Gilberto Ramírez Flores

Expediente 1630/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1630/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
03/01/2022

Partes del expediente

  • Gilberto Ramírez Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, tres de enero de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia dictada el trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se sobreseyó el juicio de amparo, no fue recurrida por la parte quejosa, que es a quien en todo caso le pudiera perjudicar; con fundamento en el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia que determino sobreseer el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (...)". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Transparencia. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. No existen en autos documentos originales exhibidos por el quejoso. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Autoridad vinculada manifiesta imposibilidad de dar cumplimiento a ejecutoria de amparo. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido por el Director de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública por el cual informa encontrarse imposibilitado para dar cumplimiento a la sentencia de amparo por las razones que de su oficio de cuenta se desprenden. Ahora bien, el pasado diez de diciembre del año en curso, se tuvo por recibida la copia de conocimiento del oficio SSP/SII/C5I/DT/3329/2021 signado por el Director de Telecomunicaciones del C5I [Centro de Control Comando, Coordinación, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia] de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, mediante el cual informó al Presidente Municipal de Xiutetelco que hizo la anotación en el Registro Nacional de Seguridad Pública relativa a que el quejoso *** fue separado de su cargo de manera injustificada. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo requiérase al Director de Telecomunicaciones del C5I [Centro de Control Comando, Coordinación, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia] de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla para que en el término de tres días remita copia certificada del oficio CECSNSP/CG-C5/07830/2019 de doce de noviembre de dos mil diecinueve, a través del cual atendió la solicitud de realizar la anotación en el Registro Nacional de Seguridad Pública. A fin de que cumpla con el presente requerimiento, remítase copia del oficio SSP/SII/DT/3329/2021 del veintinueve de noviembre del año en curso por el que informó al Presidente Municipal de Xiutetelco dicha circunstancia. Apercibido que de no hacerlo en el plazo de tres días, o no informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se aplicará en su contra una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Se requiere cumplimiento a superior jerárquico. Ahora, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo se requiere al Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, en su calidad de superior jerárquico del Director de Telecomunicaciones del C5I [Centro de Control Comando, Coordinación, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia] de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, para que le requiera a dar cumplimiento a la presente determinación y remita las constancias que acrediten el requerimiento realizado a su subordinado. Apercibido que, de no hacerlo en el plazo de tres días, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se aplicará en su contra una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de diciembre de dos mil veintiuno. 1. Primera adscripción de Jueza de Distrito. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, acordó mi primera adscripción como Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, en lugar del ahora magistrado Israel Flores Rodríguez, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, lo que se informó mediante el oficio SEADS/1073/2021, firmado electrónicamente por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción. 2. Modificación de los efectos de la primera adscripción. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el diez de noviembre de dos mil veintiuno, acordó modificar los efectos de mi primera adscripción como Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, a fin de que sea a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, lo que se informó mediante el oficio SEADS/1192/2021, firmado electrónicamente por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción. 3. Jurisprudencia de la SCJN. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el cambio de la persona juzgadora que dictará la sentencia de un juicio de amparo indirecto debe notificarse a las partes, pues de lo contrario se actualiza una violación procesal que ameritaría reponer el procedimiento, en tanto no se permitiría plantear recusación por impedimento. 4. Vista a las partes. En consecuencia, se informa a las partes mi primera adscripción como Jueza de Distrito, a fin de garantizarles el derecho procesal de plantear una eventual recusación en caso de existir impedimento, de acuerdo con los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Tribunal Colegiado remite constancia de notificación Téngase por recibido el oficio con anexo signado por la Actuaria adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la constancia de notificación de la ejecutoria dictada dentro del recurso de revisión R-540/2019. Ahora bien, de autos se desprende que se reservó acordar lo conducente respecto del incidente de daños y perjuicios promovido por el tercero interesado en el juicio de amparo indirecto en que se actúa, hasta en tanto este juzgado contara con la información remitida por el Tribunal de alzada, y dado que a la fecha acontece, se provee: Se levanta reserva, desecha incidente de daños y perjuicios. Vista las constancias remitidas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con apoyo en lo establecido en el artículo 156 de la Ley de Amparo, procede desechar el incidente de daños y perjuicios por ser extemporáneo, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 156 de la Ley de amparo estable que el plazo para interponer el incidente de daños y perjuicios cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. Sirve de apoyo lo siguiente: INCIDENTE DE REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN DICTADA EN EL AMPARO DIRECTO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE SEIS MESES ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 156 DE LA LEY DE AMPARO PARA PROMOVERLO, INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN A LAS PARTES DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Conforme al artículo 156 citado, el incidente para hacer efectiva la garantía o contragarantía otorgada a propósito de la suspensión, debe presentarse dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio; debiendo entenderse por esta resolución la sentencia firme de amparo, esto es, aquella que ya no puede ser impugnada por ningún medio y que, por ende, ha causado ejecutoria, pues de otra manera, no podría sostenerse que "en definitiva" se ha resuelto el juicio, si aún cabe la posibilidad de que esa decisión pueda ser revocada o modificada por un órgano judicial superior mediante el recurso de revisión. Por tanto, no puede tenerse como fecha de inicio del plazo de seis meses, la de la sesión en que se dictó la sentencia que resolvió el juicio de amparo directo, sino a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación a las partes de la sentencia de amparo, la cual causa ejecutoria por ministerio de ley, de conformidad con el artículo 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando no admite el recurso de revisión a que se refiere la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, debe decirse que en el juicio de amparo en que se actúa se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este juzgado, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, radicándolo bajo el número R-540/2019, donde se confirmó la sentencia recurrida mediante ejecutoria de cuatro de marzo de dos mil veintiuno. En ese tenor, se considera que el plazo que se menciona en párrafos que anteceden, empezaría a computarse a partir de que surtió efectos la fecha en que dicho Tribunal de alzada notificó la ejecutoria en el recurso de revisión R-540/2019; lo cual fue el día veintitrés de marzo de la presente anualidad, toda vez que se notificó el veintidós de ese mes y año, tal y como se desprende las siguientes capturas y constancias remitidas por el Tribunal Colegiado. Una vez verificada la fecha de notificación al promovente se puede concluir que el término para interponer el incidente en cuestión, comenzó a correr el día hábil siguiente a que surtió efectos la notificación de la ejecutoria dictada por el Tribunal de alzada, esto es, el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno y concluyó el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, tal como se comprueba con el siguiente cuadro: 2021 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 24 Día que inició el término de 6 meses 24 24 24 24 24 24 Día que concluyó el término de 6 meses 1 Día que se presentó el escrito de interposición de incidente. Ahora bien, como se desprende del escrito signado por el tercero interesado con folio 15714, éste fue presentado ante la oficina de correspondencia común el día uno de octubre de dos mil veintiuno. En ese tenor, se puede estimar que la presentación del incidente de daños y perjuicios promovido por el tercero interesado fue extemporáneo, pues basta realizar un cotejo entre la fecha que se precisó en el cuadro -veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno- y del escrito de que se trata para advertir que este no se promovió en tiempo. No se soslaya que el tercero interesado haya señalado que para computar el plazo para la interposición de dicho incidente debía ser a partir de la notificación del proveído dictado por este Juzgado de Distrito el veinticinco de marzo del año en curso, mediante el cual se tuvo por recibida la ejecutoria del recurso de revisión interpuesto en el juicio de amparo en que actúa, notificado por listas el día seis de abril de la presente anualidad, sin embargo, el término debe computarse a partir de que surtió efectos la notificación del Tribunal Colegiado que conoció del recurso de revisión interpuesto. Cobra sustento lo anterior con la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS EN EL INCIDENTE DE REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. EL PLAZO DE 6 MESES ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 PARA PROMOVERLO, SE COMPUTA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NOTIFICA A LAS PARTES LA EJECUTORIA DE AMPARO. La suspensión en el juicio de amparo es una medida precautoria por la cual la autoridad judicial federal ordena detener temporalmente la ejecución del acto reclamado mientras se decide si es violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme al artículo 125 de la Ley de Amparo abrogada, si la autoridad que se pronuncia sobre la medida cautelar advierte que su concesión causará daños y perjuicios al tercero perjudicado, debe fijar garantía suficiente a cargo del beneficiario de la medida para responder por ellos. Por su parte, el tercero perjudicado puede otorgar contragarantía para ejecutar el acto cuya constitucionalidad se reclama. Una vez concluido el juicio de amparo, si el tercero perjudicado o el quejoso consideran -el primero en caso de que se niegue la protección constitucional y el segundo en caso de que se le conceda- que resintieron daños o perjuicios derivados de la suspensión o de la ejecución del acto reclamado, tienen la oportunidad de promover, dentro del plazo de 6 meses, el incidente regulado en el artículo 129 de la Ley de Amparo abrogada, para hacer efectiva la garantía o la contragarantía otorgada a propósito de la suspensión. Para tales efectos, específicamente en un juicio de amparo indirecto en el que se promueve recurso de revisión, el plazo de 6 meses contará a partir del día siguiente a aquel en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado de Circuito notifican a las partes la ejecutoria de amparo, de acuerdo con las reglas estipuladas en el artículo 29 de la referida Ley de Amparo. Por otra parte, cabe aclarar que el plazo de seis meses para interponer el incidente en cuestión, se computa a razón de meses y no por días hábiles, lo anterior ya que el artículo 156 de la Ley de Amparo no establece que dicho término deba ser considerado en días hábiles. Tiene sustento lo anterior con lo siguiente: TERMINO EN MATERIA FISCAL. COMPUTO DE. No es exacto que, tomando en conjunto la norma contenida en el artículo 46, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, se concluya que la expresión "sesenta días" sea sinónima de "dos meses". El primer párrafo de la fracción invocada concede un plazo de 60 días para registrar los asientos correspondientes a las operaciones efectuadas. El segundo párrafo de la misma fracción VI dice que los ingresos obtenidos en las operaciones que se mencionan deben registrarse en los días del 1o al 20 de mes que siga a aquél en que se hayan percibido. Como se advierte con facilidad, se trata de dos distintas normas, que regulan, respectivamente, dos supuestos diversos. Es obvio que no pueden confundirse los conceptos de "ingresos" y "operaciones". Estas últimas pueden significar desembolsos, o bien implicar ingresos o, por último, no entrañar ninguna de estas cosas. La fracción VI, en su segundo párrafo, establece un plazo, que vence precisamente el día 20 del mes, para registrar los ingresos obtenidos en el mes inmediato anterior; en cambio, el párrafo primero señala un diverso plazo, fijado en cierto número de días (sesenta), para registrar las operaciones. Cuando no resulten directamente aplicables a determinado caso los artículos 74 a 76 del Código Fiscal, ni tampoco el artículo 286 del Federal de Procedimientos Civiles, la especie debe quedar regulada por la norma que se refiere a la situación más semejante. Así pues, tratándose de un supuesto que la ley no previó, debe éste regirse por la disposición referente al caso con el cual el no previsto guarde mayor similitud, es decir, por el artículo 74 del Código Fiscal, que se aplica a los términos fijados en días. Debe entenderse, en consecuencia, que en el plazo de sesenta días que la referida fracción VI (primer párrafo) del artículo 46, fija para el registro de las operaciones, deben computarse sólo los días hábiles. Por lo expuesto, es claro que la presentación del incidente de daños y perjuicios ocasionados, es presentado de manera extemporánea, toda vez que éste se presentó ante la oficialía de partes común el día uno de octubre de dos mil veintiuno, por lo que con fundamento en el numeral 156 de la ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR EL INCIDENTE DE REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS promovido por la parte tercera interesada. Notifíquese; y personalmente al tercero interesado ******** y/o ********.

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