Gilberto Nuñez Soto
Expediente 403/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 403/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 26/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Gilberto Nuñez Soto
- Gilberto Nuñez Soto y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. VISTOS, para resolver el juicio de amparo 402/2021, promovido por *******, y sus acumulados: 403/2021, promovido por *******, y 404/2021, promovido por *******, contra actos de la autoridad responsable, Congreso del Estado de Chihuahua, y otras autoridades; y,R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de las demandas. (Juicio de amparo 402/2021) Por escrito recibido el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con domicilio en esta ciudad y remitido por cuestión de turno ese mismo día a este Juzgado, ******* promovió juicio el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades, y el acto que a continuación se precisa: "III).- AUTORIDADES RESPONSABLES: C. LICENCIADA *******, JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS. (.) CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (.) IV ACTO RECLAMADO: De la C. LICENCIADA *******, JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS se reclama la negativa de la Juez de Control de aplicar EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD dentro de la causa penal *******. De la CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se reclama la inconstitucionalidad del artículo 346 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, por ser inconstitucional y violatorio del principio de Taxatividad de la ley penal" (Juicio de amparo 403/2021) Por su parte, mediante escrito recibido el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con domicilio en esta ciudad y remitido por cuestión de turno ese mismo día a este Juzgado, ******* promovió juicio el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades, y el acto que a continuación se precisa: "III).- AUTORIDADES RESPONSABLES: C. LICENCIADA *******, JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS. (.) CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (.) IV ACTO RECLAMADO: De la C. LICENCIADA *******, JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS se reclama la negativa de la Juez de Control de aplicar EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD dentro de la causa penal *******. De la CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se reclama la inconstitucionalidad del artículo 346 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, por ser inconstitucional y violatorio del principio de Taxatividad de la ley penal" (Juicio de amparo 404/2021) Mientras que por escrito recibido el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con domicilio en esta ciudad y remitido por cuestión de turno ese mismo día a este Juzgado, ******* promovió juicio el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades, y el acto que a continuación se precisa: "III).- AUTORIDADES RESPONSABLES: C. LICENCIADA *******, JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS. (.) CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (.) IV ACTO RECLAMADO: De la C. LICENCIADA *******, JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS se reclama la negativa de la Juez de Control de aplicar EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD dentro de la causa penal *******. De la CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se reclama la inconstitucionalidad del artículo 346 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, por ser inconstitucional y violatorio del principio de Taxatividad de la ley penal" Los quejosos señalaron que se vulneraron en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además, relataron los antecedentes del caso que estimaron pertinentes. SEGUNDO. Admisiones de las demandas. Previa aclaración de las citadas demandas de amparo, el seis de julio de dos mil veinte se admitió la promovida por *******, bajo el número estadístico 402/2021, así como sus acumulados: 403/2021, promovido por *******, y 404/2021, promovido por *******; dichas demandas por actos y autoridades señalados en los escritos, respectivamente, donde se tuvo por subsanada la aclaración, que textualmente indicó: I.- Se recama de la responsable Congreso del Estado de Chihuahua el DECRETO No.690/06 I P.O. mediante el cual se aprueba el nuevo Código Penal del Estado de Chihuahua, Publicado en el Periódico Oficial No. 103 del 27 de diciembre del 2006, en lo que concierne a la aprobación del artículo 346 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, debido a su inconstitucionalidad. II.- Se manifiesta a su señoría que aparte de los actos ya reclamados a la Juez de control, también se reclama la Aplicación del artículo 346 del Código Penal Para el Estado de Chihuahua, debido a su inconstitucionalidad. III.- Se manifiesta a su señoría que es mi deseo señalar como autoridad responsable al Gobernador del Estado de Chihuahua, (.) señalando como acto reclamado la promulgación y publicación del DECRETO No. 690/06 I. P.O., mediante el cual se aprueba el nuevo Código Penal del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial No. 103 del 27 de diciembre de 2006. Asimismo, se requirió a las autoridades responsables su respectivo informe con justificación, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló alegatos, se emplazó a la parte tercera interesada y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Acumulación de juicios. Por acuerdo de nueve de julio de dos mil veintiuno, se ordenó acumular los juicios de amparos 403/2021 y 404/2021, al juicio de amparo 402/2021, por ser éste el más antiguo; la audiencia se inició el día de hoy al tenor del acta que antecede, sin la asistencia de las partes; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías y sus acumulados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 63 y 107 de la Ley de Amparo; 33, fracción IV, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y apartado cuarto, fracción XVII, primer párrafo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución en esta ciudad, lugar donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo y de las constancias que informan el juicio; se aprecia que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: Congreso del Estado de Chihuahua, la aprobación y expedición del Decreto número 690/06 I P.O., mediante el cual se expidió el Código Penal del Estado de Chihuahua, en específico, el artículo 346, debido a su inconstitucionalidad. Gobernador del Estado de Chihuahua, la promulgación del ordenamiento legal descrito en el inciso que antecede. Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, la audiencia intermedia de doce de mayo de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal *******, únicamente en la parte que negó el incidente de sobreseimiento parcial por el hecho que la ley señala como delito Ataques a la Paz Pública, previsto en el artículo 346 del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Ahora bien, cabe especificar que la parte quejosa refirió en el capítulo de actos reclamados que la autoridad responsable, jueza de control, no aplicó el control de constitucionalidad y de convencionalidad para resolver la solicitud de sobreseimiento planteada en la audiencia intermedia; sin embargo, no ha lugar a tener como acto reclamado así como lo planteó la parte quejosa, sino en todo caso, se tomará como concepto de violación, que será analizado en el apartado de los considerandos de la presente sentencia. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables, Jefe del Departamento de Análisis Jurídico General de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Titular del Poder Ejecutivo de esta entidad; y el Titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua, ambos con residencia en Chihuahua, Chihuahua, así como la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado; por ello, se tiene por cierto los actos reclamados a dichas autoridades responsables. Sirve de apoyo la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto" Información que se corrobora con las documentales respectivas que la Juez responsable anexó a su informe, consistentes en registros audiovisuales compulsados en dos discos en formato DVD (disco versátil digital, por sus siglas en inglés), en el que se contiene video grabación de las audiencias reclamadas, y copia certificada de la transcripción de la citada audiencia reclamada, llevadas a cabo dentro de la causa penal de origen. Medios de prueba que en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 188, 197, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, cuentan con pleno valor probatorio, por tratarse de registros audiovisuales, en formato DVD, considerados descubrimientos de la ciencia, en tanto que las documentales son públicas, por contener trascripciones certificadas, realizadas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable el criterio 43/2013 (10a.) sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que a la letra dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice lo siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Análisis de causal de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o aquellas que se adviertan, por ser una cuestión que debe analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo en términos del numeral 62 de la Ley de Amparo. Respecto a los actos reclamados a las autoridades responsables, Gobernador del Estado de Chihuahua y Congreso de la citada entidad, se estima que, de oficio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." El citado numeral establece las bases para la procedencia del juicio de garantías cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, es suficiente con que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, que desde su entrada en vigor obligan al particular, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto legal; esto es, las hipótesis de la norma no cobran eficacia con su sola entrada en vigor, sino que requieren de un acto posterior. En este orden, se concluye que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, que necesariamente deberá ser el primero. Ahora bien, para determinar si se está en presencia del primer acto de aplicación de una ley, debe existir plena evidencia de que se trata del primer acto por su fecha de emisión, en el que se actualizaron las hipótesis normativas relativas en perjuicio y con conocimiento del quejoso; por tanto, cuando se han promovido dos o más juicios de amparo contra la misma norma, y en cada uno de ellos se reclaman actos de aplicación diversos, debe decretarse el sobreseimiento respecto de la ley, en el juicio en el que se venga impugnando el segundo o ulteriores actos de aplicación, distinguidos éstos por la fecha en que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. LXX/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 445, Tomo XVI, julio de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 186675, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS ES AQUÉL EN QUE POR PRIMERA VEZ SE ACTUALIZARON LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES EN PERJUICIO DEL QUEJOSO. Para determinar si se está en presencia del primer acto de aplicación de una ley, no es suficiente que de las constancias anexas a la demanda de amparo o de la propia manifestación de la parte quejosa, el Juez de Distrito conozca de la existencia de juicios de amparo anteriores o contemporáneos, sino que debe existir plena evidencia de que se trata del primer acto por su fecha de emisión, en el que se actualizaron las hipótesis normativas relativas en perjuicio y con conocimiento del quejoso, cuando se han promovido dos o más juicios de garantías contra la misma norma, y en cada uno de ellos se reclaman actos de aplicación diversos, debe decretarse el sobreseimiento respecto de la ley, pero no en el juicio cuya demanda fue presentada en segundo lugar, sino en aquel donde se venga impugnando el segundo o ulteriores actos de aplicación, distinguidos estos por la fecha en que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, ya que de no proceder de esta manera, podría estimarse improcedente el juicio donde se reclamó el primer acto de aplicación por haberse presentado la demanda con posterioridad y también decretarse el sobreseimiento en el asunto presentado en primer término, en atención a que no fue el primer acto de aplicación de la disposición combatida, lo que se traduciría en un estado de indefensión para el quejoso." Una vez precisado lo anterior, se itera, en el caso, el quejoso reclama el Decreto número 690/06 I P.O., mediante el cual se expidió el Código Penal del Estado de Chihuahua, en específico, el artículo 346, debido a su inconstitucionalidad, como norma heteroaplicativa, señalando como primer acto de aplicación la audiencia intermedia de doce de mayo de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal *******, en la parte que negó el incidente de sobreseimiento parcial por el hecho que la ley señala como delito Ataques a la Paz Pública, previsto en el artículo 346 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, al ser considerado como violatorio de taxatividad. Sin embargo, en dicha audiencia intermedia reclamada no ocurrió el primer acto de aplicación del artículo tildado de inconstitucional, sino más bien sucedió cuando menos en el auto de vinculación donde se le dictó por el delito Ataques a la Paz Pública, previsto en el artículo 346 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, y otro ilícito; sin que se haya exhibido esa constancia de vinculación, por no ser acto reclamado; no obstante, tomando en cuenta que la causa penal se registró con el número *******, es decir, en el año dos mil diecinueve; incluso tomando en cuenta la etapa que se encuentra la causa penal, es decir, ya se emitió la acusación por escrito. Pues, de acuerdo con las manifestaciones contenidas en la audiencia de donde emana la determinación recurrida, ya existe una acusación, habiendo concluido así la investigación complementaria, dando paso a la etapa intermedia. Bajo esa tesitura, es evidente que por no es el primer acto donde se actualizó la hipótesis normativa relativa en su perjuicio, en la audiencia intermedia reclamada dictada en la causa penal *******, señalando como primer acto de aplicación; sino cuando menos ocurrió en el auto de vinculación a proceso emitido en dicha causa penal, que como se indicó ya transcurrió el plazo de la investigación judicializada, incluso ya se emitió la acusación de los imputados, aquí quejosos. En las relatadas condiciones, como se dijo, respecto de los actos reclamados en análisis se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer con fundamento en el diverso 63, fracción V, de la referida Ley. Sin que pase inadvertido para la suscrita que la parte quejosa interpuso recurso de apelación contra la audiencia intermedia reclamada; sin embargo, de las constancias se aprecia que el tribunal de alzada determinó que la determinación relativa al incidente de sobreseimiento no es apelable; por ello, no admitió el recurso de apelación únicamente por el sobreseimiento, empero, resolvió por la diversa petición de la negativa de la condena suspensional del proceso, confirmando la resolución de la juez de control -esta última petición no fue señalada como acto recamado-.. De ahí que no opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cesación de efectos por sustitución procesal de la resolución de segunda instancia, toda vez que no se admitió el recurso de apelación interpuesto por la negativa de sobreseimiento. QUINTO. Innecesario transcribir los conceptos de violación. Resulta innecesario transcribir los conceptos de violación que se hacen valer, pues la falta de transcripción ningún perjuicio ocasiona a la parte quejosa, dado que se estudiarán las cuestiones de legalidad o inconstitucionalidad efectivamente planteadas y se resolverá con base en los principios de exhaustividad y congruencia tutelados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Lo anterior conforme a la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 830, tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 164618, de rubro:"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Análisis del acto reclamado, audiencia intermedia en la parte que se negó el incidente de sobreseimiento parcial por el hecho que la ley señala como delito Ataques a la Paz Pública. Son fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, aunque supliendo la deficiencia de la queja, de conformidad con la fracción III, inciso a), del artículo 79 de la Ley de Amparo, motivo para negar el amparo y protección de la justicia federal. Es aplicable la jurisprudencia 26/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, relativo al mes de marzo de 2008, página 242, cuyo rubro es: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE." La parte quejosa reclama la audiencia intermedia de doce de mayo de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal *******, únicamente en la parte donde se negó el incidente de sobreseimiento parcial por el hecho que la ley señala como delito Ataques a la Paz Pública, previsto en el artículo 346 del Código Penal para el Estado de Chihuahua; en la cual después de concluir el debate entre las partes, en lo conducente se estableció: Que la defensa para la incidencia planteada se basó en la resolución de amparo directo *******, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre un hecho considerado delito de ataques a la paz pública, previsto en el artículo 362 del Código Penal Federal, que se llevó a cabo en aquel entonces en el estado de México; no obstante, indicó la juez responsable que se debían atender a las circunstancias del caso en particular y a la legislación del estado de Chihuahua, ya que por eso cada estado lleva su propia legislación, y que hasta la fecha tiene vigencia el ilícito de ataques a la paz pública, previsto en el artículo 346 del Código Penal para esta entidad federativa, y conlleva penas a quien lo cometa; por ello, la resolución de la ministra, en el sentido de que ese delito es inconstitucional en aquél estado, atendiendo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que verificó en aquel entonces por las personas o personas que lo hayan probablemente cometido, no nos atañe a esta entidad porque se está en una circunstancia totalmente diversa, por tal motivo no se podía declarar la inconstitucionalidad de un delito o legislación nada más porque existe una resolución previa, que podría ser orientadora pero no es vinculante para declarar inconstitucional un hecho tipificado como delito en el Código Penal para el Estado de Chihuahua. Que era necesario que se funde y motive la circunstancia por la cual se considera inconstitucional un hecho, no únicamente basándose en una resolución o de un juicio de amparo directo, porque son circunstancias totalmente diferentes; aunado a que no se cuenta con una jurisprudencia, una pronunciación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o de los legisladores del Estado de Chihuahua para determinar que ese delito se encuentra inconstitucional o derogado en esta entidad; por tal motivo, no accedió a la petición de la defensa en cuanto al sobreseimiento por inexistencia del delito, ya que sin prejuzgar ya se dictó una vinculación a proceso y una acusación en contra de los ahora quejosos por el referido delito, y subsistía la acusación del fiscal. Después, procedió analizar la diversa petición sobre salida alterna; y negó la suspensión condicional del proceso -esta parte no fue parte del acto reclamado en el presente juicio-. La parte quejosa en lo conducente señaló que se transgredió la garantía de audiencia, legalidad, certeza jurídica y el debido proceso, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la juez responsable al emitir la audiencia reclamada no realizó el control constitucionalidad y de convencionalidad a pesar de que se le solicitó, y con esa omisión los dejó en estado de indefensión, al transgredirse el principio de taxatividad respecto al hecho considerado como delito ataques a la paz pública, previsto en el artículo 346 del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Dicho concepto de violación resulta fundado, aunque se tenga que suplir la deficiencia de la queja, por las siguientes razones. Se considera que el artículo 346 del Código del Estado de Chihuahua, viola el principio de legalidad previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su vertiente de taxatividad, debido a que el tipo penal ataques a la paz pública, está construido con una imprecisión tal que cae en lo excesivo o irrazonable. Para sustentar lo anterior, se procede al estudio de la constitucionalidad del citado precepto, en atención a las facultades constitucionales que tienen los Tribunales de la Federación para analizar la constitucionalidad de una norma, en suplencia de la queja deficiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis P. X/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA EJERCERLO RESPECTO DE NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE ORIGEN. No corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito examinar, de oficio, la inconstitucionalidad de los preceptos que rigen en los procedimientos o juicios de los que deriva el acto reclamado, ya que tal asignación corresponde, en su caso, a las autoridades judiciales encargadas de su aplicación (autoridades administrativas, jueces, salas de instancia, etcétera), pues sostener lo contrario, es decir, que los Tribunales Colegiados de Circuito pueden, mediante un control difuso de regularidad constitucional declarar, en amparo directo, la inconstitucionalidad de disposiciones contenidas en leyes que rigen el procedimiento o juicio de origen generaría inseguridad jurídica para las partes, quienes parten de la base de que en el juicio han operado instituciones como la de preclusión, por virtud de la cual han ejercido los derechos procesales que les corresponden en torno a las decisiones emitidas por el juzgador, sin que deba soslayarse que el cumplimiento al imperativo prescrito en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que obliga a toda autoridad, en el ámbito de su competencia, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, no implica que puedan dejar de observarse los mecanismos jurisdiccionales previstos en el orden interno de los Estados para impugnar los actos de autoridad que pudieran considerarse violatorios de derechos humanos. Ahora, esta manera de ordenar el sistema no significa que se impongan límites a los tribunales de la Federación que por disposición constitucional tienen a su cargo el conocimiento de los mecanismos para la protección de la Norma Fundamental, para cumplir con el imperativo que ésta ordena ni que se desconozcan las obligaciones adquiridas en diversos tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano en el sentido de proteger en todo momento los derechos humanos de los justiciables, pues los órganos federales encargados de ejercer el control de regularidad constitucional concentrado cuentan con las herramientas necesarias para cumplir con ese mandato, en cuya labor deben observar las reglas que tradicionalmente han normado las instituciones que tienen a su cargo, de manera que, en ejercicio de este control concentrado, pueden emprender el análisis sobre la constitucionalidad de una norma a partir de lo siguiente: (i) en respuesta a la pretensión formulada por el quejoso; (ii) por virtud de la causa de pedir advertida en el planteamiento de los conceptos de violación o en agravios; o bien, (iii) con motivo de la utilización de la institución de la suplencia de la queja deficiente, en términos de la Ley de Amparo que, en ciertas materias, permite ese análisis aun ante la ausencia total de conceptos de violación o de agravios. En las circunstancias apuntadas, no es que los órganos de control concentrado estén exentos de ejercer un control difuso, sino que sólo pueden hacerlo en los términos que la propia Constitución les faculta". Asimismo, es aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J.18/2012(10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Página 420, Décima Época, Registro 2002264, que dice: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011). Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad. Con anterioridad a la reforma apuntada, de conformidad con el texto del artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, se entendía que el único órgano facultado para ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a través de los medios establecidos en el propio precepto; no obstante, en virtud del reformado texto del artículo 1o. constitucional, se da otro tipo de control, ya que se estableció que todas las autoridades del Estado mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado mexicano es parte, lo que también comprende el control de convencionalidad. Por tanto, se concluye que en el sistema jurídico mexicano actual, los jueces nacionales tanto federales como del orden común, están facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, en los casos que se sometan a su consideración distintos de las vías directas de control previstas en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos". El artículo 346 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, establece: "ATAQUES A LA PAZ PÚBLICAArtículo 346. Se le impondrán de cinco a treinta años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Estado, o presionen a la autoridad para que tome una determinación." El precepto anterior transgrede el derecho fundamental de legalidad en materia penal, en su vertiente de taxatividad, porque si bien se establece el tipo penal a sancionar (ataques a la paz pública), de su propio contenido no se puede advertir que el legislador estatal haya dispuesto de forma clara y exacta la descripción típica, pues queda al libre arbitrio de los operadores jurídicos que deben aplicar la norma en casos concretos, la decisión sobre la violencia extrema. Para sustentar lo anterior, es necesario acudir al principio de taxatividad consagrado en los artículos 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo siguiente: El artículo 9 de la citada Convención, establece el principio de legalidad, en los términos siguientes: "Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello". Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con relación a tal principio, se ha pronunciado al resolver el Caso de Fermín Ramírez vs Guatemala, por sentencia de veinte de junio de dos mil cinco (párrafo 90) y el Caso Castillo Petruzzi y otros vs Perú, por sentencia de treinta de mayo de mil novecientos noventa y nueve (párrafo 121), respectivamente, como sigue: "90. El principio de legalidad constituye uno de los elementos centrales de la persecución penal en una sociedad democrática. Al establecer que 'nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable', el artículo 9 de la Convención obliga a los Estados a definir esas 'acciones u omisiones' delictivas en la forma más clara y precisa que sea posible. Al respecto, la Corte ha establecido: - - - Con respecto al principio de legalidad en el ámbito penal, [...] la elaboración de los tipos penales supone una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. - - - En un Estado de derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respectivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo. - - - En un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que las sanciones penales se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita. - - - En este sentido, corresponde al Juez penal, en el momento de la aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por ésta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo penal, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico". - - - "121. La Corte entiende que en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal. Este implica una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad. Normas como las aplicadas en el caso que nos ocupa, que no delimitan estrictamente las conductas delictuosas, son violatorias del principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la Convención Americana". Por su parte, el artículo 14 de la Carta Magna dispone lo siguiente: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. - - - Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. - - - En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. - - - En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho". De acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal no se circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que abarca también a la propia ley que se aplica, la cual debe quedar redactada de tal forma que los términos mediante los cuales especifiquen los elementos respectivos sean claros, precisos y exactos. Asimismo, ha sostenido que la autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de consignar leyes con expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que señala como típicas. Finalmente, consideró que las leyes deben incluir todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado. Ahora bien, en materia penal existe una exigencia de racionalidad lingüística, que es conocida precisamente como principio de taxatividad, el cual constituye un importante límite al legislador penal en un Estado democrático de derecho en el que subyacen dos valores fundamentales: la certeza jurídica y la imparcialidad en la aplicación del derecho. Se traduce en un auténtico deber constitucional del legislador según el cual está obligado a formular en términos precisos los supuestos de hecho de las normas penales. En otros términos, el principio de taxatividad puede definirse como la exigencia de que los textos en los que se recogen las normas sancionadoras describan con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas. Comúnmente se entiende al principio de taxatividad como una de las tres formulaciones del principio de legalidad, el cual abarca también los principios de no retroactividad y reserva de ley. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos recoge estos principios en su artículo 14, que establece que en los juicios del orden penal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate. La precisión de las disposiciones es una cuestión de grado; por ello, lo que se busca con este tipo de análisis no es validar las normas, si y sólo si se detecta la certeza absoluta de los mensajes del legislador, ya que ello es lógicamente imposible, sino más bien lo que se pretende, es que el grado de imprecisión sea razonable, es decir, que el precepto sea lo suficientemente claro como para reconocer su validez, en tanto se considera que el mensaje legislativo cumplió esencialmente su cometido dirigiéndose al núcleo esencial de casos regulados por la norma. Sin embargo, el otro extremo sería la imprecisión excesiva o irrazonable, es decir, un grado de indeterminación tal que provoque en los destinatarios confusión o incertidumbre por no saber cómo actuar ante la norma jurídica; la certeza jurídica y la imparcialidad en la aplicación del derecho, se insiste, son los valores subyacentes al principio de taxatividad. De esta manera, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la aplicación exacta de la ley penal exige que las disposiciones normativas sean claras y precisas, pues de no ser así se podría arribar a tal incertidumbre que conllevaría a no poder afirmar (o negar) la existencia de un delito o pena en la ley y, por tanto, a no poder determinar si se respeta (o se infringe) la exacta aplicación de la ley penal. En este sentido, es claro que en el derecho humano de exacta aplicación de la ley en materia penal, se puede advertir una vertiente consistente en un mandato de "taxatividad"; los textos que contengan normas sancionadoras deben describir claramente las conductas que están regulando y las sanciones penales que se puedan aplicar a quienes las realicen. Sin embargo, habrá que aclarar que el mandato de taxatividad solo puede obligar al legislador penal a una determinación suficiente y no a la mayor precisión imaginable; por tanto, no se puede exigir una determinación máxima. Desde esta perspectiva, la taxatividad tiene un matiz consistente en que los textos legales que contienen las normas penales únicamente deben describir con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas; la exigencia en cuanto a la claridad y precisión es gradual. En este sentido, se puede esclarecer una cierta tensión estructural en el mandato de la taxatividad: alcanzar el punto adecuado entre precisión (claridad) y flexibilidad de una disposición normativa para que, en una sana colaboración con las autoridades judiciales, dichas disposiciones puedan ser interpretadas para adquirir mejores contornos de determinación, es decir, como la legislación penal no puede renunciar a la utilización de expresiones, conceptos jurídicos, términos técnicos, vocablos propios de un sector o profesión (y por ello necesitados de concreción), entonces el legislador y las autoridades judiciales se reparten el trabajo para alcanzar, de inicio, una suficiente determinación y, posteriormente, una mayor concreción. Para analizar el grado de suficiencia en la claridad y precisión de una expresión no debe efectuarse teniendo en cuenta únicamente el texto de la ley, sino que se puede acudir (i) tanto a la gramática, (ii) como en contraste (u observando) dicha expresión en relación con otras expresiones contenidas en la misma (u otra) disposición normativa. Incluso, la Primera Sala del Alto Tribunal ha ido más allá al considerar imprescindible atender (iii) al contexto en el cual se desenvuelven las normas, (iv) y a sus posibles destinatarios. Cabe apuntar que ante dichas formulaciones del principio de legalidad en materia penal deriva la importancia que la dogmática jurídico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad, entendido como la constatación plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipótesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo fáctico. La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige, con todas sus derivaciones, como pilar de un sistema de derecho penal en un Estado democrático de derecho. Conforme al principio de legalidad en materia penal, no existe pena ni delito sin ley que los establezcan, de modo que, para que una conducta o hecho determinado pueda ser considerado como delito y que por ello deba ser motivo de aplicación de una pena, es indispensable una ley que repute ese hecho o conducta como tal. Principio de referencia del que se deriva la formulación de taxatividad, que exige la formulación de términos precisos del supuesto de hecho de las normas penales, a partir de dos directrices: a) la reducción de vaguedad de los conceptos usados para determinar los comportamientos penalmente prohibidos; y, b) la preferencia por el uso descriptivo frente al uso de conceptos valorativos. Lo que no es otra cosa que la exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, que la descripción típica no debe ser vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación, pues para garantizar el principio de plenitud hermética en cuanto a la prohibición de analogía o mayoría de razón en la aplicación de la ley penal, esta debe ser exacta, y no solo porque a la infracción corresponda una sanción, pues sucede que las normas penales deben cumplir una función motivadora en contra de la realización de delitos, para lo que resulta imprescindible que las conductas punibles estén descritas con exactitud y claridad, pues no se puede evitar aquello que no se tiene posibilidad de conocer con certeza. En consecuencia, la formulación de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido sin problemas por el destinatario de la norma. De manera que esta exigencia no se circunscribe a los meros actos de aplicación de encuadrar la conducta en la descripción típica, sino que abarca también a la propia ley que se aplica, la que debe quedar redactada de forma tal, que los términos mediante los cuales especifiquen los elementos respectivos sean claros y exactos. Lo anterior, implica que al prever las penas la autoridad legislativa no puede sustraerse del deber de describir las conductas que señalen como merecedoras de sanción penal, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, pues ello es necesario para evitar confusiones en su aplicación, o demérito en la defensa del procesado. Por tanto, la ley que carezca de tales requisitos de certeza resultará violatoria de la garantía indicada. Ahora bien, más allá de que en el ordenamiento aplicable se establece que el delito de ataques a la paz pública, se actualiza cuando se incurra sin causa justificada a la violencia extrema; empero, debe decirse, artículo 346 de Código Penal para el Estado de Chihuahua, es inconstitucional por las razones ya relatadas. En principio, dicho artículo, establece lo siguiente: "CAPÍTULO II ATAQUES A LA PAZ PÚBLICAArtículo 346. Se le impondrán de cinco a treinta años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Estado, o presionen a la autoridad para que tome una determinación." Lo resaltado y subrayado es nuestro. De la anterior transcripción, se desprende que el delito que nos ocupa contiene los siguientes elementos: Al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o violencia extrema, Realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, Que perturben la paz pública, o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal, o presionen a la autoridad para que tome una determinación. De acuerdo a esos elementos, se determina que no es suficiente para que cualquier persona, como destinatario de la norma penal, conozca sin confusión ni incertidumbre las conductas que ameritan la sanción penal por el delito de "ataques a la paz pública", que se traduce en una pena de prisión de cinco a treinta años. Pues, la descripción típica del citado delito contiene diversos conceptos, entre ellos, el de "violencia extrema", que carece de una determinación suficiente para efectos del principio de taxatividad, puesto que es excesivamente vago ya que configura una muy amplia zona de incertidumbre en la que es dudoso si determinados hechos califican, o no, como violencia extrema. Esta falta de claridad en la conducta reprochable entraña un amplio margen de discrecionalidad en su aplicación, lo que se estima irrazonable pues no permite al destinatario anticipar con certidumbre exactamente qué conductas están prohibidas. Dado este grado de indeterminación, la norma impugnada amenaza los valores de certeza, igualdad ante la ley y autonomía personal; y por ello no satisface el estándar de suficiente claridad y precisión que impone el principio de taxatividad. En efecto, el dispositivo que nos ocupa estipula que las conductas sancionadas por la norma penal serán los actos desplegados por el activo, con violencia extrema, que perturben la paz pública, sin que este enunciado permita conocer con claridad ni precisión en qué consisten esos actos ni la naturaleza de éstos, en qué condiciones se desarrollan, etc., generando con ello una incertidumbre respecto de qué conductas se tiene prohibido llevar a cabo. De ahí, que la selección de los actos que constituyen un delito queda a la libre -e incluso arbitraria- apreciación de la autoridad. En primer lugar, el concepto de "violencia extrema" es excesivamente indeterminado, porque si bien puede haber cierta claridad en cuanto a qué cuenta como un acto de violencia, esta claridad se difumina cuando se califica de "extrema", ya que no existen criterios nítidos para determinar cuándo un acto de violencia es extremo, y por ello, se genera una amplia zona de penumbra en la que la aplicación del concepto a determinados casos es dudosa, toda vez que se desconoce qué propiedades debe reunir un acto de violencia para ser calificado de extremo, o de que depende de la gravedad del resultado producido, además de si se lleva a cabo mediante acción u omisión, así como de las consecuencias causalmente conectadas con el resultado, o del medio empleado para realizar el acto, con independencia de sus consecuencias y resultados, del contexto en que se realiza el acto de violencia y del riesgo que ha generado aunque no se haya materializado. La pluralidad de situaciones que surgen para determinar si un acto de violencia puede ser calificado de extremo ilustran la insuficiente claridad y precisión de esa descripción típica, lo que compromete la certeza acerca de cuál es la conducta prohibida, la igualdad ante la ley dada la posibilidad de que distintos jueces discrepen razonablemente en muchos casos acerca de si son una instancia o no de violencia extrema, o de que un mismo juez haga un uso arbitrario al aplicar la norma en unos casos y no en otros, cuando sean esencialmente semejantes; y por supuesto, pone en peligro la autonomía personal, pues es imposible anticipar con razonable certeza qué conducta está penada por esa disposición. Con base en lo anterior, se concluye que en el artículo 346 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, no está debidamente definida la conducta típica para establecer los límites en los que puede operar la manifestación más drástica del Estado, el ius puniendi, que puede implicar la privación de la libertad de una persona o la afectación intensa a otros derechos fundamentales. En consecuencia, resultan fundados los argumentos hechos valer por la parte quejosa; por ello, se determina que el artículo 346 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, debe considerarse violatorio del principio de taxatividad y en consecuencia, procede conceder la protección constitucional solicitada. SÉPTIMO. Efectos del amparo. Por las consideraciones expuestas, ante la inconstitucionalidad del precepto legal examinado, se concede la protección constitucional para el efecto de que la autoridad responsable Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, efectúe los actos siguientes: Deje insubsistente la audiencia intermedia de doce de mayo de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal *******, únicamente en la parte que negó el incidente de sobreseimiento parcial por el hecho que la ley señala como delito Ataques a la Paz Pública, previsto en el artículo 346 del Código Penal para el Estado de Chihuahua.Programe fecha y hora para el desahogo de la audiencia, en la cual con las formalidades de ley y atendiendo a los lineamientos indicados en la presente sentencia, deberá desaplicar la norma examinada en esta ejecutoria y resolver lo que en derecho corresponda sobre el incidente de sobreseimiento planteado por la defensora particular. Hecho lo cual, continúe con el trámite correspondiente. Lo anterior deberá realizarse en observancia de los principios que rigen el sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, así como los derechos fundamentales de los imputados, y quedar registrado en la videograbación correspondiente. Por todo lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *******, *******, y *******, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, Gobernador del Estado de Chihuahua y el Congreso de la citada entidad, por los motivos y razones expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, *******, y *******, en contra de la autoridad responsable, Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, conforme las razones y efectos señalados en el considerando sexto y último de esta sentencia constitucional. Notifíquese personalmente Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el secretario que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Declaratoria de asunto concluido Vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha notificado al accionante del amparo, el auto de quince de julio de dos mil veintiuno, a través del cual se le informó que se acumuló el juicio de amparo 403/2021-I, y otro al diverso 402/2021-VII, del índice de este órgano jurisdiccional -sin que se haya interpuesto en éste último, oportunamente, medio de defensa alguno, con motivo de la acumulación ordenada en el mismo- atendiendo a lo previsto en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2. Por tanto, tal determinación ha quedado firme y se tiene el presente cuadernillo como asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo Se ordena remitir la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante seis meses contados a partir de esta data, según lo dispuesto en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este cuadernillo, así como el expedientillo que se formó del incidente de suspensión son destruibles una vez se haya cumplido el plazo de conservación de seis meses de haberse dictado este acuerdo, conforme lo establece el numeral 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, el presente cuadernillo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, tal como se dispone en los artículos catorce, quince y veintiuno del Acuerdo General mencionado, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de julio de dos mil veintiuno. Estado de autos Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que el presente juicio fue promovido por el quejoso **, en contra de la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó la negativa a la petición de sobreseer parcialmente la causa penal 4253/2019, únicamente en cuanto al delito de ataques a la libertad pública previsto en el artículo 346 del Código Penal del Estado de Chihuahua, dicha solicitud fue formulada por su defensor en la audiencia intermedia de doce de mayo de dos mil veintiuno, en la citada causa penal; mientras que del Congreso del Estado de Chihuahua y del Gobernador del Estado de Chihuahua, impugnó la expedición y promulgación, respectivamente, del Decreto 690/06 I P.O. mediante el cual se aprobó el nuevo Código Penal del Estado de Chihuahua, particularmente, respecto a la aparente inconstitucionalidad del artículo 346 del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Acumulación al juicio de amparo 402/2021-VII Ahora, en el juicio de amparo 402/2021-VII promovido por**, en auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, se determinó que existe conexidad entre éste y los diversos juicios de amparo 403/2021-I y 404/2021-II promovidos por **, todos del índice de este juzgado, en virtud de que se reclaman idénticos actos reclamados de las mismas autoridades responsables. En ese sentido, se consideró que los citados juicios de amparo debían ser acumulados para su conocimiento y tramitación en un mismo juicio, a fin de garantizar en mayor medida el derecho fundamental de la administración e impartición pronta y expedita que exige el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por economía procesal y a efecto de evitar resoluciones contradictorias. En consecuencia, por razones de economía procesal con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2°, se procedió decretar de oficio la acumulación de los juicios de amparo 403/2021-I y 404/2021-II al diverso juicio 402/2021-VII, por ser el primero que fue presentado, turnado y registrado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. Con apoyo en la jurisprudencia P./J. 24/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 19, Libro 22, septiembre de 2015, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2009910, que a la letra dice: ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal. En mérito de lo anterior, agréguese el original del presente asunto al diverso juicio de amparo 402/2021-VII y con copia de lo actuado, intégrese cuadernillo de antecedentes. Sin que tal determinación cause perjuicio alguno al solicitante del amparo, toda vez que la tramitación del juicio que inició continuará tramitándose en el diverso amparo 402/2021-VII y le seguirán realizando las notificaciones respectivas, para que tenga conocimiento de lo que en su proceso se determine. Así hágase del conocimiento del quejoso que se dejó sin efectos la hora y fecha señalada para la audiencia constitucional en el presente juicio quedando subsistentes las nueve horas con cuarenta minutos del once de agosto de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia en el juicio de amparo 402/2021-VII. Indíquese a las autoridades responsables que, en lo subsecuente, las comunicaciones procesales que correspondan al aquí quejoso deberán dirigirse al juicio de amparo 402/2021-VII, al que se acumula este expediente. Notifíquese y personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de julio de dos mil veintiuno. Informe justificado Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el informe justificado rendido por el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del distrito judicial Bravos, con sede en esta ciudad; de conformidad con los artículos 117 y 119, de la Ley de Amparo, con su contenido y con la documental que acompaña, dese vista a las partes a fin de que estén en posibilidad de realizar las manifestaciones legales que a su interés convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Vista a las partes con disco óptico Asimismo, se ordena dar vista a las partes con los discos compactos remitidos por la autoridad de referencia, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Autoridad informa En diverso orden, el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del distrito judicial Bravos, con sede en esta ciudad, informa que el diecisiete de mayo de la presente anualidad, el aquí quejoso **, interpuso recurso de apelación en contra de la determinación de doce de mayo de dos mil veintiuno, por la cual, se decretó denegado el sobreseimiento, así como la denegada suspensión condicional del proceso de la causa penal 4253/2019, por el hecho que la ley señala como delito de ataques a la paz pública, previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal del Estado, sin embargo, el medio de impugnación no ha sido remitido al Tribunal de segunda instancia, dado que no han transcurrido los plazos de ley. Atento a lo anterior, dado que lo informado por la autoridad responsable puede actualizar una causa de improcedencia, lo cual es de orden público y de estudio preferente sin importar el estado que guarden los autos, se solicita al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del distrito judicial Bravos, con sede en esta ciudad, que de no existir inconveniente una vez que remita el recurso de apelación, informe en breve término si el recurso al que hace referencia ha sido admitido por el tribunal de alzada correspondiente, en caso afirmativo remita las constancias que así lo acrediten; requerimiento que se formula en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo. Lo anterior, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, o de no informar la imposibilidad que tenga para ello, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalente a la cantidad ocho mil novecientos sesenta y dos pesos ($8,962.00). Por otra parte, la autoridad responsable comunica que los coimputados **, presentaron demanda de amparo, a las que les recayó el consecutivo 402/2021 y 404/2021, respectivamente; hecho del que toma conocimiento este juzgado para los efectos legales a que haya lugar. Estado de autos Por otro lado, visto el estado que guardan autos revisado electrónicamente y la certificación de cuenta se advierte que, para las diez horas con cuarenta minutos del día de hoy, se encuentra señalada la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, no se está en aptitud de llevarse a cabo, toda vez que el día de hoy se tuvo por recibido el informe justificado del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del distrito judicial Bravos, con sede en esta ciudad. Diferimiento de audiencia En consecuencia, ante la imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional y para dar margen a lo anterior, se difiere su celebración y se señalan las nueve horas con diez minutos del dos de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
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