Gilberto Ojeda Carranza
Expediente 142/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 142/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/04/2019
Partes del expediente
- Gilberto Ojeda Carranza
- Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Cinco, con residencia en Ensenada, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ensenada, Baja California, treinta de abril de dos mil diecinueve. Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por Jorge Luis Carrillo Maciel, en representación de la tercero interesada Luz del Carmen Maciel Ramírez, carácter que se le reconoce de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo, con el documento anexo al escrito de cuenta, consistente en copia certificada del primer testimonio notarial número diez mil ochocientos noventa y tres (10,893), volumen doscientos setenta y uno (271), de quince de septiembre de dos mil diecisiete, pasado ante la fe del Notario Público Número 7, de esta ciudad; atento a su contenido, se le tiene apersonándose al presente juicio y señalando como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones el que indica en el ocurso que se atiende. Asimismo, se tienen como autorizados de su parte en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Roberto Esteban Chávez Salinas, Rosa Isela Robles Gutiérrez y Jairo Ornelas Ley, ya que del contenido de la certificación secretarial de cuenta se advierte que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, como lo solicita, devuélvase el documento anexo al ocurso de cuenta, previa copia certificada y razón de recibo que se deje en autos, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy; sin embargo, a la fecha no ha sido emplazada al presente juicio de amparo la tercero interesada Luz del Carmen Maciel Ramírez; asimismo, se encuentra transcurriendo el término de cuarenta y ocho horas, para efecto de que la tercero interesada de mérito, comparezca ante este órgano jurisdiccional a fin de ser emplazada a juicio, de conformidad con el citatorio de veintidós de abril de dos mil diecinueve, que obra a foja 61 de autos. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las nueve horas con cincuenta minutos del veinte de mayo de dos mil diecinueve.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL CITATORIO DEJADO EN EL DOMILICIO PROCESAL DE LA TERCERO INTERESADA LUZ DEL CARMEN MACIEL RAMÍREZ, Y SE LE EMPLAZA Y NOTIFICAN LOS AUTOS DE VEINTIOCHO DE MARZO Y DIEZ DE ABRIL, AMBOS DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICEN: "..Ensenada, Baja California, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que mediante proveído de quince de marzo de dos mil diecinueve, se requirió a la parte promovente del presente juicio de amparo, para que dentro del término de cinco días hábiles, bajo protesta de decir verdad indicara la fecha exacta en que tuvo conocimiento del acto reclamado, en los términos establecidos en dicho proveído. Asimismo, en acuerdo de veintidós de marzo del presente año, se tuvo a la parte promovente intentando cumplir con la prevención efectuada en autos; sin embargo, se le requirió para que compareciera ante este órgano jurisdiccional a efecto de que ratificara su escrito con registro 2590, en virtud de que se presentó con el nombre de Gilberto Ojeda Pérez, el cual no coincidía con el nombre del promoverte. En ese contexto, se ordena agregar a los presentes autos la comparecencia de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, de la que se advierte que Gilberto Ojeda Carranza, compareció a este juzgado y ratificó el contenido y firma del escrito registrado con folio 2590, presentado en este juzgado el veintiuno de marzo del año en curso; por tanto, se precede a acordar respecto de su contenido, en el cual cumple con la prevención efectuada en autos y señala bajo protesta de decir verdad la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo; teniéndose como acto reclamado, la falta de emplazamiento al juicio 362/2017, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Cinco, en esta ciudad, y como consecuencia, todo lo actuado en dicho juicio. Por separado y duplicado fórmese y tramítese el incidente de suspensión por así haberlo solicitado la parte quejosa, de conformidad con el artículo 125 de la Ley de Amparo; Se señalan las nueve horas con cincuenta y seis minutos del veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en el artículo 117 de la ley de amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, al que deberán anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, mismas que deberán estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del término de quince días hábiles siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables la pena en que incurren con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que les consten en relación con el acto reclamado, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que si bien se les otorga un término de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se les exhorta que en el momento que cuenten con la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, lo hagan saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a las autoridades que tienen la obligación de recibir el oficio que se les gire en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de las autoridades que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se harán acreedoras en lo particular a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a las partes que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se hace del conocimiento de la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con las mismas; lo anterior, con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones del quejoso, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, sin que al respecto opere la suplencia de la queja deficiente conforme lo prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo; en la inteligencia que de existir prueba en contrario o en la hipótesis de que se corrija el señalamiento de la denominación de las autoridades responsables, se tomará en consideración en su oportunidad, ya que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que prevé la impartición de justicia pronta y expedita; y conforme al principio de celeridad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6º.P.14K (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación con número de registro 2017604, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. PREVIO A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE AMPARO NO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y REQUERIRLO NUEVAMENTE PARA QUE SEÑALE LA DENOMINACIÓN CORRECTA DE AQUÉLLA, SI CON ANTERIORIDAD LO APERCIBIÓ QUE DE NO EXISTIR CON LA DENOMINACIÓN SEÑALADA EN SU DEMANDA O SER ÉSTA IMPRECISA, SIN MAYOR TRÁMITE SE TENDRÍA COMO INEXISTENTE. La actuación del Juez de amparo de declarar la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables y suspender toda comunicación con éstas es legal, si previo a decretarla medió requerimiento anterior, en el que se apercibió al quejoso para que en caso de que las autoridades responsables no existieran con la denominación que señaló en su demanda o fuera imprecisa, sin mayor trámite se tendrían como inexistentes, pues el quejoso debía especificar su denominación correcta, después de señalarse ese apercibimiento, y no tener una actitud omisa para con el proceso de amparo, de no verificar la denominación exacta de las autoridades responsables; de manera que no corresponde al Juez recurrido, el dar vista y requerir al quejoso nuevamente para que señalara la denominación cierta de las autoridades. Aunado a que no existe precepto legal que prevea que, admitida la demanda de amparo y efectuado el apercibimiento respectivo, el Juez Federal deba realizar otro requerimiento a efecto de que se aclare su verdadera denominación." Por otra parte, este órgano jurisdiccional se reserva el emplazamiento a juicio del tercero interesado, hasta en tanto obren en autos los informes justificados que en su caso rindan las autoridades señaladas como responsables, de las que se advierta a quién le reviste tal carácter, de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa ofreciendo como pruebas, las documentales anexas a su escrito inicial de demanda, mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa exhibió en original los contratos de arrendamiento de uno de agosto de dos mil catorce, uno de febrero de dos mil quince, uno de febrero de dos mil dieciséis, uno de febrero de dos mil diecisiete, uno de febrero de dos mil dieciocho y uno de febrero de dos mil diecinueve, celebrados entre Gilberto Ojeda Carranza y Rodolfo Huerta Salas y cuatro recibos de dinero de uno de agosto de dos mil catorce, uno de febrero de dos mil quince, uno de febrero de dos mil dieciséis y uno de febrero de dos mil diecisiete; por tanto, proceda la secretaria actuante a realizar el cotejo y compulsa correspondiente, a fin de agregarlas en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, septiembre de 2010, página 7, materia común, con número de registro 163758, cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver." Sin que sea el caso ordenar el cotejo de la copia simple del contrato de compraventa de derechos posesorios, de veinte de mayo de dos mil doce, celebrado entre Gilberto Carrillo Preciado y Gilberto Ojeda Carranza, toda vez que no obra en original ni en copia certificada. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualesquiera de las Actuarias de este juzgado, realicen las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, lo cual deberá ser supervisado por la secretaría del juzgado. Finalmente, con fundamento en el artículo 5º, fracción IV de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo y escrito aclaratorio.." "..Ensenada, Baja California, diez de abril de dos mil diecinueve. Visto, agréguese a los autos con vista a las partes el informe justificado rendido por la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Cinco, con sede en esta ciudad, por conducto del Secretario de Acuerdos que suple la vacante temporal del Magistrado titular; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, del cual se hará nueva relación en la audiencia constitucional relativa. Por tanto, se tienen como pruebas documentales de su parte las constancias que remite la autoridad responsable, en términos del artículo 119 de Ley de Amparo, mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza por no requerir forma especial para su desahogo, las cuales serán tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Asimismo, debido a la voluminosidad de las constancias que remitió la citada autoridad se ordena abrir por separado el tomo I de pruebas; en el entendido de que el mismo queda a disposición de las partes para su consulta en la secretaría encargada del trámite de este juzgado. Por otra parte, ya que del contenido de la certificación secretarial de cuenta se desprende que en auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, este juzgado se reservó el emplazamiento a juicio de la parte tercero interesada, hasta en tanto obraran en autos los informes justificados de las autoridades responsables. Ahora bien, ya que de las constancias que remitió la autoridad responsable consistentes en copia certificada del juicio agrario 362/2017, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Cinco, con sede en esta ciudad, se advierte que le reviste el carácter de tercero interesada a Luz del Carmen Maciel Ramírez, en virtud de ser la parte actora en dicho juicio; por tanto, en términos de la fracción III, inciso a) artículo 5o., de la Ley de Amparo se le reconoce tal carácter; en consecuencia, túrnense los autos a la actuaria de este juzgado a efecto de que proceda a emplazar a juicio a la antes mencionada, en el domicilio ubicado en calle Ezequiel A. Chávez, número 2102 bis, colonia Maestros de esta ciudad. Asimismo, la requiera para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo. Por último, hágase de su conocimiento que se encuentran señaladas las nueve horas con cincuenta y seis minutos del veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio.." ASIMISMO, SE LE INFORMA QUE QUEDA A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRETARÍA DE ESTE JUZGADO, COPIA DEL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO Y DOS ESCRITOS ACLARATORIOS, DEBIDAMENTE SELLADOS Y COTEJADOS CON SU ORIGINAL. ASIMISMO, SE LE INFORMA QUE QUEDARON SEÑALADAS LAS NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que mediante proveído de quince de marzo de dos mil diecinueve, se requirió a la parte promovente del presente juicio de amparo, para que dentro del término de cinco días hábiles, bajo protesta de decir verdad indicara la fecha exacta en que tuvo conocimiento del acto reclamado, en los términos establecidos en dicho proveído. Asimismo, en acuerdo de veintidós de marzo del presente año, se tuvo a la parte promovente intentando cumplir con la prevención efectuada en autos; sin embargo, se le requirió para que compareciera ante este órgano jurisdiccional a efecto de que ratificara su escrito con registro 2590, en virtud de que se presentó con el nombre de Gilberto Ojeda Pérez, el cual no coincidía con el nombre del promoverte. En ese contexto, se ordena agregar a los presentes autos la comparecencia de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, de la que se advierte que Gilberto Ojeda Carranza, compareció a este juzgado y ratificó el contenido y firma del escrito registrado con folio 2590, presentado en este juzgado el veintiuno de marzo del año en curso; por tanto, se precede a acordar respecto de su contenido, en el cual cumple con la prevención efectuada en autos y señala bajo protesta de decir verdad la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo; teniéndose como acto reclamado, la falta de emplazamiento al juicio 362/2017, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Cinco, en esta ciudad, y como consecuencia, todo lo actuado en dicho juicio. Por separado y duplicado fórmese y tramítese el incidente de suspensión por así haberlo solicitado la parte quejosa, de conformidad con el artículo 125 de la Ley de Amparo; Se señalan las nueve horas con cincuenta y seis minutos del veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en el artículo 117 de la ley de amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, al que deberán anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, mismas que deberán estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del término de quince días hábiles siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables la pena en que incurren con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que les consten en relación con el acto reclamado, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que si bien se les otorga un término de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se les exhorta que en el momento que cuenten con la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, lo hagan saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a las autoridades que tienen la obligación de recibir el oficio que se les gire en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de las autoridades que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se harán acreedoras en lo particular a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a las partes que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se hace del conocimiento de la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con las mismas; lo anterior, con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones del quejoso, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, sin que al respecto opere la suplencia de la queja deficiente conforme lo prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo; en la inteligencia que de existir prueba en contrario o en la hipótesis de que se corrija el señalamiento de la denominación de las autoridades responsables, se tomará en consideración en su oportunidad, ya que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que prevé la impartición de justicia pronta y expedita; y conforme al principio de celeridad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6º.P.14K (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación con número de registro 2017604, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. PREVIO A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE AMPARO NO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y REQUERIRLO NUEVAMENTE PARA QUE SEÑALE LA DENOMINACIÓN CORRECTA DE AQUÉLLA, SI CON ANTERIORIDAD LO APERCIBIÓ QUE DE NO EXISTIR CON LA DENOMINACIÓN SEÑALADA EN SU DEMANDA O SER ÉSTA IMPRECISA, SIN MAYOR TRÁMITE SE TENDRÍA COMO INEXISTENTE. La actuación del Juez de amparo de declarar la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables y suspender toda comunicación con éstas es legal, si previo a decretarla medió requerimiento anterior, en el que se apercibió al quejoso para que en caso de que las autoridades responsables no existieran con la denominación que señaló en su demanda o fuera imprecisa, sin mayor trámite se tendrían como inexistentes, pues el quejoso debía especificar su denominación correcta, después de señalarse ese apercibimiento, y no tener una actitud omisa para con el proceso de amparo, de no verificar la denominación exacta de las autoridades responsables; de manera que no corresponde al Juez recurrido, el dar vista y requerir al quejoso nuevamente para que señalara la denominación cierta de las autoridades. Aunado a que no existe precepto legal que prevea que, admitida la demanda de amparo y efectuado el apercibimiento respectivo, el Juez Federal deba realizar otro requerimiento a efecto de que se aclare su verdadera denominación." Por otra parte, este órgano jurisdiccional se reserva el emplazamiento a juicio del tercero interesado, hasta en tanto obren en autos los informes justificados que en su caso rindan las autoridades señaladas como responsables, de las que se advierta a quién le reviste tal carácter, de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa ofreciendo como pruebas, las documentales anexas a su escrito inicial de demanda, mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa exhibió en original los contratos de arrendamiento de uno de agosto de dos mil catorce, uno de febrero de dos mil quince, uno de febrero de dos mil dieciséis, uno de febrero de dos mil diecisiete, uno de febrero de dos mil dieciocho y uno de febrero de dos mil diecinueve, celebrados entre Gilberto Ojeda Carranza y Rodolfo Huerta Salas y cuatro recibos de dinero de uno de agosto de dos mil catorce, uno de febrero de dos mil quince, uno de febrero de dos mil dieciséis y uno de febrero de dos mil diecisiete; por tanto, proceda la secretaria actuante a realizar el cotejo y compulsa correspondiente, a fin de agregarlas en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, septiembre de 2010, página 7, materia común, con número de registro 163758, cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver." Sin que sea el caso ordenar el cotejo de la copia simple del contrato de compraventa de derechos posesorios, de veinte de mayo de dos mil doce, celebrado entre Gilberto Carrillo Preciado y Gilberto Ojeda Carranza, toda vez que no obra en original ni en copia certificada. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualesquiera de las Actuarias de este juzgado, realicen las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, lo cual deberá ser supervisado por la secretaría del juzgado. Finalmente, con fundamento en el artículo 5º, fracción IV de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo y escrito aclaratorio.
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