Gisela Magdalena Rodriguez Chavez
Expediente 906/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 906/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gisela Magdalena Rodriguez Chavez
Actuaciones
- Principal
Irapuato, Guanajuato, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS CAUSA ESTADO DESECHADA. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que en acuerdo de ocho de septiembre del año en curso, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. ARCHIVO En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. - VALORACIÓN: No es de relevancia documental. - DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: La parte promovente allegó documentos no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretado en sentido contrario y 20, inciso fracción II, del Acuerdo en cita. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Por último, como se precisó en la certificación de cuenta, los documentos exhibidos por la parte promovente en el presente juicio de garantías son de los catalogados como no originales, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento, en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. Notifíquese.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, en su carácter de mandataria judicial de ***** contra actos que reclama de la Jueza Primero Civil de Partido de Salía, Guanajuato, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 906/2023. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. Al respecto, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracción V, ambos de la ley de amparo vigente, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Conforme a la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Actualmente, el Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional, interpretó lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que esos actos para ser calificados como irreparables, deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no que únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo. Además, estableció que dichos actos debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo esa interpretación a la Ley de Amparo vigente, determinó que la jurisprudencia P.J.4/2001, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", resulta inaplicable, dada la connotación que el legislador aportó a la ley, respecto de lo que debe entenderse por "imposible reparación". Estas consideraciones fueron formuladas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la Jurisprudencia P. /J. 37/2014 (10a.), localizable en la página 39, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P. /J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P. /J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aun que no lesionara derechos sustantivos, ya que con esta decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento; la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en esos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "..aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Del anterior criterio se obtiene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó como condiciones para promover juicio de amparo indirecto contra actos procesales de imposible reparación, las siguientes: a) Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", entendiéndose como tales aquellos supuestos en que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y b) Que esos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sobre esa base, se evidencia que existen actos que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, que no pueden considerarse de imposible reparación, por lo que, con independencia de la etapa en que se emitan durante el procedimiento de origen, el amparo indirecto en su contra es improcedente. Ahora bien, la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución del recurso de revocación de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, emitida por la Juez Primero Civil del Partido Judicial de Silao de la Victoria, Guanajuato, en el juicio sucesorio intestamentario ***** de su índice, que confirmó el proveído de veintitrés de junio del año en curso, en el cual requirió a la aquí promovente, en su carácter de albacea especial, entregar la cantidad de *****, con el apercibimiento que de no hacerlo la cantidad mencionada sería descontada de su haber hereditario. De ahí que el acto reclamado constituye un acto dentro de juicio cuyos efectos no son de imposible reparación, pues no afectan materialmente ningún derecho sustantivo consagrado en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino que sus efectos son meramente intraprocesales. Para comprender lo anterior, conviene precisar que los juicios sucesorios constan de cuatro etapas procesales: I. sucesión; II. Inventarios y avalúos; III. Administración; y, IV. Partición y adjudicación; en este sentido, las tres primeras etapas son impugnables en la vía indirecta del juicio constitucional, mientras que, la última en la vía directa del juicio de amparo. En este contexto, debe puntualizarse que en cada una de estas etapas o secciones se decide por separado y mediante resolución especial las actuaciones y derechos deducidos hasta ese momento procesal, las cuales, tienen firmeza plena para las partes en dicho procedimiento sucesorio; de ahí, que no sea posible impugnar cada acto intermedio dentro de cada sección, a pesar de que se considere una violación procesal, pues tal hipótesis contraría la naturaleza del amparo e incluso retardaría de forma injustificada el proceso. Por tanto, para impugnar lo actuado en tales etapas debe de esperarse a la emisión de la determinación que da por concluida la sección respectiva, pidiendo entonces impugnar las violaciones de ese procedimiento; desde luego, salvo que algún acto trascienda de manera directa e inmediata a algún derecho sustantivo (que no es el caso). En tales condiciones, antes de acudir al juicio de amparo contra las violaciones acontecidas durante un juicio sucesorio deben de analizarse dos supuestos: el primero si el acto reclamado vulnera de manera real y actual derechos sustantivos y, de no ser así, se analizará, , que la violación procesal esté siendo alegada en el momento procesal oportuno, es decir, hasta la emisión del auto que finaliza la etapa procesal respectiva. En ese contexto, de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, la segunda sección llamada "de inventarios" culminará con la resolución sobre el inventario y avalúo; por lo tanto, resulta inconcuso que el acto que en esta vía se reclama no se ubica en el supuesto que constituya la última determinación en la segunda etapa, al contrario, es un acto dentro del procedimiento de la segunda sección, que no es la última ni trasciende a derechos sustantivos. Lo anterior es así, pues del análisis de la demanda se advierte que el juicio sucesorio intestamentario ***** a bienes de ***** o *****, se encuentra en la segunda sección del juicio denominada "de inventarios", donde la aquí promovente interpuso recurso de revocación en contra del auto de veintitrés de junio del año en curso que le requirió en su carácter de albacea especial, que hiciera entrega de ***** que forma parte del haber hereditario, con el apercibimiento que de no hacerlo, en su momento, esa cantidad mencionada sería descontada de su haber hereditario. En ese sentido, es claro que el acto que aquí se impugna tiene naturaleza de un acto intraprocesal que por sí no repercute de manera actual en la esfera de derechos sustantivos de la promovente, ni se trata de la última determinación adoptada en la segunda sección del juicio sucesorio, de conformidad con el artículo 587 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, de manera que el acto reclamado, en su caso, solo transciende a derechos adjetivos o procesales que, en su caso, podrán impugnarse hasta la emisión del auto que finaliza la etapa procesal respectiva. El efecto del acto que pretende reclamar solo fue confirmar un diverso proveído en el cual se le hizo un requerimiento y si bien ese requerimiento se relaciona con la entrega al juzgado de un dinero parte de la masa hereditaria, tal solicitud no trastoca de manera real y actual sus derechos sustantivos ni en lo particular ni como albacea especial, tanto así que se trata solo de una solicitud o requerimiento, a la cual puede contestar en la forma que ella estime procedente y, solo como una posibilidad futura e incierta, se podría considerar que pudiera llegarse a hacer efectivo el apercibimiento; lo que desde luego, sucedería en un acto posterior de la etapa correspondiente del juicio sucesorio y, entonces sí, podría constatarse si trascendió o no la violación procedimental que ahora señala en su demanda de amparo. Lo que se constata de esa forma porque el auto confirmado en la resolución reclamada, requirió a la responsable para la entrega de una cierta cantidad -que ella dice que repartió entre los herederos- ese requerimiento no causa una afectación actual a sus derechos sustantivos y, además, le apercibió que solo en caso de no cumplir con lo solicitado, esa cantidad sería descontada de su haber hereditario, dado que debe responder por el manejo de su cargo de albacea especial, lo que desde luego no es actual ni inminente, sino que es una situación contingente y, de ocurrir, se produciría en un acto posterior del procedimiento dentro de la etapa correspondiente; en ese sentido, contrario a lo que expone la quejosa ni el requerimiento ni el apercibimiento actualizan una afectación que trascienda de manera directa e inmediata a su "patrimonio" pues, como se dijo, el juicio se encuentra en la segunda etapa del procedimiento, por lo que, actualmente no existe determinación definitiva respecto de la partición de herencia, adjudicación de bienes y un posible descuento de su haber hereditario. En razón de lo anterior, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracción V, este último aplicado contrario sensu, ambos de la ley de amparo vigente, procede desechar la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia, respecto al acto reclamado, en virtud de que aun substanciándose el juicio de amparo, no podría arribarse a determinación diversa. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES La parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal; lo que de acuerdo con la Ley de la materia, corresponde a la notificación por lista. En consecuencia, se le practiquen las notificaciones, aun las de carácter personal, se le practiquen por medio de lista que se fije en los lugares visibles de este órgano, así como la correspondiente publicada en el Portal del Consejo de la Judicatura Federal; hasta en tanto señale domicilio para tal fin. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A ***** se le tiene como autorizado de la parte quejosa en términos amplios a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de lo asentado en la certificación de cuenta. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO. Se invita a la parte quejosa a que proponga diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para los efectos señalados en el párrafo que antecede. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA En términos de lo ordenado en el artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo se exhorta a las partes a que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza a las partes la expedición de copias de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, autorización que se entiende otorgada con las salvedades procedentes que aplicarán como excepción en cada caso concreto, por ejemplo, si se trata de información que deba permanecer en reserva. En la inteligencia de que las copias fotostáticas serán entregadas a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberán, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesitan. Para efecto de agilizar el trámite y atendiendo a las labores de este juzgado, el otorgamiento de copias se sujeta a las siguientes reglas: La reproducción de las copias solicitadas por las partes se efectuará los días miércoles a las diez horas. Para ello, el interesado podrá comunicarse, cuando menos con dos días hábiles de anticipación, al teléfono 462 123 9428. El día agendado, deberá presentarse debidamente identificado con documento oficial (pasaporte, credencial para votar o cédula profesional) en la sede de este juzgado, donde personal adscrito le indicará a qué centro de fotocopiado deberá trasladarse para la obtención de sus copias. Además, se informa a las partes que de contar con acceso al expediente electrónico, podrán descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. Finalmente, en virtud que la expedición de copias se autorizó desde este proveído, se ordena agregar sin mayor acuerdo las promociones que reiteren esa solicitud. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. PROMOCIONES O SOLICITUDES QUE SE AGREGARÁN SIN MAYOR PROVEÍDO A efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la persona secretaria encargada del trámite del asunto, para que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellas promociones y trámites donde resulte innecesario dictar algún acuerdo. Lo anterior, procederá en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) cualquier otra que a su criterio y bajo su responsabilidad, se estime innecesario acordar, para el debido trámite del procedimiento de amparo. Notifíquese por lista a la parte promovente.
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