Gino Gabriel Martínez Gutiérrez
Expediente 1542/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 60 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1542/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 60
- Última actuación
- 20/10/2020
Partes del expediente
- Gino Gabriel Martínez Gutiérrez
- GINO GABRIEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 60.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de garantías, de los que se aprecia que mediante proveído de veintinueve de septiembre del año en curso, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado al fallo protector, sin que ninguna de las partes haya desahogado dicho auto; por tanto, se provee Se hace efectivo el apercibimiento decretado contra las partes, en el citado acuerdo de nueve de enero de la presente anualidad; en consecuencia, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia emitida el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, se determinó sobreseer en el juicio ante la inexistencia del acto reclamado. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mismo que, mediante ejecutoria pronunciada el veintisiete de abril de dos mil diecisiete en el toca de revisión 74/2017, resolvió lo que sigue: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria, se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo 1542/2016, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, promovido por GINO GABRIEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ." En cumplimiento a lo ordenado por el tribunal de alzada, por auto de nueve de mayo de dos mil diecisiete se ordenó dar vista a la parte quejosa con la inexistencia de la autoridad que señaló como Supervisor General de la Policía Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés conviniera; con el apercibimiento que de incumplir, se continuaría con el trámite del presente asunto hasta dictar la resolución correspondiente en los términos en que se encuentra planteada la demanda, sin que hubiera desahogado dicho requerimiento, por lo que en auto de diecisiete de mayo siguiente, se hizo efectivo el apercibimiento con que se le conminó. Desahogado el presente juicio en sus etapas procesales correspondientes, el quince de junio de dos mil diecisiete, se dictó la sentencia definitiva correspondiente en la que se determinó sobreseer el presente juicio por las razones que de dicha resolución se desprenden. Inconforme con ese fallo, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del que también conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mismo que mediante ejecutoria de once de octubre de dos mil dieciocho, emitida en el amparo en revisión R.A. 437/2017, determinó revocar la sentencia recurrida y reponer el procedimiento para que se acordara lo relativo a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa mediante el ocurso recibido ante este juzgado federal el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Por auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte quejosa ampliando la demanda de amparo respecto de nuevas autoridades, a saber: Directora de Capital Humano; Presidente; y Contralor, todos adscritos al Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla; y Titular del Centro Único de Evaluación de Control y Confianza del Estado de Puebla, de las que reclamó "Al Titular o encargado de la Dirección de Capital Humano del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, al Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, y al Contralor Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, la orden y ejecución de darme de baja de mi empleo, cargo o comisión, sin fundarlo ni motivarlo y la falta de llamamiento al procedimiento de responsabilidad administrativa seguido como juicio en mi contra, ya que no existió un procedimiento administrativo en que se me informara del motivo de mi baja, en el que pudiera ser oído y vencido, violando con ello mi garantía de audiencia, a una adecuada defensa y debido proceso. Y de la autoridad responsable vinculada Centro Único de Evaluación de Control y Confianza del Estado de Puebla, le reclamo el resultado de mi evaluación de control y confianza, ya que nunca se me ha notificado de manera personal, el derecho obtenido en él, ni se me han puesto a la vista los resultados de dicha evaluación, por lo que no sé cuál es el examen de la evaluación de control y confianza que no aprobé, ya que nunca se mi inició un procedimiento administrativo de separación, violando con ello lo preceptuado en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política Mexicana y mis derechos humanos pro homine y de presunción de inocencia, es por lo que vengo a ejercitar la ampliación del presente juicio de amparo." En esa misma fecha (seis de diciembre de dos mil dieciocho), se requirió el respectivo informe de ley a las autoridades en cita, y se fijó fecha y hora a fin de que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, por sentencia de nueve de abril de dos mil diecinueve, este juzgado federal determinó, por una parte, sobreseer en el juicio y, por otra, al establecer que el cese reclamado por el quejoso fue injustificado; así como conceder el amparo solicitado para el efecto de que se le pagara al impetrante la indemnización y demás prestaciones a que tuviera derecho, así como para que se realizaran las anotaciones correspondientes con la indicación de que el despido fue injustificado. Por auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve, se declaró que el mencionado fallo causó ejecutoria, por lo que se procedió al trámite de su cumplimiento, requiriéndose a las responsables con los apercibimientos de ley. En ese orden, en acatamiento a la referida ejecutoria, mediante oficio de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, la Directora de Capital Humano del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, informó que se realizó la cuantificación por concepto de indemnización y demás prestaciones a que tiene derecho el quejoso, lo que arrojó la cantidad de $303,656.14 (trecientos tres mil seiscientos cincuenta y seis pesos, catorce centavos, moneda nacional), quedado un cheque por ese monto a disposición del impetrante en las oficinas que ocupa dicha dirección. No conforme con el referido cálculo, mediante escrito presentado el treinta de mayo de dos mil diecinueve, la parte quejosa promovió incidente de liquidación de sentencia; el cual se admitió a trámite en proveído de treinta y uno siguiente, dándose vista a las partes por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés conviniera y ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes. Transcurrido dicho término, y habiéndose recabado el dictamen pericial ofrecido como prueba por la parte quejosa, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia de liquidación de sentencia, la cual tuvo verificativo el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Mediante resolución de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, respecto al incidente de liquidación propuesto por el quejoso Gino Gabriel Martínez Gutiérrez, se determinó "PRIMERO. Se aprueba el incidente de liquidación propuesto por el quejoso Gino Gabriel Martínez Gutiérrez, por la cantidad de $174,462.49 (ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos pesos, cuarenta y nueve centavos, moneda nacional). SEGUNDO. Requiérase a la autoridad responsable Directora de Capital Humano del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, para que dentro del término de tres días de cumplimiento a la presente resolución y proceda a pagar a la aquí quejosa la cantidad de $174,462.49 (ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos pesos, cuarenta y nueve centavos, moneda nacional), sin que en esta incidencia se haya hecho pronunciamiento sobre la posible deducción de impuesto que debe retener el patrón, por no ser materia de la misma." Por auto de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo al Síndico Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, informando el cumplimiento dado al incidente de liquidación de sentencia, y para tal efecto, manifestó que de acuerdo a lo establecido en relación a la cuantificación de los rubros como son remuneración diaria ordinaria (salarios caídos), vacaciones, prima, vacacional, aguinaldo, prima de antigüedad e indemnización constitucional y que fueron tomados con base al sueldo bruto que percibía el quejoso, se realizaron las deducciones hacendarias correspondientes y que haciendo la cuantificación correspondiente, el monto final libre de impuesto resultó ser de $29,704.91 (veintinueve mil setecientos cuatro pesos noventa y un centavos moneda nacional); asimismo, informó que citó a la parte quejosa para hacer entrega del cheque correspondiente; sin embargo, no lo quiso aceptar. Asimismo, hizo del conocimiento que el referido cheque bancario se encontraba a disposición del impetrante en las oficias de la Dirección de Capital Humano del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, para que el quejoso pudiera acceder al mismo. Con lo anterior, a través del auto de referencia (22/Octubre/2019) en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista al quejoso para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado al fallo protector. Inconforme con dicho cumplimiento, por auto de treinta de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo al quejoso ARMANDO FEDERICO PÉREZ GUEVARA, dando contestación a la vista que se le dio por auto de veintidós de octubre pasado; y atento a sus manifestaciones, con fundamento en el ordinal 359 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó tramitar el incidente innominado para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante resolución de veintiocho de febrero de dos mil veinte, se resolvió el citado incidente innominado para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y se determinó: "ÚNICO. Es improcedente el incidente innominado para el cumplimiento de la ejecutoria en que se actúa, por las razones expuestos en el último considerando de la misma.". El diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se declaró que causó estado la resolución de referencia (incidente innominado para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo), al no haberse interpuesto recurso de queja contra la misma. Con la referida data (17/septiembre/2020), se requirió a la DIRECTORA DE CAPITAL HUMANO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, para que en el expediente del quejoso, realizara la anotación de que fue separado o destituido del cargo que ocupaba, de manera injustificada. Mediante oficio recibido el veintiocho de septiembre del año en curso, el Síndico Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, informó que dentro del expediente del quejoso Gino Gabriel Martínez Gutiérrez, realizó la anotación de que fue separado o destituido del cargo que ocupaba, de manera injustificada. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se ha dado cumplimiento al fallo protector. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 25 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó por una parte sobreseer y por otra parte conceder el amparo y protección constitucional y, dado que es este el último fallo que prevalece, es el que se considera para determinar el destino final del expediente. Por otra parte, como lo dispone el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran noventa días deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". INCIDENTE Asimismo, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en el apoyo en el inciso c), del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 25 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, pues es en el caso se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. De conformidad con lo dispuesto en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 25 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Finalmente, glósese el presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de garantías, de los que se aprecia que mediante proveído de veintinueve de septiembre del año en curso, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado al fallo protector, sin que ninguna de las partes haya desahogado dicho auto; por tanto, se provee Se hace efectivo el apercibimiento decretado contra las partes, en el citado acuerdo de nueve de enero de la presente anualidad; en consecuencia, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia emitida el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, se determinó sobreseer en el juicio ante la inexistencia del acto reclamado. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mismo que, mediante ejecutoria pronunciada el veintisiete de abril de dos mil diecisiete en el toca de revisión 74/2017, resolvió lo que sigue: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria, se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo 1542/2016, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, promovido por GINO GABRIEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ." En cumplimiento a lo ordenado por el tribunal de alzada, por auto de nueve de mayo de dos mil diecisiete se ordenó dar vista a la parte quejosa con la inexistencia de la autoridad que señaló como Supervisor General de la Policía Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés conviniera; con el apercibimiento que de incumplir, se continuaría con el trámite del presente asunto hasta dictar la resolución correspondiente en los términos en que se encuentra planteada la demanda, sin que hubiera desahogado dicho requerimiento, por lo que en auto de diecisiete de mayo siguiente, se hizo efectivo el apercibimiento con que se le conminó. Desahogado el presente juicio en sus etapas procesales correspondientes, el quince de junio de dos mil diecisiete, se dictó la sentencia definitiva correspondiente en la que se determinó sobreseer el presente juicio por las razones que de dicha resolución se desprenden. Inconforme con ese fallo, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del que también conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mismo que mediante ejecutoria de once de octubre de dos mil dieciocho, emitida en el amparo en revisión R.A. 437/2017, determinó revocar la sentencia recurrida y reponer el procedimiento para que se acordara lo relativo a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa mediante el ocurso recibido ante este juzgado federal el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Por auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte quejosa ampliando la demanda de amparo respecto de nuevas autoridades, a saber: Directora de Capital Humano; Presidente; y Contralor, todos adscritos al Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla; y Titular del Centro Único de Evaluación de Control y Confianza del Estado de Puebla, de las que reclamó "Al Titular o encargado de la Dirección de Capital Humano del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, al Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, y al Contralor Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, la orden y ejecución de darme de baja de mi empleo, cargo o comisión, sin fundarlo ni motivarlo y la falta de llamamiento al procedimiento de responsabilidad administrativa seguido como juicio en mi contra, ya que no existió un procedimiento administrativo en que se me informara del motivo de mi baja, en el que pudiera ser oído y vencido, violando con ello mi garantía de audiencia, a una adecuada defensa y debido proceso. Y de la autoridad responsable vinculada Centro Único de Evaluación de Control y Confianza del Estado de Puebla, le reclamo el resultado de mi evaluación de control y confianza, ya que nunca se me ha notificado de manera personal, el derecho obtenido en él, ni se me han puesto a la vista los resultados de dicha evaluación, por lo que no sé cuál es el examen de la evaluación de control y confianza que no aprobé, ya que nunca se mi inició un procedimiento administrativo de separación, violando con ello lo preceptuado en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política Mexicana y mis derechos humanos pro homine y de presunción de inocencia, es por lo que vengo a ejercitar la ampliación del presente juicio de amparo." En esa misma fecha (seis de diciembre de dos mil dieciocho), se requirió el respectivo informe de ley a las autoridades en cita, y se fijó fecha y hora a fin de que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, por sentencia de nueve de abril de dos mil diecinueve, este juzgado federal determinó, por una parte, sobreseer en el juicio y, por otra, al establecer que el cese reclamado por el quejoso fue injustificado; así como conceder el amparo solicitado para el efecto de que se le pagara al impetrante la indemnización y demás prestaciones a que tuviera derecho, así como para que se realizaran las anotaciones correspondientes con la indicación de que el despido fue injustificado. Por auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve, se declaró que el mencionado fallo causó ejecutoria, por lo que se procedió al trámite de su cumplimiento, requiriéndose a las responsables con los apercibimientos de ley. En ese orden, en acatamiento a la referida ejecutoria, mediante oficio de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, la Directora de Capital Humano del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, informó que se realizó la cuantificación por concepto de indemnización y demás prestaciones a que tiene derecho el quejoso, lo que arrojó la cantidad de $303,656.14 (trecientos tres mil seiscientos cincuenta y seis pesos, catorce centavos, moneda nacional), quedado un cheque por ese monto a disposición del impetrante en las oficinas que ocupa dicha dirección. No conforme con el referido cálculo, mediante escrito presentado el treinta de mayo de dos mil diecinueve, la parte quejosa promovió incidente de liquidación de sentencia; el cual se admitió a trámite en proveído de treinta y uno siguiente, dándose vista a las partes por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés conviniera y ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes. Transcurrido dicho término, y habiéndose recabado el dictamen pericial ofrecido como prueba por la parte quejosa, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia de liquidación de sentencia, la cual tuvo verificativo el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Mediante resolución de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, respecto al incidente de liquidación propuesto por el quejoso Gino Gabriel Martínez Gutiérrez, se determinó "PRIMERO. Se aprueba el incidente de liquidación propuesto por el quejoso Gino Gabriel Martínez Gutiérrez, por la cantidad de $174,462.49 (ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos pesos, cuarenta y nueve centavos, moneda nacional). SEGUNDO. Requiérase a la autoridad responsable Directora de Capital Humano del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, para que dentro del término de tres días de cumplimiento a la presente resolución y proceda a pagar a la aquí quejosa la cantidad de $174,462.49 (ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos pesos, cuarenta y nueve centavos, moneda nacional), sin que en esta incidencia se haya hecho pronunciamiento sobre la posible deducción de impuesto que debe retener el patrón, por no ser materia de la misma." Por auto de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo al Síndico Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, informando el cumplimiento dado al incidente de liquidación de sentencia, y para tal efecto, manifestó que de acuerdo a lo establecido en relación a la cuantificación de los rubros como son remuneración diaria ordinaria (salarios caídos), vacaciones, prima, vacacional, aguinaldo, prima de antigüedad e indemnización constitucional y que fueron tomados con base al sueldo bruto que percibía el quejoso, se realizaron las deducciones hacendarias correspondientes y que haciendo la cuantificación correspondiente, el monto final libre de impuesto resultó ser de $29,704.91 (veintinueve mil setecientos cuatro pesos noventa y un centavos moneda nacional); asimismo, informó que citó a la parte quejosa para hacer entrega del cheque correspondiente; sin embargo, no lo quiso aceptar. Asimismo, hizo del conocimiento que el referido cheque bancario se encontraba a disposición del impetrante en las oficias de la Dirección de Capital Humano del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, para que el quejoso pudiera acceder al mismo. Con lo anterior, a través del auto de referencia (22/Octubre/2019) en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista al quejoso para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado al fallo protector. Inconforme con dicho cumplimiento, por auto de treinta de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo al quejoso ARMANDO FEDERICO PÉREZ GUEVARA, dando contestación a la vista que se le dio por auto de veintidós de octubre pasado; y atento a sus manifestaciones, con fundamento en el ordinal 359 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó tramitar el incidente innominado para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante resolución de veintiocho de febrero de dos mil veinte, se resolvió el citado incidente innominado para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y se determinó: "ÚNICO. Es improcedente el incidente innominado para el cumplimiento de la ejecutoria en que se actúa, por las razones expuestos en el último considerando de la misma.". El diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se declaró que causó estado la resolución de referencia (incidente innominado para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo), al no haberse interpuesto recurso de queja contra la misma. Con la referida data (17/septiembre/2020), se requirió a la DIRECTORA DE CAPITAL HUMANO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, para que en el expediente del quejoso, realizara la anotación de que fue separado o destituido del cargo que ocupaba, de manera injustificada. Mediante oficio recibido el veintiocho de septiembre del año en curso, el Síndico Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, informó que dentro del expediente del quejoso Gino Gabriel Martínez Gutiérrez, realizó la anotación de que fue separado o destituido del cargo que ocupaba, de manera injustificada. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se ha dado cumplimiento al fallo protector. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 25 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó por una parte sobreseer y por otra parte conceder el amparo y protección constitucional y, dado que es este el último fallo que prevalece, es el que se considera para determinar el destino final del expediente. Por otra parte, como lo dispone el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran noventa días deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". INCIDENTE Asimismo, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en el apoyo en el inciso c), del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 25 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, pues es en el caso se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. De conformidad con lo dispuesto en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 25 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Finalmente, glósese el presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
agréguese a sus autos el oficio signado por el Sindico Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, por medio del cual informa que en cumplimiento al requerimiento realizado el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, e informa que dentro del expediente del quejoso Gino Gabriel Martínez Gutiérrez, realizó la anotación de que fue separado o destituido del cargo que ocupaba, de manera injustificada. Con lo anterior y en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista al quejoso por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no efectuar expresión alguna sobre el particular, con o sin manifestaciones, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base la totalidad de los elementos que se encuentren en el expediente y documentales aportadas por las partes.
- Principal
intégrese al expediente el dictamen del perito oficial Lázaro Rivera Flores, adscrito a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, con sede en la ciudad de Puebla. En consecuencia, REQUIÉRASE al citado perito oficial para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, ratifique el contenido y firma de su dictamen recibido en este juzgado federal el once de diciembre de la presente anualidad. Con el APERCIBIMIENTO que, de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización.
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