Gisela Gomez Nolasco

Expediente 402/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
402/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
01/12/2021

Partes del expediente

  • Gisela Gomez Nolasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, se advierte que fue celebrada la audiencia constitucional, encontrándose pendiente el dictado de la sentencia respectiva. Ahora, en la determinación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal establecida en el oficio SECNO/STCCNO/626/2021, de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento que el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, apoyará a este órgano jurisdiccional en el dictado de las sentencias. Por tanto, en acatamiento a tal determinación, remítase vía interconexión al Juzgado de Distrito mencionado, para que proceda a emitir la sentencia respectiva, a quien además le serán otorgados los accesos para la consulta del expediente electrónico de este asunto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de que pueda verificar la totalidad de sus constancias. Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el inciso d) de la circular CAR 12/CCNO/2021 signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, relativa a los lineamientos para la generación y envío de las remesas de asuntos durante los meses de diciembre de dos mil veintiuno y enero de dos mil veintidós a los órganos auxiliares, así como para determinar la cantidad y temporalidad de los expedientes que las integrarán, modalidad de resolución y reenvío a los órganos auxiliados, a que se refiere el artículo 28 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado por los diversos 18/2020, 21/2020 y 21/2021, además de las diversas circulares CAR 9/CCNO/2011, 11/CCNO/2011, 14/CCNO/2011, 17/CCNO/2011, 05/CCNO/2012, 06/CCNO/2015 y 12/CCNO/2015 signadas por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos, relativa a las reglas establecidas para la remisión de los expedientes a los órganos jurisdiccionales auxiliares. Hágase del conocimiento de las partes este proveído. Se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este juzgado les remita, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese, por oficio a las autoridades responsables y a la fiscal adscrita.

  2. Incidental

    ... Ténganse por recibido el escrito de cuenta, suscrito por la quejosa ***, mediante el cual exhibe el billete de depósito ***, constituido en favor de ***, valioso por la cantidad de $ ***, con el que aduce cumplir con uno de los requisitos de efectividad que se fijaron en interlocutoria de diez de junio de dos mil veintiuno, a fin de que la medida cautelar continuara surtiendo efectos. Regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el número 40/2021; dese fe judicial del citado billete de depósito; y, guárdese en la caja de seguridad de este órgano jurisdiccional. Ahora, del análisis realizado al citado valor se aprecia que, según el apartado del concepto, se constituyó para: "PARA GARANTIZAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO AL AMPARO NÚMERO 402/2021", aunado a que se aprecia que en el apartado del nombre del depositante aparece corresponde a ***, persona diversa a la quejosa. En atención a lo anterior, se colige que dicha garantía no cumple los requisitos establecidos en la resolución de mérito, pues en la misma se precisó que debía constituirse en los términos siguientes: "Hágase la observación de que, si la garantía es presentada en billete de depósito, éste deberá ser constituido por la quejosa como depositante y si se garantiza mediante póliza de fianza, la compañía afianzadora que la expida se someterá de manera expresa a la jurisdicción de este juzgado; pero el texto deberá ser el siguiente: "(.) "Para garantizar la suspensión definitiva concedida a ***, en el incidente de suspensión 402/2021". Por ende, no se tiene constituido para el fin apuntado. En consecuencia, no ha lugar a tener por constituida la garantía exhibida para los fines pretendidos, por los motivos expresados en los párrafos que anteceden. Por tanto, el billete exhibido se deja a disposición del depositante y se hace de su conocimiento que, a partir del día siguiente al en que quede debidamente notificado del presente proveído, cuenta con el término de dos años para que comparezca ante el personal actuante de este Juzgado, para que se le haga entrega de dicho título de crédito; apercibido que de no hacerlo, se hará efectivo a favor de la Tesorería de la Federación, de conformidad con el artículo 50, párrafo primero, de la Ley de Tesorería de la Federación, que prevé: "Artículo 50. Los depósitos al cuidado o constituidos ante la Tesorería a que se refiere el artículo 29 de esta Ley, inclusive los rendimientos que en su caso generen, prescribirán a favor del erario federal en el plazo de dos años, contados a partir de la fecha en que pudo ser exigida jurídicamente su devolución o entrega por el depositante o por sus legítimos beneficiarios. (.)" En el entendido que, para su devolución, deberá agendar una cita a efecto de que se permita el acceso a este juzgado a la persona que pretenda hacer el trámite correspondiente; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/home, respecto de lo que se le informa que el horario del Juzgado es de las 12:30 horas a las 18:30 horas, a efecto de que lo tome en consideración, al momento de agendar su cita. Luego, una vez obtenida deberá comunicarse, cuando menos, con tres días de anticipación al teléfono 462 123 9428, en donde deberá indicar el número del presente incidente, fecha y hora de su cita, en el entendido que puede acudir a recoger el billete la persona facultada para ello, debidamente identificada con documento oficial (pasaporte, credencial para votar, cédula profesional), el cual se entregará debidamente endosado a favor del depositante, una vez que obre la razón respectiva en autos. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.

  3. Incidental

    ...Téngase por recibido el alegato ministerial de cuenta, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; atento a su contenido, así como a la certificación que antecede, se advierte que al día de hoy la parte quejosa no ha exhibido la garantía que se fijó, a fin de que continúe surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida mediante resolución interlocutoria de diez de junio de la anualidad en curso; en consecuencia, se ordena hacer del conocimiento de las autoridades responsables que tienen expedita su jurisdicción para ejecutar los actos reclamados. En el entendido que dicha circunstancia sólo impide que la suspensión surta plenamente sus efectos ante la falta del cumplimiento del requisito que se fijó para su efectividad, pues hasta en tanto no exista sentencia ejecutoriada en el amparo, se está en aptitud de allegar la respectiva garantía a fin de que vuelva a surtir efectos la medida cautelar, siempre y cuando no se haya ejecutado el acto reclamado. Se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este juzgado les remita, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. No pasa desapercibido que la Fiscal adscrita se refiera a la suspensión provisional otorgada el diez de junio pasado, sin embargo, de su texto se obtiene que corresponde a la suspensión definitiva, la cual, fue otorgada en la fecha que refiere...

  4. Incidental

    ... CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad y Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en virtud de así haberlo manifestado en sus informes previos. QUINTO. Naturaleza de los actos reclamados (materia para la suspensión). Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. En el caso, la parte quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se ejecute el cobro de la cantidad a la que fue condenada. Al respecto, tocante a los efectos solicitados, se considera que se cumple el citado requisito pues son de carácter positivo, ya que consisten en un hacer de las responsables, voluntario y efectivo, que se materializa a través de diversas acciones, esto es, la ejecución de la resolución de la que se duele la parte incidentista, que puede derivar en una eventual trasgresión, molestia o privación de bienes o derechos del gobernado. SEXTO. Ponderación del interés particular sobre el interés social y las disposiciones de orden público. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la suspensión solicitada, es que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En todo caso, para darles significado, el Juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del Juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. Por lo que ve a los citados efectos, se considera que con lo solicitado no se causa perjuicio al interés social ni al orden público, que tiene que ver con los mayores beneficios que aseguren el desarrollo armónico de la comunidad, pues en caso de ejecutarse los actos reclamados serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se le ocasionarían a la parte quejosa porque se le podría privar de bienes o derechos que difícilmente recuperaría. SÉPTIMO. Interés suspensional -estudio de la apariencia del buen derecho-. De conformidad con el artículo 131 de la Ley de Amparo, solo se concederá la medida cautelar cuando la parte quejosa acredite el interés jurídico o legítimo que justifique su otorgamiento, es decir, cuando el acto reclamado, sus efectos y/o consecuencias, causen daños de imposible o difícil reparación a la parte quejosa en su esfera jurídica. La noción de interés suspensional, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial. Cobra aplicación al caso, por las razones que la conforman, la tesis I.4o.A.15 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2166, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, que dice: "INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego". En el caso se acredita el interés suspensional con la manifestación que, bajo protesta de decir verdad, realiza la parte quejosa en el sentido de que es la parte condenada a pagar las costas procesales en el juicio natural; lo cual merece valor probatorio merced al principio de probidad que rige el juicio de amparo que implica considerar que las partes se conducen con verdad y que sus afirmaciones son ciertas, por tanto, cualquier afectación sobre sus derechos les afecta. Lo anterior tiene sustento en la tesis VII.2º.A.T.12 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página mil seis, tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, LOS ARGUMENTOS REALIZADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA DEMANDA DE AMPARO, DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LA, SIEMPRE QUE SEAN VEROSÍMILES. El Juez de Distrito actuó contrariamente a derecho al negar la suspensión provisional de los actos reclamados, por considerar básicamente que la quejosa no acreditó contar con licencia expedida por las autoridades competentes que autorizaran el funcionamiento de la negociación clausurada, pues omitió observar que aquélla manifestó en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que sí contaba con la licencia respectiva, sólo que no podía presentarla en ese momento debido a que se encontraba en el interior de la negociación, a la que lógicamente no tenía acceso, argumentos que son razonables y verosímiles, por lo que es evidente que si en ese momento procesal no se contaba con medios de convicción que desvirtuaran lo aseverado por la promovente, el a quo debió darles credibilidad a las afirmaciones referidas." Aunado a que las responsables, al rendir su informe previo, reconocieron el acto reclamado. Así, se satisfacen con los requisitos para la concesión de la presente medida precautoria, esto es, que la solicita la parte quejosa, tan es así que ello motiva la sustanciación de este incidente; con lo solicitado no se causa perjuicio al interés social ni al orden público, que tiene que ver con los mayores beneficios que aseguren el desarrollo armónico de la comunidad; en caso de ejecutarse los actos reclamados serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se le ocasionarían a la parte quejosa porque se le podría privar de bienes que difícilmente recuperaría. Por tanto, con fundamento en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada. OCTAVO. Efectos de la concesión. Con fundamento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, procede otorgar la medida cautelar a la parte quejosa, para el efecto de que no se ejecute la resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación ***, de la estadística de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. Ello, en tanto las responsables reciban comunicación en el que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal del que deriva el incidente en que se actúa, siempre y cuando a la fecha del dictado del presente acuerdo no haya acontecido, pues de ser así se estaría en presencia de actos consumados contra los que resulta improcedente otorgar la suspensión solicitada. Apercibidas las responsables, que, de no obedecer la presente resolución, se procederá en su contra en términos de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III4, de la Ley de Amparo. NOVENO. Requisitos para que surta efectos la medida cautelar. Ahora bien, es importante precisarse que, por un lado el otorgamiento de la medida cautelar establece un mecanismo que atiende a la naturaleza del acto reclamado y a los efectos individuales y sociales que con ella se pudieran provocar; por otro lado, en cuanto a los requisitos que debe cumplir la parte quejosa para que surta efectos la suspensión que se le haya conferido, se incorpora el principio general consistente en que para ello será necesario que se otorgue caución bastante que responda por los daños y perjuicios que puedan ocasionar al tercero interesado. Por ello, de conformidad con el artículo 138, primer párrafo y 139 de la Ley de Amparo, la presente medida cautelar surte sus efectos desde este momento, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no presenta garantía que equivale a la suma de los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse a los terceros interesados. En efecto, toda vez que los daños y perjuicios que se ocasionan con la concesión de la suspensión que se concede, están representados, los primeros (daños) con la depreciación o pérdida del valor adquisitivo de la cantidad que no ingresó al patrimonio del ejecutante vencedor y, los segundos (perjuicios) por las ganancias lícitas que obtendría al tener bajo su dominio el monto de la condena cuya ejecución se paraliza, hasta que se resuelva el juicio principal de donde deriva la presente incidencia. De tal manera, en principio, se toma en cuenta que el tiempo estimado para resolver el juicio principal del cual deriva el presente incidente, es de aproximadamente seis meses; de ahí que, la caución fijada es la suma de los daños y perjuicios que pudieran causarse, la cual se cuantificará con base en el monto al que asciende la cantidad líquida a que fue condenada la parte actora -aquí quejosa- dentro de la resolución reclamada que asciende a $****, relativa al pago de costas procesales. Resulta aplicable a lo anterior, por igualdad de razón jurídica, la jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.), con número de registro 2008219, obligatoria a partir del diecinueve de enero de dos mil quince, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Libro 14, Enero de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación." Así, para el cálculo de los daños se debe tomar como base el aumento del índice nacional de precios al consumidor por el tiempo en que se considera puede resolverse sobre el juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión (índice inflacionario) al día en que se emite la presente resolución; de lo que se obtiene que con relación al índice inflacionario de diciembre de dos mil veinte a mayo de dos mil veintiuno, fue de 2.88% (dos punto ochenta y ocho por ciento); por tanto, aplicando el porcentaje estimado de inflación en el mes aludido, al producto de la operación aritmética relativa a la cantidad a que asciende la ejecución, da la cantidad de $*** En el caso de los posibles perjuicios, se calculan de acuerdo a la tasa de interés interbancaria de equilibrio a veintiocho días en el momento de la presente resolución, que equivale a 4.2827% (cuatro punto dos mil ochocientos veintisiete por ciento) anual, según información que se trae de la página http://www.banxico.org.mx; la cual, dividida entre doce meses, arroja un porcentaje mensual de 0. 3568% (cero punto tres mil quinientos sesenta y ocho por ciento), que a su vez multiplicada por seis meses, resulta la cantidad de 0.2140% (cero punto dos mil cientos cuarenta por ciento). De modo que, si el tercero interesado dispusiera de la cantidad líquida de $***, se considera que dejaría de obtener como ganancia lícita en un período de un mes, el monto equivalente a $30.08 (treinta pesos 08/100 moneda nacional). En consecuencia, la parte quejosa deberá exhibir garantía por la cantidad de $435.22 (cuatrocientos treinta y cinco pesos 22/100 moneda nacional), que equivale a la suma de los daños y perjuicios calculados con anterioridad. Por lo tanto, se determina que la suspensión definitiva concedida, surte sus efectos desde este momento, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no exhibe dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de esta determinación, una garantía por la suma de los daños y perjuicios que han sido cuantificados, esto es, de $435.22 (cuatrocientos treinta y cinco pesos 22/100 moneda nacional), conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, en cualquiera de las formas permitidas por la ley. Hágase la observación de que, si la garantía es presentada en billete de depósito, éste deberá ser constituido por la quejosa como depositante y si se garantiza mediante póliza de fianza, la compañía afianzadora que la expida se someterá de manera expresa a la jurisdicción de este juzgado; pero el texto deberá ser el siguiente: "Para garantizar la suspensión definitiva concedida a ***, en el incidente de suspensión 402/2021". Apercibidas las responsables, que, de no obedecer la presente resolución, se procederá en su contra en términos de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 140 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede a ***, la suspensión definitiva de los actos reclamados, por las razones aludidas en el considerando séptimo de la presente interlocutoria. Notifíquese.

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