Gilberto Quintana Bautista

Expediente 1563/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1563/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Gilberto Quintana Bautista

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Manifestaciones. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sede en esta ciudad, atento a su contenido, ténganse por hechas las manifestaciones en relación a la suspensión definitiva de uno de junio del año en curso, así como al cumplimiento del requerimiento formulado en proveído de siete de noviembre de la presente anualidad, de lo cual se toma conocimiento. Ahora bien, la autoridad oficiante, informa en lo medular que mediante oficio SP/DPSH/MICH/7405/2023, de seis de noviembre de dos mil veintitrés, signado por el Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene, informó que se llevó cabo el trámite administrativo ante la Jefatura de Evaluación y Apoyo Técnico de Oficina Centrales, con residencia en la Ciudad de México, relativo al pago de pensión de la citada quejosa, por lo que se encuentra en espera de que remita el recurso solicitado y poder estar en posibilidad de pedir al área de finanzas la elaboración de los cheques correspondientes. 1.1 Requerimiento. En mérito a lo anterior, requiérase a la autoridad Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con residencia en esta ciudad, para que en el término de tres días contados a partir de la notificación de presente proveído, remita las acciones en donde se acredite el cumplimiento de la suspensión de definitiva el primero de junio del año en curso; esto es, donde se desprenda que se elaboró el cheque a favor de la quejosa, respecto al pago de la pensión por viudez. 1.2 Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una, multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $******************** (********************.), en términos del artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, con independencia de dar vista y ponerles a disposición del Ministerio Público en los términos que prevé el numeral 158 y 262, fracción III, de la ley en cita Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Recepción y registro. Vista la demanda suscrita por Gilberto Quintana Baustista, por propio derecho y quien se ostenta representante de la menor V.M.Q.A.; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1563/2023. 1.2. Prevención de la demanda. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 108, fracción I, así como el 114, fracción III y relativos a la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de proveer sobre la admisión de la demanda, se estima necesario requerir a la parte quejosa a fin de que, en el plazo de CINCO DÍAS contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le haga, bajo protesta de decir verdad: ÚNICO. Acredite la representación del menor de edad de iniciales V.M.Q.A.; toda vez, que fue omisa en anexar constancia alguna que acredite el carácter con el que promueve. Bajo apercibimiento que, de ser omisa al respecto, este órgano jurisdiccional proveerá conforme a derecho. Hágase saber a la parte promovente de los delitos en que incurre cuando afirma hechos falsos u omite aquellos que le constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]" Lo anterior tiene razón de ser en que si el promovente incurre en falsedad, se hace acreedor a las sanciones establecidas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, lo cual es un mecanismo que sirve para que no se abuse del juicio constitucional, porque en caso de que este órgano jurisdiccional obtenga pruebas de que el propósito de la parte quejosa es obtener una ventaja procesal indebida o en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, dará vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito, a fin de que investigue la probable comisión del delito indicado en el precepto citado. En el entendido que el requerimiento formulado deberá cumplirse en forma directa por la promovente, pues los autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/20101. Al margen de lo anterior, y por tratarse del derecho a la salud de una persona menor de edad, se determina lo siguiente: 2. Precisión de la omisión reclamada. De la lectura íntegra de la demanda se advierte que se precisan como omisión reclamada la siguiente: La omisión de brindar el servicio de atención médica a la menor V.M.Q.A., a quien para realizarle y/o proporcionarle el servicio de transfusión sanguínea, le condicionan a conseguir donadores de sangre. 3. Suspensión de plano. De los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de la demanda, el quejoso ajo protesta de decir verdad, manifestó que es padre de la citada menor que tiene trece años de edad y padece la enfermedad de leucemia linfoblástica aguda (LLA) que no cuenta con los recursos económicos a efecto de que pueda ser atendida en un hospital privado, por tal motivo y atendiendo a la urgencia de la enfermedad de su hija acudió al Hospital Infantil de Morelia "Eva Sámano de López Meteos", institución de salud atendido a dicha menor, quien le solicitó ciertos números de plaquetas y unidades de sangre a fin de realizar la transfusión a la menor, por lo que dicho nosocomio con fecha veintiuno de noviembre de la presente anualidad, le expedido una solicitud de transfusión sanguínea, por lo que acudió al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea Banco de Sangre del Sector Salud Michoacán; sin embargo, condicionaron la entrega de la sangre que necesita a cambio de donadores, violando el derecho humano de acceso a la salud de su menor hija. En atención a la naturaleza de la omisión reclamada, este órgano de control constitucional encuentra, con base en una ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, que la falta de atención médica reclamada compromete gravemente la dignidad e integridad personal de la menor V.M.Q.A., ya que podría estar sometida a sufrimiento físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida; esto, acorde con los lineamientos trazados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que al rubro expresa: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SUDIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO.". En consecuencia, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO a la menor V.M.Q.A., para el efecto de que, de manera concreta se le realicen las transfusiones sanguíneas que requiera, en términos de la Norma Oficial Mexicana NOMS-253-SSA1-2012, para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos; ello, sin condicionarle su aplicación a ninguna exigencia. Aunado a lo anterior, deberán proporcionarle toda la atención médica, medicamentos y tratamiento que requiere, para los padecimientos que pueda presentar, así como para que, en caso de no contar con el personal médico, equipos e insumos que requiera, se realicen las gestiones necesarias para otorgarle dicha atención con recursos propios o de manera subrogada. En el entendido de que es obligación del Estado Mexicano, el salvaguardar la vida del infante tal como se advierte del Protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. Por tanto, se requiere a las autoridades responsables Titular del Hospital Infantil de Morelia "Eva Sámano de López Mateos" y al Titular del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea Banco de Sangre, ambos dependientes de la Secretaría de Salud del Gobierno de Estado de Michoacán, para que en el ámbito de sus competencias, dentro del término de VEINTICUATRO HORAS informen los actos ejecutados para cumplir con la presente medida cautelar, entre ellos los siguientes: a) Informar diariamente acerca de las transfusiones y el estado general de salud de la menor; b) La atención médica que se le haya proporcionado y el tratamiento sugerido para ello; c) La constancia de que los familiares de la paciente han sido debidamente informados del diagnóstico realizado a su menor hija, de manera clara y concreta, así como el tratamiento o terapia a seguir y de que ha emitido, o rechazado en su caso, su consentimiento en forma previa, libre e informada; d) La designación de un especialista y el diagnóstico que éste le realice de manera clara; y, e) Las constancias, notas médicas o recetas, estudios y medicamentos que se le hayan expedido, prescrito o indicado a la paciente. Lo anterior, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se procederá en contra de las autoridades responsables en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, dándose vista al agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. 4. Se designa representante especial. Tomando en consideración que en el presente asunto se encuentra involucrado una menor de edad, de ahí que resulta procedente la representación especial del menor de iniciales V.M.Q.A., en términos del artículo 8° de la Ley de Amparo, para garantizar la imparcial protección de los intereses directo de la infante, nombramiento que no tiene el efecto jurídico de sustituir la representación originaria que tiene aquél, sino únicamente para efectos del juicio de amparo. Por lo que, atendiendo a proteger el interés superior del citado menor, de conformidad con el artículo 4° de la Constitución Federal, así como los artículos 1, 13 y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en relación con el artículo 8° de la Ley de Amparo, gírese oficio al Delegado de la Defensoría Pública Federal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para que tenga a bien designar representante especial de la menor de iniciales V.M.Q.A, para que intervenga en el juicio de amparo. 5. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda y autorizando para tal efecto a las personas que nombra por así solicitarlo. 6. Pruebas. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su parte la documental que anexa, misma que por su propia naturaleza se tienen por rendida y desahogada, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y tenerlas por recibidas en ese acto. 7. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 8. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

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