Gilberto Huerta Alba
Expediente 297/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 297/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán.
- Gilberto Huerta Alba
- Mario Zuno López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de abril de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado el veinticinco de marzo de la presente anualidad (fojas 40 a 45), por medio del cual se desechó su demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Documentos irrecuperables. Finalmente, en el expediente se encuentran documentos que por sus características se consideran irrecuperables, se requiere a la parte quejosa, para que acuda a este juzgado, dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibido que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. Notifíquese por lista a Gilberto Huerta Alba, con efectos de notificación personal. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
por este medio se notifica al quejoso el auto de cuatro de abril de dos mil diecinueve, que en síntesis dice: Morelia, Michoacán, cuatro de abril de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado el veinticinco de marzo de la presente anualidad (fojas 40 a 45), por medio del cual se desechó su demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Documentos irrecuperables. Finalmente, en el expediente se encuentran documentos que por sus características se consideran irrecuperables, se requiere a la parte quejosa, para que acuda a este juzgado, dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibido que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. Notifíquese por lista a Gilberto Huerta Alba, con efectos de notificación personal. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se devuelve exhorto sin diligenciar...sin que haya lugar a mayor pronunciamiento...
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Cumplimiento de prevención. Agréguese a los autos el escrito que suscribe el quejoso Gilberto Huerta Alba, quien bajo protesta de decir verdad, manifiesta que hace suya la demanda promovida a su favor por Mario Zuno López; por tanto, se tiene hasta este momento al referido quejoso promoviendo el presente juicio biinstancial de control constitucional. Así, al haber comparecido al presente juicio hasta esta fecha el quejoso directo a solicitar el amparo y protección constitucional, se ordena dejar sin efectos la prevención realizada mediante auto de quince de marzo de dos mil diecinueve, por el cual se requirió a Mario Zuno López, acreditara la representación legal o poder para promover a nombre de Gilberto Huerta Alba. Desechamiento. Ahora bien, de lo anteriormente expuesto, es necesario examinar si la demanda de amparo colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En el presente caso, el peticionario de amparo hace consistir el acto reclamado en: El auto de once de marzo de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 194/2018, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, la autoridad responsable, negó dar trámite al recurso de revocación que promovió Mario Zuno López, en contra del auto de veintisiete de febrero de la presente anualidad, por no exhibir el documento con el que acreditara su calidad de licenciado en derecho o estar facultado para ejercer dicha profesión. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. De la intelección de tales preceptos se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se promueve contra actos que, dictados en juicio, no producen efectos de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. Así se advierte de la jurisprudencia IV.2o.C. J/2, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, del Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, visible en la página 1539, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En el caso se reclama el auto de once de marzo de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 194/2018, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, tiene un efecto meramente adjetivo o procesal, de modo que si la parte quejosa obtiene resolución favorable, la eventual violación procesal resultaría inocua. Lo que no impide que si el peticionario obtiene resolución desfavorable en dicho juicio, pueda alegar esa eventual violación procesal mediante el juicio de amparo directo, en términos del artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte quejosa, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo producen una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. En apoyo a lo anterior, es de invocar el criterio jurisprudencial P./J. 37/2014, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, consultable en la página 39, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. La causa de improcedencia en estudio no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1º de la Constitución Federal, ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis cuya síntesis es: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de la cual el juicio de amparo no es procedente en contra de actos en el juicio que no produzcan efectos de imposible reparación, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien conforme a lo establecido en el citado artículo 1o. constitucional, las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en atención al principio pro homine, el cual implica que debe atenderse a la norma que otorga una mayor protección al ser humano, y el artículo 25 del instrumento internacional en comento establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos sustantivos fundamentales, es igualmente cierto que lo establecido en este dispositivo del instrumento internacional, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales, y dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, debe considerarse que la regla de procedencia que establece la mencionada fracción IV del artículo 114, no significa que el juicio de garantías ofrezca una protección menor a los derechos humanos que la que prevé la fracción 1 del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Ahora bien, toda vez que el quejoso compareció al expediente y se dio por notificado del auto de quince de marzo de dos mil diecinueve, y no señaló domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad; por tanto con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese el presente auto, mediante lista de acuerdos que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto precise domicilio en esta ciudad para recibirlas. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 20/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, pagina 238, Tomo XXVII, Abril de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles." AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizado con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Mario Zuno López, ya que acredita con la cédula profesional que adjunta al escrito de demanda tener las facultades para ejercer la profesión de abogado. Notifíquese por lista a Gilberto Huerta Alba, con efectos de notificación personal. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes
- Giancarlo Polanco Pérezvega509/2018
- Gilberto Amezcua Velázquez990/2015
- Gilberto Eduardo Cárdenas Alcántara1264/2019
- Gilberto Gutiérrez Durán900/2019
- Gilberto Hernández Mejía202/2021
- Gilberto Hernández Mejía211/2021
- Gilberto Paniagua García459/2023
- Gilberto Prieto Ayala330/2020
- Gilberto Quintana Bautista1563/2023
- Gilberto Rivera Martínez509/2019
- Gilberto Romero Guzmán132/2021
- Gilberto Saavedra Ramírez600/2017