Giovani Gerardo Rivera Torres
Expediente 209/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 209/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Giovani Gerardo Rivera Torres
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos y toda vez que conforme al Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el que se determinó adoptar una serie de medidas preventivas con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello la propagación del coronavirus COVID-19, así como sus acuerdos modificatorios todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el periodo de la vigencia, se advierte que éste concluyó el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, mediante Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto primero que se regresaba al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública del virus COVID-19, por lo que únicamente se daría trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirían y tramitarían los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". De igual manera, se estableció que se suspendían los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia, y que esta medida tendría vigencia del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; periodo durante el cual se suspenden los plazos y términos, con las salvedades del referido punto. Mediante Circular SECNO/1/2021 de ocho de enero de dos mil veintiuno, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto dos, por lo que respecta a este Circuito, que la operación de este Juzgado será el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por tanto, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el doce de febrero de dos mil veintiuno. En tales condiciones, se reanuda el procedimiento en este asunto por lo que se hace del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, atento a lo informado por el Secretario en la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la referida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, de ahí que este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21 inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Por último, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de este juicio de amparo, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con el artículo Vigésimo, fracción II, inciso a) y el artículo Vigésimo Primero inciso c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el cuaderno original y duplicado del presente incidente de suspensión es susceptible de destrucción, toda vez que por acuerdo de seis de febrero de dos mil veinte y por resolución interlocutoria de trece del mismo mes y año, se negó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con veinte minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veinte, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 209/2020-II, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el secretario licenciado Juan Armando Cortes Carabias, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. A continuación, la secretaría hace una relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, auto admisorio de seis de febrero de dos mil veinte, constancias de notificación realizadas a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. El Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales conducentes y agréguese a estos autos el alegato de cuenta. Abierto el período de pruebas la secretaría da cuenta con las documentales remitidas por las autoridades señaladas como responsables, mismas que adjuntaron a su informe justificado. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas de mérito, para ser consideradas conforme al valor que legalmente merezcan al momento del dictado de la sentencia; con lo anterior se da por terminado el señalado período. Seguidamente, se abre la etapa de alegatos, en el que el secretario da cuenta con el alegato ministerial 171/2020 de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone solicita se niegue el amparo a la parte quejosa o en su caso de sobresea en el presente juicio de amparo. En atención a lo cual el Juez acuerda: se tienen por formulados los alegatos vertidos en el pedimento de cuenta, para ser tomados en consideración en su oportunidad, con lo cual se concluye la fase de referencia. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el juicio de amparo 209/2020-II, promovido por Giovani Gerardo Rivera Torres también conocido como Giovanni Gerardo Rivera Torres en contra del acto que reclama de la Directora del Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán y otra autoridad, por violación a los artículo 8°, 14, 16 y 17 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de Amparo. En demanda de amparo presentada el cinco de febrero del presente año, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Giovani Gerardo Rivera Torres también conocido como Giovanni Gerardo Rivera Torres, solicitó el amparo y protección contra actos de la Directora del Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán y Registrador de dicha dependencia. Segundo. Admisión de demanda. Por auto de seis de febrero de dos mil veinte, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se realizó al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 1º, y 35 de la Ley de Amparo, en relación con el 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, al reclamarse un acto omisivo que carece de ejecución, pero que se atribuye a autoridades con residencia en esta ciudad, en la que ejerce jurisdicción este Órgano Constitucional. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que la parte quejosa, reclama a las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de amparo, la omisión de resolver acerca de la solicitud número 167460-2019 de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, que hiciera la parte quejosa a efecto de que realice la inscripción del contrato de compraventa del predio urbano marcado con el número ciento dos de la calle veinticinco de la localidad y municipio de Akil, Yucatán, el cual obra inscrito a folio electrónico número sesenta y seis mil ochocientos noventa y seis. Tercero. Existencia del acto reclamado. La Directora y el Registrador, ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, autoridades responsables en el presente asunto, al rendir su informe justificado refirieron que es cierto el acto reclamado; por lo tanto, se tiene por existente el mismo. Cuarto. Estudio oficioso de las causas de improcedencia. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, toda vez que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito estudia en primer término si en la especie se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable. En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de resolver acerca de la solicitud número 167460-2019 de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, que hiciera la parte quejosa a efecto de que realice la inscripción del contrato de compraventa del predio urbano marcado con el número ciento dos de la calle veinticinco de la localidad y municipio de Akil, Yucatán, el cual obra inscrito a folio electrónico número sesenta y seis mil ochocientos noventa y seis. Ahora bien, respecto de dicho acto omisivo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que enseguida se transcribe: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesados los efectos del acto reclamado." La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. Lo anterior es así, porque del análisis de las constancias remitidas por la Directora y el Registrador, ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, autoridades responsables en el presente asunto, en su informe justificado, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo aplicable, se advierte que el doce de febrero de dos mil veinte, se emitió la boleta relativa a la solicitud número 167460-2019 de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, en sentido negativo; determinación que se le hizo del conocimiento de la aquí parte quejosa, el trece de febrero del año en curso, por medio de cédula de notificación. En esas condiciones, al haberse dado respuesta a la solicitud realizada por la parte quejosa, el doce de febrero de dos mil veinte, y posteriormente hacerlo de su conocimiento el trece de febrero del año en curso; todo esto con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el cinco de febrero de esta anualidad, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, pues dejó de subsistir el acto impugnado y de producir sus efectos, por lo que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable. Sin que pase desapercibido para este resolutor, el hecho de que en el presente juicio se reclama un acto de carácter omisivo, no obstante, al advertirse de las constancias remitidas por las autoridades responsables, que desde el día trece de febrero del presente año, fue notificado el aquí quejoso de la contestación efectuada por las autoridades responsables el doce del referido mes y año, en relación a la solicitud hecha ante las mismas, por lo que es evidente que el término previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo para efecto de ampliar su demanda en relación a dicha contestación a fenecido, razón por la cual a nada práctico llevaría el hecho de darle vista con fundamento en dicho numeral para el citado efecto, pues resultaría extemporánea dicha ampliación. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo respecto del acto reclamado, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada ley de la materia aplicable. Tiene aplicación al presente asunto, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73 al 79 de la Ley de Amparo: S e r e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Giovani Gerardo Rivera Torres también conocido como Giovanni Gerardo Rivera Torres, contra actos de la Directora y el Registrador, ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, por las razones expuestas en el cuerpo de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortes Carabias, quien autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan estos autos y toda vez que conforme al Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el que se determinó adoptar una serie de medidas preventivas con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello la propagación del coronavirus COVID-19, así como sus acuerdos modificatorios todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el periodo de la vigencia, se advierte que éste concluyó el treinta y uno de julio de dos mil veinte; en consecuencia se reanuda el procedimiento en este asunto. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Ahora, dado que la audiencia constitucional estaba señalada para las diez horas con diez minutos del diecinueve de marzo de dos mil veinte, periodo en el que se suspendieron las actividades como medida preventiva frente a la pandemia derivada del coronavirus COVID-19, de conformidad con en el Acuerdo General 4/2020, modificado por diversos Acuerdos Generales, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento de las partes, que se fija como nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional las diez horas con veinte minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Se hace del conocimiento de las partes que para el caso que consideren necesario imponerse de los autos, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, tomando en consideración que fue el propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quien determinó la reanudación de los plazos y términos procesales y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, bajo un esquema que permita preservar la salud e integridad de las partes y del personal de los órganos jurisdiccionales, a través del Acuerdo General 21/2020, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de julio de dos mil veinte, resulta innecesaria la notificación personal de la presente determinación a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, dado que es del conocimiento público, la reanudación de los términos procesales de los juicios tramitados ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
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