Gisela López Urtusuástegui
Expediente 627/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 31 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 627/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 28/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Gisela López Urtusuástegui
- Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
En Culiacán, Sinaloa, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos sin mayor proveído la comunicación proveniente del Juzgado Primero de distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad; lo anterior, en razón de que su contenido fue materia del diverso de veintiséis de abril del año en curso. Notifíquese.
- Principal
En Culiacán, Sinaloa, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Agréguese la comunicación signada por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, mediante el cual solicita se remita copia certificada del juicio de amparo indirecto ******************** promovido por ********************. Luego de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, no se obtuvo registro en este juzgado que coincida con el juicio de amparo promovido por la quejosa referida. Sin embargo, vía interconexión remítase al Juzgado Solicitante, copia de la demanda y auto admisorio del juicio de amparo ******************** que obra en el índice de este juzgado. Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron la sentencia dictada en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA; en tal virtud, agréguese a los autos el cuaderno original del incidente de suspensión. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. Toda vez que el duplicado del incidente es susceptible de destrucción; en consecuencia, una vez que transcurra el término de seis meses que establece el citado Acuerdo, dese nueva cuenta para acordar lo procedente; en la inteligencia de que la Secretaría deberá realizar el cómputo correspondiente para facilitar, en su oportunidad, la destrucción respectiva. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no tiene valor jurídico ni relevancia documental, por no actualizarse ninguno de los supuestos indicados en las fracciones de referencia. Notifíquese.
- Principal
Audiencia constitucional En Culiacán Rosales, Sinaloa, a las diez horas con treinta y dos minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto ********************, asistido del Secretario José Manuel Íñiguez Ramos y sin presencia de las partes, el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, procede a celebrar la audiencia, para lo cual solicita al secretario dé cuenta y relación de las constancias del expediente. El Secretario da cuenta con las constancias relevantes, entre ellas: demanda de amparo, auto de admisión, escrito de ampliación de demanda y su respectivo acuerdo, notificación a las partes, informes justificados y pruebas. El Juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias y rendidos los informes justificados; apertúrese la siguiente etapa. Se abre el período de pruebas, en el que a solicitud del Juez el Secretario hace constar las documentales allegadas por las partes. El Juez acuerda: Se admiten dichas pruebas y se tienen desahogadas en razón de su naturaleza. Al no existir medio de convicción pendiente de relacionar, admitir o desahogar, se cierra esta fase y se ordena pasar a la siguiente. Se apertura el periodo de alegatos, en el que a instancia del Juez el Secretario hace constar que las partes no los formularon, asimismo, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no presentó alegato ministerial. El Juez acuerda: Se cierra esta fase de alegatos. Concluidas las etapas de pruebas y alegatos, se procede dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************. TRÁMITE PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Culiacán Rosales, Sinaloa, ********************solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa y otras autoridades. SEGUNDO. Admisión. En acuerdo de veintiuno de junio siguiente se admitió la demanda, se ordenó solicitar informe justificado a las autoridades responsables, dar intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó hora y día para la audiencia constitucional. Por auto de nueve de noviembre del año próximo pasado, se admitió la ampliación de demanda presentada por la quejosa, en la que precisó los descuentos a su salario reclamados (foja 379). La audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede. RESOLUCIÓN PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente, virtud que se reclaman actos con ejecución en esta localidad, donde ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Autoridades responsables y actos reclamados. Del Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, Secretario General de Gobierno del Estado de Sinaloa -en su denominación correcta-, Secretario de Administración y Finanzas, Director de Recursos Humanos, ambos del Gobierno del Estado de Sinaloa, así como del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado -en su denominación correcta-. El cambio de categoría de trabajador de base DF a supernumerario SP. Las retenciones o descuentos en el pago de su sueldo conceptos: doce 011a ********************, tres 012a ********************uno 016a ********************y uno 095a ********************. Del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado. La solicitud realizada a las demás autoridades para que realizara el cambio de categoría reclamado, así como para que realizaran descuentos y omitieran realizar pagos y prestaciones. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, así como al Secretario General de Gobierno del Estado de Sinaloa, virtud que así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes con justificación (fojas 187 a 190). Sin que la parte quejosa desvirtúe la negativa de las autoridades responsables. En consecuencia, ante la inexistencia de actos procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de tales actos y autoridades con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Actos ciertos. Son ciertos los actos reclamados al Secretario de Administración y Finanzas, así como al Director de Recursos Humanos, ambos del Gobierno del Estado de Sinaloa, ya que al rendir sus informes justificados parcialmente los aceptaron. Por otra parte, es cierto el acto reclamado al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, pues no obstante su negativa, en informe justificado que rindió aceptó que derivado de la asamblea general ordinaria de dos de mayo de dos mil veintidós, el sindicato determinó la suspensión de sus derechos sindicales por falta de pago de préstamos JAFE, FIGLOSTASE, vivienda y cuotas sindicales. QUINTO. Causas de improcedencia actualizadas. Primer causa de improcedencia actualizada Respecto de las retenciones o descuentos en el pago del sueldo de la quejosa, concepto 095a ********************, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. La fracción X del citado numeral determina la improcedencia del juicio de amparo contra actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el propio quejoso, contra las mismas autoridades, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Por su parte, la fracción XI precisa la improcedencia del juicio constitucional contra normas actos que hayan sido materia de ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; por tanto, la causa de improcedencia de cosa juzgada se da cuando se reclame acto analizado mediante sentencia firme en diverso juicio de amparo, a condición que sea promovido por el propio quejoso, contra las mismas autoridades, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Bajo ese contexto, la causa de improcedencia de cosa juzgada se actualiza cuando se satisfacen los requisitos señalados, aunque las demandas relativas contengan distinta pretensión o causa de pedir, es decir, se promuevan con el ánimo de proteger algún interés jurídico derivado de bienes o derechos diversos, pues este último requisito no deriva del artículo 61, fracciones X y XI de la Ley de Amparo. Como se precisó al inicio de este apartado, la parte quejosa reclama las retenciones o descuentos en el pago de su sueldo concepto 095a ********************. Conviene destacar que es hecho notorio para este juzgado la existencia del diverso juicio de amparo ********************tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, promovido por la quejosa ********************, por los mismos actos reclamados, el cual es susceptible de invocarse de oficio sin necesidad de prueba, esto con sustento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo; juicio de amparo del cual obra copia certificada en autos. Al respecto, de las constancias del mencionado juicio de amparo ********************se advierte lo siguiente: 1. La demanda de amparo se presentó el siete de septiembre de dos mil veintiuno por ********************, en la que señaló como acto reclamado las retenciones o descuentos en el pago de su sueldo concepto 095a ******************** (fojas 351 a 362). 2. El veintinueve de ese mes y año se admitió la demanda de amparo, se ordenó requerir informes justificados a las autoridades responsables, dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 364 y 365). 3. Integrado el expediente, el ocho de diciembre de dos mil veintiuno fue celebrada la audiencia constitucional, en la que se dictó sentencia y se sobreseyó en el referido juicio de garantías (fojas 367 a 371). 4. En acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo ********************. En ese sentido, la actualización de la causa de improcedencia anunciada se pone de manifiesto, ya que de las constancias indicadas se advierte que en el presente juicio de amparo se reclama, entre otros, acto analizado mediante sentencia firme en diverso juicio de amparo, promovido por la propia quejosa, contra las mismas autoridades. Ello es así, pues en aquella demanda reclamó del Secretario de Administración y Finanzas, así como del Director de Recursos Humanos, ambos del Gobierno del Estado de Sinaloa, las retenciones o descuentos en el pago de su sueldo concepto 095a ********************. En las relatadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XI, de la Ley de Amparo; por tanto, se impone sobreseer con sustento en el arábigo 63, fracción V, de dicho ordenamiento. Segunda causa de improcedencia actualizada. En relación al cambio de categoría de trabajador de base DF a supernumerario SP, la solicitud realizada a las autoridades del Gobierno del Estado para que realizara el cambio de categoría reclamado, así como para que realizaran descuentos y omitieran realizar pagos y prestaciones; y, las retenciones o descuentos realizados a su sueldo como analista de las Agencias del Ministerio Público, del Gobierno del Estado de Sinaloa, identificadas como conceptos 011a ********************, 012a ********************y 016a ********************. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, esta última aplicada en sentido contrario, al no estar ante actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. De ambos preceptos deriva que, por regla general, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad; del segundo de esos numerales se advierte dos supuestos para determinar quién es autoridad para los efectos de juicio de amparo, a saber: 1. La que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de la naturaleza formal de dicho sujeto. 2. Los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos, cuyas funciones estén determinadas por alguna norma general. A diferencia de la Ley de Amparo anterior, la vigente atribuye calidad de autoridad con independencia de la naturaleza formal del órgano o sujeto que emite el acto; es decir, el concepto de autoridad responsable quedó desvinculado de su naturaleza formal y, ahora, atiende al tipo de acto, el cual debe ser susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria. Los particulares tendrán calidad de autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de particulares, cuyas funciones estén determinadas por alguna norma general. En el proceso legislativo origen a la inclusión de este concepto de autoridad para efectos del amparo, específicamente en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia de Gobernación, de Estudios Legislativos, Segunda a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, en la consideración Sexta se abordó el tema de autoridad responsable y particulares en los siguientes términos: Autoridad Responsable y Particulares. Se define a la autoridad responsable como parte en el juicio de amparo en el artículo 5, fracción II del presente proyecto. Tendrá tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En la teoría tradicional de los derechos fundamentales que ha sido predominante en México, su eficacia vertical implicaba que sólo fueran oponibles ante los actos del Estado. Esto estaba en gran medida justificado en que los derechos de las personas eran concebidos como limitantes de la actuación del Estado y provenía de las primeras declaraciones de derechos que surgieron como reacción a los Estados absolutistas y que representaban el 'enemigo a vencer' por el gran poder que detentaban sus gobernantes. Este concepto de verticalidad tuvo gran apoyo doctrinal y jurisprudencial en la relación jurídica de la 'garantía individual' de suprasubordinación entre el gobernado y los órganos de autoridad, y por lo mismo la procedencia del amparo se restringió al concepto de autoridad responsable que fuere constituida con ese carácter conforme a la ley o que bien dispusiera directa o indirectamente de la fuerza pública para hacer cumplir sus resoluciones. El énfasis que se hizo en esta concepción de los derechos como una afectación del Estado en la esfera de los particulares, si bien es comprensible, también ha quedado rebasado por la realidad actual por tres razones principales. La primera es que el surgimiento de los derechos económicos, sociales y culturales ha transformado el papel del Estado frente a los gobernados de tal suerte en que ya no debe ser visto únicamente como enemigo, sino todo lo contrario, debe ser percibido como un aliado para hacer estos derechos efectivos. La tutela, respeto y protección de este tipo de derechos debe verse a través de una actividad positiva del Estado a favor de los particulares, como sucede en la educación, la vivienda, la salud, la cultura, el deporte, el medio ambiente, y en otros derechos concretamente establecidos en las normas fundamentales. La segunda, es precisamente que hoy en día, en materia de derechos humanos, la vulneración más importante de tales derechos no sólo provienen del Estado, sino que también provienen de la actuación de los particulares en ciertas circunstancias. El medio ambiente ha sido principalmente vulnerado por los actos de particulares, más que del Estado mismo; la discriminación social no solamente proviene de los agentes del Estado, sino que lamentablemente es alimentada por prácticas dentro de la sociedad y de los mismos particulares; el derecho a la intimidad, a las comunicaciones privadas y a la protección de datos personales es una responsabilidad que hoy corresponde también a los particulares garantizar. Y finalmente la tercera razón es porque la vía de protección procesal que permita prevenir o reparar violaciones de derechos humanos realizadas por particulares era prácticamente nula o de una eficacia muy limitada. En muchos casos de la jurisprudencia y doctrina jurídica en México se ha interpretado y reflejado que los destinatarios de los derechos básicos de las personas no sólo son las autoridades, sino también a los demás gobernados, y que la continuación de esta teoría tradicional nos puede conducir a la violación de los compromisos internacionales que ha asumido el Estado mexicano. En un análisis de derecho comparado se ha visto que el constitucionalismo latinoamericano cada vez abandona más la teoría tradicional o liberal de los derechos fundamentales para reconocer la plena eficacia horizontal de los derechos humanos. Países como Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile, Perú y Bolivia admiten en lo general el amparo contra particulares, ya sea por su disposición normativa lo contempla expresamente, o que por no excluirlo en la norma constitucional se ha abierto en legislación secundaria y en interpretación jurisprudencial. En el caso de países como Costa Rica, Colombia y Guatemala, su admisión es de forma restrictiva, ya que procede el amparo contra particulares cuando actúen en ejercicio de funciones o potestades públicas, cuando actúen por ley o concesión del Estado, cuando estén en posición de poder de superioridad frente a los otros gobernados, o cuando los remedios jurisdiccionales resulten insuficientes. Estas dictaminadoras coinciden en que éste no es un cambio menor y que debe considerarse el impacto en la administración de justicia de la eficacia horizontal de los derechos humanos. Tales derechos se protegen con los mismos medios que tiene un particular para defenderse de los actos de autoridad, y por consecuencia pudiera interpretarse equivocadamente que los derechos remediables por las vías civil, penal o laboral, necesariamente deban iniciarse por la vía constitucional. Sin embargo, sí existen casos en los que deban tener este cauce procesal para obtener una protección más eficaz, más justa y por tratarse de una violación directa a este tipo de derechos. Por ello se considera que la mejor forma de plasmar este concepto en esta Ley y de explicarlo en el presente dictamen es definir el acto de autoridad y que los particulares tendrán dicha calidad cuando sus actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que objetivamente se define en la fracción II, y cuya potestad o función derive de una norma general y abstracta. En casos paradigmáticos sobre el tema en países como Argentina, Colombia, Perú y Bolivia, que datan desde los años 50, donde se ha verificado que ha sido posible obtener la protección constitucional contra actos de particulares. En un caso se interpretó que si bien el nacimiento del amparo y de los derechos fundamentales había sido diseñado para proteger a los particulares contra la autoridad pública, también tuvieron los constituyentes la sagacidad y prudencia de no fijar exclusivamente en los textos constitucionales que la protección de los derechos humanos sólo fuera contra ataques que provengan de la autoridad, ni que pudieran emanar de otros particulares o sus agrupaciones, ya que éstos acumulan gran poder material o económico y cuya fuerza se opone incluso a las del Estado. En otros casos donde la vía ordinaria se había considerado más adecuada para remediar una violación a estos derechos, los tribunales constitucionales estimaron que, por lo contrario, al tratarse de violaciones directas a derechos fundamentales y por los alcances sociales que se concretan en este tipo de derechos, la vía constitucional resultaba idónea y más efectiva. A pesar de que los particulares pueden tener el carácter de autoridad en el juicio de amparo cuando realicen los actos identificados en el segundo párrafo de (sic) del artículo en cuestión, esto no implica el desconocimiento de las vías ordinarias de resolución, así como el agotamiento de los elementos procesales respectivos, El reconocimiento de estos actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por el quejoso y la posibilidad de evaluar por parte de tribunal el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales. En ningún momento se pretende que el Poder Judicial de la Federación sustituya a las autoridades ordinarias competentes para la resolución de este tipo de conflictos. Hay que tomar en cuenta que en la gran mayoría de los casos este tipo de violaciones requieren la mediación de las autoridades ordinarias, las cuales tienen que valorar inicialmente este tipo de actos. Sin embargo, siempre existirán actos que puedan llegar de manera directa al amparo cuando los particulares estén en una situación de supra-subordinación y sin medios de defensa que le permitan solventar su pretensión. De conformidad con lo anterior, para definir cuándo se está en presencia de autoridad para efectos del juicio de amparo, debe tenerse en cuenta: 1. La existencia de un ente u organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal. 2. Ese ente u organismo emita u omita actos jurídicos derivados de las facultades que les confiera alguna norma jurídica. 3. Con el actuar u omisión se cree, modifique o extinga determinada situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. De lo anterior deriva que la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo que ofrece el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual señala: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sin embargo, la vigente Ley de Amparo en el precepto indicado resulta flexible, pues acepta la posibilidad que los actos de particulares sean considerados de autoridad cuando afecten derechos de las personas, a condición que esas funciones estén determinadas por alguna norma general. Como puede observarse del Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia de Gobernación, de Estudios Legislativos, trascrita con anterioridad, la intención del legislador (interpretación funcional mediante argumentación psicológica) es que los actos de particulares susceptibles de reclamar en amparo no son los estrictamente realizados entre particulares, sino el de su actuar vinculado con el de autoridad, específicamente cuando estén en situación de supra-subordinación, sin medios de defensa que permitan al afectado solventar su pretensión, virtud que la potestad o función de quien emite el acto derive de alguna norma general y abstracta. Así, la finalidad perseguida por el creador de la norma no fue el desconocimiento de las vías ordinarias de resolución, ni el agotamiento de los elementos procesales respectivos, cuando sean actos eminentemente entre particulares en relaciones de coordinación, pues no pretendió sustituir a las autoridades ordinarias competentes para la resolución de este tipo de conflictos. En todo caso, el acto de particular lo debe colocar en plano de supra-subordinación al emanar su actuación de alguna norma general y abstracta que lo obligue realizar el acto, como si se tratara de ente del Estado. En esa medida, los actos de particulares combatibles en amparo son los equivalentes a los de las autoridades, lo que significa que el particular realice actos alejado de su ámbito privado o particular convencional. Conclusión acorde con el significado del vocablo equivalente proporcionado por la ******************** en el ********************, Editorial ********************, vigésima segunda edición, España 2001: Equivalente. (Del lat. aequivalens, -entis). 1. adj. Que equivale a otra cosa. U. t. c. s. 2. adj. Geom. Dicho de una figura o de un sólido: Que tiene igual área o volumen y distinta forma que otro. En ese contexto, el vocablo equivalente consiste en la connotación que una cosa, figura o persona debe tener en igualdad de estimación, valor, potencia, eficacia, área o volumen que otra. Bajo esa perspectiva, el actuar del particular debe revestir las características de unilateral, por actuar de iniciativa propia; ser imperativo, debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente; coercitivo, esto es, que a través de la infraestructura del Estado se someta obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla la decisión. En vía de consecuencia, el acto de autoridad al que en su caso debe ser equivalente el acto del particular debe ser manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que exprese decisión de carácter imperativo y coercitivo como órgano autoritario del Estado, que puede producir afectación a los intereses jurídicos de los gobernados. Por tanto, los actos de particulares no pueden someterse a análisis constitucional cuando actúen en el ámbito y ejercicio de su esfera de derecho privado o en cumplimiento de un convenio particular, aun cuando se pretenda indicar que ese pacto encuentra sustento en alguna norma general, pues todo actuar que pudiera derivar de plano de igualdad con otros particulares no tiene sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de garantías. De acuerdo con lo antes razonado, para efectos del juicio de amparo el actuar del particular ha de colocarse en plano semejante respecto al de autoridades coercitivas y que realice actos unilaterales e imperativos, por lo que la realización de actos en plano de igualdad con otros particulares, que no impliquen supra subordinación, no constituye causa para tenerles con carácter de autoridades responsables. En conclusión, el actuar del particular debe estar determinada en alguna ley que le imponga tal obligación, esto es, que no sea potestativo sino imperativo su accionar. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues no se está ante actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, como enseguida se explica: La quejosa reclama cambio de categoría de trabajador de base DF a supernumerario, así como las consecuencias jurídicas como privación de derechos laborales, antigüedad, bonos, pagos, etcétera, lo cual revela calidad de patrón equiparado, esto es, se dan en el plano de coordinación entre empleador y empleado, inmerso en la relación laboral. Además, la parte quejosa manifiesta que es trabajadora activa del Gobierno del Estado, lo cual se acredita con los reportes de pago remitidos por las responsables, asimismo, en la demanda de amparo la quejosa sostiene que su salario quincenal tiene deducciones para el pago de préstamos solicitados por la propia amparista. La peticionaria de tutela constitucional sostiene que los descuentos de su sueldo se realizan en forma quincenal por el pago de créditos los que, asegura, desconoce; alega que no fue notificada ni tuvo oportuno conocimiento de los procedimientos de descuento. La autoridad responsable indico que la quejosa solicitó préstamos ante tercero no institucional y ante la Junta Administradora de Fondos Especiales del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, para acreditarlo allegó carta de instrucción, solicitudes de préstamo personal y solicitudes de préstamo para adquisición de bienes de consumo duradero, en los cuales autorizó a sus mutuantes para que se le realicen descuentos a sus ingresos que recibe como empleada al servicio del Estado (fojas 406, 408, 412, 415, 419, 422, 424, 426, 429, 433, 436, 440, 444, 447, 502 y 508). Con esas constancias, mediante autos de seis de diciembre de dos mil veintidós y veinte de enero del año en curso, este Juzgado de Distrito ordenó dar vista a la quejosa, lo que le fue notificado el trece de diciembre de dos mil veintidós y veinticuatro de enero de dos mil veintitrés (fojas 456 y 513). Sin que la parte quejosa realizara manifestación alguna al respecto. De lo anterior deriva que el ente en calidad de patrón equiparado realiza los descuentos cuestionados, esto es, se da en el plano de coordinación entre empleador y empleado, inmerso en la relación laboral, derivado de los préstamos otorgados a la quejosa; esto, en la medida que se trata de actos efectuados que afectan el salario de la ahora amparista como trabajadora activa de la citada dependencia, realizados por su empleador equiparado. Luego, cabe destacar que en términos de los artículos 1, 2, 3, 6 y 7 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, la relación jurídica entre aquélla y los servidores públicos que en ella trabajan es de naturaleza laboral; por tanto, se trata de patrón equiparado. Por su parte, el numeral 113 de esa legislación determina que corresponde al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje el conocimiento y resolución de los conflictos que se susciten entre las entidades públicas y sus trabajadores, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente vinculados con ellas. Interesa que el precepto 46 de la citada codificación prevé los supuestos en que podrán hacerse descuentos al salario de los trabajadores de los entes de gobierno, entre las que destaca la prevista en la fracción IX, consistente en descuentos por obligaciones aceptadas libremente por el trabajador con motivo de préstamos o créditos otorgados por el Sindicato y con base al convenio que al efecto celebre. Bajo esas condiciones, el cambio de categoría y prestaciones laborales, así como los descuentos reclamados, se dan por la relación laboral, esto es, en plano de coordinación, no se supra a subordinación, tan es así que los preceptos antes analizados prevén que los conflictos se ventilarán ante el indicado tribunal; por lo que las controversias por descuentos es la vía ordinaria la adecuada para resolverlos, lo que pone de manifiesto que, en ese aspecto, se dan en la relación patrón equiparado-trabajador. Este Órgano de Control Constitucional no desatiende que el derecho a percibir el salario es irrenunciable por disposición de los numerales 4, fracción V, y 40 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa; por tanto, también es imprescriptible. Empero, en todo caso, la afectación al salario está inmerso en la relación entre trabajador y empleados, en ese plano de coordinación; sin que tampoco implique renuncia a percibir el salario, en la medida que es destinado para el pago de los préstamos voluntariamente aceptados, por lo que de esa manera lo recibe. En las condiciones anotadas, no se está ante actos de autoridad para efectos del juicio de amparo; de ahí la actualización de la causa de improcedencia en estudio. Incluso, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa consintió expresamente los actos reclamados. Ese numeral prevé la improcedencia del juicio de amparo contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Como fue indicado con anterioridad, la ahora quejosa solicitó y expresó su consentimiento para que el patrón retuviera de sus percepciones en nómina los importes y en la frecuencia de pago señalados en los documentos respectivos, virtud de los préstamos obtenidos. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que la parte quejosa se conformó con los descuentos a su salario, al derivar de los contratos de préstamo; de ahí su consentimiento. En las condiciones anotadas, ante la configuración de las causas de improcedencia señaladas, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procedente sobreseer en el juicio constitucional. Este Órgano de Control Constitucional no desatiende que el derecho a percibir sueldo es irrenunciable e imprescriptible. Empero, en el caso no se está ante alguno de los supuestos de renuncia o pérdida del derecho a percibir el salario, sino solo que ante el consentimiento expreso al ser la quejosa quien dio instrucción para su realización. Incluso, tan percibe el sueldo que es destinado al pago de los créditos contratados por la amparista, lo que refleja positivamente su peculio al pagar su deuda. Sin que las causas de improcedencia advertidas inmiscuya cuestiones de fondo de la problemática constitucional planteada, pues no se aborda la legalidad de las instrucciones dadas por la quejosa para la realización de los descuentos cuestionados; aspectos que, además, no son controvertidos por la peticionaria de tutela constitucional. Aunado a que las instrucciones dadas por la quejosa constituyen declaración unilateral de voluntad, luego basta que sea la propia peticionaria de tutela constitucional quien deje sin efectos esas instrucciones a fin que cesen los descuentos, sin necesidad de acudir a esta instancia constitucional. Sin que pase inadvertido que probablemente los créditos contratados por la aquí quejosa, por la fecha de su contratación y por la frecuencia de los descuentos, probablemente a la fecha pudieran estar saldados; sin embargo, dicha circunstancia resulta intrascendente pues, a fin de cuentas, dichos descuentos, como ya se dijo, no son actos de autoridad, además que fueron consentidos por la parte quejosa. En las condiciones anotadas, ante la configuración de las causas de improcedencia señaladas, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la citada ley, procedente sobreseer en el juicio constitucional. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resolvió el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido de José Manuel Íñiguez Ramos, Secretario que autoriza y da fe.
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