Gilberto Lorenzo Castillo Canché

Expediente 800/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 20 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
800/2019
Año
2019
Actuaciones
20
Última actuación
10/12/2020

Partes del expediente

  • Gilberto Lorenzo Castillo Canché
  • Gilberto Lorenzo Castillo Canché y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede se tienen por recibido el oficio signado por la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado; con el que acusa de recibo el oficio 161/2020, de siete de enero del año en curso, mediante el cual se le notificó el causa ejecutoria del presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Mariana Mariely Durán López, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, once de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el Estado que guardan los presentes autos, y de una revisión que se realizó de los mismos esta autoridad se percató que no obra en autos constancia que acredite que se hubiese notificado personalmente al tercero interesado Sergio Alberto Santana Piña, la sentencia de catorce de noviembre del año en curso; en tal virtud, procédase a notificar personalmente la sentencia constitucional de amparo al referido tercero interesado en el domicilio que señaló para ese efecto y en los términos que se ordenó en la sentencia antes mencionada; lo anterior para todos los efectos legales pertinentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    CITAT ORIO...Mérida, Yucatán, once de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el Estado que guardan los presentes autos, y de una revisión que se realizó de los mismos esta autoridad se percató que no obra en autos constancia que acredite que se hubiese notificado personalmente al tercero interesado Sergio Alberto Santana Piña, la sentencia de catorce de noviembre del año en curso; en tal virtud, procédase a notificar personalmente la sentencia constitucional de amparo al referido tercero interesado en el domicilio que señaló para ese efecto y en los términos que se ordenó en la sentencia antes mencionada; lo anterior para todos los efectos legales pertinentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe. R e s u e l v e: Primero. La justicia de la unión no ampara ni protege a Gilberto Lorenzo Castillo Canché, contra los actos que reclamó del Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgado Civiles, Mercantiles y Familiares, por los motivos expuestos en el sexto considerando de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa con la Secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy (catorce de noviembre de dos mil diecinueve), en que lo permitieron las labores del Juzgado.

  4. Principal

    Vistos, para pronunciar la sentencia en los autos del juicio de amparo 800/2019 que Gilberto Lorenzo Castillo Canché promovió contra actos del Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y otra autoridad, por violación a los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución General de la República; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito que se presentó el diez de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Gilberto Lorenzo Castillo Canché solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó del Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares. Segundo. Admisión demanda. Previa su aclaración, por acuerdo de catorce de junio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se emplazó al tercero interesado y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, la cual tuvo verificativo de conformidad con el acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este juzgado federal tiene competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, al reclamarse actos que tuvieron ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es determinar cuáles son los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio de amparo. Así, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar: Del Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y del actuario adscrito a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado: El emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 1420/2016 que Sergio Alberto Santana Piña, por conducto de sus endosatarios en procuración, promovió en contra del quejoso. Tercero. Actos existentes. En su correspondiente informe justificado, el Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado manifestó ser cierto el acto que se reclama; lo cual se corrobora de las constancias que remitió en apoyo a su informe; por lo tanto, lo que procede es tener por existente el mismo. El Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado al rendir su informe justificado refirió adherirse al que la autoridad ordenadora rindió en este sumario, por lo tanto lo que procede es tener por existente el mismo. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia 278, consultable a foja 231, del Tomo VI, Materia Común, jurisprudencia SCJN, Pleno, Quinta Época, que señala lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Antecedentes del acto reclamado. De las constancias del expediente relativo al juicio ejecutivo mercantil número 1420/2016 del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, que el titular remitió en apoyo a su informe, las cuales obran en el cuaderno auxiliar y que tienen el valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se destaca lo siguiente: Mediante acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis se radicó la demanda en juicio ejecutivo mercantil que Sergio Alberto Santana Piña promovió por conducto de sus endosatarios en procuración, en contra del quejoso; se ordenó su emplazamiento a juicio, lo cual se verificó en términos de las constancias actuariales relativas; en la diligencia se requirió de pago a la parte demandada y al no haber pagado ni señalado bienes, el actor señaló para su embargo: el cincuenta por ciento que al demandado le corresponde respecto del predio número cuatrocientos veintitrés de la calle seis letra A de la colonia San Marcos Nocoh, de la localidad y Municipio de Mérida, Yucatán (hojas 17 a 21). Por acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis se ordenó tomar razón del embargo que se trabó sobre el bien inmueble, por lo que se giró oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado (hoja 22). El dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis se tuvo por acusada la rebeldía en la que incurrió Gilberto Lorenzo Castillo Canché y se declararon por perdidos los derechos que pudo haber ejercitado (hoja 24). La Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado comunicó que se tomó razón del embargo respecto del predio número 423 de la calle 6-A de la colonia San Marcos Nocoh de esta ciudad de Mérida, Yucatán (hoja 29). El dos de octubre de dos mil diecisiete se dictó la sentencia definitiva en la que se declaró procedente el juicio ejecutivo mercantil y se condenó al demandado (hojas 42 a 50). El dieciséis de enero de dos mil dieciocho se aprobó la planilla de liquidación que exhibió la parte actora (hoja 58). El dos de abril de dos mil diecinueve se declaró cerrado y fincado el remate a favor de Sergio Alberto Santana Piña, respecto del cincuenta por ciento del predio número 423 de la calle 6-A de la colonia San Marcos Nocoh de esta ciudad de Mérida, Yucatán (hojas 125 y 126). Quinto. Análisis de la causa de improcedencia que el tercero interesado hizo valer en estos autos. Previamente al estudio del fondo, deben analizarse las causas de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que éstas son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. El tercero interesado hizo valer como causal de improcedencia la prevista en el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, pues a su decir la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado desde la fecha en que se levantó la constancia actuarial de diez de octubre de dos mil dieciséis, con la notificación personal que se le realizó al demandado hoy quejoso Gilberto Lorenzo Castillo Canché; por lo que, continúa alegando el tercero, desde el diez de octubre de dos mil dieciséis, el peticionario del amparo tuvo conocimiento del juicio de origen y con ello la oportunidad de realizar una defensa adecuada, lo cual no hizo, siendo que ahora aduce que no se le emplazó. La parte tercero interesada alega que para promover el juicio de amparo, el quejoso tenía el término de quince días hábiles contados a partir de que tuvo conocimiento del acto reclamado, lo cual insiste tuvo lugar el diez de octubre de dos mil dieciséis, y si no lo hizo, aduce, entonces consintió el acto. No se actualiza la causal de improcedencia en estudio. En efecto, la pretensión de la parte tercero interesada, es que se determine que la demanda de amparo resultó extemporánea con base en la fecha en la cual tuvo lugar el emplazamiento que por esta vía se reclama; sin embargo, ello no es posible, ya que no puede determinarse que la parte quejosa tuvo conocimiento del juicio seguido en su contra, con base en la constancia actuarial de diez de octubre de dos mil dieciséis, mediante la cual tuvo lugar el emplazamiento a juicio, pues de establecerse con certeza que en esa fecha el peticionario del amparo tuvo conocimiento del juicio ejecutivo mercantil que se promovió en su contra, y con base en ello, tomarse en cuenta para el cómputo del término para la interposición del juicio de amparo, sería tanto como aceptar la validez de esa notificación, lo cual es inadmisible, porque al haberse reclamado la ilegalidad del emplazamiento, dicha diligencia se encuentra cuestionada, y constituye la materia de estudio del fondo de asunto. Por lo que, se concluye lo infundado de la causal de improcedencia hecha valer ya que no es jurídicamente posible sobreseer en el juicio de amparo con base en una cuestión de fondo analizada previamente, que en este caso lo es la legalidad del emplazamiento a juicio, pues para ello tendría que tenerse por válido para de ahí realizar el cómputo respecto de la oportunidad en la presentación de la demanda, cuando no podría ser materia de análisis si se decreta el sobreseimiento del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con número de Registro 187973, ubicada en la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Enero de 2002, página 5, Tesis P./J. 135/2001, sustentada por el Pleno, de texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse". Sexto. Análisis de los conceptos de violación. No existiendo diversa causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni advirtiéndose de oficio alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación que la parte quejosa hizo valer en la demanda de amparo, que por economía procesal se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse este resolutor obligado a su transcripción. Cabe señalar que, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, los conceptos de violación serán analizados en su conjunto, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. Así, vía conceptos de violación, la parte quejosa aduce que no fue debidamente emplazado al juicio ejecutivo mercantil 1420/2016 del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, pues refiere que la diligencia se llevó a cabo de manera ilegal y sin observar las formalidades esenciales propias de una diligencia de esa trascendencia; que no obstante eso, se admitió como legal y con ello se violó sus derechos humanos. Señala que el actuario no se cercioró de manera contundente y clara que la persona con quien entendió la diligencia era el demandado, ya que no pudo corroborar la información que le dieron y nunca se identificaron ante él con documento oficial con fotografía, lo que refiere resulta prioritario para realizar ese tipo de notificaciones. El quejoso refiere que nunca tuvo conocimiento de la demanda que fue interpuesta en su contra, con lo cual a su decir, se agravió el debido proceso y sus derechos fundamentales relativos al principio de legalidad que aduce prevé el artículo 14 Constitucional; y que con lo anterior se pasó por alto un emplazamiento mal notificado, carente de elementos de formalidad y solemnidad, de modo que con ello, se le causó un grave daño a sus intereses personales y patrimoniales, por haberse seguido un juicio sin una defensa adecuada de su parte. Los conceptos de violación resultan infundados puesto que de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 1420/2016, del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, del que emanan los actos reclamados, se advierte que el emplazamiento que se verificó respecto del quejoso resulta legal por realizarse en estricto apego a lo que dispone el Código de Comercio aplicable en dicho contencioso. Los artículos 1393 y 1394 del aludido Código, regulan respectivamente lo concerniente al emplazamiento al juicio ejecutivo y el embargo practicado en el mismo, siendo que dichos preceptos establecen: "Artículo 1393. No encontrándose el demandado a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin girar oficios para la localización del domicilio. Art. 1,394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al demandado sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregará también al ejecutante copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que conste los bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado. La copia o constancia que se entregue al ejecutante podrá servir para el caso de haberse embargado bienes inmuebles, para que la misma se presente al Registro Público de la Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres días siguientes, para su inscripción preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan para los avisos de los notarios en los términos de la parte final del artículo 3016 del Código Civil, y el juez, dentro de un término máximo de cinco días, deberá poner a disposición del interesado el oficio respectivo junto con copia certificada de la diligencia de embargo para su inscripción. El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores." Cabe resaltar que el emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda los derechos humanos de audiencia y seguridad jurídica que tutela el artículo 14 constitucional, que amerita que deba cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia. En este contexto, debe destacarse que el actuario que llevó a cabo el emplazamiento impugnado, goza de credibilidad, por ello sus diligencias constituyen una verdad legal, ya que se trata de documentos oficiales, que hacen prueba plena, pues su formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a funcionarios públicos revestidos de fe pública; estimar lo contrario, haría imposible materialmente hacer llamamiento alguno, pues se estaría en posibilidad de desacreditar con el simple dicho del colitigante, la constancia que formule el fedatario. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 786, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 532, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Materia Común, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, con registro 394742, que textualmente dice: "EMPLAZAMIENTO. PRUEBAS PARA DESVIRTUARLO. Si se cuestiona la legalidad del emplazamiento, deben aportarse elementos de convicción suficientes para desvirtuarla, ya que el diligenciario en su carácter de funcionario está investido de fe pública, por lo que sus actuaciones tienen pleno valor probatorio, salvo que se demuestre fehacientemente lo contrario". También es pertinente citar la jurisprudencia 537, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que aparece publicada en la página 479, del Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época y con registro 918071, que dice: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario". Pues bien, en el caso, contrario a lo que aduce la parte quejosa, en el emplazamiento reclamado sí se cumplieron con las formalidades previstas en los preceptos legales antes reproducidos, pues de la diligencia relativa se advierte que el funcionario judicial se constituyó en unión de la parte promovente, en el predio número 423 de la calle 6-A entre 39 letra A y 41 de la colonia San Marcos Nocoh de esta ciudad de Mérida, Yucatán, domicilio señalado en la demanda mercantil como del demandado; que una vez constituido en el referido predio y previamente cerciorado de que se trataba del domicilio en cuestión, porque así se lo indicaba la nomenclatura pública del lugar y porque así se lo aseguró una persona que se encontraba en su interior, que bajo protesta de decir verdad manifestó llamarse Gilberto Lorenzo Castillo Canché, verificó la diligencia. De lo anterior se advierte, que el emplazamiento se entendió precisamente con el interesado -demandado en el juicio de origen-, y en el domicilio señalado al efecto, pues a ese respecto el actuario responsable se cercioró precisamente por el dicho del enjuiciado, quien contrario a lo que se aduce en los conceptos de violación, en el acto de la diligencia cuestionada se identificó con su credencial para votar con fotografía, expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, siendo que al caso se asentó el folio correspondiente y el fedatario hizo constar que los rasgos fisonómicos de la persona que observó en la fotografía coincidían con los de la persona con quien entendió la diligencia; por lo que en continuidad, le hizo saber el objeto de la diligencia, dio lectura al auto de exequendo; asimismo, hecho el requerimiento de pago y el embargo, emplazó al demandado para que en el término de ocho días, compareciera ante el juzgado del conocimiento a hacer paga llana de lo reclamado o a oponerse a la ejecución si para ello tuviere excepciones o defensas que hacer valer, y se le hizo entrega de un juego de copias de la demanda y del documento base de la acción, debidamente cotejadas, las cuales recibió juntamente con la cédula de notificación y copia de la actuación correspondiente, con lo que dio por concluida la diligencia, levantando para constancia dicha acta que previa su lectura en alta voz, no firmó la parte demandada por no querer hacerlo. Lo anterior pone de manifiesto que el funcionario judicial realizó el emplazamiento observando las formalidades que establece la ley de la materia, pues en el acta relativa se precisó la forma como el fedatario se cercioró de que se trataba del interesado, ya que destacó que la persona que atendió la diligencia le manifestó bajo protesta de decir verdad que era precisamente el enjuiciado, quien además se identificó con un documento oficial con fotografía. De esta manera, resulta válido concluir que el actuario responsable precisó que se constituyó en el domicilio señalado como del demandado y que entendió la diligencia con el propio enjuiciado y, por ende, la actuación cuestionada fue llevada conforme a derecho. Lo anterior, como se aprecia de la constancia de notificación, en la que se asentó lo siguiente: JUZGADO TERCERO MERCANTIL EXPEDIENTE NÚMERO: 1420/2016 JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. CONSTANCIA DE NOTIFIACIÓN. En Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con diez minutos del día diez de octubre del año dos mil dieciséis, yo, la actuaria adscrita a la central de actuaría de los juzgados civiles, mercantiles y familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, Licenciada en Derecho Luz Maria Garcia Sansores, me constituyo en unión de la parte Actora, Felipe de Jesus Uc Chan, en su carácter de endosatario en procuración de Sergio Alberto Santana Piña, al predio marcado con el número cuatrocientos veintitrés de la calle seis letra A entre treinta y nueve letra A y cuarenta y uno de la colonia San Marcos Nocoh de esta ciudad, domicilio señalado en autos por la parte actora para notificar al demandado Gilberto Lorenzo Castillo Canche también conocido como Gilberto L. Castillo Canche, y debidamente cerciorada tanto de que se trata de la dirección buscada por la nomenclatura oficial de las calles visibles en las placas metálicas instadas en las esquinas de la cuadra que me indican la calle y la colonia buscada, así como por el número exterior del predio rotulado en color negro en el muro del mismo, me aseguro de que en dicho predio vive, habita y tiene su domicilio el aludido demandado, y porque así me lo informa una persona del género masculino que se encuentra en su interior, que bajo protesta de decir verdad manifiesta llamarse correctamente Gilberto Lorenzo Castillo Canche, y ser el demandado, a quien solicito se identifique, y me exhibe su credencial de elector para votar con fotografía, expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral con folio número 0000113454575, cuyos rasgos fisonómicos de la persona que se observa en la fotografía del invocado documento coinciden con el de la persona con la cual entiendo esta diligencia; ante quien previamente le he exhibido mi gafete oficial, y le entero del objeto de la diligencia, leyéndole íntegramente y en voz alta el auto de exequendo de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil dieciséis, poniéndole a la vista el documento base de la acción ejercitada (pagaré), le requiero para que en el acto pague a la parte actora presente la cantidad de ciento cincuenta mil pesos sin centavos moneda nacional como suerte principal, los intereses moratorios al tipo pactado en el pagaré base de la acción intentada, tanto generados así como los que se sigan generando hasta la liquidación total del adeudo y los gastos, costas y honorarios del procedimiento, o en su defecto señale bienes de su propiedad para su embargo, que sean bastantes para cubrir las prestaciones reclamadas, bajo apercibimiento de que de no hacer tal señalamiento de bienes, el derecho para hacerlo pasará a la parte promovente, a lo que la persona requerida manifiesta que no paga y que tampoco señala bienes para embargar. Seguidamente la parte actora, haciendo uso del derecho que la Ley le confiere, señala para embargar bajo su responsabilidad como de la propiedad del demandado Gilberto Lorenzo Castillo Canche, el cincuenta por ciento que le corresponde respecto al predio marcado con el número cuatrocientos veintitrés de la calle seis letra A de la Colonia San Marcos Nocoh, de la localidad y Municipio de Mérida, Yucatán, inscrito a folio electrónico 369318, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado. Luego entonces, Yo la Actuaria en funciones de Ministro Ejecutor, declaro trabado formal y seguro embargo sobre dicho bien, y confirmo el nombramiento de depositario que del mismo hace la actora en la persona del demandado Gilberto Lorenzo Castillo Canche, quien estando presente le tengo por hecha dicha designación, para todos los efectos legales pertinentes, misma que le informo a dicho demandado. Acto continuo, emplazo al demandado Gilberto Lorenzo Castillo Canche para que dentro del término de ocho días ocurra ante el Juzgado que conoce del presente Juicio a hacer paga llana de lo reclamado o a oponerse a la ejecución si tuviere para ello excepciones y defensas que hacer valer, y le hago entrega de un juego de copias de la demandada exhibida y copia simple del documento base de la acción (pagaré), debidamente cotejadas, las cuales recibe de conformidad juntamente con las cédula de notificación correspondiente y una copia de la presente Actuación. Asimismo, y a solicitud de la parte promovente entrego una copia de la presente acta, para todos los efectos legales que procedan. Con lo que doy por concluida la diligencia, levantando para constancia la presente Acta que previa su lectura en alta voz, no firma la persona requerida por no querer hacerlo, así como tampoco lo hace la parte actora por no creerlo necesario. Anexo copia de la cédula. Doy fe. - - - (fojas 19 y 20, cuaderno auxiliar). De lo antes transcrito se observa que, una vez que el fedatario se cercioró de que el domicilio buscado era el del quejoso, pues así lo observó de la nomenclatura y de la dirección plasmada en el predio, y porque incluso así lo aseveró una persona del sexo masculino, respecto de quien, contrario a lo que el peticionario del amparo aduce en sus conceptos de violación, existe evidencia objetiva de su identidad ya que se hizo constar que dicha persona manifestó bajo protesta de decir verdad, llamarse Gilberto Lorenzo Castillo Canché, y se identificó con su credencial para votar; misma persona respecto de quien el actuario hizo constar que su rasgos físicos correspondían a los de la persona cuya fotografía consta en el documento oficial que exhibió precisamente para su identificación. Por otra parte, es de señalarse que de las mismas constancias transcritas se advierte que el emplazamiento reclamado sí cumple con las formalidades previstas en los artículos 1393 y 1394 del Código Comercio antes reproducidos, en cuanto que el fedatario hizo constar en el acta de notificación, el cercioramiento del domicilio buscado y la presencia del demandado, con quien entendió directamente la diligencia de emplazamiento e hizo constar la entrega de las copias cotejadas de la demanda y del documento base de la acción, copia de la actuación relativa, así como la cédula de notificación que llevaba inserto el auto de exequendo; advirtiéndose que además se hizo constar que la persona con quien se entendió la diligencia no firmó por no querer hacerlo. No pasa inadvertido que en apoyo a sus conceptos de violación la parte quejosa cita la jurisprudencia de rubro: "EMPLAZAMIENTO. RESULTA ILEGAL CUANDO SE OMITEN LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO."; sin embargo, es de señalarse que ese criterio no resulta de beneficio al peticionario del amparo pues en el caso, el actuario sí cumplió con los requisitos y formalidades que prevén los artículos 1393 y 1394 del Código de Comercio, pues se cercioró del domicilio al cual se constituyó e hizo constar la entrega de la copia de la demanda, del documento base de la acción, anexos, de la cédula de notificación; además de manera expresa hizo constar la entrega de la copia de la actuación del emplazamiento, siendo que la diligencia la entendió directamente con el demandado; además dejó constancia en autos de la cédula de notificación relativa. En ese sentido, tampoco resulta de beneficio para la quejosa la jurisprudencia que citó en su demanda con el rubro: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL PREVÉ DOS ÁMBITOS DE APLICACIÓN DIFERENCIADOS."; pues como se ha visto, al realizarse el emplazamiento, se cumplieron con las formalidades que prevé la normativa para el llamamiento al juicio ejecutivo mercantil de origen; sin que se advierta acto privativo alguno que vulnere los derechos humanos del quejoso. Continuando con el análisis de los conceptos de violación, la parte quejosa aduce que en el juicio natural aparece una cédula de emplazamiento y notificación de la cual desconoce su contenido, ya que no fue recibido en ningún momento. Lo anterior es infundado, pues contrario a lo que se sugiere, de autos se observa que el actuario hizo constar la entrega de la cédula correspondiente a quien bajo protesta de decir verdad dijo ser el propio demandado y quien además se identificó con documento oficial con fotografía. Asimismo, cabe destacar que el fedatario no sólo hizo constar que entregó la cédula correspondiente al propio demandado sino que además anexó una copia de la misma a los autos del juicio natural; lo cual permite observar que existe no sólo evidencia objetiva de su existencia, sino que también respecto de los datos que ahí se plasmaron, los cuales permiten corroborar la legalidad de la actuación que por esta vía se cuestiona. La parte quejosa también aduce que existe una violación a sus derechos humanos, lo cual le provoca un grave perjuicio personal y patrimonial con motivo del embargo que se trabó en autos, cuando dice, se trata de un procedimiento viciado por una notificación ilegal, y un pagaré que se llenó con fecha posterior, siendo falso que deba esa cantidad. Lo anterior resulta infundado en cuanto que el peticionario parte de la premisa de que el emplazamiento a juicio resultó ilegal, cuando como se ha visto, la diligencia cumplió con las formalidades previstas en los artículos 1393 y 1394 del Código Comercio y que el actuario estaba obligado a observar, lo cual se observa que sí aconteció. En virtud de lo anteriormente expuesto, ante lo infundado de los conceptos de violación y al no haber queja que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que Gilberto Lorenzo Castillo Canché solicitó respecto del emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 1420/2016 del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Séptimo. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77 al 80, 155 y 192, de la Ley de Amparo aplicable, se R e s u e l v e: Primero. La justicia de la unión no ampara ni protege a Gilberto Lorenzo Castillo Canché, contra los actos que reclamó del Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgado Civiles, Mercantiles y Familiares, por los motivos expuestos en el sexto considerando de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa con la Secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy (catorce de noviembre de dos mil diecinueve), en que lo permitieron las labores del Juzgado.

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