Gina Arlette Arias Pérez

Expediente 102/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
102/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
09/04/2019

Partes del expediente

  • Gina Arlette Arias Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos de este juicio de amparo, de los que se aprecia que mediante auto de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que lo hubieran hecho, de acuerdo a la certificación de cuenta, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de veintidós de marzo de dos mil diecinueve y, por tanto, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de veinte de febrero de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa Gina Arlette Arias Pérez, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla dictara un acuerdo en el que señalara día y hora para la celebración de la audiencia trifásica dentro del expediente de origen D-3/358/2012. En cumplimiento a lo anterior, la Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, mediante oficio recibido el veintiuno de marzo de año en curso, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo remitiendo copia certificada del acuerdo de veinte de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral D-3/358/2012, en el cual señaló las once horas del diez de abril del año en curso, para la celebración de la audiencia de ley, ordenando notificar personalmente dicho acuerdo a las partes. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable, DIO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó conceder el amparo, en el entendido de que el presente juicio se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos de este juicio de amparo, de los que se aprecia que mediante auto de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que lo hubieran hecho, de acuerdo a la certificación de cuenta, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de veintidós de marzo de dos mil diecinueve y, por tanto, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de veinte de febrero de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa Gina Arlette Arias Pérez, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla dictara un acuerdo en el que señalara día y hora para la celebración de la audiencia trifásica dentro del expediente de origen D-3/358/2012. En cumplimiento a lo anterior, la Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, mediante oficio recibido el veintiuno de marzo de año en curso, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo remitiendo copia certificada del acuerdo de veinte de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral D-3/358/2012, en el cual señaló las once horas del diez de abril del año en curso, para la celebración de la audiencia de ley, ordenando notificar personalmente dicho acuerdo a las partes. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable, DIO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó conceder el amparo, en el entendido de que el presente juicio se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguense a los autos los oficios signados por el Secretario Técnico Normativo del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, por los que en contestación al proveído de catorce de febrero de dos mil diecinueve (foja 495), manifiesta que a partir del veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, y dentro de los treinta días siguientes a dicha fecha, en el horario comprendido de nueve a catorce y dieciséis a dieciocho horas, de lunes a viernes, en días hábiles, en la dirección ubicada en carretera a San Juan Tilcuautla, kilómetro 5-A, colonia La Concepción, código postal 42160, en el municipio de San Agustín Tlaxiaca, en el Estado de Hidalgo, los peritos nombrados por las partes Jorge Bonilla Mendoza, José Luis Eulalio Atlatenco López y al perito oficial Fortino Hermilo López Méndez, serán atendidos por Lorena Otero Ramírez o Francisco Daniel Bautista Hernández, a fin de que puedan tener acceso al expediente electoral de José Amado Salinas Hernández y María Concepción Hernández Mancilla, debiéndose presentar debidamente notificados y con el nombramiento otorgado. Ahora, tomando en consideración lo manifestado por el ocursante, de que, de la búsqueda realizada a nivel nacional con el nombre de Genoveva Hernández Román y Concepción Eulalia Hernández Mancilla, localizó registro con los nombres de Genobeva Hernández Román y María Concepción Eulalia Hernández Mancilla; a fin de que identifique plenamente a las referidas ciudadanas, se le remite copia autorizada de las credenciales para votar que obra en los autos del presente expediente (fojas 395 y 481), requiriéndole permita a los peritos Jorge Bonilla Mendoza, José Luis Eulalio Atlatenco López y al perito oficial Fortino Hermilo López Méndez, a los expedientes electorales de Genobeva Hernández Román y María Concepción Eulalia Hernández Mancilla, a efecto de analizar sus firmas y tomar cuantas placas fotográficas sean necesarias para su estudio y sean tomadas en consideración en la prueba pericial ordenada practicar. Finalmente, se hace del conocimiento de los peritos nombrados por las partes y al perito oficial el contenido del presente auto para los efectos legales procedentes. Notifíquese, y personalmente a las partes.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través del cual expone que ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiendo copia certificada del acuerdo de veinte de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral D-3/358/2012, en el que señaló las once horas del diez de abril de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia de ley, ordenando notificar personalmente dicho acuerdo a las partes. En esa tesitura, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo primero de la Ley de Amparo, con las referidas documentales, se ordena dar vista a las partes por el término de tres días computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de efectuar o no manifestaciones sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

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