Gilberto Pérez Chávez
Expediente 221/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 221/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/04/2022
Partes del expediente
- Gilberto Pérez Chávez
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, doce de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días hábiles a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente recurriera el proveído de treinta y uno de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Gilberto Pérez Chávez, sin que lo hubiera realizado, por tanto con fundamento en los artículos 2 y 97 fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro que corresponda y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículos Vigésimo Primero inciso d), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en los artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del propio acuerdo. Por tanto, se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto Décimo Primero del Acuerdo mencionado. En tal virtud, de que en el presente asunto obran constancias originales exhibidas por la parte quejosa, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 26 fraccion III de la Ley de Amparo, se notifica por estrados en virtud de así haberlo solicitado, a Gilberto Pérez Chávez, el auto de doce de abril de dos mil veintidós, que dice: "Ensenada, Baja California, doce de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días hábiles a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente recurriera el proveído de treinta y uno de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Gilberto Pérez Chávez, sin que lo hubiera realizado, por tanto con fundamento en los artículos 2 y 97 fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro que corresponda y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículos Vigésimo Primero inciso d), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en los artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del propio acuerdo. Por tanto, se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto Décimo Primero del Acuerdo mencionado. En tal virtud, de que en el presente asunto obran constancias originales exhibidas por la parte quejosa, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa
- Principal
Con fundamento en el artículo 26 fraccion III de la Ley de Amparo, se notifica por estrados en virtud de así haberlo solicitado, a Gilberto Pérez Chávez, el auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, que dice: "Ensenada, Baja California, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que promueve Gilberto Pérez Chávez, mediante la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Juez Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de San Quintín, Baja California y otra autoridad; por tanto, fórmese el expediente respectivo, previo su registro en el libro de gobierno bajo el número 221/2022-I. Ahora, en la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de amparo, el juez de amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: " El Juez de distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado [.]". En el caso que nos ocupa, el quejoso Gilberto Pérez Chávez, por su propio derecho, señala como autoridad responsable a la actuaria del Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de San Quintín, Baja California, de quien reclama lo siguiente: " De LA ACTUARIA LA C. LICENCIADA ANGELA LÓPEZ PERALTA, ADSCRITA AL H. JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN QUINTIN, con residencia en la Ciudad de San Quintín, Baja California: LOS ACTOS DE EJECUCIÓN en atención a lo ordenado por el C. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN QUINTIN, con relación al Expediente 331/2019, radicado en el H. Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Quintín, que llevaron a cabo para despojar a él suscrito del inmueble identificado como ***********, sin ser oído ni vencido en juicio, sin las formalidades esenciales requeridas para el desalojo. " Ahora, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1, fracción I, ambos de la ley de la materia, es obligación de este juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente reclama de manera destacada de la actuaria del Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de San Quintín, Baja California, lo siguiente: ? La ejecución de la orden de desalojo del bien inmueble identificado como ********** ubicado en San Quintin, Baja California; dictada en el juicio sumario de desahucio 331/2019 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de San Quintín, Baja California; y sus consecuencias. En ese contexto, procede desecharla por su notoria improcedencia, al surtirse la causa prevista por la fracción X, del artículo 61, de la citada legislación, que dice: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de acto de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." Del precepto legal trascrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; ahora bien, para interpretar dicho precepto debe tenerse presente que la causa de improcedencia tiene como fin evitar que se emitan sentencias contradictorias y que se inutilice la cosa juzgada que pudiera establecerse sobre la misma controversia. En efecto, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio para quien ahora resuelve, la existencia del diverso juicio de amparo, 524/2021 de nuestro índice, promovido por Gilberto Pérez Chávez, por su propio derecho, como tercero extraño al juicio de origen, contra actos que reclama de diversas autoridades, se destaca -en lo que aquí interesa- de la actuaria del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de San Quintín, Baja California, la ejecución del proveído de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio 331/2019 relativo al juicio sumario de desahucio promovido por Amelia Pérez Chávez en contra de BERRYMEX, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en el cual ordena restituir de la posesión material y jurídica a favor de la antes citada sobre los inmuebles identificados como ************, y el inmueble descrito como ***********; mismo que a la fecha se encuentra pendiente de resolución. Lo cual, como se dijo es un hecho notorio para quien ahora resuelve en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, dado que ambos juicios de amparo se llevan ante este tribunal; por tanto, se ordena agregar a éste sumario constitucional copia certificada de las aludidas constancias; documentales públicas a las que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. Ahora bien, de un análisis comparativo entre el referido juicio de amparo 524/2021 y el sumario en que se actúa se obtiene lo siguiente: ... De ahí que, tanto la demanda de amparo que motivó el presente juicio de amparo, así como la que originó el diverso 524/2021-IV, del índice de este juzgado de distrito, fueron promovidas por el mismo quejoso, y entre diversos actos que reclama a otras autoridades, se obtiene que le reclama en aquel juicio la misma actuación que en el presente asunto a la misma autoridad, actuaria del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de San Quintín, Baja California. En efecto, la materia de estudio del juicio 524/2021 del índice de este órgano de control constitucional, entre otros actos reclamados, es la misma que motivo el presente asunto, consistente en los actos de ejecución dictados dentro del expediente 331/2019 del índice de dicho órgano, relativos a la desposesión del inmueble identificado como **********. Por tanto, si dicho acto reclamado -entre otros- es materia del diverso juicio de amparo antes referido, el cual, se encuentra en trámite; resulta incuestionable se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia, prevista en la fracción X del numeral 61, de la ley de la materia, pues no se pueden analizar actos que son del conocimiento de una diversa demanda de amparo, lo que constituye un hecho notorio para quien suscribe, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis VII.P. 83 K, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página 260, tomo XV, enero de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de registro 209531, que a la letra dice: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." En tales condiciones, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, ya que de manera notoria y manifiesta se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 113 del citado ordenamiento legal. Apoya a lo anterior la tesis I.11o.C.31 K (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 3029, libro 63, febrero de dos mil diecinueve, tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de registro 2019187, que a la letra dice: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." De igual forma, en lo conducente, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo X, Septiembre de 1999, Página 730, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Así como la diversa jurisprudencia VII.1o.C. J/1, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo VI, Septiembre de 1997, Página 579, cuyo texto y rubro exponen: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA. En el supuesto de que el Juez de Distrito deseche una demanda de garantías, tomando en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, de los cuales se desprenda la posible existencia de una causa de improcedencia, tal desechamiento, así decretado, contraviene lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de Amparo, que exige no sólo un motivo que impida la procedencia de la acción constitucional, sino que dicho motivo sea manifiesto y también indudable; entendiéndose que lo manifiesto es lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto. En consecuencia, no basta la convicción que se forme el juzgador de los hechos y circunstancias descritos en la demanda para ordenar su desechamiento, pues en tal hipótesis es necesario que la causa de improcedencia surja de otros elementos distintos a la demanda, como podrían ser las constancias relativas al expediente en donde se dictó el acto reclamado, pero si éstas no fueron exhibidas, es necesario entonces admitir la demanda a fin de no dejar a la promovente en estado de indefensión, al no darle oportunidad de allegar ante el Juez los elementos de convicción que justifiquen, en su caso, la procedencia del juicio." Por otra parte, si bien el quejoso reclama del juez Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de San Quintín, Baja California, la negativa de darle acceso al expediente del juicio sumario de desahucio 331/2019 de su índice, acto que es accesorio del principal que reclamó de manera destacada, consistente en la ejecución de la orden de desalojo ordenada por el citado juez dentro del juicio de referencia, por tanto, se hace extensivo el desechamiento al no reclamarse de manera autónoma, sino como consecuencia de la ejecución del desalojo de mérito, máxime que el quejoso está en aptitud de imponerse de los autos del multicitado expediente, al obrar como prueba de la autoridad responsable en el diverso juicio de amparo 524/2021 del índice de este juzgado. En otro contexto, se tiene como domicilio de la parte quejosa los estrados de este juzgado, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Humberto Díaz Vela y Raúl Alfonso Casillas Gaeta, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que refirió para tal efecto. Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, solicitó tener acceso al expediente electrónico; atento a su contenido, así como al contenido de la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que en el módulo de expedientes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se agregó como promoventes en el expediente electrónico de este juicio de amparo a los usuarios: **********, por tanto, como lo solicitó, el promovente, podrá consultar el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Se le tiene proporcionando los correos electrónicos y números de teléfono que indica, únicamente con el objeto de que este órgano jurisdiccional pueda tener una comunicación con la misma, en los casos que se estime necesario; ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, de veintiocho de julio de dos mil veinte, del Pleno de la Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales, por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; lo anterior, en razón de que las notificaciones electrónicas deben sujetarse a las reglas establecidas en el artículo 30 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualquiera de los actuarios de este juzgado, realice las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9 y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3o de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar el secretario.
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