Gildardo Alanís Rosales
Expediente 435/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 41 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 435/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 41
- Última actuación
- 17/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Gildardo Alanís Rosales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 41.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 435/2020, promovido por Gildardo Alanís Rosales, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de julio de dos mil veinte, ante el secretario de guardia de este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, Gildardo Alanís Rosales solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Salud, Diario Oficial de la Federación, Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Director y Subdirectores, Médico y Administrativo, de la clínica hospital "Dr. Rafael Barba Ocampo". Acto reclamado. "Se reclama la CIRCULAR D/329/2020 de 15 de julio de 2020, que ordena acudir a una "capacitación" al centro de trabajo, de 13:00 a 15:00 horas, el miércoles 05 de agosto de 2020. Se reclama el levantamiento de la medida extraordinaria de resguardo domiciliario corresponsable prevista por el artículo PRIMERO, fracción V, del ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que de manera estricta debe aplicar al trabajador de salud quejoso por ser persona mayor de 60 años de edad, y diagnóstico de hipertensión arterial, así como de diabetes mellitus, así como la reanudación de su asistencia al centro de trabajo, no obstante su situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio." DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican." SEGUNDO. El veintiuno de julio de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 435/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: La circular D/329/2020 de quince de julio de dos mil veinte, que ordena acudir a una "capacitación" al centro de trabajo el cinco de agosto de dos mil veinte. El levantamiento de la medida extraordinaria de resguardo domiciliario del quejoso. Sin que en el caso sea dable tener como acto reclamado destacado los diversos Acuerdos relacionados con la estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa. Esto es así, ya que tales Acuerdos los relaciona en vía de conceptos de violación con el acto del que realmente le pudiera generar un perjuicio, es decir, la orden para que se reincorpore a sus labores de manera presencial. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Salud, Diario Oficial de la Federación, Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en la emisión o ejecución de la circular D/329/2020 y la orden al quejoso de reincorporarse a sus funciones de manera presencial, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa no obstante que tal carga procesal le corresponde. En las relacionadas condiciones, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Director y Subdirectores, Médico y Administrativo, de la clínica hospital "Dr. Rafael Barba Ocampo", al rendir el informe justificado aceptaron el acto reclamado y remitieron las constancias relativas, que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, debe analizarse la procedencia del juicio constitucional, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Quien ahora resuelve advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados que por esta vía defiende; ya que de las propias manifestaciones esgrimidas por el autorizado del quejoso adminiculadas con el informe rendido por la responsable, por medio del cual hizo del conocimiento que mediante escrito de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, el quejoso Gildardo Alanís Rosales, comunicó al Subdirector Médico de la Clínica Hospital Dr. Rafael Barba Ocampo, que se presentaría a laborar normalmente a partir del cinco de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que ya había recibido las vacunas contra el Covid-19, lo cual realizaba por su propia voluntad. Ahora bien, la fracción XIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, es el siguiente: "Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." La citada causa de improcedencia parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo, aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Lo anterior responde evidentemente a un principio de certidumbre jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado por sí o a través de sus apoderados o representantes de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. Esta disposición resulta coherente con la sanción que debe imponerse al quejoso que adopta una actitud pasiva frente al acto de autoridad que a pesar de que le causa perjuicio, se somete a él en todos sus efectos y consecuencias, sea porque en un principio le beneficie o posteriormente pretende impugnarlo a pesar del consentimiento previo que manifestó. En ese sentido, es pertinente destacar que de acuerdo con la disposición imperativa en estudio, puede decirse que de conformidad con el acto reclamado comprende tanto lo que la doctrina considera en sí mismo al consentimiento expreso como lo que se entiende por consentimiento tácito, connotaciones que el Código Civil Federal recoge en su artículo 1803, conforme a las cuales el consentimiento expreso es aquél cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, mientras que el tácito, resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Es importante precisar que la anterior conclusión no debe confundirse con la hipótesis normativa de la fracción XIV del artículo 61 en consulta, pues esta última se refiere al consentimiento tácito que se presume de la presentación extemporánea de la demanda de amparo al no promoverse oportunamente dentro de los plazos señalados en la Ley de Amparo, en tanto que el consentimiento tácito que se deriva de la fracción XIII, se refiere más bien a la presunción que se desprende de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, es decir, por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Al respecto, también debe señalarse que para que pueda considerarse que un acto reclamado deriva de otro expresa o tácitamente consentido, y que se actualiza la causa de improcedencia en cuestión, es necesario que concurran los siguientes elementos: a) Que exista un acto anterior al reclamado, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que se conoce y que, por lo mismo, no se haya ponderado en sus beneficios o perjuicios, así como los fundamentos y motivos expresados en él. b) Que el acto primigenio cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para el amparo promovido contra la subsecuente actuación, ni, desde luego, habría la necesidad de combatirlo a través de los recursos ordinarios. c) Que exista una relación directa e inmediata entre los actos, de modo tal que no quede ninguna sospecha de que guardan autonomía. En síntesis, los supuestos para que opere la causa de improcedencia de que se trata, son la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de uno posterior que sea una consecuencia legal, directa y necesaria de aquél, esto es, supone la existencia de una relación necesaria de causa a efecto entre dos o más actos de autoridad. Es aplicable al caso la tesis visible en la página nueve, del tomo 217-228 Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere tal causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Sobre estas bases, se concluye que en el caso sí se actualizan los supuestos de la causa de improcedencia en estudio, en razón de lo siguiente: a) Que exista un acto anterior al reclamado. La circular D/329/2020 y la orden de reincorporarse a sus funciones presenciales.. b) Que el acto primigenio cause un agravio al quejoso. Esto pues sostuvo el quejoso se vulnera su derecho a la salud y se pone en riesgo la vida. c) Que exista una relación directa e inmediata entre los actos. El hecho de que el aquí quejoso hubiese decidido reincorporarse voluntariamente a sus funciones, no obstante se encontrara gozando de una medida cautelar dictada por este Juzgado Federal, implica la aceptación de los efectos y consecuencias del acto reclamado. Por lo expuesto, el acto reclamado en el presente juicio fue consentido por un acto posterior provocado por el propio quejoso, ya que Gildardo Alanís Rosales, se presentó voluntariamente al Hospital en el cual labora, no obstante de contar con la suspensión de plano decretada por este Juzgado, con lo que consintió el acto reclamado en esta vía. Por los motivos expuestos, se sobresee en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 fracción XIII de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además, en los artículos 74, 76, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso Gildardo Alanís Rosales, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Julián Pantaleón Suárez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de enero de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre del año pasado, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/4431/2021, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a siete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que con fecha veintisiete de agosto del año actual, se proveyó sobre la prueba pericial en Medicina General ofrecida por la parte quejosa, y se le requirió para que presentara ante este Juzgado a su perito para protestar dicho cargo, lo cual hasta la fecha no ha acontecido, por tal motivo, y para evitar mayores dilaciones procesales; requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que quede notificado del presente acuerdo, informe si insiste en llevar a cabo dicha prueba pericial, ello tomando en consideración que el autorizado del quejoso, informó a este juzgado federal acerca de la reincorporación voluntaria del quejoso Gildardo Alanís Rosales, a sus actividades laborales; apercibido de no hacerlo así, se tendrá por desistido de dicha prueba y se proveerá lo que a derecho corresponda. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a tres de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, ello en virtud de que a la fecha está transcurriendo el plazo otorgado mediante auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, por el cual se dio vista a las partes con las constancias enviadas por la autoridad responsable; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por José Rafael Cuevas Pinzón, Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual esta dando cumplimiento al requerimiento que obra en autos; en consecuencia de lo anterior, se tienen por hecha la comunicación vertida, así como satisfecho el requerimiento formulado a la autoridad antes mencionada, y con el oficio de cuenta y anexo, dése vista a las partes, para que manifieste lo que a sus intereses convenga. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
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