantil no existe dicha suplencia. Conceptos de violación que devienen inoperantes. Lo anterior es así, toda vez que la parte quejosa omitió expresar y revelar a través de la causa de pedir, las causas, circunstancias y razones por las que estimase que la diligencia efectuada el trece de junio de dos mil veintitrés, por medio de la cual se llevó a cabo la entrega del bien inmueble embargado y adjudicado en autos resultaba ilegal; o bien destacar las violaciones cometidas durante el procedimiento respectivo que lo hubiesen dejado sin defensa. Ello, dado que únicamente se limitó a señalar que no contó con una defensa adecuada; que las notificaciones efectuadas durante el procedimiento, no reúnen los requisitos de fundamentación ni motivación y que tampoco se realizaron conforme a derecho; finalmente que el Juez responsable, suplió la deficiencia de la queja en favor de la actora. Sin embargo, tales alegaciones se limitan a controvertir diversos actos que fueron desechados en proveído de tres de agosto de la anualidad que transcurre, al estimar que se debieron combatir en la vía directa al tratarse de violaciones cometidas hasta antes del dictado de la sentencia definitiva y porque aquéllas inherentes al procedimiento de ejecución, no fueron debidamente preparadas. Sin que -se insiste-, hubiese vertido motivos de disenso en los que precisara las causas, circunstancias y razones por las que explicara, porqué resultaba errónea el procedimiento de ejecución que concluyó con la diligencia de catorce de junio de dos mil veintitrés, por medio de la cual se entregó material del bien inmueble ubicado en el lote ********************, en esta ciudad. En apoyo a lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.- El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer "razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.". Finalmente, con relación al argumento de la quejosa en el sentido de que el Juez responsable debió aplicar el principio pro-persona en el período de ejecución de sentencia, resta señalar que desde el campo doctrinal se ha considerado que el referido principio "pro homine" tiene dos variantes: a) Directriz de preferencia interpretativa, por la cual se ha de buscar la interpretación que optimice más un derecho constitucional y, b) Directriz de preferencia de normas, la cual prevé que el Juez aplicará la norma más favorable a la persona, con independencia de la jerarquía formal de aquélla. Así, la actualización de este principio se entiende en la preferencia interpretativa extensiva más favorable a los derechos humanos del peticionario de amparo e implica que ante diferentes interpretaciones de un dispositivo legal, debe optarse por aquella que conduzca a una mejor y más amplia protección de los derechos fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su ejercicio. Bajo este contexto, resulta improcedente que a la luz de este principio, la quejosa pretenda que se aplique la interpretación más favorable, porque ni siquiera establece los artículos a partir de los cuáles este juzgador emprenderá dicho ejercicio, es decir, cuáles artículos se deben confrontar. En las condiciones apuntadas, ante lo inoperante de los conceptos de violación propuestos, lo que se impone es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por ********************, toda vez que no demostró que el acto reclamado infrinja en su perjuicio, los derechos fundamentales consignados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E Primero. Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra los actos reclamados a las autoridades y actos quedaron especificados en el considerando segundo, por los motivos expresados en el diverso quinto de este fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 20 de septiembre del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
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