Gildardo Duarte Rosas

Expediente 828/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
828/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
11/08/2023

Partes del expediente

  • Gildardo Duarte Rosas

Actuaciones

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, once de agosto de dos mil veintitrés. Con base en la certificación de cuenta y dado que la parte promovente no recurrió el auto en que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General Notifíquese.

  2. Principal

    Culiacán, Sinaloa, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. I. Parte quejosa. Gildardo Duarte Rosas y Mayra Trinidad Hermosillo Sotomayor. II. Formación del expediente. Vista la demanda de amparo, promovida supuestamente por Antonio Hernández Peña, autorizado de Gildardo Duarte Rosas y Mayra Trinidad Hermosillo Sotomayor, fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo apertúrese el expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado deberá asegurar la integridad del expediente electrónico, procurando que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. En el caso en que un asunto se inicie y tramite a través de documentos físicos, los órganos jurisdiccionales deberán digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. La firma electrónica FIREL, e.firma dará certeza y validez jurídica de la integridad del expediente electrónico. III. Desechamiento de la demanda. Visto el escrito de demanda presentada vía electrónica por Antonio Hernández Peña, autorizado de Gildardo Duarte Rosas y Mayra Trinidad Hermosillo Sotomayor, contra actos del Juez Segundo de Distrito del Estado de Sinaloa. Confesión expresa que se le reconoce valor de prueba plena conforme lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta desechar de plano la demanda de garantías al advertir la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por manifiesto se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En acatamiento a dicho precepto, se advierte que en la especie se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6° aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por los motivos y fundamentos que a continuación se exponen: El artículo 107, fracción I, de la Constitución establece: 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada..." Los artículos 6° y 61, fracción XXIII, ambos de la ley de la materia, establecen: 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos que esta Ley lo permita. "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De lo anterior se advierte que el artículo 107, fracción I, de la Constitución es determinante al disponer que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en relación con esa disposición, el diverso 6° de la Ley de Amparo señala que el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, o por su defensor, tratándose de causa criminal, por algún pariente o persona extraña en los casos permitidos por la Ley de Amparo. Asimismo, tratándose de escritos presentados en forma electrónica, el ordinal 3 de la Ley de Amparo señala: "3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. [.] Los escritos en forma electrónica se presentaran mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. [.] No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." De igual forma, el acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en su artículo 2, fracciones XV y XVI, describe lo siguiente: "2. Para efectos de este Acuerdo General se entenderá por: [.] XV. FIREL: La Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. XVI. Firma Electrónica: documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quien es el autor o emisor de un Documento Electrónico la FIREL, la firma o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o FIREL), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del estado con las cuales el PJF haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados, resulta aplicable a esto último lo previsto en el artículo 5, párrafo segundo, del "Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del poder Judicial de la federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y el expediente electrónico. Luego, como en el juicio de amparo la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho se manifiesta a través de su firma, ello no acontece en la especie, toda vez que la demanda de amparo aunque se presentó por medios electrónicos, no contiene la firma electrónica del promovente, entendida como tal el conjunto de datos y caracteres que permiten la identificación del signante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control de manera que está vinculada únicamente a él; por lo que si la demanda carece de la firma de quien la promueve, debe considerarse como simple papel, en la que no se incorporó expresión de voluntad por no aparecer precisamente su rúbrica que vincule al escrito inicial de demanda con la voluntad exteriorizada de la parte quejosa, ya que la firma electrónica es el conjunto de símbolos que vinculan el escrito petitorio de amparo con la voluntad del que la promueve, circunstancia la cual obliga a las personas en todos los asuntos jurídicos presentados por la vía electrónica, pues denota su voluntad y conformidad con el contenido de escrito en que la plasman. Sin que en la especie opere el caso de excepción contemplado en la parte final del artículo 3° de la Ley de Amparo, que expresamente señala: No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. El cual señala: Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. Por tanto, por no encontrase en el supuesto de excepción previsto en el artículo 3° de la ley de Amparo y ante la ausencia de firma electrónica en el escrito de demanda, debe considerarse que no hay instancia de parte agraviada; consecuentemente, procede desechar la demanda de amparo al surtirse la causal de improcedencia que se plantea. Sirve de apoyo la Jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 26 de abril de 2019 10:30 h, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Consecuentemente, con apoyo además en los artículos 61, fracción XXIII, 6° y 108, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de que se trata. IV. Domicilio y autorizados. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista que menciona. Asimismo, se autoriza la consulta del expediente electrónico y las notificaciones por ese medio al usuario propuesto; por tanto, otórguese la autorización correspondiente. Se instruye al Actuario para que las notificaciones personales que se dicten en el expediente, sean notificadas por el sistema electrónico, levantándose la razón correspondiente. De igual manera, se instruye a la Oficial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a fin de que se realicen las actuaciones en el referido sistema. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante José Leónides Miguel Santos Cortés, secretario que asiste y da fe.

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