Gilberto Saúl Adame Arias
Expediente 524/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 524/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 21/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jimena Valdez Becerra
- Gilberto Saúl Adame Arias
- Luis Adrián Castillo Garza
- Gilberto Saúl Adame Arias y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia firmada por este Juzgado Federal el trece de septiembre de dos mil veintiuno, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que aún no haya constancia de notificación realizada a las autoridades señaladas como responsables cuyas residencias se encuentran fuera de jurisdicción de este Juzgado Federal, para que cause ejecutoria la sentencia dictada en autos, dado que no se les vulnera derecho alguno atendiendo al sentido en el que se resolvió el presente juicio de amparo. Ahora bien, toda vez que en la resolución dictada por este Juzgado, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver el presente juicio de amparo indirecto 524/2021-VII, promovido por Elliot Augusto Alcocer Monsreal, Gilberto Saúl Adame Arias, Jimena Valdez Becerra y Luis Adrián Castillo Garza, contra los actos que reclama al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, por estimarlos violatorios del artículo 1, 2, 3, 4, 14, 16, 17, 25 y 73 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el preámbulo y el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 10 del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 3 inciso 2) de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. El veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, Elliot Augusto Alcocer Monsreal, Gilberto Saúl Adame Arias, Jimena Valdez Becerra y Luis Adrián Castillo Garza, presentaron ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, la demanda en la que solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión; y Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Segundo. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de cinco de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, mismos que fueron rendidos y puestos oportunamente a la vista de las partes; se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, asimismo, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Federal, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues el acto de aplicación que se reclama es de carácter negativo, y por tanto, no tendría una ejecución material y la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, lo procedente es determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio de amparo indirecto. Por lo que del análisis integral de la demanda de amparo, especialmente del capítulo de actos reclamados, antecedentes y conceptos de violación, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama: 1) Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: La promulgación de la Ley General de Salud, en específico los artículos 235, último párrafo, 235 bis, 237, último párrafo, 238, 245, fracción II y IV, 247 último párrafo, 250 y 290 de dicha legislación y su aplicación por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 2) De la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión: La expedición de la Ley General de Salud, concretamente los artículos 235, último párrafo, 235 bis, 237, último párrafo, 238, 245, fracción II y IV, 247 último párrafo, 250 y 290 de dicha legislación de dicho ordenamiento legal. 3) Del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS): La respuesta negativa a la solicitud realizada por la parte quejosa en relación a la autorización para el consumo personal de cannabis sativa (Índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas), así como del psicotrópico THC (Tretahidrocanabidol), los isómeros A6a (10ª), A6 (7), A7, A8, A9 (11) y sus variantes estereoquímicas (conjuntamente "marihuana" o "cannabis"), además de los actos necesarios a esos efectos, tales como la adquisición, posesión y transporte. Tercero. Antecedentes. De las constancias de autos se advierten los siguientes: Mediante escrito de diecinueve de diciembre de dos mil veinte (sic), recibido el treinta y uno de enero de dos mil veinte, los aquí quejosos Elliot Augusto Alcocer Monsreal, Gilberto Saúl Adame Arias, Jimena Valdez Becerra y Luis Adrián Castillo Garza solicitaron a la Dirección Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), un permiso o autorización para la adquisición de la semilla, siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, transporte en cualquier forma y empleo, uso, consumo y en general todo acto relacionado con el consumo personal y lúdico de cannabis sativa, (Índica y americana o marihuana, su resina, preparados), así como del psicotrópico THC (Tretahidrocanabidol), los isómeros A6a (10ª), A6 (7), A7, A8, A9 (11) y sus variantes estereoquímicas. Cabe señalar que los artículos 235, último párrafo, 235 bis, 237, último párrafo, 238, 245, fracción II y IV, 247 último párrafo, 250 y 290 de la Ley General de Salud, se combaten con motivo de su primer acto de aplicación, esto es, a través del oficio número 203301EL350340, de nueve de septiembre de dos mil veinte. Por medio del referido oficio, la autoridad sanitaria negó la solicitud de permiso relacionado con el consumo de marihuana, de forma personal y con fines recreativos, con el argumento de que en la Ley General de Salud no se establece facultad alguna para que la autoridad sanitaria pueda otorgar la autorización requerida, circunstancia que se hizo del conocimiento de los quejosos por medio de su autorizada el veintinueve de noviembre de dos mil veinte Cuarto. Certeza de los actos reclamados. Al rendir sus informes justificados, el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el Subdirector de Amparos, así como representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la Directora Contenciosa de la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, señalaron que son ciertos los actos que la parte quejosa les atribuye, en lo que respecta a la expedición, promulgación de la Ley General de Salud, en específico, de los artículos impugnados, lo anterior dentro del ámbito de sus respectivas competencias. Además, la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General de Salud constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.65/2000 de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, página 260, con número de registro 191452, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Quinto. Análisis de la causa de improcedencia que se advierte de oficio. Previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causas de improcedencia que se adviertan de oficio, conforme a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso particular, se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, lo que da lugar a sobreseer en el presente juicio. Para una mejor claridad se transcribe el contenido del precepto legal. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...); XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" En ese sentido, el artículo 17 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Del precepto transcrito se desprende que la regla general para la interposición de la demanda de garantías será de quince días, salvo las excepciones contempladas en las fracciones I, II, III y IV de dicho dispositivo legal. En efecto, las fracciones antes referidas, describen cuatro supuestos que eximen a los peticionarios de garantías para presentar la demanda de amparo fuera del término de quince días que indica la regla general contemplada en el artículo 17 de la ley de la materia. Es decir, que se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; que el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado ya precisado, no encuadra en alguna de las hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues se reclama una norma con motivo de su primer acto de aplicación (oficio número 203301EL350340 de fecha nueve de septiembre de dos mil veinte). En efecto, de la lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 235 bis, 237, último párrafo, 238, 245, fracción II y IV, 247 último párrafo, 250 y 290 de la Ley General de Salud, con motivo de su acto de aplicación a través del oficio número 203301EL350340 de fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad le fue notificado el nueve de marzo de dos mil veinte; sin embargo, de las constancias que anexó a su demanda y de las copias certificadas que remitió la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), mediante oficio 8463/2021 de siete de julio de dos mil veintiuno, se observa que la determinación que reclama le fue notificado en el domicilio señalado por los quejosos para tal efecto el veintinueve de noviembre de dos mil veinte, a Heidi Ruby Concha Chan, quien además recibió el original del oficio en comento, persona autorizada por los quejosos ante la responsable en términos de lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Por lo tanto, en atención a lo dispuesto en el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para la presentación de la demanda de garantías debe computarse desde el día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento de los actos reclamados, es decir, del veintinueve de noviembre de dos mil veinte, fecha que se notificó a su autorizada. Luego, si la presentación de la demanda de garantías que nos ocupa, se realizó el veintinueve de marzo de esta anualidad, queda demostrado, que ha transcurrido en exceso quince días hábiles para el ejercicio de la acción constitucional, con lo cual se evidencia que el quejoso desatendió lo dispuesto en el artículo 17 de la citada ley en aplicación. Así las cosas, es inconcuso que la demanda de garantías deviene extemporánea, de ahí que en la especie, se surte la causal de improcedencia prevista en el párrafo primero, fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo en vigor. Igualmente procede sobreseer respecto del acto reclamado a la Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 235 bis, 237, último párrafo, 238, 245, fracción II y IV, 247 último párrafo, 250 y 290 de la Ley General de Salud, con motivo de su acto de aplicación a través del oficio número 203301EL350340 de fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, pues aun cuando se promueva el presente juicio de amparo en contra de una ley con motivo de su aplicación concreta en perjuicio de la parte quejosa, el suscrito no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento; por lo que es insoslayable que, en el caso que nos ocupa, tampoco procede el juicio de garantías contra la ley que tilda de inconstitucional el quejoso, ya que al ser improcedente el juicio de garantías respecto del acto de aplicación, lo es de igual forma en lo que atañe al ordenamiento legal en que se apoya. Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia número 346, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 400, Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación."- Por ende, lo que procede en la especie es sobreseer en el presente juicio, en términos de la fracción XIV, del artículo 61, en relación con el 108, fracción III, del diverso 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Sexto. Protección de datos personales. Con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos del 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Elliot Augusto Alcocer Monsreal, Gilberto Saúl Adame Arias, Jimena Valdez Becerra y Luis Adrián Castillo Garza en contra del acto reclamado atribuido a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de esta resolución y por las razones expresadas en el quinto considerando. Segundo. Se ordena que para el caso de atender una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elaborar la versión pública de esta sentencia, testando las partes o secciones clasificadas e indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy (trece de septiembre de dos mil veintiuno), en que lo permitieron las labores del juzgado.
- Principal
MESA VII. AUDIENCIA LEVANTADA.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, en el sentido de que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que se concedió a las partes en proveído de veintidós de julio del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las doce horas con treinta minutos del nueve de agosto de dos mil veintiuno, para su celebración. Sin que este acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables de este asunto, por no considerarse de trascendencia, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002576, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
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