Giovanna Puente Gonzalez
Expediente 1353/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1353/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Giovanna Puente Gonzalez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Como lo dispone el punto décimo primero, del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del citado Acuerdo General, proceda su destrucción. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DECIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como que el Consejo de la Judicatura Federal, declaró inhábiles y no laborables los días veinte, veintiuno, veintidós y veinticinco de septiembre de este año, en este Estado de Morelos; en tal virtud, la audiencia constitucional señalada en este expediente, se difiere y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que, en el acuerdo de cinco de septiembre de año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable; luego entonces, se desprende que no han transcurrido los ocho días previos a la celebración de la audiencia constitucional, tal y como lo refiere el artículo 117, de la ley de la materia, para que las partes estén en posibilidad de imponerse de dicho informe; motivo por el cual, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la misma.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de agosto de dos mil diecisiete. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia común a los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por Giovanna Puente González, enviado a su vez por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual informa que declaró procedente la separación de autos planteada en el juicio de amparo 1307/2017-VII, de ese índice y remite copia certificada de diversas actuaciones que integran ese asunto. En consecuencia, se ordena continuar con el trámite de la demanda de amparo únicamente respecto de Giovanna Puente González, quien solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Directora General del Centro Penitenciario Social número 16, y otra autoridad. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1353/2017, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De la suspensión del acto reclamado. Sin que haya lugar a aperturar incidente de suspensión, tomando en consideración que el homólogo del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante determinación de dieciséis de agosto último decreto la suspensión de plano del acto reclamado. Requerimiento a las autoridades responsables Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la ley de la materia invocada, pídase el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, el que deberán rendir dentro del término de quince días, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias en que se apoye el acto que se le reclama. Solicitando se acompañe al citado informe copia certificada de las constancias necesarias para apoyar el mismo. Apercibidas que de no rendirlo, se les impondrá en la sentencia respectiva, una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 238, y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traduciría en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en este juicio de amparo. En ese mismo sentido, con apoyo en el dispositivo 262 del cuerpo normativo en cita, comuníquese a las autoridades responsables que de rendir su informe con justificación expresando un hecho falso o negando la verdad, podrán ser sancionadas en los términos que señale dicho precepto. Asimismo, se les hace saber que de conformidad con el artículo 28 de la ley reglamentaria, en caso de negativa a recibir oficios, debido a la imprecisión de la denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente y si a pesar de ello subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la misma. En el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. Denominación de las autoridades responsables Se previene a la parte quejosa de que si las autoridades que señaló como responsables no existen con la denominación que indica en la demanda que se acuerda, se tendrán por inexistentes, salvo prueba en contrario o que durante la tramitación de este juicio se rectifique el señalamiento en su correcta denominación de las responsables, lo anterior es así, toda vez que en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es obligación de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, sin que este órgano jurisdiccional esté obligado a subsanar tal deficiencia, al no operar la suplencia de la queja prevista en el artículo 79 de la ley de la materia, ya que la misma no tiene el alcance de autorizar al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis III.2º.P.36/K, sustentada por los Tribunales Colegiados, visible en la página 2329, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA." Además, de que no es obligación de este juzgado de Distrito en términos de la Ley de Amparo, cerciorarse de la existencia de las autoridades señaladas con el carácter de responsables, pues tal señalización compete única y exclusivamente a la parte quejosa. Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis visible en la página 464, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XII, del mes de agosto de 1993, Octava Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la letra dice: "JUEZ DE AMPARO, NO TIENE OBLIGACIÓN DE CERCIORARSE DE LA EXISTENCIA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. No existe ningún precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación para los jueces del orden federal en cuanto a que tengan que cerciorarse de la existencia de las autoridades señaladas como responsables, y esto es así, precisamente porque le corresponde a quien promueve la acción de amparo el indicar la autoridad o autoridades a quienes se les atribuyen los actos reclamados, en los términos del artículo 116, fracciones III y IV, de la ley de la materia, numeral que en su parte relativa expresa que en la demanda de amparo se debe precisar ".La autoridad o autoridades responsables." y ".la ley o acto que de cada autoridad se reclame.". De la audiencia constitucional Se señalan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia constitucional. Intervención del agente del ministerio público de la federación En términos del numeral 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que compete al Ministerio Público Federal de la adscripción, y, con fundamento en el diverso numeral 26, fracción III del ordenamiento legal invocado, notifíquese el presente acuerdo, así como los subsecuentes por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Obligación de las partes de informar causal de sobreseimiento Hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64 de la citada ley, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 238, y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traduciría en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en este juicio de amparo. Domicilio procesal y autorizados En otro aspecto, con base en el dispositivo 26, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo en cita, se tiene por señalado como domicilio para recibir y oír notificaciones personales, el lugar donde se encuentra recluida la peticionaria de amparo, esto es, en el Centro Federal CPS 16 en el Estado de Morelos, lugar en donde deberá notificarse de manera personal todos y cada uno de los proveídos, autos y resoluciones que se dicten en este juicio de amparo. De las notificaciones a las partes Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales) Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Actuario adscrito Se comisiona al Actuario adscrito a este juzgado para los efectos de que al momento de notificar el presente acuerdo, requiera a la quejosa ratifique la firma y el contenido de la demanda de amparo que promueven ante este órgano de control constitucional. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión. Así lo proveyó y firma Guillermo Amaro Correa Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa con la Secretaria María Del Rosario García Jiménez, que autoriza. Doy fe.
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