Gimel Roymel Ocheita Vera
Expediente 566/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 21 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 566/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 26/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gimel Roymel Ocheita Vera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Glósese a estos autos el escrito presentado por Gimel Roymel O'cheita Vera, parte quejosa en el presente asunto, mediante el cual solicita se le devuelva el billete de depósito número N-900468, expedido por Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $16,346.70 (dieciséis mil trescientos cuarenta y seis pesos, con setenta centavos moneda nacional), que se le fijó en estos autos incidentales, como requisito para que siguiera surtiendo efectos la suspensión provisional que le fue concedida. Al respecto, en virtud que por acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se proveyó que el citado billete quedaba a disposición de la parte quejosa, una vez transcurrido el término de seis meses previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo, y que a la presente fecha ya ha fenecido el mismo; por lo tanto, se ordena la entrega del billete en comento, por lo que se señalan las diez horas con cuarenta y un minutos del dos de junio de dos mil veintidós, para que Gimel Roymel O'cheita Vera, parte quejosa en los presentes autos, comparezca ante este órgano jurisdiccional a que se le haga entrega del citado billete endosado a su nombre. Por último, se hace del conocimiento de la parte quejosa que a fin de cumplir con la comparecencia señalada en los párrafos que anteceden, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Asimismo, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el actuario de la adscripción realice las notificaciones. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo aplicable, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia firmada el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo y protección en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que por sentencia firmada el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en su primer punto resolutivo se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentado la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Agréguese copia autorizada de este proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que deriva de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que por acuerdo de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, y resolución de treinta del citado mes y año, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, respectivamente por lo que deberá conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento, así como que el duplicado del mismo deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictado el presente proveído. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Por otra parte, toda vez que en los presentes autos se exhibió el billete de depósito N 900468 con fundamento en el artículo 156 de la Ley de Amparo, se le hace saber a la parte quejosa que una vez transcurridos seis meses a partir de la notificación a las partes de la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo del cual derivan estos autos incidentales, quedara a su disposición el referido billete de depósito por lo que deberá comparecer ante este órgano de control constitucional, en día y hora hábil con identificación oficial vigente para su devolución; con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término de dos años, a partir de que la citada garantía estuviese a su disposición, con fundamento en los artículos 45 y 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, dicho documento prescribirá a favor del Fisco Federal. Ahora bien, para materializar lo anterior, se le hace saber a la parte quejosa que se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y se le pueda agendar por el Juzgado la fecha de devolución de su billete de depósito. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 566/2021-I, promovido por Gimel Roymel O'Cheita Vera, contra actos que reclama del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el seis de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, que por turno le correspondió conocer al Primero, Gimel Roymel O'Cheita Vera solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Juez Primero Mercantil y Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos del Primer Departamento Judicial del Estado. Segundo. Aclaración y admisión de la demanda. Previa aclaración de la demanda, se tuvo por admitida por auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos con ejecución en el estado de Yucatán, que se localiza dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente de las autoridades señaladas como responsables: a) El emplazamiento, en su calidad de parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil 516/2019, del índice del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, promovido por Armando Augusto Flota Güémez, en su carácter de endosatario en procuración de Rodrigo Humberto Valencia Duarte, en contra del aquí quejoso. b) El embargo trabado en el citado juicio, sobre el predio marcado con el número ciento veinticinco, de la calle trece, del fraccionamiento Bosques de Mulsay, en Mérida, Yucatán. Tercero. Actos existentes. La Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y el Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, al rendir su respectivo informe justificado admitieron la existencia de los actos reclamados; lo que se corrobora de las constancias relativas al juicio de origen remitidas por la autoridad ordenadora, las cuales cuentan con valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos, en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo; de ahí que los mismos deban considerarse existentes, en cuanto a dichas autoridades se refiere, en el ámbito de su competencia. Cuarto. Análisis de los conceptos de violación. No existiendo causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni advirtiéndose de oficio alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda, que por economía procesal se tienen por reproducidos, al no encontrarse este resolutor obligado a su transcripción; esto en términos de la tesis de jurisprudencia 58/2010, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Jurisprudencia, Materia(s): Común, consultable en la página 830, Registro IUS número 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." En el caso a estudio, el quejoso alega básicamente que se violan en su perjuicio los derechos contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que no fue oído ni vencido en juicio, pues no fue emplazado legalmente al juicio de origen, pues no se realizó de manera personalísima, ni recibió notificación alguna. Que se le pretende privar de la propiedad por medio de un embargo, privándole del derecho de audiencia y acceso a la justicia, a consecuencia de la ilegal notificación. Son infundados los conceptos de violación. En principio es importante precisar que el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)" La disposición constitucional transcrita contiene el derecho fundamental de audiencia previa al acto privativo, la cual estriba en que antes de llevarse a cabo, es necesaria la existencia de un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Las formalidades esenciales del procedimiento, son las que resultan necesarias para garantizar una defensa adecuada, previamente al dictado del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: I. Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. II. Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas. III. Ocasión de alegar. IV. Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En términos de dichas premisas, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias constituye una formalidad esencial del procedimiento que de no respetarse impide u obstaculiza una adecuada defensa. Por lo que, la falta o el emplazamiento defectuoso al juicio constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, pues afecta la exigencia de que se dé oportunidad al gobernado de alegar lo que a su derecho convenga, así como la de ofrecer y desahogar las pruebas que estime pertinentes, lo que lógicamente implica colocarlo en indefensión. Las anteriores consideraciones, se toman de la jurisprudencia P./J. 47/95, por analogía y en lo conducente, bajo registro IUS 200234, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difundida en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, página 133, que dispone lo siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Entonces, la primera y más importante de esas formalidades, además de constituir un requisito indispensable para cumplimentar las restantes, es la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, denominada en el proceso jurisdiccional como emplazamiento. La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha considerado que la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio; precisamente por la importancia y trascendencia que tiene es que, por un lado, las leyes procesales lo regulan detalladamente estableciendo las formalidades de que debe estar investido y, por otro, la falta de apego a esas formalidades trae como consecuencia su nulidad; así, resulta indudable que las formalidades que disponen las leyes procesales para la práctica del emplazamiento, no tienen otra finalidad que la de garantizar hasta donde racionalmente sea posible, que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra y de sus consecuencias, pues sólo así tendrá realmente oportunidad de defenderse. Por tales motivos, es que la propia Ley impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 Constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar al afectado por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, la ausencia de emplazamiento o el emplazamiento que no cumple con los requisitos legales establecidos para llevarlo a cabo resultan violatorios del derecho de audiencia. En el caso, del examen de las constancias que integran el juicio de origen, que fueran enviadas por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, a las que se les confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se desprende que el emplazamiento realizado a la quejosa en autos del juicio ejecutivo mercantil de origen 516/2019 promovido en su contra, no es violatorio de sus derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por encontrarse sustentados dentro del marco de derecho aplicable al caso. Al respecto, de las constancias aludidas se advierten como antecedentes de los actos reclamados, los siguientes: a) Por escrito presentado el tres de abril de dos mil diecinueve, turnado al Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, Armando Augusto Flota Güémez, en su carácter de endosatario en procuración de Rodrigo Humberto Valencia Duarte, demandó de Gimel Roymel O'Cheita Vera, alias Gimel Romel O'Cheita Vera, aquí quejoso, en la vía ejecutiva mercantil, el pago de diversas prestaciones. b) En auto de ocho de abril de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de referencia y, se ordenó el emplazamiento a juicio de la parte demandada. c) El actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante acta de nueve de mayo de dos mil diecinueve, hizo constar que se constituyó en unión de la parte actora, al predio marcado con el número ciento veinticinco, de la calle trece, del fraccionamiento Bosques de Mulsay, de esta ciudad, en busca del demandado, y dejó un citatorio, para regresar al día diez siguiente, a la misma hora, en poder de un tercero quien dijo llamarse Gimel O'Cheita Pérez. d) El día señalado, diez de mayo de dos mil diecinueve, a las trece horas con cuarenta minutos, el actuario designado se constituyó en compañía de la parte actora, en el domicilio señalado como de la demandada Gimel Roymel O'Cheita Vera, alias Gimel Romel O'Cheita Vera, lo que se cercioró por la nomenclatura puesta en la esquina de la cuadra, que indicaba la calle y fraccionamiento referidos y la numeración visible que ostentaba el inmueble en su pared frontal, por la información de los vecinos del rumbo; además, de que en éste vivía, habitaba y tenía su domicilio el ahora quejoso, porque así se lo hizo saber una persona de sexo masculino quien se encontraba en el interior del predio, a quien requirió se identificara y que respondió tener el nombre de Gimel O'Cheita Pérez, ser hijo del buscado y al requerirlo se identificara, se negó rotundamente a ello, por lo que describió su media filiación como de tez morena, cabello rizado, largo, complexión media, de aproximadamente un metro con sesenta y cinco centímetros de estatura y tatuajes en ambos antebrazos, quien confirmó que era el predio buscado y que ahí podía ser notificado el demandado, quien era su padre, por lo que el fedatario requirió la presencia de éste, pero como no se encontraba, no obstante el citatorio dejado, procedió a entender la diligencia con su entrevistado, a quien le hizo saber el motivo de la diligencia, dándole lectura íntegra del auto de exequendo de fecha ocho de abril de dos mil diecinueve, poniéndole a la vista copia certificada del documento base de la acción (pagaré), y le requirió para que en el acto pagara en nombre de la parte demandada, la suerte principal, intereses moratorios pactados, como los gastos y costas que resulten, y al no hacerlo ni señalar bienes para embargar, a solicitud de la parte actora se embargó el cien por ciento del predio propiedad de la demandada, número ciento veinticinco, de la calle trece, del fraccionamiento Bosques de Mulsay, de esta ciudad; acto continuo emplazó a la demandada para que dentro del término de ocho días compareciera ante el juzgado que conoce del juicio a hacer pago llano de lo reclamado o a oponer excepciones y defensas, haciéndole entrega de un juego de copias de la demanda exhibida, sus anexos y del pagaré base de la acción, debidamente sellados y cotejados, así como de la copia de la cédula de notificación que contiene la orden de embargo decretada en contra del demandado y copia del acta levantada, comprometiéndose el entrevistado a entregarlo oportunamente a la parte demandada, todo lo cual recibió, pero no quiso firmar esta última. e) Por auto de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve dictado en el juicio de origen, se ordenó girar oficio a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, para que procediera a inscribir la toma de razón del embargo trabado sobre el inmueble en la diligencia antes señalada a nombre del quejoso. f) Por auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, se tuvieron por perdidos los derechos que la parte demandada en su oportunidad pudo haber ejercitado en el juicio de origen. g) Posteriormente, previos los trámites legales, el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia definitiva que condenó al aquí quejoso al pago de las prestaciones reclamadas, misma que causó ejecutoria el cuatro de noviembre siguiente. Precisado lo anterior, con base en lo antes reseñado y en las constancias existentes en el juicio de origen, queda de manifiesto que no asiste razón a la quejosa al exponer en sus motivos de queja que la juez y actuario responsable no respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, a fin de que le permitiera ejercer una adecuada defensa; asimismo, que le privaron de su derecho a ser emplazado de manera personalísima; sin embargo, contrario a su planteamiento, de las constancias anotadas se advierte que en el juicio natural sí se le otorgó el derecho fundamental de defensa al haber sido emplazado conforme a lo establecido en la ley aplicable, que en el caso lo es el Código de Comercio vigente en la época en que se realizó la notificación impugnada. Como se anticipó, dichos conceptos de violación aducidos por el quejoso resultan infundados, debido a que los artículos 1392, 1393, 1394, primero y segundo párrafos, y 1396 del Código de Comercio aplicable, que son los que regulan el emplazamiento en los procedimientos ejecutivos mercantiles, como aquél del que derivan los actos reclamados en este juicio, textualmente disponen: "Artículo 1,392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste". "Artículo 1,393. No encontrándose el deudor a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. "Artículo 1,394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al deudor sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores." "Artículo 1,396. Hecho el embargo, acto continuo se notificará al deudor, o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que dentro del término de ocho días, el que se computará en términos del artículo 1075 de este Código, comparezca el deudor ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad demandada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello." Sobre la base de lo transcrito y de la revisión de las constancias levantadas por el actuario responsable, se advierte que éste cumplió en su actuación con las formalidades impuestas por los señalados numerales, pues, como se adelantó, se cercioró de que el sitio señalado como domicilio del buscado existe, como lo afirmó con los datos visibles de la nomenclatura puesta en las placas metálicas que indican la numeración de las calles y el número del predio, las cuales se encontraban visibles en la esquina de la cuadra y en la pared frontal del inmueble y por la manifestación de quien dijo llamarse "Gimel O'Cheita Pérez", mismo que adujo ser hijo del buscado, habitar en ese predio, y que el demandado no se encontraba, pero que ese era su domicilio; persona que el fedatario la describió como de tez morena, cabello rizado, largo, complexión media, de aproximadamente un metro con sesenta y cinco centímetros de estatura y tatuajes en ambos antebrazos. Elementos que asentó en el acta circunstanciada de entrega del citatorio. Como corolario, el funcionario ejecutor se cercioró suficientemente de que en el inmueble donde actuó podría ser encontrado el directamente interesado, por tener ahí su residencia. Ahora, en un primer momento -diligencia de entrega del citatorio- al no haberlo localizado, el notificador responsable le dejó citatorio para que lo esperara al día hábil siguiente en horario fijo. Aviso oficial que como ya se explicó, fue entregado a la persona que dijo ser familiar del buscado -hijo - y quien de igual forma precisó habitar en el propio inmueble. Asimismo, de las actas en consulta se desprende que a las trece horas con cuarenta minutos del día diez de mayo de dos mil diecinueve, en compañía de la parte actora, se constituyó en el domicilio señalado como del demandado Gimel Roymel O'Cheita Vera, alias Gimel Romel O'Cheita Vera, lo que se cercioró por la nomenclatura de la esquina de la cuadra, que indicaba la calle y fraccionamiento señalados y la numeración visible en la pared frontal del inmueble, por la información de los vecinos del rumbo; además, de que en éste vivía, habitaba y tenía su domicilio el demandado, ahora quejoso, porque así se lo hizo saber una persona de sexo masculino quien se encontraba en el interior del predio, a quien requirió se identificara y que respondió tener el nombre de Gimel O'Cheita Pérez, ser hijo del buscado y al requerirlo se identificara, se negó a ello, por lo que describió su media filiación y quien confirmó que se trataba del predio buscado y que ahí podía ser notificado el demandado, quien era su padre, por lo que el actuario requirió su presencia, y como aquél no se encontraba, a pesar del citatorio dejado; por lo que le hizo saber al entrevistado el motivo de la diligencia, leyéndole el auto de exequendo dictado en el juicio de origen, mostrándole la demandada, copia certificada del pagaré base la acción, requiriéndole que en el acto pagara la suerte principal, intereses moratorios pactados y los gastos y costas originados por el juicio, y al no hacerlo, ni señaló bienes para embargo, trasladó el derecho a la parte actora, quien señaló el cien por ciento del predio propiedad del demandado; acto continuo lo emplazó para que dentro del término de ocho días compareciera ante el juzgado del conocimiento, a hacer pago llano de lo reclamado o a oponer excepciones y defensas, entregándolo un juego de copias de la demanda y anexos exhibidos, del pagaré base de la acción, sellados y cotejados, así como de la copia de la cédula de notificación que contenía la orden de embargo decretada en contra del demandado, todo lo cual recibió y se comprometió a entregarlo, pero se negó a firmar el acta. En la especie, se considera que la diligencia de emplazamiento fue realizada conforme a derecho, contrariamente a lo que argumenta la parte quejosa en sus conceptos de violación, ya que de las constancias que en copia certificada obran en autos, relativas al juicio ejecutivo mercantil 516/2019, se advierte que el mismo sí se realizó a la parte quejosa personalmente (por medio de cédula de notificación, actuaciones de las que se aprecia que el actuario responsable se constituyó, en la hora y fecha fijadas en el citatorio, al domicilio del demandado -quejoso-, y al no encontrarlo a pesar de la cita, el ejecutor procedió a practicar la diligencia de requerimiento de pago y embargo y el emplazamiento, por medio de cédula con la persona localizada en la fecha y horario establecidos, quien reiteró su carácter de familiar (hijo) del demandado y su domicilio en el indicado predio; datos que en su conjunto se estiman aptos y suficientes para tener la certeza que en el predio donde se constituyó era el domicilio del demandado. De igual forma, en la cédula de emplazamiento se advierten correctos los datos de identificación del juicio y el tribunal que ordena la diligencia, pues se asentó: (i) el nombre de la parte actora Rodrigo Humberto Valencia, endosatario en procuración de Armando Augusto Flota Güémez (ii) número de expediente: juicio ejecutivo mercantil 516/2019, del índice del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán; (iii) la transcripción del auto que ordena el emplazamiento: se insertó el auto de ocho de abril de dos mil diecinueve; (iv) se le corrió traslado con el escrito de demanda y demás documentos presentados con la misma y el pagaré base de la acción: la persona que la atendió recibió las copias de traslado y cédula, que contiene el auto señalado; y (v) el notificador trató de recabar la firma de la persona con quien entendió la notificación: asentó que no firmó de recibido -como se aprecia en la parte final del emplazamiento-. Esto es, si como afirma el quejoso, la notificación y emplazamiento no se le realizaron en forma directa y personalísima, esto se debió, como se ha expuesto, a que el actuario, al estar informado de la ausencia del demandado (aquí quejoso) a quien había dejado citatorio previamente, estaba en aptitud legal de realizar el emplazamiento con una persona que tenga alguna de las calidades de pariente, empleado o doméstico del interesado, o a cualquier otra persona que viva en el domicilio, dado que no basta que el notificador se constituya en el domicilio buscado y entienda la diligencia con alguna de (sic) personas citadas, pues la diligencia debe practicarse directamente con la persona buscada, y solo en el caso de que ésta no se encuentre, podrá practicarse con diversa persona, y en el caso de atención, se advierte que la persona con la que entendió la diligencia el actuario, indicó ser hijo del aquí quejoso y también vivir en ese domicilio, lo que daba la certeza de que le daría noticia al interesado, lo que basta para cumplir con las formalidades de ley a ese respecto. Resulta aplicable por mayoría de razón, la jurisprudencia 1a./J. 58/2019 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1034, del Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, Materia Civil, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y con registro digital 2020785, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. PARA CUMPLIR EL REQUISITO DE QUE EL NOTIFICADOR SE CERCIORE DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO, ES INNECESARIA UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA PERSONA QUE INFORMA DE LO ANTERIOR O CON LA QUE SE ENTIENDE LA DILIGENCIA, QUE SE NEGÓ A DAR SU NOMBRE, A IDENTIFICARSE O A FIRMAR (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 14/95). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 24/94, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 14/95, determinó que existe una defectuosa diligencia de citación a juicio cuando el actuario omita precisar cómo llegó a la convicción de que en el domicilio en el que se había constituido vivía el demandado, al no especificar las características físicas de la persona con la que atendió el irregular emplazamiento. Ahora bien, en atención a las reglas de la lógica y al principio ontológico de la prueba es necesario interrumpir la jurisprudencia de mérito, toda vez que la descripción detallada de esas características no debe considerarse indispensable para la validez del emplazamiento. Así, la interpretación de los artículos 61, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, 67, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, y 1393 del Código de Comercio, lleva a establecer que para cumplir el requisito consistente en que el notificador se cerciore de que el domicilio donde practica el emplazamiento corresponde al del demandado y deje constancia de lo anterior, cuando no entiende la diligencia con éste sino con persona distinta, y ésta o el informante se niegue a dar su nombre, a identificarse o a firmar el acta, es innecesario que el actuario asiente una descripción exhaustiva o detallada de las características físicas de esa persona, pues si bien es cierto que entre mayores y de mejor calidad sean los elementos que el notificador haga constar en el acta circunstanciada por los cuales se cercioró del domicilio del demandado, mayor certeza ofrecerá de ese hecho, no debe perderse de vista que el objetivo de la formalidad de asegurar que el emplazamiento se haga en el domicilio del demandado es para que éste quede vinculado a proceso, por lo que lo importante es dejar registro de los elementos y circunstancias que le permitieron llegar a la convicción o certeza de que el lugar donde se encuentra sí es del demandado, y apoyado en la fe pública del funcionario judicial, a fin de que lo anterior pueda ser apreciado y valorado por las partes y el juez, según su prudente arbitrio. Por lo que no resultaría indispensable o exigible cumplir aspectos difíciles o imposibles de lograr, como pretender la plena identificación de una persona a través de su descripción física detallada, de manera que se invalidara la actuación solo por no haber dado razón de alguna o algunas de las características físicas del sujeto, lo cual representaría un exceso ritual manifiesto en que se privilegiaría la forma por sí misma, y no por su objetivo, con lo cual, paradójicamente, se vulneraría el debido proceso y el acceso a la justicia." Además, es de destacar que las actuaciones o razones de notificación realizadas por los actuarios, quienes en su carácter de funcionarios están investidos y gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario suficiente, es decir, salvo que se demuestre fehacientemente lo contrario. De ahí que no se encuentren sustentados los argumentos del quejoso en la jurisprudencia 1ª./71/2017 que invocó en la demanda de amparo, que sostiene que el citatorio previo a la diligencia de embargo, requerimiento de pago y emplazamiento en el juicio ejecutivo mercantil, es innecesario que lo firme la persona, distinta al demandado, con quien se deja, y que deberá ser personal la notificación al demandado, salvo que no lo encuentre en el domicilio cerciorado, cuando le dejará citatorio, en el que señale hora hábil dentro del lapso entre las seis y las setenta y dos horas posteriores para la práctica del emplazamiento; pues en el caso, fue en esos términos que procedió el actuario respectivo, al cerciorarse por datos objetivos de estar en el domicilio señalado del demandado y que al no encontrarlo, dejó citatorio con la persona que le confirmó esos datos y que se encontraba en el interior del domicilio, que se identificó con su nombre y que ahí vivía. A mayor razón, se señala que la parte quejosa no desvirtuó lo asentado por el actuario, en el sentido de que el citado Gimel O'Cheita Pérez, no guardaba el parentesco de hijo que manifestó, lo cual estuvo en aptitud de acreditar, y al no haberlo hecho así, lo asentado por el fedatario se encuentra incólume y por ciertos los hechos narrados. De manera que el ahora quejoso no aportó pruebas que evidenciaran que en efecto, en el caso, se incurrió en una falta o ilegal emplazamiento en el juicio natural, a lo cual se encontraba obligado, tomando en consideración la fe pública antes referida que gozan los fedatarios judiciales. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número 786, consultable a fojas 532, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394742, que dice: "EMPLAZAMIENTO. PRUEBAS PARA DESVIRTUARLO. Si se cuestiona la legalidad del emplazamiento, deben aportarse elementos de convicción suficientes para desvirtuarla, ya que el diligenciero en su carácter de funcionario investido de fe pública, por lo que sus actuaciones tienen pleno valor probatorio, salvo que se demuestre fehacientemente lo contrario." Así como la jurisprudencia número 412, visible en la página 279, del Tomo IV, materia civil, del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación, registrada con el número 392,539, que dice: "ACTUACIONES JUDICIALES, VALOR DE LAS (LEGISLACION DEL ESTADO DE MICHOACAN). Teniendo las actuaciones judiciales el carácter de prueba plena acorde lo determinado por el artículo 562 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, y dada la fe pública de que están investidos los actuarios como funcionarios judiciales al actuar en ejercicio de su encargo, corresponde a quien pretende restar valor probatorio a las diligencias por ellos levantadas, el probar, con medios de convicción igualmente valederos o idóneos, que son ciertas las anormalidades o vicios de forma o materiales que se imputan a esas actuaciones." De ahí que, al no haber ofrecido el quejoso prueba alguna en este juicio a fin de corroborar sus argumentos y por ende, la ilegalidad con que aduce se realizó dicha diligencia, no es posible tener como válidos tales aspectos y en consecuencia, declarar nula la actuación impugnada en este juicio constitucional. En virtud de lo anteriormente expuesto, al ser infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, y no advertirse queja deficiente que suplir en su favor, por consiguiente, no son inconstitucionales los actos reclamados, de ahí que lo procedente sea dejar incólume la diligencia de emplazamiento de mérito, con todas y cada una de sus consecuencias legales, y por tanto, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Negativa que se hace extensiva, igualmente respecto de los restantes actos, consistentes en todos lo actuado en el juicio de origen, al no haber sido reclamados por vicios propios, sino como consecuencia del emplazamiento señalado como acto reclamado de manera primigenia. Ilustra el criterio expuesto la tesis aislada, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 347, tomo I, primera parte, enero-junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro IUS 207616, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no serán objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por tanto, con apoyo en los artículos 73, 74, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gimel Roymel O'Cheita Vera, respecto de los actos que reclama a la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, por los motivos y fundamentos expresados en el cuarto considerando de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy, cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en que las labores lo permitieron.
Quedan 17 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · 9,211 expedientes
- Gilberto Tucuch Santos718/2019
- Gilberto Uitz Pech2049/2022
- Gilda Guillermina Can Polanco738/2017
- Gilda María Méndez Lizarraga886/2023
- Gilda Viridiana Bass Ek404/2019
- Gildardo García Estrada694/2020
- Gina Gabriela González Palacios1621/2023
- Ginny Arlene Mijangos Herrera1359/2022
- Ginny Arlene Mijangos Herrera734/2018
- Ginny Arlene Mijangos Herrera82/2021
- Giovani Gerardo Rivera Torres209/2020
- Giovanni Gabriel Gamboia Manzanero1611/2021