Gilberto Mendoza Martínez

Expediente 405/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
405/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
17/11/2021

Partes del expediente

  • Gilberto Mendoza Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veinte de octubre de dos mil veintiuno, en que se negó la protección de la justicia federal peticionada en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse negado la protección de la justicia federal, es susceptible de DEPURACIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa LA SENTENCIA DE VEINTE DE OCTUBRE de dos mil veintiuno, que dice: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a veinte de octubre de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 405/2021-V, promovido por propio derecho por *******. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por *******, la cual fue recibida el treinta y uno siguiente en este órgano jurisdiccional. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos en esta ciudad, de la que reclamó: [.] auto de vinculación a proceso, dentro de la causa penal *******, dictado en mi contra, el día 11 de mayo de 2021, como probable responsable del delito de VIOLENCIA FAMILIAR [.] SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17, 19 y 20, apartado b), fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de uno de junio del año en curso, la demanda de amparo se registró con el número 405/2021-V; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó a los terceros interesados, agente del Ministerio Público que interviene en el proceso penal de origen ******* y a *******, y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: 1. El auto de vinculación a proceso dictado el once de mayo de dos mil veintiuno, en la causa penal *******, en contra de *******, por los hechos que la ley señala como delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 193, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente y del cual se procederá a su análisis a lo largo de esta sentencia. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos en esta ciudad, convino en la existencia del acto de que se duele la justiciable, a saber, el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el once de mayo de dos mil veintiuno, en la causa penal *******, por el injusto penal descrito con antelación. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, Tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo que, además, se corrobora con la copia certificada del auto de vinculación a proceso dictado por la Juez responsable, así como las videograbaciones de las audiencias celebradas el seis y once de mayo de dos mil veintiuno, en la causa penal *******, constancias que, al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, de agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Penal, página 703, de la Décima Época, registro 2004362, del epígrafe y texto: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Al no advertirse causal de improcedencia que las partes hagan valer o que se advierta oficiosamente, se impone abordar el examen constitucional del escrito de demanda. QUINTO. Se tienen por reproducidos en sus términos los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, los cuales, en síntesis, dicen: 1. Que se violentaron en su contra las formalidades esenciales del procedimiento, así como el debido proceso y el derecho fundamental a que se le reciban las pruebas pertinentes y se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite; sin embargo, y no obstante haber ofertado como medio de prueba la declaración de la víctima *******, la Juez determinó que dicha declaración no podía ser desahogada. 2. Continúa diciendo el quejoso, que le causa agravio que la Juez dictara auto de vinculación en su contra, aún y cuando resulta evidente que, en la continuación de la audiencia inicial, la Representante Social no vertió los datos de prueba con los que sustentaba su petición de que se le vinculara a proceso. Lo anterior, en virtud de que fue al formular imputación en que la Fiscalía le hizo de su conocimiento cuáles eran los datos de prueba con los que contaba; pero una vez que solicitó la vinculación a proceso no vertió dato de prueba, peticionando únicamente que se tuvieran por reproducidos los ya anunciados, sin que su defensa hiciera manifestación al respecto. 3. En este mismo tenor, el quejoso aduce que la Juez realizó una inexacta valoración de los datos de prueba narrados por la Representación Social, ya que contrario a lo que refiere, el dicho de la víctima no se encuentra sustentado con las periciales en materia de psicología y medicina que le fueron practicados a la víctima. 4. Finalmente, el justiciable indica que la Juzgadora restó valor al dato de prueba aportado por su defensa, consistente en la declaración de su madre *******, pues resulta relevante que la declarante haya mencionado que a él le era imposible haberse presentado en el domicilio de la víctima en la hora en que fue agredida, pues dentro de ese horario se encontraba realizando otras actividades. Luego, como al quejoso *******, le resulta el carácter de imputado, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, al analizar el acto reclamado se suplirá la queja de resultar deficiente, lo cual no implica que obligadamente deba concederse el amparo solicitado, sino sólo verificar que el orden constitucional no haya sido vulnerado por el acto reclamado, en aras del respeto de la garantía de legalidad y certeza jurídica. Los conceptos de violación esgrimidos, son infundados, atendiendo a las siguientes consideraciones jurídicas. De manera primigenia, se dará respuesta al concepto de violación señalado con el número uno, sintetizado con antelación, el cual resulta infundado con motivo de las consideraciones siguientes. Para evidenciar el anterior aserto, es preciso destacar que el debido proceso es una garantía de rango constitucional que implica un estándar mínimo para el desarrollo de un procedimiento legítimo. Este principio se encuentra consagrado, en nuestro sistema a partir del contenido del artículo 14, párrafo segundo, en relación con el numeral 17, párrafo segundo, 19, párrafo primero y 20, inciso b), fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; dispositivos los cuales señalan lo siguiente: 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.) 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.) 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.) 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: (.) IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; (.) El artículo 14 constitucional, dispone que los actos privativos, deberán derivar de un juicio o proceso "seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho". Este sería el primer componente del derecho humano al debido proceso: las formalidades esenciales del procedimiento, como instrumento de tutela de la libertad, propiedades, posesiones o derechos. Sobre ese tópico, se cita la tesis 1a. CCLXXVI/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, de septiembre de 2013, Tomo 1, Materia Constitucional, página 986, de la Décima Época, registro 2004466, del rubro y texto: DERECHO AL DEBIDO PROCESO. EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL PREVÉ DOS ÁMBITOS DE APLICACIÓN DIFERENCIADOS. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. LXXV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 1, marzo de 2013, página 881, de rubro: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.", estableció que el citado precepto constitucional contiene el derecho humano al debido proceso, integrado por un núcleo duro de formalidades esenciales del procedimiento, las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica en forma definitiva. Sin embargo, entendido como derecho esencialmente destinado a otorgar un derecho de defensa, es posible identificar en los precedentes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos ámbitos de aplicación diferenciados. Desde una primera perspectiva, dicho derecho se ocupa del ciudadano, que es sometido a un proceso jurisdiccional al ser destinatario del ejercicio de una acción que, de resultar procedente y fundada, llevaría a la autoridad judicial a emitir un acto privativo en su contra, en cuyo caso la autoridad debe verificar que se cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento, a fin de otorgar al sujeto pasivo de la relación procesal la posibilidad de una defensa efectiva, por lo cual se debe garantizar que se le notifique del inicio del procedimiento y de sus consecuencias; se le dé el derecho de alegar y ofrecer pruebas, y se le asegure la emisión de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Sin embargo, el debido proceso también puede entenderse desde la perspectiva de quien insta la función jurisdiccional del Estado para lograr reivindicar un derecho y no tanto defenderse del mismo, en cuyo caso se ubica en una posición, al interior de un juicio, de cuya suerte depende el ejercicio de un derecho, el cual en caso de no dirimirse adecuadamente podría tornar nugatorio su derecho. Así, bajo esta segunda perspectiva, se entiende que dicho derecho humano permite a los justiciables acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos y defender sus intereses de forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal, esto es, exige un procedimiento que otorgue a las partes igual oportunidad de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones. La esencia del debido proceso es el derecho de toda persona a ser oída y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Es un derecho de especial importancia porque, junto con el derecho a un recurso, tutela todos los demás derechos de la persona. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha entendido al derecho de debido proceso como un núcleo duro que debe observarse de manera inexcusable en todo el procedimiento jurisdiccional, que se garantiza a través del cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia". Lo cual permite que los gobernados ejerzan el derecho a contar con una defensa adecuada previo a que mediante un acto de autoridad se modifique su esfera jurídica en forma definitiva, que puede implicar la privación de la libertad, propiedad, posesiones o derechos. En ese sentido, el Juez respeta el derecho de defensa adecuada al no obstruir en su materialización, de modo que se satisfagan las condiciones que posibilitan el ejercicio adecuado de esa prerrogativa. Ahora bien, respecto al medio de prueba ofertado por la defensa del quejoso en la continuación de la audiencia inicial en la causa de origen, consistente en la declaración de la víctima *******, debe quedar asentado que la observancia de la garantía de defensa no quedó al arbitrio o discrecionalidad de la autoridad judicial, sino que fue respetada por dicha autoridad en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establecen. Siendo por ello que la autoridad judicial, al encontrarse legalmente obligada a pronunciarse respecto de los medios de prueba ofrecidos dentro del plazo constitucional, a admitir todos aquellos que le fueron ofrecidos siempre y cuando se ajusten a los requisitos exigidos en las leyes adjetivas, así como a realizar las diligencias pertinentes para lograr su verificación, sin que tal carga lleve al extremo de exigir a la autoridad judicial su desahogo cuando jurídica, material o temporalmente se encuentre imposibilitado para hacerlo, dado lo breve del plazo constitucional (aun ampliado) y la obligación de resolver la situación jurídica de éste, ya sea al fenecer el plazo de setenta y dos horas, o bien el plazo ampliado, por lo que el imputado deberá realizar su ofrecimiento con la oportunidad debida, para que permita a la autoridad judicial la preparación y desahogo de los medios de prueba ofrecidos, acorde a su propia naturaleza. En este sentido, esta Juzgadora considera atinada la actuación de la Juez del proceso, pues de las videograbaciones relativas a las audiencias celebradas el seis y once de mayo del año que transcurre dentro del proceso penal *******, se desprende que el seis del citado mes y año se encontraban presentes las partes, a saber, ******* asistido de su defensora, así como la agente del Ministerio Público y la víctima *******, por lo que una vez que la Representación Social formuló imputación, solicitó la vinculación a proceso y la Juez le hizo saber al imputado el plazo para resolver su situación jurídica, quien se acogió al plazo constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas, fijando para tal efecto las ocho horas del once de mayo del año que transcurre, mientras que la defensa solicitó el auxilio del Tribunal para citar a la testigo ******* (11:12). Así, en la continuación de la audiencia de once de mayo de dos mil veintiuno, (08:22) la defensa ofertó la declaración de la víctima *******; a lo que la Representación Social solicitó no tuviera verificativo la misma para no revictimizarla; de este modo, la defensa indicó que no se le revictimiza toda vez que, de serlo así, hubiera alguna constancia que así lo acreditara, además de que se había presentado por propia voluntad al proceso desde la audiencia inicial; acto continuo, la Fiscalía señaló que de los datos vertidos en la audiencia, se advierte que la experta en psicología asentó que la víctima presentaba vulnerabilidad a una revictimización. Motivo por el cual, la Juez le preguntó a la víctima sobre su situación, a lo ésta manifiesta encontrarse un poco tranquila, pero que le costaba mucho trabajo volver a pasar por la situación que narró ante el Ministerio Público, así como que no era su voluntad declarar. Determinando así la Juez que el Tribunal debía ponderar los derechos que le asisten a ambas partes, sin perjuicio de que en etapas posteriores la víctima pueda rendir diversa manifestación; por lo que así como le asiste al imputado el derecho de traer los datos que requiera y considere para su defensa; no menos cierto es que le asisten derechos a la víctima, pues ya manifestó ante el agente del Ministerio Público su relato, su postura ante los hechos, además de que lo está videograbado no puede vulnerar los derechos de la víctima; por lo que estimó, a fin de no menoscabar su derechos, respetar su derecho a reservarse a declarar, quedando a salvo los derechos de la defensa para hacer valer lo que considere, pues el Tribunal no puede obligar a una víctima a que haga algo que no está dispuesta a hacer en audiencia. En este contexto, si el justiciable y su defensa tenían contemplado ofrecer la declaración de la víctima, debieron prever las circunstancias en las que dicho deposado debía desarrollarse, es decir, solicitar con la debida anticipación la presencia de algún experto que asistiera a la víctima en el desarrollo de dicha diligencia, máxime que ésta manifestó que en ese momento le costaba mucho trabajo narrar los hechos narrados ante la Representación Social. Sin que esta Juzgadora soslaye, que nuestro orden jurídico protege un genuino derecho a favor de toda persona inculpada, de obtener la comparecencia de los testigos de cargo que se desee interrogar en el proceso penal; no obstante, debe partirse de un análisis con perspectiva de género, en el que se visibiliza que la denunciante refirió haber sufrido un daño físico y psicológico y que este no requiere ser visible a la sociedad; además, el que la víctima estuviera presente en dichas audiencias, como lo refirió la defensa, no es óbice para suponer que ésta se encontraba en aptitud de rendir declaración. Lo anterior es así, pues para valorar adecuadamente el impacto de una situación de victimización debe recurrirse a los expertos en la materia, y desde su perspectiva, analizar si el efecto de la exposición a una diligencia judicial estará en función de la interacción de las circunstancias individuales de la persona y su propia situación de victimización, ya que la víctima no es un agente pasivo en relación al suceso, sino que tiene un papel activo en el proceso de ajuste. De ahí que la defensa debió solicitar la asistencia de un experto en psicología, quien en su caso podría haber intervenido en caso de que la víctima presentara una crisis y auxiliar en la estabilización de su estado psicológico y el desarrollo de la diligencia, pues la Juzgadora de origen se encuentra obligada a velar por el respeto a los derechos de las partes. A mayor abundamiento, debe tomarse en consideración que la perspectiva de género como herramienta de análisis se introdujo en el ámbito jurídico a partir del reconocimiento de la condición de desigualdad imperante entre los géneros, que margina a mujeres y niñas, por lo que produce una realidad en la que el ejercicio de sus derechos se encuentra total o parcialmente vedado, ya fuera de manera explícita o mediante prácticas sociales e institucionales que, de manera casi invisible, perpetúan el estado de subordinación. El hecho de que las mujeres son oprimidas por un contexto de dominación estructural que les impide gozar de los mismos derechos en condiciones de igualdad hace necesaria, entre otras cuestiones, la reinterpretación del derecho, y particularmente de los derechos humanos, mediante la incorporación de una categoría de análisis que tenga en cuenta factores que hasta hace poco tiempo habían quedado invisibilizados. Esta nueva forma de concebir el derecho fue incorporada al ámbito jurisdiccional nacional a través de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien introdujo la perspectiva de género como una forma de garantizar a las personas, especialmente a las mujeres y niñas, el acceso a la justicia de manera efectiva e igualitaria. Para ello, partió de la base que el género produce impactos diferenciados en la vida de las personas que deben ser tomados en consideración al momento de apreciar los hechos, valorar las pruebas e interpretar y aplicar las normas jurídicas, pues sólo así podrían remediarse los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres, niñas y minorías sexuales. Se ha reiterado hasta el momento que la perspectiva de género es un método de análisis que debe ser utilizado por las personas operadoras de justicia en todos aquellos casos en los que el género puede ocasionar un impacto diferenciado. Sin embargo, ello por sí mismo no permite entender de qué forma opera en la resolución de controversias. Por tanto, se concluye, que a efecto de que la víctima estuviera en aptitud de rendir declaración, era necesario que la defensa de *******, hubiera solicitado a la Juez del proceso el apoyo y diversas medidas a fin de garantizar su estabilidad emocional y su seguridad, sin que dicha circunstancia fuera observada dentro del plazo legal para resolver la situación jurídica del justiciable, de ahí que resulta infundado el primer concepto de violación esgrimido por la parte quejosa. En sustento a lo anterior se cita la tesis jurisprudencial 1a./J. 12/2012 (9a.), sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal del país, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, de julio de 2012, Tomo 1, Materia Constitucional, página 433, registro digital 160044, que a la letra dice: DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA. La garantía individual de defensa adecuada contenida en el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008) entraña una prohibición para el Estado consistente en no entorpecer el ejercicio del derecho de defensa del gobernado y un deber de actuar, en el sentido de informarle el nombre de su acusador, los datos que obren en la causa, brindarle la oportunidad de nombrar un defensor, no impedirle que se entreviste de manera previa y en privado con él y, en general, no impedir u obstaculizar el ejercicio de las cargas procesales que le corresponden dentro del proceso penal para desvirtuar la acusación del Ministerio Público. Así, para proteger la citada garantía es necesario que la labor de quien funja como defensor sea eficaz, pues aquélla no puede concebirse como un mero requisito formal, sino que debe permitir una instrumentación real para tener oportunidades de descargo que, básicamente, permitan al imputado una efectiva participación en el proceso. Ahora bien, el juez de la causa garantiza la posibilidad de defensa al permitir que se den todas las condiciones necesarias para que el inculpado sea debidamente asistido, tanto formal como materialmente, de manera que si en los hechos no puede calificar su adecuada defensa -en razón de la forma en que se conduce el defensor respectivo-, ello no significa que el juez de la causa viole la garantía en cuestión, pues el control de la correcta o incorrecta actitud procesal del defensor, del debido ejercicio de las cargas procesales, así como de su pericia jurídica, sólo podrían ser materia de responsabilidad profesional, en términos de las leyes administrativas o penales, y según se trate de un defensor de oficio o particular. Esto es, el juez respeta la garantía de defensa adecuada: (i) al no obstruir en su materialización (como ocurre cuando niega el derecho a una entrevista previa y en privado o interfiere y obstaculiza la participación efectiva del asesor) y (ii) al tener que asegurarse, con todos los medios legales a su alcance, que se satisfacen las condiciones que posibilitan la defensa adecuada, sin que ello signifique que esté en condiciones de revisar la forma en que los defensores efectivamente logran su cometido, pues ello excedería las facultades que tiene a su cargo para vigilar que en el proceso se garantice una defensa adecuada. Así como la tesis 1a. XXVII/2017, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Constitucional, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, de marzo de 2017, Tomo I, página 443, registro digital 2013866, del epígrafe y texto: JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN. De acuerdo con la doctrina de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema, la perspectiva de género constituye una categoría analítica -concepto- que acoge las metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales entendidas como propias para hombres y mujeres, es decir, lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido como "lo femenino" y "lo masculino". En estos términos, la obligación de las y los operadores de justicia de juzgar con perspectiva de género puede resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres -pero que no necesariamente está presente en cada caso-, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir, como un corolario inevitable de su sexo. La importancia de este reconocimiento estriba en que de él surgirá la posibilidad de que quienes tengan encomendada la función de impartir justicia, puedan identificar las discriminaciones que de derecho o de hecho pueden sufrir hombres y mujeres, ya sea directa o indirectamente, con motivo de la aplicación del marco normativo e institucional mexicano. Dicho de otra manera, la obligación de juzgar con perspectiva de género exige a quienes imparten justicia que actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres. En estos términos, el contenido de la obligación en comento pueden resumirse de la siguiente forma: 1) Aplicabilidad: es intrínseca a la labor jurisdiccional, de modo que no debe mediar petición de parte, la cual comprende obligaciones específicas en casos graves de violencia contra las mujeres, y se refuerza aún más en el marco de contextos de violencia contra éstas; y, 2) Metodología: exige cumplir los seis pasos mencionados en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", que pueden resumirse en la necesidad de detectar posibles -mas no necesariamente presentes- situaciones de desequilibrio de poder entre las partes como consecuencia de su género, seguida de un deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, así como de recopilar las pruebas necesarias para visualizar el contexto de violencia o discriminación, y finalmente resolver los casos prescindiendo de cualesquiera cargas estereotipadas que resulten en detrimento de mujeres u hombres. Superado lo anterior, resultan infundados los conceptos de violación precisados en los puntos dos, tres y cuatro, como a continuación se expone. En principio debe puntualizarse que los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo conducente establecen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. (.) Código Nacional de Procedimientos Penales 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. De la interpretación armónica de dichos preceptos se obtiene que, para la emisión de un auto de vinculación a proceso, deben cumplirse los requisitos siguientes: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO REQUISITOS FORMALES REQUISITOS DE FONDO A) Que se haya formulado imputación. 1) En la resolución correspondiente, se deben indicar las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución de delito. B) Se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar. 2. Que, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. C) Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que podrá duplicarse a petición del imputado. 3. Que no esté plenamente comprobada en favor del imputado alguna causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. D) Debe estar debidamente fundado y motivado. Tomando como punto de partida lo anterior, se procede a determinar si el auto de vinculación a proceso que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional reúne los requisitos anotados. Así, por lo que hace a los requisitos formales, obtenemos lo siguiente: A) Que se haya formulado imputación. Este requisito se encuentra cumplido pues del registro audiovisual de la audiencia inicial celebrada el seis de mayo de dos mil veintiuno (10:48), se advierte que se individualizaron las partes, encontrándose presentes la agente del Ministerio Público, la víctima *******, el imputado ******* y la defensora particular designada, ******* quien se identificó con cédula profesional *******, aceptando el cargo conferido. Enseguida (10:50), la Representante Social actuante, formuló imputación contra el aquí quejoso, *******, para lo cual realizó una exposición detallada de los hechos que se le atribuyen y que se desprenden de los registros de la investigación, en los términos siguientes: La agente del Ministerio Público hace del conocimiento del imputado que se realiza una investigación con motivo de que el nueve de marzo de dos mil veinte, aproximadamente a las nueve horas con veinte minutos, en el domicilio ubicado en *******, en esta ciudad, ejerció actos abusivos de poder que fueron tendientes a agredir de manera física y psicológica a la víctima *******, quien es su expareja, ya que la empujó por los hombros, para después gritarle "ábreme la puerta pendeja, vengo por la niña pendeja, te voy a seguir molestando"; después, con el puño, golpeó a la víctima en el lado derecho del pecho y en la mano derecha, gritándole "lárgate pendeja, eres una puta". Con su actuar, dañó la estabilidad emocional y física de la víctima, hecho que encuadra en el delito de violencia familiar, previsto y sancionado en el numeral 193 del Código Penal Estatal, atribuyéndole un grado de participación como autor material en términos del ordinal 21, fracción I, cometido de manera dolosa acorde a lo establecido en el artículo 18, fracción I, y atendiendo al momento de consumación es un delito instantáneo conforme lo prevé el arábigo 17, fracción I, todos del Código Punitivo del Estado de Chihuahua. Por otra parte, hizo de su conocimiento que las personas que deponen en su contra son la víctima *******, la testigo *******, la perito médico legista ******* y la perito en psicología *******. Por lo tanto, es inconcuso que el requisito que nos ocupa está plenamente cumplido. B) Que se haya dado al imputado la oportunidad de declarar. Este requisito se cumple en tanto que, de la videograbación, se obtiene que, en la audiencia de formulación de la imputación (10:52), la Juez de Control se aseguró de que el imputado estuviera debidamente informado de sus derechos y con la asistencia técnica y adecuada de su defensora. Asimismo, hizo de su conocimiento el derecho que consagra el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en favor de toda persona imputada y la cuestionó sobre si era su deseo declarar, aclarándole que tenía el derecho de no hacerlo, conforme a la garantía que le otorga dicho precepto constitucional; a lo que, previa consulta con su defensa, manifestó su voluntad de reservarse. En ese tenor, puede colegirse que la resolución reclamada efectivamente cumple con el requisito objeto de estudio, en virtud de que el quejoso *******, tuvo la oportunidad de declarar respecto de los hechos que se le imputan. C) Que el auto de vinculación a proceso se dicte dentro del término de setenta y dos horas a partir de que el inculpado sea puesto a disposición de la Juez de Control o dentro de la duplicidad de dicho término. Este elemento se desprende del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ninguna detención ante autoridad judicial puede exceder de setenta y dos horas, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso; lo anterior con excepción de que el imputado solicite la duplicidad de dicho plazo constitucional. Ahora, siguiendo con la reproducción de la audiencia de formulación de la imputación, se advierte que la audiencia se celebró el seis de mayo de dos mil veintiuno; luego, en uso de la palabra, la agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso del aquí quejoso citando el contenido de los datos de prueba; acto seguido, la Juez de Control explicó al imputado dicha circunstancia y le hizo saber que podría solicitar que su situación jurídica se resolviera en la propia audiencia, dentro del término de setenta y dos horas o dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas (11:04).De lo que se sigue que, previa consulta con su defensa solicitó que su situación jurídica se resolviera dentro del término constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que la Juez de origen fijó las ocho horas del once de mayo de dos mil veintiuno para tal efecto.Así, a las ocho horas con cuarenta y cuatro minutos del once de mayo de dos mil veintiuno, la Juez resolvió vincular a proceso al justiciable, en los términos que más adelante se precisaran.Por lo que es dable colegir que la Juez de Control, resolvió la situación jurídica del aquí quejoso, dentro del plazo constitucional ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas, con lo que el requisito que nos ocupa está colmado.En este apartado considerativo, se procede a dar respuesta a al concepto de violación esgrimido en el punto dos, en el que la defensa arguye que le causa agravio que la Juez dictara auto de vinculación en su contra, aún y cuando resulta evidente que, en la continuación de la audiencia inicial, la Representante Social no vertió los datos de prueba con los que sustentaba su petición de que se le vinculara a proceso. Lo anterior, en virtud de que fue al formular imputación en que la Fiscalía le hizo de su conocimiento cuáles eran los datos de prueba con los que contaba; pero una vez que solicitó la vinculación a proceso no vertió dato de prueba, peticionando únicamente que se tuvieran por reproducidos los ya anunciados, sin que su defensa hiciera manifestación al respecto. Es infundado lo expuesto por la parte quejosa. Sobre el particular, debe decirse que, conforme a lo previsto en la fracción VI del apartado B del artículo 20 constitucional, todo imputado y su defensa tienen derecho a acceder a los registros de la investigación antes de que tenga lugar su primer comparecencia ante el Juez, de tal suerte que formulada la imputación, efectivamente esté en condiciones de contestar el cargo y, por otro, que el plazo de setenta y dos horas establecido por el artículo 19 de ese mismo ordenamiento, constituye un derecho fundamental del imputado a fin de que su libertad personal no se vea restringida por un tiempo mayor, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso, desprendiéndose así que su ampliación procede única y exclusivamente cuando lo solicita, debiendo operar esa extensión temporal a su favor y no en su contra. Tomando en cuenta lo anterior, es inconcuso que el Ministerio Público, de estimarlo procedente, debe solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo, pero de manera previa a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que se resuelva su situación jurídica, pues sólo de esa manera la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiéndole al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que considere podrían desvirtuar la postura ministerial. Actuaciones las anteriores que fueron observadas dentro de la audiencia inicial de seis de mayo de dos mil veintiuno, pues contrario a lo expuesto por quejoso, la agente del Ministerio Público formuló imputación en su contra, además de hacerle saber el nombre de las personas que deponen en su contra (10:50); una vez hecho lo anterior, la Juez preguntó a la defensa si requería alguna precisión, a lo que indicó que no; y una vez que preguntó al imputado si comprendía lo expuesto por la Fiscalía, éste indicó que sí, haciéndole saber su derecho a declarar, por lo que previa asesoría de su defensa manifestó reservarse a hacerlo (10:52); enseguida la Represente Social formuló imputación en contra del justiciable citando como datos de prueba la denuncia de diez de marzo de dos mil veinte, presentada por *******, ante el agente del Ministerio Público, la declaración de la testigo *******, quien compareció ante el agente del Ministerio Público el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, el dictamen psicológico de once de marzo de dos mil veinte, realizado por la licenciada *******, en la persona de ******* y el informe médico y de lesiones de diez de marzo de dos mil veinte, elaborado por la perito médico legista, doctora *******, además de verter, dentro de audiencia, en lo conducente, el contenido de los mismos. De ahí deviene lo infundado de los argumentos del quejoso, pues en la audiencia inicial celebrada el seis de mayo del año que transcurre, una vez que la agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso del justiciable, expresó el contenido de los datos de prueba con que contaba; incluso la Juez preguntó a su defensa si requería alguna precisión, a lo que respondió que no; además de hacerle saber al justiciable que se había formulado imputación, que la Fiscalía había solicitado la vinculación a proceso, que había escuchado los datos de prueba con los que contaba para sustentar su solicitud, que su defensa contaba con copia de la carpeta de investigación y de que el órgano jurisdiccional se había impuesto de su contenido, manifestando su voluntad de acogerse al plazo constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas para resolver su situación jurídica. En sustento a lo anterior se cita la jurisprudencia 1a./J. 120/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, Materia Penal, Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, de diciembre de 2017, Tomo I, página 392, que a la letra dice: VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO). De la lectura de los artículos 309 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales -de contenido similar a los numerales 280 y 281 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos abrogado-, deriva una duda legítima relativa a si la solicitud de vinculación a proceso debe formularla el Ministerio Público antes de que el imputado decida si se acoge o no al lapso de 72 horas para que se resuelva sobre su situación jurídica -o a su ampliación-, o si puede hacerse posteriormente, incluso, en la continuación de la audiencia inicial, una vez que hubieran sido recibidos los medios de convicción presentados por la defensa. Ahora bien, para resolver dicha duda, debe partirse de las premisas siguientes: 1) la vinculación a proceso debe pedirse después de formularse la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el cargo; y, 2) el plazo de 72 horas como límite para la detención ante autoridad judicial, establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un derecho fundamental, cuya ampliación procede sólo cuando el propio imputado lo solicita, lo cual implica que esa extensión temporal opere a su favor y nunca en su contra. Así, dichas proposiciones constituyen la pauta interpretativa que permite considerar, por un lado, que la imputación y la solicitud de vinculación a proceso son actuaciones distintas y, por otro, que la decisión del imputado de postergar la resolución sobre la vinculación o no a proceso no puede operar en su detrimento, pues su finalidad es que tenga más tiempo para ejercer su defensa, tan es así, que el artículo 314 del Código Nacional establece la posibilidad, sólo para el imputado y no para el Ministerio Público, de incorporar durante ese lapso los medios de convicción que estime convenientes. Por lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el Ministerio Público, de estimarlo procedente, debe solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que se resuelva sobre su situación jurídica, pues sólo así la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiendo al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que consideren podrían desvirtuar la postura ministerial. En efecto, si el imputado o su defensor elige posponer la indicada resolución en aras del derecho de defensa, es lógico que esa decisión debe partir del conocimiento previo de las razones concretas por las cuales el representante social estima que los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación acreditan la existencia del hecho materia de la imputación y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues sólo así estará en condiciones de ofrecer los medios de convicción idóneos para desvirtuar la imputación; es más, de no seguirse ese orden, el Juez podría tener dificultades para calificar la pertinencia de los datos de prueba que la defensa pretende incorporar. Continuando con el estudio del auto del auto de vinculación impugnado, se precisa como requisito: D) Debe estar debidamente fundado y motivado. Ahora bien, debe acotarse que como requisito fundamental de todo acto de autoridad, el auto de vinculación a proceso debe estar debidamente fundado y motivado, debiéndose entender por lo primero -fundar-, que en la determinación pronunciada ha de expresarse con precisión, el precepto o preceptos legales aplicables al caso y por lo segundo - motivar- que en el acto de autoridad han de señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para su emisión. Siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecerse la relación que exista entre uno y otro. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, de diciembre de 2005, Materia Común, página 162, de la Novena Época, registro 176546, que a la letra dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Así, la fundamentación y motivación no puede soslayarse por los juzgadores cuando emiten un auto de vinculación a proceso, pues aun cuando los Jueces de Control no tienen acceso a la carpeta de investigación, permanece incólume su obligación de fundar y motivar sus determinaciones, inclusive en forma oral, ante las partes presentes en la audiencia.En ese contexto, una vez analizado el disco versátil que contiene la audiencia de once de mayo de dos mil veintiuno, se advierte que la Juez de Control cumplió con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que fundó y motivó la causa legal de su proceder, en virtud que citó los preceptos legales que consideró aplicables al caso concreto, entre los que destacan, los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y 193 del Código Penal del Estado de Chihuahua. De lo que se sigue que, a la luz del contenido de tales dispositivos, consideró de manera individual y conjunta, conforme a sus atribuciones legales, los datos y medios de prueba, y argumentos puestos a su consideración por las partes. Así también, de la reproducción audiovisual correspondiente, puede advertirse que expuso en su resolución, los razonamientos que consideró oportunos, con lo cual se acredita que el acto reclamado cumple, además, con los requisitos que al efecto exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el imputado y su defensa pudieron conocer los preceptos legales que facultaron a la juzgadora a pronunciarse en el sentido en que lo hizo, así como los razonamientos lógico-jurídicos en los que apoyó tal determinación, con lo que se garantiza su derecho a una debida defensa. Por tanto, es dable colegir que la Juez de Control, sí cumplió con el requisito formal de que toda resolución debe estar fundada y motivada. Ahora, por lo que respecta a los requisitos de fondo, de la resolución que constituye el acto reclamado se obtiene: 1. Que se exprese el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Este requisito consiste en que en la resolución se indiquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar del delito en comento, mismo que se cumple, ya que, de la videograbación relativa a la audiencia vinculatoria, se advierte que la Juez responsable, en este tópico retomó en sus términos los hechos materia de formulación de imputación y la clasificación jurídica establecida por la agente del Ministerio Público, y fueron precisamente los hechos comprendidos por el imputado. 2. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, a fin de verificar si el auto de vinculación a proceso cumple con tal requisito resulta necesario acudir a la descripción del delito que se imputa al justiciable *******. Al respecto, el título octavo "Delitos Cometidos en contra de un Miembro de la Familia", capítulo único "Violencia Familiar, numeral 193 del Código Penal del Estado de Chihuahua y el numeral 5, fracciones I y III, de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establecen: 193. A quien ejerza algún acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, sobre alguna persona a la que esté, o haya estado unida, por un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; tutela o curatela; concubinato; o bien, que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y enfocado a la erradicación de la violencia familiar. el tratamiento integral especializado Los actos de violencia a que se refiere el presente artículo se entenderán en los términos de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La educación o formación del menor no será en ningún caso considerada justificación como forma de maltrato. Cuando, a sabiendas de que la mujer se encuentra embarazada, el agente ejecute la conducta descrita en el primer párrafo, la pena se incrementará en una mitad. Este delito se perseguirá de oficio. 5.Los tipos de violencia contra las mujeres son: I. Violencia física: Es cualquier acto que inflige daño a la mujer a través del uso de la fuerza física, sustancias, armas u objetos y que puede provocar lesiones. (.) III. Violencia sicológica: Es cualquier acto u omisión que daña la estabilidad emocional, menoscaba la autoestima o altera la salud mental de la mujer que recibe el maltrato consistente, entre otros, en descuido reiterado, insultos, humillaciones, devaluación de su autoestima, marginación, rechazo, restricción a la autodeterminación y celotipia. De la lectura de los preceptos transcritos tenemos que efectivamente los hechos reconocidos por la ley como el delito de violencia familiar, para ser susceptible de originar el dictado de auto de vinculación a proceso, implica que los datos de prueba aportados por la fiscalía hagan referencia a que alguien, ejerza algún acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, sobre alguna persona a la que esté, o haya estado unida, por un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; tutela o curatela; concubinato; o bien, que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho. La agente del Ministerio Público (horario 10:53), citó como datos de prueba los siguientes: (resumen de los datos de prueba aportados por la agente del Ministerio Público, lo cual se trascribe en cursiva) Denuncia de diez de marzo de dos mil veinte, presentada por *******, ante el agente del Ministerio Público, quien, bajo protesta de decir verdad, manifestó que vivió tres años y medio en unión libre con su expareja *******, con el cual procreó una hija de iniciales *******, de ******* de edad; así como que el nueve de marzo de dos mil veinte, siendo las siete horas con veinte minutos de la tarde, se encontraba en su domicilio ubicado en *******, cuando ******* tocó la puerta de su casa, por lo que ella la abrió solo un poco, pero éste intentó entrar por la fuerza al domicilio, empujándola con las manos por los hombros de manera violenta, pero ella rápidamente cerró la puerta, además de que le gritaba "ábreme la puerta pendeja, que vengo por la niña"; asimismo, cuando trató de cerrar la puerta ******* metió el pie para que no se cerrara y gritaba "vengo por la niña pendeja", eso me lo repitió varias veces, a lo que ella le dijo que no se podía acercar porque tiene una orden de restricción, contestándole "háblale pendeja a la policía, no les tengo miedo, sirve que te sacan de mi casa", a lo que ella le pidió que la estuviera ofendiendo, gritándole éste "hasta que no te salgas de mi casa te voy a seguir molestando"; en eso se acercó la niña y en cuanto ******* la vio, empujó la puerta y agarró a la niña en los brazos, diciéndole ******* que quien debía acudir era su mamá o un familiar, que no quería tener trato con él, además de que estaba muy agresivo, que mejor le entregara la niña, dándole los brazos a la niña para que se fuera con ella, ya que ******* se encontraba muy alterado y tenía miedo de que se la llevara, por lo que al tenerla en los brazos, ******* la golpeó con el puño cerrado en el pecho del lado derecho, así como en la mano derecha, gritándole "lárgate pendeja, a mí no me digas nada, hazte cargo de tu otra pinche hija, eres una puta", por lo que no fue a agarrar a su hija y por miedo entró a la casa y se encerró.Posteriormente, como a las nueve de la noche llegó nuevamente ******* y su mamá *******, entregándole a la niña, por lo que cerró la puerta, mientras que ******* le gritó que iba a llevar a Seguridad Pública para que la sacaran a la verga de la casa y se retiró.Además de que es la primera denuncia que le interpone (sic), además de que tiene otra por los mismos hechos de dieciséis de enero de dos mil veinte, pues la había agredido verbal y psicológicamente. 10:56 Declaración del testigo *******, quien compareció ante el agente del Ministerio Público el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, manifestando ser amiga de *******, así como que tiene conocimiento de que ésta tuvo una relación de unión libre por tres años aproximadamente con *******, procreando una hija de iniciales *******, pero ya no viven juntos; y es el caso que el nueve de marzo de dos mil veinte, como a las diecinueve horas con veinte minutos le marcó ******* y en el domicilio (sic) ubicado en *******, que había llegado ******* a tocarle la puerta, que estaba muy oscuro, cuando vio que era ******* quiso cerrar la puerta, pero ******* metió el pie y ******* no pudo cerrar la puerta, diciéndole ******* que no podía ir a la casa porque había una orden de restricción, diciéndole ******* que era su casa y podía ir cuando quisiera, luego "vete a la verga, eres una puta"; y cuando estaban discutiendo, llegó la hija de ambos, y al ver ******* a la niña aventó la puerta y entró a la casa, agarrándola, diciéndole ******* que no podía llevarse a la niña porque estaba muy agresivo; ******* le extiende sus brazos a la niña, pero cuando hace eso, ******* se enoja y le da un golpe con el puño cerrado en el pecho y en el brazo, diciéndole "lárgate pendeja, hazte cargo de tu otra pinche hija, eres una puta, mientras tú estés en mi casa yo puedo venir las veces que quiera porque es mi casa"; luego ******* se sale de la casa con la niña en brazos y ******* le dice que le va a hablar a la policía y ******* le contesta "háblale la policía me la pela", por lo que ******* agarra su teléfono, pero como estaba apagado no pudo hablar; cuando encendió el teléfono le marca a la declarante, eran como las diecinueve horas con cuarenta minutos, pero ******* se fue con la niña, diciéndole ******* a ******* que si necesitaba algo le marcara para ir a su casa. Luego, como a las veintiún horas con treinta minutos ******* le marcó nuevamente para decirle que ******* había ido con su mamá de nombre ******* a entregarle a la niña, además ******* le comentó que se sentía muy mal, que no había dejado de vomitar, por lo que *******, en compañía de su pareja, fueron a la casa de ******* para ver si estaba bien. 10:59 Dictamen psicológico de once de marzo de dos mil veinte, realizado por la licenciada *******, en la persona de *******, y la metodología aplicada fue una entrevista directa a una observación clínica, una aplicación de criterios clínicos para diagnósticos especificados según la norma internacional, así como la aplicación de instrumentos psicológicos que versan en una entrevista semi estructurada para víctimas de maltrato, una escala de autoestima, un inventario de presión, una escala de ansiedad manifiesta en adultos, así como índice de efectividad del estrés, y un índice de violencia en la pareja y una escala de predicción de riesgo en la violencia grave contra la pareja; concluyendo que la víctima presenta afectación emocional grave, esto le ha generado un impacto psicológico teniendo un nivel grave de ansiedad y perturbación en su estado de ánimo con bajos índices de efectividad al estrés, predominando altos de violencia psicológica, lo que le ha provocado un malestar clínicamente significativo, mostrando deterioro a escala personal, familiar, laboral y social, e indica una marcada alteración en su funcionalidad, actividad y proyecto de vida, presentando la vulnerabilidad de la víctima una revictimización debido al riesgo alto de probabilidad de ocurrencia en el comportamiento violento; teniendo como recomendación treinta y cinco sesiones de terapia psicológica especializada con un costo de ochocientos pesos por cada una de ellas. 11:00 Informe médico y de lesiones de diez de marzo de dos mil veinte, elaborado por la perito médico legista, doctora *******, quien una vez que examinó a *******, concluyó que presenta en región de antebrazo derecho proceso inflamatorio con tres hematomas de color violáceo, de dos, tres y dos punto cinco centímetros, con dolor a palpación; en región pectoral derecha, eritema con proceso inflamatorio y dolor a la palpación; aumento de volumen en dorso de mano derecha y eritema violáceo con dolor a la movilidad de la mano derecha; siendo el origen de las lesiones, según el relato de la víctima, que el nueve de marzo su ex pareja sentimental llegó a su domicilio para agredirla con golpes con los puños, pegándole en tórax y brazo derecho; lesiones que no ponen en peligro la vida, tardan en sanar menos de quince días y no dejan consecuencias médico legales. Asimismo, a petición de la defensa, en la continuación de la audiencia de once de mayo de dos mil veintiuno, se desahogó la declaración de *******; además de traer el proceso como dato de prueba, la declaración de *******, madre del imputado, en los términos siguientes: 08:05 Declaración de *******, en lo conducente, a preguntas de la defensa, respondió que conoce a la víctima con quien tiene una relación íntima de amistad desde hace diez años, quien se desempeña como agente ministerial desde que ella la conoce; y la declaración que vertió ante la Representación Social versó sobre que el nueve de marzo de dos mil veinte, ******* le marcó aproximadamente a las siete cuarenta o siete cincuenta; con motivo de lo anterior la defensa solicita evidenciar contradicción, una vez que dio lectura a su deposado ministerial, la testigo indicó "el día nueve de marzo de dos mil veinte me marcó ******* como a las siete veinte aproximadamente". Continuando señaló que le comento que ******* había ido a buscarla a su domicilio, que estaba muy oscuro cuando él tocó la puerta, que le abrió, pero al hacerlo quiso cerrar la puerta, pero él metió el pie, así como que iba a buscar a la niña y que es su casa, a lo que ******* le contesta que tiene órdenes de restricción, pero éste le dice que no le importa, que mientras sea su casa él va a acudir al lugar; luego ve que viene la niña, él avienta la puerta y se mete a la casa, agarra a la niña, ******* le extiende los brazos a la niña y le dice que no se la puede llevar porque está muy agresivo, por lo que éste se enoja y con el puño cerrado le pega en el pecho y en la parte del brazo; por lo que él se retira y ******* le dice que le va a marcar a la policía, respondiendo éste que la policía se la "pela", que no le importa. Entonces ******* agarra su teléfono y está descargado, lo pone a cargar y le marca a la declarante, que fue aproximadamente a las siete cuarenta, ella le mencionó que él llegó como a las siete veinte al domicilio. A preguntas de la defensa, contestó que fue a ver a ******* con su pareja *******; que desconoce si ******* dice malas palabras, pues nunca la ha escuchado. A los cuestionamientos de la Representación Social respondió que la hora en que ocurrieron los hechos fue en la tarde; que el domicilio de su amiga se ubica en la colonia *******, en la calle *******, desconociendo el número; se solicitó el auxilio de memoria a fin de que recuerde el número del inmueble, una vez que dio lectura a su declaración expresó que es "*******". Y respecto a superar contradicción en lo relativo a la hora en que le habló *******, refirió que fue a las "siete cuarenta". A preguntas de la defensa, respondió que, en domicilio precisado, ******* tiene viviendo aproximadamente cuatro años, al cual ha acudido. Luego, la defensa le hace saber a la declarante que hacía aproximadamente cuatro meses había declarado en una causa relativa a ******* y *******, mencionando que desconocía el domicilio; a lo que la testigo aclaró que en aquel momento solo sabía llegar al domicilio, pero no donde se ubicaba el mismo, y esto lo sabe porque después de que dejó a la niña, como a las diez de la noche, ella se acercó debido a que ******* se encontraba muy mal, además de que en marzo estuvo en el domicilio porque tenía enferma a la niña y ella le escribió bien su dirección. Una vez que la defensa le preguntó por qué en su declaración no señaló que desconocía el lugar, y que cuando ******* le habló a las siete veinte, le dijo exactamente donde vivía; respondiendo que, en su anterior declaración, con motivo de otra carpeta, no conocía el nombre de la calle y fue por whatsapp, pero en esta ocasión ya conoce la dirección y por eso lo está manifestando. 08:28 La defensa citó como dato de prueba, la declaración que recabo el diez de mayo de dos mil veintiuno, de *******, madre del imputado, quien en lo conducente le manifestó: que el nueve de marzo de dos mil veinte, fue a recoger a su nieta *******, quien es hija de ******* y *******, esto porque se encuentran separados, además de que su hijo humanamente nunca la hubiera podido recoger a esa hora, pues estaba estudiando y salía aproximadamente a las siete de la tarde, y fácilmente hace más de cuarenta minutos de camino; además de que ******* estaba muy dolida porque en noviembre de dos mil diecinueve, su hijo le confesó que iba a tener un hijo con otra persona, y debido a ello ******* la pasa hablando mal de él e insultándolo. De hecho, una vez que se separan ******* le pide a ******* que sea ella quien vaya por la niña, ya que ******* es agente ministerial, es muy grosera, es muy violenta y no le importa quien este, le hijo de su pinche madre no lo baja, lo trata como si fuera malandro y todos se dan cuenta de eso, ******* no se detiene, no le interesa que ella sea su madre y por eso entiende que su hijo tiene miedo que le pueda causar un daño más grande. Además de que cuando se separaron ella lo agredió físicamente, pues llegó con la cara hinchada y a la mañana siguiente encontraron tirada su ropa en la calle. Asimismo, ******* siempre anda armada y se lleva el arma a su casa, lo cual sabe porque lo vio, además de que ******* le comentaba que la traía para cualquier "bronca", por lo que su hijo tenía temor de que en un enojo fuera capaz de dispararle. Así, a fin de evitar más problemas, la declarante es quien recoge a su nieta, sin que tenga algo personal en contra de ******* por ser la madre de su nieta; además de que entiende que quiera quedarse con la casa que habita, pero no es de su hijo, ella mando decir que le retiraba los cargos a su hijo si le dejaba la casa, pero dicho inmueble no es de su hijo, además de que se encuentra en juicio; ella le ha pedido a su hijo que la denuncie por todo lo que les ha hecho; asimismo, que en diciembre la declarante le hace fiesta a la virgen, y ******* le ha enviado a los ministeriales para quitarla, y cuando ella les pide que no lo hagan, los elementos le dicen que ya saben de parte de quién van y los quitan. A su otro hijo lo detuvieron los ministeriales y le quitaron su dinero, diciéndole que ya saben de parte de quién van. Por otra parte, que tiene temor de rendir declaración ante el Juez, incluso de su entrevista, porque ******* es capaz de enviarle a los ministeriales, pero no se quiere callar porque ******* ha amenazado con denunciar a su hijo por violación; desconociendo qué quiera, pues en una ocasión su hijo se fue a los Estados Unidos y hasta allá lo siguió para seguir maltratándolo y ahora lo quiere meter a la cárcel para que no esté con nadie más que no sea ella. Todo es con motivo de la otra mujer que embarazó y cuando le dijo que se quería ir, pero ella le dijo que lo perdonaba, pero él ya no quiso quedarse. Ahora bien, de un ponderado análisis de los datos de prueba expuestos por la Representación Social y la defensa, así como el medio de prueba desahogado en audiencia, se estima que la autoridad responsable actuó apegada a derecho, en cuanto a que son aptos y suficientes para establecer que se ha cometido el hecho determinado como delito de violencia familiar, así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, en tal sentido, la Juez de Control responsable consideró que con los datos de prueba expuestos por la agente del Ministerio Público y la defensa, además de la declaración de la testigo, (transcritos en párrafos precedentes), se presume acreditado el hecho que ley prevé como el delito precisado con antelación, y que se atribuye a *******. Lo anterior es así, pues puede advertirse claramente que la Juez de Control, al resolver la situación jurídica del quejoso *******, concretizó la imputación que la agente del Ministerio Público le atribuyó, precisando que el hecho que se le imputa es el que la ley describe como violencia familiar en el artículo 193 del Código Penal del Estado, el cual se describe como un acto abusivo de poder u omisión intencional, para dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, económica, patrimonial o sexual, sin importar si pasa dentro o fuera del domicilio familiar, sobre alguna persona con quien haya estado unida, puede ser por matrimonio, por alguno de los parentescos que reconoce la ley, tutela, curatela o como es el caso, con quién tenga o haya tenido alguna relación afectiva o sentimental de hecho, que es la unión libre que hubo entre ******* y *******. En esta misma línea, de manera acertada, la Juez de origen determinó que, con los datos de prueba aportados por la agente del Ministerio Público, contrastados con los argumentos de la defensa, la testimonial desahogada en audiencia y el dato de prueba aportado, ponen de relieve que se cometió el hecho que la ley establece como delito, así como ******* participó en su comisión, pues la víctima ******* señaló que cerca de las diecinueve horas con veinte minutos del nueve de marzo del presente año, llegó a su domicilio ubicado en *******, su expareja sentimental, con quién vivió en unión libre por tres años y medio y con quién tiene una hija en común de *******, quien la agredió. Continúa diciendo la Juzgadora del proceso, que lo expuesto por ******* se ve corroborado con lo que señalado por la doctora y la psicóloga que llevaron a cabo las valoraciones de la víctima, pues a dichas profesionistas les narró los hechos que denunció en los mismos términos precisados en su denuncia, así como que dicha agresión fue por parte del papá de su menor hija; encontrando la psicóloga una afectación emocional grave, por lo que debe recibir treinta y cinco sesiones de terapia; mientras que la doctora que la examinó, concluyó que presenta evidencias que alteraron su salud, a saber, hematomas, eritemas y presenta dolor. Concatenando a dichos datos de prueba, lo expuesto en sede ministerial y ante ese órgano jurisdiccional, por la ateste *******, pues relató que tuvo conocimiento de los hechos que se investigan por parte de su amiga *******; así como que es una situación normal que la gente acuda con su familia o con sus amigos y les cuente lo que está ocurriendo. De la misma manera desestimó las contradicciones a que hizo referencia la defensa, respecto a la hora y domicilio en donde se señaló ocurrieron los hechos; criterio que esta resolutora comparte; pues ******* fue enfática en señalar que si bien en una primigenia declaración que vertió en una diversa carpeta de investigación refirió desconocer donde se encontraba el domicilio de la víctima, ello fue debido a que sabía llegar, más no la ubicación; y por lo que hace a la hora en que ocurrieron los hechos -diecinueve horas con veinte minutos o diecinueve horas con cuarenta minutos-, del deposado ministerial de veinticinco de febrero del año que transcurre, se tiene que la ateste refirió que fue aproximadamente a las diecinueve horas con veinte minutos del nueve de marzo de dos mil veintiuno cuando recibió la llamada de ******* quien le informó sobre lo ocurrido, para más adelante, precisar que fue a las diecinueve horas con cuarenta minutos cuando recibió dicha llamada. Por tal motivo, se comparte lo considerado por la Juez de Control, pues dicha diferencia de veinte minutos en cuanto a la hora que señaló la testigo, no tiene el alcance de restarle valor a su declaración, máxime que en un primer momento indicó que fue aproximadamente a las diecinueve horas con veinte minutos cuando recibió la llamada. Hechos que, correctamente consideró la Juez, encuadran en el numeral 193 del Código Penal, por hechos acaecidos el nueve de marzo de dos mil veintiuno, conducta que se llevó a cabo de manera dolosa, de consumación instantánea y como autor material. En este mismo tenor, el quejoso aduce que la Juez realizó una inexacta valoración de los datos de prueba narrados por la Representación Social, ya que contrario a lo que refiere, el dicho de la víctima no se encuentra sustentado con las periciales en materia de psicología y medicina que le fueron practicados a la víctima; es infundado dicho concepto de violación, pues a efecto de evaluar a la víctima *******, en el dictamen psicológico de once de marzo de dos mil veinte, la licenciada *******, asentó la metodología aplicada, a saber, una entrevista directa a una observación clínica, una aplicación de criterios clínicos para diagnósticos especificados según la norma internacional, así como la aplicación de instrumentos psicológicos que versan en una entrevista semi estructurada para víctimas de maltrato, una escala de autoestima, un inventario de presión, una escala de ansiedad manifiesta en adultos, así como índice de efectividad del estrés, y un índice de violencia en la pareja y una escala de predicción de riesgo en la violencia grave contra la pareja; concluyendo que la víctima presenta afectación emocional grave, lo cual le ha generado un impacto psicológico teniendo un nivel grave de ansiedad y perturbación en su estado de ánimo con bajos índices de efectividad al estrés, predominando altos de violencia psicológica, lo que le ha provocado un malestar clínicamente significativo, mostrando deterioro a escala personal, familiar, laboral y social, e indica una marcada alteración en su funcionalidad, actividad y proyecto de vida, presentando la vulnerabilidad de la víctima una revictimización debido al riesgo alto de probabilidad de ocurrencia en el comportamiento violento; teniendo como recomendación treinta y cinco sesiones de terapia psicológica especializada con un costo de ochocientos pesos por cada una de ellas. De ahí que, dicho dictamen proyectivo se considere especialmente útil, pues de los datos de prueba aportados al sumario, destaca que la víctima le manifestó a la psicóloga haber sufrido violencia de género por su ex pareja sentimental, quien llevó a cabo los estudios necesarios a efecto de que aquélla expresara no sólo lo consciente, sino también, lo inconsciente; dato de prueba que sirvió a la Juez de Control para poder considerar las consecuencias psicológicas derivadas del delito que señala la víctima haber sufrido. Misma consideración se realiza por lo que refiere al dictamen en materia de medicina, en este sentido, el quejoso aduce que los golpes que señala ******* le fueron propinados, no son coincidentes con lo mencionado en la experticia en comento, pues en la formulación de la imputación la Fiscalía indicó que se le había golpeado con un puño, mientras que en el dictamen se asentó que la víctima refirió que fue con los puños; es infundado lo anterior, pues debe partirse de que en su declaración ministerial la víctima refiere que cuando ******* tocó a la puerta de su casa, ella la abrió solo un poco, pero éste intentó entrar por la fuerza, empujándola con las manos por los hombros de manera violenta, y una vez que ingresó al inmueble, la golpeó con el puño cerrado en el pecho del lado derecho, así como en la mano derecha. Mientras que en el informe médico y de lesiones de diez de marzo de dos mil veinte, elaborado por la perito médico legista, doctora *******, una vez que examinó a *******, concluyó que presenta en región de antebrazo derecho proceso inflamatorio con tres hematomas de color violáceo, de dos, tres y dos punto cinco centímetros, con dolor a palpación; en región pectoral derecha, eritema con proceso inflamatorio y dolor a la palpación; aumento de volumen en dorso de mano derecha y eritema violáceo con dolor a la movilidad de la mano derecha; siendo el origen de las lesiones, según el relato de la víctima, que el nueve de marzo su ex pareja sentimental llegó a su domicilio para agredirla con golpes con los puños, pegándole en tórax y brazo derecho; lesiones que no ponen en peligro la vida, tardan en sanar menos de quince días y no dejan consecuencias médico legales. En este contexto, lo referente a la que la víctima haya señalado que fue golpeada con el puño, mientras que en dictamen médico se asentó los puños -plural-, no tiene el alcance de restar valor al deposado de la víctima, pues por lo que hace al caso que nos ocupa dicha diferencia es mínima e irrelevante, máxime que del certificado de lesiones destaca que los hematomas, eritemas, procesos inflamatorios y aumento de volumen que presentó *******, se localizaron en la parte derecha de su antebrazo y región pectoral, lo cual es coincidente -no idéntico- como pretende hacer ver el quejoso, en su deposado. Finalmente, es infundado su concepto de violación, en el que el justiciable esgrime que la Juzgadora restó valor al dato de prueba aportado por su defensa, consistente en la declaración de su madre *******, pues resulta relevante que la declarante haya mencionado que a él le era imposible haberse presentado en el domicilio de la víctima en la hora en que fue agredida, pues dentro de ese horario se encontraba realizando otras actividades. Se arriba a dicha conclusión, pues con motivo de lo expuesto por la madre del imputado, en términos del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Juez ordenó dar vista al agente de Ministerio Público a fin de que se realice la investigación de hechos probablemente delictuosos; además, señaló que dicho deposado tenía el mismo valor otorgado a los datos de prueba aportados por la Fiscalía y con apoyo en la jurisprudencia con número de registro 2017728, de rubro auto de vinculación a proceso test de racionalidad que procede aplicar para el estudio de datos de prueba a partir de los cuales puede establecerse que se ha cometido un hecho imputado como delito, que los datos de prueba y medio de prueba desahogado en audiencia, y que fueron aportados por las partes, solo arrojaban la necesidad de llevar a cabo un eventual juicio oral, al no existir una verdad legal sobre los hechos investigados. De ahí lo infundado del argumento del quejoso, pues dicho dato de prueba sí fue valorado por la Juez de origen, incluso refirió que le merecía el mismo valor de los datos de prueba aportados por la Representación Social; además, de que con el dictado del auto de vinculación a proceso se pretende la formalización de la investigación y en él sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, es decir, en esa determinación se establece o fija la materia de la investigación y lo que eventualmente puede ser objeto de juicio. Asimismo, de acuerdo con los principios y reglas que imperan en el nuevo modelo de justicia penal, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se requiere la acreditación de los elementos del tipo penal ni del cuerpo del delito, sino que basta que existan un hecho con apariencia delito e indicios lógicos que presuman la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, para su dictado es innecesario que los datos de prueba examinados tengan alcance probatorio pleno, por ser sólo el sustento para la decisión de abrir o no una investigación formalizada o judicializada contra una persona, en la que, una vez cerrada y atendiendo a la teoría del caso del agente del Ministerio Público, éste puede acusar, sobreseer o suspender el proceso sin llegar a juicio; de ahí que si la Fiscalía cumplió con la carga procesal que le obliga a aportar datos que hagan probable la existencia de un hecho tipificado como delito y éstos son congruentes y consistentes, no se transgrede el principio de presunción de inocencia. Es aplicable la tesis 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, Materia Penal, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, de agosto de 2017, Tomo I, página 360, registro digital 2014800, que a la letra dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. De ahí que este Juzgadora considera acertado lo resuelto por la resolutora de origen, pues la Representación Social, en ejercicio de su quehacer investigador, llevó a cabo las actuaciones necesarias para aportar los datos de prueba que fueron valorados por la Juez de Control, a saber, las declaraciones de ******* y la testigo *******, que se ven corroboradas con las experticias llevadas a cabo por la perito médico legista ******* y la perito en psicología *******. Datos de prueba que son aptos y suficientes, para pronunciar el auto de vinculación a proceso en contra del justiciable por el hecho ilícito que se le imputa. Por tanto, la Juez de Control responsable consideró de manera correcta y justificada que esos datos de prueba, interpretados en su conjunto, resultaban idóneos por lo menos para esa etapa procesal, que se ha cometido el hecho tipificado por la norma penal como violencia familiar, previsto y sancionado en el artículo 193 del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de *******; y también que existe la probabilidad de que ******* lo cometió, atribuyéndole una participación de autor material y de comisión dolosa; ello, en el grado de probabilidad que es el estándar que exige el Código Nacional de Procedimientos Penales y por tanto son suficientes para que emitir un auto de vinculación a proceso, pues para ello ponderó, de manera preponderante, los deposados de la denunciante que conoció los hechos que expuso ante la agente del Ministerio Público, de manera directa, sin que se advierta que haya emitido su versión de los hechos con una finalidad distinta a la de hacer del conocimiento del ministerio público los hechos que le constaron, tampoco se advierte que haya sido con el afán de perjudicar al imputado, por lo que se desprenden indicios que permiten establecer la actualización de la conducta que se le reprocha. De ahí que sea dable colegir que, de acuerdo con la pretensión ministerial, es manifiesto que la conducta investigada se trata de un actuar doloso, en cuanto a que existen datos de que el sujeto activo actuó con conocimiento de los elementos del hecho con apariencia de delito, pues se advierte que conocía los elementos objetivos del hecho y no obstante quiso su realización. Así, los datos de prueba y medios de prueba se estiman correctamente ponderados por la Juez de Control, al haber sido considerados idóneos por ser actuaciones realizadas por personal en ejercicio de sus facultades legales, expresando detalles, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Igualmente, con base en las consideraciones expuestas, infundados como resultan los conceptos de violación y al no advertirse violación a los derechos humanos y sus garantías, en perjuicio del quejoso *******, y no observar deficiencia de queja que suplir, ni violación manifiesta de la ley generadora de indefensión, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *******, contra los actos que reclamó (auto de vinculación a proceso en el proceso penal *******) a la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos en esta ciudad, por los razonamientos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veinte de octubre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DE VEINTE DE OCTUBRE de dos mil veintiuno, que dice: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a veinte de octubre de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 405/2021-V, promovido por propio derecho por *******. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por *******, la cual fue recibida el treinta y uno siguiente en este órgano jurisdiccional. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos en esta ciudad, de la que reclamó: [.] auto de vinculación a proceso, dentro de la causa penal *******, dictado en mi contra, el día 11 de mayo de 2021, como probable responsable del delito de VIOLENCIA FAMILIAR [.] SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17, 19 y 20, apartado b), fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de uno de junio del año en curso, la demanda de amparo se registró con el número 405/2021-V; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó a los terceros interesados, agente del Ministerio Público que interviene en el proceso penal de origen ******* y a *******, y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: 1. El auto de vinculación a proceso dictado el once de mayo de dos mil veintiuno, en la causa penal *******, en contra de *******, por los hechos que la ley señala como delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 193, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente y del cual se procederá a su análisis a lo largo de esta sentencia. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos en esta ciudad, convino en la existencia del acto de que se duele la justiciable, a saber, el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el once de mayo de dos mil veintiuno, en la causa penal *******, por el injusto penal descrito con antelación. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, Tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo que, además, se corrobora con la copia certificada del auto de vinculación a proceso dictado por la Juez responsable, así como las videograbaciones de las audiencias celebradas el seis y once de mayo de dos mil veintiuno, en la causa penal *******, constancias que, al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, de agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Penal, página 703, de la Décima Época, registro 2004362, del epígrafe y texto: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Al no advertirse causal de improcedencia que las partes hagan valer o que se advierta oficiosamente, se impone abordar el examen constitucional del escrito de demanda. QUINTO. Se tienen por reproducidos en sus términos los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, los cuales, en síntesis, dicen: 1. Que se violentaron en su contra las formalidades esenciales del procedimiento, así como el debido proceso y el derecho fundamental a que se le reciban las pruebas pertinentes y se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite; sin embargo, y no obstante haber ofertado como medio de prueba la declaración de la víctima *******, la Juez determinó que dicha declaración no podía ser desahogada. 2. Continúa diciendo el quejoso, que le causa agravio que la Juez dictara auto de vinculación en su contra, aún y cuando resulta evidente que, en la continuación de la audiencia inicial, la Representante Social no vertió los datos de prueba con los que sustentaba su petición de que se le vinculara a proceso. Lo anterior, en virtud de que fue al formular imputación en que la Fiscalía le hizo de su conocimiento cuáles eran los datos de prueba con los que contaba; pero una vez que solicitó la vinculación a proceso no vertió dato de prueba, peticionando únicamente que se tuvieran por reproducidos los ya anunciados, sin que su defensa hiciera manifestación al respecto. 3. En este mismo tenor, el quejoso aduce que la Juez realizó una inexacta valoración de los datos de prueba narrados por la Representación Social, ya que contrario a lo que refiere, el dicho de la víctima no se encuentra sustentado con las periciales en materia de psicología y medicina que le fueron practicados a la víctima. 4. Finalmente, el justiciable indica que la Juzgadora restó valor al dato de prueba aportado por su defensa, consistente en la declaración de su madre *******, pues resulta relevante que la declarante haya mencionado que a él le era imposible haberse presentado en el domicilio de la víctima en la hora en que fue agredida, pues dentro de ese horario se encontraba realizando otras actividades. Luego, como al quejoso *******, le resulta el carácter de imputado, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, al analizar el acto reclamado se suplirá la queja de resultar deficiente, lo cual no implica que obligadamente deba concederse el amparo solicitado, sino sólo verificar que el orden constitucional no haya sido vulnerado por el acto reclamado, en aras del respeto de la garantía de legalidad y certeza jurídica. Los conceptos de violación esgrimidos, son infundados, atendiendo a las siguientes consideraciones jurídicas. De manera primigenia, se dará respuesta al concepto de violación señalado con el número uno, sintetizado con antelación, el cual resulta infundado con motivo de las consideraciones siguientes. Para evidenciar el anterior aserto, es preciso destacar que el debido proceso es una garantía de rango constitucional que implica un estándar mínimo para el desarrollo de un procedimiento legítimo. Este principio se encuentra consagrado, en nuestro sistema a partir del contenido del artículo 14, párrafo segundo, en relación con el numeral 17, párrafo segundo, 19, párrafo primero y 20, inciso b), fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; dispositivos los cuales señalan lo siguiente: 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.) 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.) 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.) 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: (.) IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; (.) El artículo 14 constitucional, dispone que los actos privativos, deberán derivar de un juicio o proceso "seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho". Este sería el primer componente del derecho humano al debido proceso: las formalidades esenciales del procedimiento, como instrumento de tutela de la libertad, propiedades, posesiones o derechos. Sobre ese tópico, se cita la tesis 1a. CCLXXVI/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, de septiembre de 2013, Tomo 1, Materia Constitucional, página 986, de la Décima Época, registro 2004466, del rubro y texto: DERECHO AL DEBIDO PROCESO. EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL PREVÉ DOS ÁMBITOS DE APLICACIÓN DIFERENCIADOS. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. LXXV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 1, marzo de 2013, página 881, de rubro: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.", estableció que el citado precepto constitucional contiene el derecho humano al debido proceso, integrado por un núcleo duro de formalidades esenciales del procedimiento, las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica en forma definitiva. Sin embargo, entendido como derecho esencialmente destinado a otorgar un derecho de defensa, es posible identificar en los precedentes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos ámbitos de aplicación diferenciados. Desde una primera perspectiva, dicho derecho se ocupa del ciudadano, que es sometido a un proceso jurisdiccional al ser destinatario del ejercicio de una acción que, de resultar procedente y fundada, llevaría a la autoridad judicial a emitir un acto privativo en su contra, en cuyo caso la autoridad debe verificar que se cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento, a fin de otorgar al sujeto pasivo de la relación procesal la posibilidad de una defensa efectiva, por lo cual se debe garantizar que se le notifique del inicio del procedimiento y de sus consecuencias; se le dé el derecho de alegar y ofrecer pruebas, y se le asegure la emisión de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Sin embargo, el debido proceso también puede entenderse desde la perspectiva de quien insta la función jurisdiccional del Estado para lograr reivindicar un derecho y no tanto defenderse del mismo, en cuyo caso se ubica en una posición, al interior de un juicio, de cuya suerte depende el ejercicio de un derecho, el cual en caso de no dirimirse adecuadamente podría tornar nugatorio su derecho. Así, bajo esta segunda perspectiva, se entiende que dicho derecho humano permite a los justiciables acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos y defender sus intereses de forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal, esto es, exige un procedimiento que otorgue a las partes igual oportunidad de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones. La esencia del debido proceso es el derecho de toda persona a ser oída y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Es un derecho de especial importancia porque, junto con el derecho a un recurso, tutela todos los demás derechos de la persona. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha entendido al derecho de debido proceso como un núcleo duro que debe observarse de manera inexcusable en todo el procedimiento jurisdiccional, que se garantiza a través del cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia". Lo cual permite que los gobernados ejerzan el derecho a contar con una defensa adecuada previo a que mediante un acto de autoridad se modifique su esfera jurídica en forma definitiva, que puede implicar la privación de la libertad, propiedad, posesiones o derechos. En ese sentido, el Juez respeta el derecho de defensa adecuada al no obstruir en su materialización, de modo que se satisfagan las condiciones que posibilitan el ejercicio adecuado de esa prerrogativa. Ahora bien, respecto al medio de prueba ofertado por la defensa del quejoso en la continuación de la audiencia inicial en la causa de origen, consistente en la declaración de la víctima *******, debe quedar asentado que la observancia de la garantía de defensa no quedó al arbitrio o discrecionalidad de la autoridad judicial, sino que fue respetada por dicha autoridad en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establecen. Siendo por ello que la autoridad judicial, al encontrarse legalmente obligada a pronunciarse respecto de los medios de prueba ofrecidos dentro del plazo constitucional, a admitir todos aquellos que le fueron ofrecidos siempre y cuando se ajusten a los requisitos exigidos en las leyes adjetivas, así como a realizar las diligencias pertinentes para lograr su verificación, sin que tal carga lleve al extremo de exigir a la autoridad judicial su desahogo cuando jurídica, material o temporalmente se encuentre imposibilitado para hacerlo, dado lo breve del plazo constitucional (aun ampliado) y la obligación de resolver la situación jurídica de éste, ya sea al fenecer el plazo de setenta y dos horas, o bien el plazo ampliado, por lo que el imputado deberá realizar su ofrecimiento con la oportunidad debida, para que permita a la autoridad judicial la preparación y desahogo de los medios de prueba ofrecidos, acorde a su propia naturaleza. En este sentido, esta Juzgadora considera atinada la actuación de la Juez del proceso, pues de las videograbaciones relativas a las audiencias celebradas el seis y once de mayo del año que transcurre dentro del proceso penal *******, se desprende que el seis del citado mes y año se encontraban presentes las partes, a saber, ******* asistido de su defensora, así como la agente del Ministerio Público y la víctima *******, por lo que una vez que la Representación Social formuló imputación, solicitó la vinculación a proceso y la Juez le hizo saber al imputado el plazo para resolver su situación jurídica, quien se acogió al plazo constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas, fijando para tal efecto las ocho horas del once de mayo del año que transcurre, mientras que la defensa solicitó el auxilio del Tribunal para citar a la testigo ******* (11:12). Así, en la continuación de la audiencia de once de mayo de dos mil veintiuno, (08:22) la defensa ofertó la declaración de la víctima *******; a lo que la Representación Social solicitó no tuviera verificativo la misma para no revictimizarla; de este modo, la defensa indicó que no se le revictimiza toda vez que, de serlo así, hubiera alguna constancia que así lo acreditara, además de que se había presentado por propia voluntad al proceso desde la audiencia inicial; acto continuo, la Fiscalía señaló que de los datos vertidos en la audiencia, se advierte que la experta en psicología asentó que la víctima presentaba vulnerabilidad a una revictimización. Motivo por el cual, la Juez le preguntó a la víctima sobre su situación, a lo ésta manifiesta encontrarse un poco tranquila, pero que le costaba mucho trabajo volver a pasar por la situación que narró ante el Ministerio Público, así como que no era su voluntad declarar. Determinando así la Juez que el Tribunal debía ponderar los derechos que le asisten a ambas partes, sin perjuicio de que en etapas posteriores la víctima pueda rendir diversa manifestación; por lo que así como le asiste al imputado el derecho de traer los datos que requiera y considere para su defensa; no menos cierto es que le asisten derechos a la víctima, pues ya manifestó ante el agente del Ministerio Público su relato, su postura ante los hechos, además de que lo está videograbado no puede vulnerar los derechos de la víctima; por lo que estimó, a fin de no menoscabar su derechos, respetar su derecho a reservarse a declarar, quedando a salvo los derechos de la defensa para hacer valer lo que considere, pues el Tribunal no puede obligar a una víctima a que haga algo que no está dispuesta a hacer en audiencia. En este contexto, si el justiciable y su defensa tenían contemplado ofrecer la declaración de la víctima, debieron prever las circunstancias en las que dicho deposado debía desarrollarse, es decir, solicitar con la debida anticipación la presencia de algún experto que asistiera a la víctima en el desarrollo de dicha diligencia, máxime que ésta manifestó que en ese momento le costaba mucho trabajo narrar los hechos narrados ante la Representación Social. Sin que esta Juzgadora soslaye, que nuestro orden jurídico protege un genuino derecho a favor de toda persona inculpada, de obtener la comparecencia de los testigos de cargo que se desee interrogar en el proceso penal; no obstante, debe partirse de un análisis con perspectiva de género, en el que se visibiliza que la denunciante refirió haber sufrido un daño físico y psicológico y que este no requiere ser visible a la sociedad; además, el que la víctima estuviera presente en dichas audiencias, como lo refirió la defensa, no es óbice para suponer que ésta se encontraba en aptitud de rendir declaración. Lo anterior es así, pues para valorar adecuadamente el impacto de una situación de victimización debe recurrirse a los expertos en la materia, y desde su perspectiva, analizar si el efecto de la exposición a una diligencia judicial estará en función de la interacción de las circunstancias individuales de la persona y su propia situación de victimización, ya que la víctima no es un agente pasivo en relación al suceso, sino que tiene un papel activo en el proceso de ajuste. De ahí que la defensa debió solicitar la asistencia de un experto en psicología, quien en su caso podría haber intervenido en caso de que la víctima presentara una crisis y auxiliar en la estabilización de su estado psicológico y el desarrollo de la diligencia, pues la Juzgadora de origen se encuentra obligada a velar por el respeto a los derechos de las partes. A mayor abundamiento, debe tomarse en consideración que la perspectiva de género como herramienta de análisis se introdujo en el ámbito jurídico a partir del reconocimiento de la condición de desigualdad imperante entre los géneros, que margina a mujeres y niñas, por lo que produce una realidad en la que el ejercicio de sus derechos se encuentra total o parcialmente vedado, ya fuera de manera explícita o mediante prácticas sociales e institucionales que, de manera casi invisible, perpetúan el estado de subordinación. El hecho de que las mujeres son oprimidas por un contexto de dominación estructural que les impide gozar de los mismos derechos en condiciones de igualdad hace necesaria, entre otras cuestiones, la reinterpretación del derecho, y particularmente de los derechos humanos, mediante la incorporación de una categoría de análisis que tenga en cuenta factores que hasta hace poco tiempo habían quedado invisibilizados. Esta nueva forma de concebir el derecho fue incorporada al ámbito jurisdiccional nacional a través de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien introdujo la perspectiva de género como una forma de garantizar a las personas, especialmente a las mujeres y niñas, el acceso a la justicia de manera efectiva e igualitaria. Para ello, partió de la base que el género produce impactos diferenciados en la vida de las personas que deben ser tomados en consideración al momento de apreciar los hechos, valorar las pruebas e interpretar y aplicar las normas jurídicas, pues sólo así podrían remediarse los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres, niñas y minorías sexuales. Se ha reiterado hasta el momento que la perspectiva de género es un método de análisis que debe ser utilizado por las personas operadoras de justicia en todos aquellos casos en los que el género puede ocasionar un impacto diferenciado. Sin embargo, ello por sí mismo no permite entender de qué forma opera en la resolución de controversias. Por tanto, se concluye, que a efecto de que la víctima estuviera en aptitud de rendir declaración, era necesario que la defensa de *******, hubiera solicitado a la Juez del proceso el apoyo y diversas medidas a fin de garantizar su estabilidad emocional y su seguridad, sin que dicha circunstancia fuera observada dentro del plazo legal para resolver la situación jurídica del justiciable, de ahí que resulta infundado el primer concepto de violación esgrimido por la parte quejosa. En sustento a lo anterior se cita la tesis jurisprudencial 1a./J. 12/2012 (9a.), sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal del país, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, de julio de 2012, Tomo 1, Materia Constitucional, página 433, registro digital 160044, que a la letra dice: DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA. La garantía individual de defensa adecuada contenida en el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008) entraña una prohibición para el Estado consistente en no entorpecer el ejercicio del derecho de defensa del gobernado y un deber de actuar, en el sentido de informarle el nombre de su acusador, los datos que obren en la causa, brindarle la oportunidad de nombrar un defensor, no impedirle que se entreviste de manera previa y en privado con él y, en general, no impedir u obstaculizar el ejercicio de las cargas procesales que le corresponden dentro del proceso penal para desvirtuar la acusación del Ministerio Público. Así, para proteger la citada garantía es necesario que la labor de quien funja como defensor sea eficaz, pues aquélla no puede concebirse como un mero requisito formal, sino que debe permitir una instrumentación real para tener oportunidades de descargo que, básicamente, permitan al imputado una efectiva participación en el proceso. Ahora bien, el juez de la causa garantiza la posibilidad de defensa al permitir que se den todas las condiciones necesarias para que el inculpado sea debidamente asistido, tanto formal como materialmente, de manera que si en los hechos no puede calificar su adecuada defensa -en razón de la forma en que se conduce el defensor respectivo-, ello no significa que el juez de la causa viole la garantía en cuestión, pues el control de la correcta o incorrecta actitud procesal del defensor, del debido ejercicio de las cargas procesales, así como de su pericia jurídica, sólo podrían ser materia de responsabilidad profesional, en términos de las leyes administrativas o penales, y según se trate de un defensor de oficio o particular. Esto es, el juez respeta la garantía de defensa adecuada: (i) al no obstruir en su materialización (como ocurre cuando niega el derecho a una entrevista previa y en privado o interfiere y obstaculiza la participación efectiva del asesor) y (ii) al tener que asegurarse, con todos los medios legales a su alcance, que se satisfacen las condiciones que posibilitan la defensa adecuada, sin que ello signifique que esté en condiciones de revisar la forma en que los defensores efectivamente logran su cometido, pues ello excedería las facultades que tiene a su cargo para vigilar que en el proceso se garantice una defensa adecuada. Así como la tesis 1a. XXVII/2017, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Constitucional, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, de marzo de 2017, Tomo I, página 443, registro digital 2013866, del epígrafe y texto: JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN. De acuerdo con la doctrina de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema, la perspectiva de género constituye una categoría analítica -concepto- que acoge las metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales entendidas como propias para hombres y mujeres, es decir, lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido como "lo femenino" y "lo masculino". En estos términos, la obligación de las y los operadores de justicia de juzgar con perspectiva de género puede resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres -pero que no necesariamente está presente en cada caso-, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir, como un corolario inevitable de su sexo. La importancia de este reconocimiento estriba en que de él surgirá la posibilidad de que quienes tengan encomendada la función de impartir justicia, puedan identificar las discriminaciones que de derecho o de hecho pueden sufrir hombres y mujeres, ya sea directa o indirectamente, con motivo de la aplicación del marco normativo e institucional mexicano. Dicho de otra manera, la obligación de juzgar con perspectiva de género exige a quienes imparten justicia que actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres. En estos términos, el contenido de la obligación en comento pueden resumirse de la siguiente forma: 1) Aplicabilidad: es intrínseca a la labor jurisdiccional, de modo que no debe mediar petición de parte, la cual comprende obligaciones específicas en casos graves de violencia contra las mujeres, y se refuerza aún más en el marco de contextos de violencia contra éstas; y, 2) Metodología: exige cumplir los seis pasos mencionados en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", que pueden resumirse en la necesidad de detectar posibles -mas no necesariamente presentes- situaciones de desequilibrio de poder entre las partes como consecuencia de su género, seguida de un deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, así como de recopilar las pruebas necesarias para visualizar el contexto de violencia o discriminación, y finalmente resolver los casos prescindiendo de cualesquiera cargas estereotipadas que resulten en detrimento de mujeres u hombres. Superado lo anterior, resultan infundados los conceptos de violación precisados en los puntos dos, tres y cuatro, como a continuación se expone. En principio debe puntualizarse que los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo conducente establecen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. (.) Código Nacional de Procedimientos Penales 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. De la interpretación armónica de dichos preceptos se obtiene que, para la emisión de un auto de vinculación a proceso, deben cumplirse los requisitos siguientes: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO REQUISITOS FORMALES REQUISITOS DE FONDO A) Que se haya formulado imputación. 1) En la resolución correspondiente, se deben indicar las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución de delito. B) Se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar. 2. Que, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. C) Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que podrá duplicarse a petición del imputado. 3. Que no esté plenamente comprobada en favor del imputado alguna causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. D) Debe estar debidamente fundado y motivado. Tomando como punto de partida lo anterior, se procede a determinar si el auto de vinculación a proceso que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional reúne los requisitos anotados. Así, por lo que hace a los requisitos formales, obtenemos lo siguiente: A) Que se haya formulado imputación. Este requisito se encuentra cumplido pues del registro audiovisual de la audiencia inicial celebrada el seis de mayo de dos mil veintiuno (10:48), se advierte que se individualizaron las partes, encontrándose presentes la agente del Ministerio Público, la víctima *******, el imputado ******* y la defensora particular designada, ******* quien se identificó con cédula profesional *******, aceptando el cargo conferido. Enseguida (10:50), la Representante Social actuante, formuló imputación contra el aquí quejoso, *******, para lo cual realizó una exposición detallada de los hechos que se le atribuyen y que se desprenden de los registros de la investigación, en los términos siguientes: La agente del Ministerio Público hace del conocimiento del imputado que se realiza una investigación con motivo de que el nueve de marzo de dos mil veinte, aproximadamente a las nueve horas con veinte minutos, en el domicilio ubicado en *******, en esta ciudad, ejerció actos abusivos de poder que fueron tendientes a agredir de manera física y psicológica a la víctima *******, quien es su expareja, ya que la empujó por los hombros, para después gritarle "ábreme la puerta pendeja, vengo por la niña pendeja, te voy a seguir molestando"; después, con el puño, golpeó a la víctima en el lado derecho del pecho y en la mano derecha, gritándole "lárgate pendeja, eres una puta". Con su actuar, dañó la estabilidad emocional y física de la víctima, hecho que encuadra en el delito de violencia familiar, previsto y sancionado en el numeral 193 del Código Penal Estatal, atribuyéndole un grado de participación como autor material en términos del ordinal 21, fracción I, cometido de manera dolosa acorde a lo establecido en el artículo 18, fracción I, y atendiendo al momento de consumación es un delito instantáneo conforme lo prevé el arábigo 17, fracción I, todos del Código Punitivo del Estado de Chihuahua. Por otra parte, hizo de su conocimiento que las personas que deponen en su contra son la víctima *******, la testigo *******, la perito médico legista ******* y la perito en psicología *******. Por lo tanto, es inconcuso que el requisito que nos ocupa está plenamente cumplido. B) Que se haya dado al imputado la oportunidad de declarar. Este requisito se cumple en tanto que, de la videograbación, se obtiene que, en la audiencia de formulación de la imputación (10:52), la Juez de Control se aseguró de que el imputado estuviera debidamente informado de sus derechos y con la asistencia técnica y adecuada de su defensora. Asimismo, hizo de su conocimiento el derecho que consagra el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en favor de toda persona imputada y la cuestionó sobre si era su deseo declarar, aclarándole que tenía el derecho de no hacerlo, conforme a la garantía que le otorga dicho precepto constitucional; a lo que, previa consulta con su defensa, manifestó su voluntad de reservarse. En ese tenor, puede colegirse que la resolución reclamada efectivamente cumple con el requisito objeto de estudio, en virtud de que el quejoso *******, tuvo la oportunidad de declarar respecto de los hechos que se le imputan. C) Que el auto de vinculación a proceso se dicte dentro del término de setenta y dos horas a partir de que el inculpado sea puesto a disposición de la Juez de Control o dentro de la duplicidad de dicho término. Este elemento se desprende del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ninguna detención ante autoridad judicial puede exceder de setenta y dos horas, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso; lo anterior con excepción de que el imputado solicite la duplicidad de dicho plazo constitucional. Ahora, siguiendo con la reproducción de la audiencia de formulación de la imputación, se advierte que la audiencia se celebró el seis de mayo de dos mil veintiuno; luego, en uso de la palabra, la agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso del aquí quejoso citando el contenido de los datos de prueba; acto seguido, la Juez de Control explicó al imputado dicha circunstancia y le hizo saber que podría solicitar que su situación jurídica se resolviera en la propia audiencia, dentro del término de setenta y dos horas o dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas (11:04).De lo que se sigue que, previa consulta con su defensa solicitó que su situación jurídica se resolviera dentro del término constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que la Juez de origen fijó las ocho horas del once de mayo de dos mil veintiuno para tal efecto.Así, a las ocho horas con cuarenta y cuatro minutos del once de mayo de dos mil veintiuno, la Juez resolvió vincular a proceso al justiciable, en los términos que más adelante se precisaran.Por lo que es dable colegir que la Juez de Control, resolvió la situación jurídica del aquí quejoso, dentro del plazo constitucional ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas, con lo que el requisito que nos ocupa está colmado.En este apartado considerativo, se procede a dar respuesta a al concepto de violación esgrimido en el punto dos, en el que la defensa arguye que le causa agravio que la Juez dictara auto de vinculación en su contra, aún y cuando resulta evidente que, en la continuación de la audiencia inicial, la Representante Social no vertió los datos de prueba con los que sustentaba su petición de que se le vinculara a proceso. Lo anterior, en virtud de que fue al formular imputación en que la Fiscalía le hizo de su conocimiento cuáles eran los datos de prueba con los que contaba; pero una vez que solicitó la vinculación a proceso no vertió dato de prueba, peticionando únicamente que se tuvieran por reproducidos los ya anunciados, sin que su defensa hiciera manifestación al respecto. Es infundado lo expuesto por la parte quejosa. Sobre el particular, debe decirse que, conforme a lo previsto en la fracción VI del apartado B del artículo 20 constitucional, todo imputado y su defensa tienen derecho a acceder a los registros de la investigación antes de que tenga lugar su primer comparecencia ante el Juez, de tal suerte que formulada la imputación, efectivamente esté en condiciones de contestar el cargo y, por otro, que el plazo de setenta y dos horas establecido por el artículo 19 de ese mismo ordenamiento, constituye un derecho fundamental del imputado a fin de que su libertad personal no se vea restringida por un tiempo mayor, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso, desprendiéndose así que su ampliación procede única y exclusivamente cuando lo solicita, debiendo operar esa extensión temporal a su favor y no en su contra. Tomando en cuenta lo anterior, es inconcuso que el Ministerio Público, de estimarlo procedente, debe solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo, pero de manera previa a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que se resuelva su situación jurídica, pues sólo de esa manera la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiéndole al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que considere podrían desvirtuar la postura ministerial. Actuaciones las anteriores que fueron observadas dentro de la audiencia inicial de seis de mayo de dos mil veintiuno, pues contrario a lo expuesto por quejoso, la agente del Ministerio Público formuló imputación en su contra, además de hacerle saber el nombre de las personas que deponen en su contra (10:50); una vez hecho lo anterior, la Juez preguntó a la defensa si requería alguna precisión, a lo que indicó que no; y una vez que preguntó al imputado si comprendía lo expuesto por la Fiscalía, éste indicó que sí, haciéndole saber su derecho a declarar, por lo que previa asesoría de su defensa manifestó reservarse a hacerlo (10:52); enseguida la Represente Social formuló imputación en contra del justiciable citando como datos de prueba la denuncia de diez de marzo de dos mil veinte, presentada por *******, ante el agente del Ministerio Público, la declaración de la testigo *******, quien compareció ante el agente del Ministerio Público el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, el dictamen psicológico de once de marzo de dos mil veinte, realizado por la licenciada *******, en la persona de ******* y el informe médico y de lesiones de diez de marzo de dos mil veinte, elaborado por la perito médico legista, doctora *******, además de verter, dentro de audiencia, en lo conducente, el contenido de los mismos. De ahí deviene lo infundado de los argumentos del quejoso, pues en la audiencia inicial celebrada el seis de mayo del año que transcurre, una vez que la agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso del justiciable, expresó el contenido de los datos de prueba con que contaba; incluso la Juez preguntó a su defensa si requería alguna precisión, a lo que respondió que no; además de hacerle saber al justiciable que se había formulado imputación, que la Fiscalía había solicitado la vinculación a proceso, que había escuchado los datos de prueba con los que contaba para sustentar su solicitud, que su defensa contaba con copia de la carpeta de investigación y de que el órgano jurisdiccional se había impuesto de su contenido, manifestando su voluntad de acogerse al plazo constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas para resolver su situación jurídica. En sustento a lo anterior se cita la jurisprudencia 1a./J. 120/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, Materia Penal, Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, de diciembre de 2017, Tomo I, página 392, que a la letra dice: VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO). De la lectura de los artículos 309 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales -de contenido similar a los numerales 280 y 281 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos abrogado-, deriva una duda legítima relativa a si la solicitud de vinculación a proceso debe formularla el Ministerio Público antes de que el imputado decida si se acoge o no al lapso de 72 horas para que se resuelva sobre su situación jurídica -o a su ampliación-, o si puede hacerse posteriormente, incluso, en la continuación de la audiencia inicial, una vez que hubieran sido recibidos los medios de convicción presentados por la defensa. Ahora bien, para resolver dicha duda, debe partirse de las premisas siguientes: 1) la vinculación a proceso debe pedirse después de formularse la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el cargo; y, 2) el plazo de 72 horas como límite para la detención ante autoridad judicial, establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un derecho fundamental, cuya ampliación procede sólo cuando el propio imputado lo solicita, lo cual implica que esa extensión temporal opere a su favor y nunca en su contra. Así, dichas proposiciones constituyen la pauta interpretativa que permite considerar, por un lado, que la imputación y la solicitud de vinculación a proceso son actuaciones distintas y, por otro, que la decisión del imputado de postergar la resolución sobre la vinculación o no a proceso no puede operar en su detrimento, pues su finalidad es que tenga más tiempo para ejercer su defensa, tan es así, que el artículo 314 del Código Nacional establece la posibilidad, sólo para el imputado y no para el Ministerio Público, de incorporar durante ese lapso los medios de convicción que estime convenientes. Por lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el Ministerio Público, de estimarlo procedente, debe solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que se resuelva sobre su situación jurídica, pues sólo así la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiendo al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que consideren podrían desvirtuar la postura ministerial. En efecto, si el imputado o su defensor elige posponer la indicada resolución en aras del derecho de defensa, es lógico que esa decisión debe partir del conocimiento previo de las razones concretas por las cuales el representante social estima que los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación acreditan la existencia del hecho materia de la imputación y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues sólo así estará en condiciones de ofrecer los medios de convicción idóneos para desvirtuar la imputación; es más, de no seguirse ese orden, el Juez podría tener dificultades para calificar la pertinencia de los datos de prueba que la defensa pretende incorporar. Continuando con el estudio del auto del auto de vinculación impugnado, se precisa como requisito: D) Debe estar debidamente fundado y motivado. Ahora bien, debe acotarse que como requisito fundamental de todo acto de autoridad, el auto de vinculación a proceso debe estar debidamente fundado y motivado, debiéndose entender por lo primero -fundar-, que en la determinación pronunciada ha de expresarse con precisión, el precepto o preceptos legales aplicables al caso y por lo segundo - motivar- que en el acto de autoridad han de señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para su emisión. Siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecerse la relación que exista entre uno y otro. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, de diciembre de 2005, Materia Común, página 162, de la Novena Época, registro 176546, que a la letra dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Así, la fundamentación y motivación no puede soslayarse por los juzgadores cuando emiten un auto de vinculación a proceso, pues aun cuando los Jueces de Control no tienen acceso a la carpeta de investigación, permanece incólume su obligación de fundar y motivar sus determinaciones, inclusive en forma oral, ante las partes presentes en la audiencia.En ese contexto, una vez analizado el disco versátil que contiene la audiencia de once de mayo de dos mil veintiuno, se advierte que la Juez de Control cumplió con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que fundó y motivó la causa legal de su proceder, en virtud que citó los preceptos legales que consideró aplicables al caso concreto, entre los que destacan, los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y 193 del Código Penal del Estado de Chihuahua. De lo que se sigue que, a la luz del contenido de tales dispositivos, consideró de manera individual y conjunta, conforme a sus atribuciones legales, los datos y medios de prueba, y argumentos puestos a su consideración por las partes. Así también, de la reproducción audiovisual correspondiente, puede advertirse que expuso en su resolución, los razonamientos que consideró oportunos, con lo cual se acredita que el acto reclamado cumple, además, con los requisitos que al efecto exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el imputado y su defensa pudieron conocer los preceptos legales que facultaron a la juzgadora a pronunciarse en el sentido en que lo hizo, así como los razonamientos lógico-jurídicos en los que apoyó tal determinación, con lo que se garantiza su derecho a una debida defensa. Por tanto, es dable colegir que la Juez de Control, sí cumplió con el requisito formal de que toda resolución debe estar fundada y motivada. Ahora, por lo que respecta a los requisitos de fondo, de la resolución que constituye el acto reclamado se obtiene: 1. Que se exprese el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Este requisito consiste en que en la resolución se indiquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar del delito en comento, mismo que se cumple, ya que, de la videograbación relativa a la audiencia vinculatoria, se advierte que la Juez responsable, en este tópico retomó en sus términos los hechos materia de formulación de imputación y la clasificación jurídica establecida por la agente del Ministerio Público, y fueron precisamente los hechos comprendidos por el imputado. 2. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, a fin de verificar si el auto de vinculación a proceso cumple con tal requisito resulta necesario acudir a la descripción del delito que se imputa al justiciable *******. Al respecto, el título octavo "Delitos Cometidos en contra de un Miembro de la Familia", capítulo único "Violencia Familiar, numeral 193 del Código Penal del Estado de Chihuahua y el numeral 5, fracciones I y III, de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establecen: 193. A quien ejerza algún acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, sobre alguna persona a la que esté, o haya estado unida, por un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; tutela o curatela; concubinato; o bien, que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y enfocado a la erradicación de la violencia familiar. el tratamiento integral especializado Los actos de violencia a que se refiere el presente artículo se entenderán en los términos de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La educación o formación del menor no será en ningún caso considerada justificación como forma de maltrato. Cuando, a sabiendas de que la mujer se encuentra embarazada, el agente ejecute la conducta descrita en el primer párrafo, la pena se incrementará en una mitad. Este delito se perseguirá de oficio. 5.Los tipos de violencia contra las mujeres son: I. Violencia física: Es cualquier acto que inflige daño a la mujer a través del uso de la fuerza física, sustancias, armas u objetos y que puede provocar lesiones. (.) III. Violencia sicológica: Es cualquier acto u omisión que daña la estabilidad emocional, menoscaba la autoestima o altera la salud mental de la mujer que recibe el maltrato consistente, entre otros, en descuido reiterado, insultos, humillaciones, devaluación de su autoestima, marginación, rechazo, restricción a la autodeterminación y celotipia. De la lectura de los preceptos transcritos tenemos que efectivamente los hechos reconocidos por la ley como el delito de violencia familiar, para ser susceptible de originar el dictado de auto de vinculación a proceso, implica que los datos de prueba aportados por la fiscalía hagan referencia a que alguien, ejerza algún acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, sobre alguna persona a la que esté, o haya estado unida, por un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; tutela o curatela; concubinato; o bien, que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho. La agente del Ministerio Público (horario 10:53), citó como datos de prueba los siguientes: (resumen de los datos de prueba aportados por la agente del Ministerio Público, lo cual se trascribe en cursiva) Denuncia de diez de marzo de dos mil veinte, presentada por *******, ante el agente del Ministerio Público, quien, bajo protesta de decir verdad, manifestó que vivió tres años y medio en unión libre con su expareja *******, con el cual procreó una hija de iniciales *******, de ******* de edad; así como que el nueve de marzo de dos mil veinte, siendo las siete horas con veinte minutos de la tarde, se encontraba en su domicilio ubicado en *******, cuando ******* tocó la puerta de su casa, por lo que ella la abrió solo un poco, pero éste intentó entrar por la fuerza al domicilio, empujándola con las manos por los hombros de manera violenta, pero ella rápidamente cerró la puerta, además de que le gritaba "ábreme la puerta pendeja, que vengo por la niña"; asimismo, cuando trató de cerrar la puerta ******* metió el pie para que no se cerrara y gritaba "vengo por la niña pendeja", eso me lo repitió varias veces, a lo que ella le dijo que no se podía acercar porque tiene una orden de restricción, contestándole "háblale pendeja a la policía, no les tengo miedo, sirve que te sacan de mi casa", a lo que ella le pidió que la estuviera ofendiendo, gritándole éste "hasta que no te salgas de mi casa te voy a seguir molestando"; en eso se acercó la niña y en cuanto ******* la vio, empujó la puerta y agarró a la niña en los brazos, diciéndole ******* que quien debía acudir era su mamá o un familiar, que no quería tener trato con él, además de que estaba muy agresivo, que mejor le entregara la niña, dándole los brazos a la niña para que se fuera con ella, ya que ******* se encontraba muy alterado y tenía miedo de que se la llevara, por lo que al tenerla en los brazos, ******* la golpeó con el puño cerrado en el pecho del lado derecho, así como en la mano derecha, gritándole "lárgate pendeja, a mí no me digas nada, hazte cargo de tu otra pinche hija, eres una puta", por lo que no fue a agarrar a su hija y por miedo entró a la casa y se encerró.Posteriormente, como a las nueve de la noche llegó nuevamente ******* y su mamá *******, entregándole a la niña, por lo que cerró la puerta, mientras que ******* le gritó que iba a llevar a Seguridad Pública para que la sacaran a la verga de la casa y se retiró.Además de que es la primera denuncia que le interpone (sic), además de que tiene otra por los mismos hechos de dieciséis de enero de dos mil veinte, pues la había agredido verbal y psicológicamente. 10:56 Declaración del testigo *******, quien compareció ante el agente del Ministerio Público el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, manifestando ser amiga de *******, así como que tiene conocimiento de que ésta tuvo una relación de unión libre por tres años aproximadamente con *******, procreando una hija de iniciales *******, pero ya no viven juntos; y es el caso que el nueve de marzo de dos mil veinte, como a las diecinueve horas con veinte minutos le marcó ******* y en el domicilio (sic) ubicado en *******, que había llegado ******* a tocarle la puerta, que estaba muy oscuro, cuando vio que era ******* quiso cerrar la puerta, pero ******* metió el pie y ******* no pudo cerrar la puerta, diciéndole ******* que no podía ir a la casa porque había una orden de restricción, diciéndole ******* que era su casa y podía ir cuando quisiera, luego "vete a la verga, eres una puta"; y cuando estaban discutiendo, llegó la hija de ambos, y al ver ******* a la niña aventó la puerta y entró a la casa, agarrándola, diciéndole ******* que no podía llevarse a la niña porque estaba muy agresivo; ******* le extiende sus brazos a la niña, pero cuando hace eso, ******* se enoja y le da un golpe con el puño cerrado en el pecho y en el brazo, diciéndole "lárgate pendeja, hazte cargo de tu otra pinche hija, eres una puta, mientras tú estés en mi casa yo puedo venir las veces que quiera porque es mi casa"; luego ******* se sale de la casa con la niña en brazos y ******* le dice que le va a hablar a la policía y ******* le contesta "háblale la policía me la pela", por lo que ******* agarra su teléfono, pero como estaba apagado no pudo hablar; cuando encendió el teléfono le marca a la declarante, eran como las diecinueve horas con cuarenta minutos, pero ******* se fue con la niña, diciéndole ******* a ******* que si necesitaba algo le marcara para ir a su casa. Luego, como a las veintiún horas con treinta minutos ******* le marcó nuevamente para decirle que ******* había ido con su mamá de nombre ******* a entregarle a la niña, además ******* le comentó que se sentía muy mal, que no había dejado de vomitar, por lo que *******, en compañía de su pareja, fueron a la casa de ******* para ver si estaba bien. 10:59 Dictamen psicológico de once de marzo de dos mil veinte, realizado por la licenciada *******, en la persona de *******, y la metodología aplicada fue una entrevista directa a una observación clínica, una aplicación de criterios clínicos para diagnósticos especificados según la norma internacional, así como la aplicación de instrumentos psicológicos que versan en una entrevista semi estructurada para víctimas de maltrato, una escala de autoestima, un inventario de presión, una escala de ansiedad manifiesta en adultos, así como índice de efectividad del estrés, y un índice de violencia en la pareja y una escala de predicción de riesgo en la violencia grave contra la pareja; concluyendo que la víctima presenta afectación emocional grave, esto le ha generado un impacto psicológico teniendo un nivel grave de ansiedad y perturbación en su estado de ánimo con bajos índices de efectividad al estrés, predominando altos de violencia psicológica, lo que le ha provocado un malestar clínicamente significativo, mostrando deterioro a escala personal, familiar, laboral y social, e indica una marcada alteración en su funcionalidad, actividad y proyecto de vida, presentando la vulnerabilidad de la víctima una revictimización debido al riesgo alto de probabilidad de ocurrencia en el comportamiento violento; teniendo como recomendación treinta y cinco sesiones de terapia psicológica especializada con un costo de ochocientos pesos por cada una de ellas. 11:00 Informe médico y de lesiones de diez de marzo de dos mil veinte, elaborado por la perito médico legista, doctora *******, quien una vez que examinó a *******, concluyó que presenta en región de antebrazo derecho proceso inflamatorio con tres hematomas de color violáceo, de dos, tres y dos punto cinco centímetros, con dolor a palpación; en región pectoral derecha, eritema con proceso inflamatorio y dolor a la palpación; aumento de volumen en dorso de mano derecha y eritema violáceo con dolor a la movilidad de la mano derecha; siendo el origen de las lesiones, según el relato de la víctima, que el nueve de marzo su ex pareja sentimental llegó a su domicilio para agredirla con golpes con los puños, pegándole en tórax y brazo derecho; lesiones que no ponen en peligro la vida, tardan en sanar menos de quince días y no dejan consecuencias médico legales. Asimismo, a petición de la defensa, en la continuación de la audiencia de once de mayo de dos mil veintiuno, se desahogó la declaración de *******; además de traer el proceso como dato de prueba, la declaración de *******, madre del imputado, en los términos siguientes: 08:05 Declaración de *******, en lo conducente, a preguntas de la defensa, respondió que conoce a la víctima con quien tiene una relación íntima de amistad desde hace diez años, quien se desempeña como agente ministerial desde que ella la conoce; y la declaración que vertió ante la Representación Social versó sobre que el nueve de marzo de dos mil veinte, ******* le marcó aproximadamente a las siete cuarenta o siete cincuenta; con motivo de lo anterior la defensa solicita evidenciar contradicción, una vez que dio lectura a su deposado ministerial, la testigo indicó "el día nueve de marzo de dos mil veinte me marcó ******* como a las siete veinte aproximadamente". Continuando señaló que le comento que ******* había ido a buscarla a su domicilio, que estaba muy oscuro cuando él tocó la puerta, que le abrió, pero al hacerlo quiso cerrar la puerta, pero él metió el pie, así como que iba a buscar a la niña y que es su casa, a lo que ******* le contesta que tiene órdenes de restricción, pero éste le dice que no le importa, que mientras sea su casa él va a acudir al lugar; luego ve que viene la niña, él avienta la puerta y se mete a la casa, agarra a la niña, ******* le extiende los brazos a la niña y le dice que no se la puede llevar porque está muy agresivo, por lo que éste se enoja y con el puño cerrado le pega en el pecho y en la parte del brazo; por lo que él se retira y ******* le dice que le va a marcar a la policía, respondiendo éste que la policía se la "pela", que no le importa. Entonces ******* agarra su teléfono y está descargado, lo pone a cargar y le marca a la declarante, que fue aproximadamente a las siete cuarenta, ella le mencionó que él llegó como a las siete veinte al domicilio. A preguntas de la defensa, contestó que fue a ver a ******* con su pareja *******; que desconoce si ******* dice malas palabras, pues nunca la ha escuchado. A los cuestionamientos de la Representación Social respondió que la hora en que ocurrieron los hechos fue en la tarde; que el domicilio de su amiga se ubica en la colonia *******, en la calle *******, desconociendo el número; se solicitó el auxilio de memoria a fin de que recuerde el número del inmueble, una vez que dio lectura a su declaración expresó que es "*******". Y respecto a superar contradicción en lo relativo a la hora en que le habló *******, refirió que fue a las "siete cuarenta". A preguntas de la defensa, respondió que, en domicilio precisado, ******* tiene viviendo aproximadamente cuatro años, al cual ha acudido. Luego, la defensa le hace saber a la declarante que hacía aproximadamente cuatro meses había declarado en una causa relativa a ******* y *******, mencionando que desconocía el domicilio; a lo que la testigo aclaró que en aquel momento solo sabía llegar al domicilio, pero no donde se ubicaba el mismo, y esto lo sabe porque después de que dejó a la niña, como a las diez de la noche, ella se acercó debido a que ******* se encontraba muy mal, además de que en marzo estuvo en el domicilio porque tenía enferma a la niña y ella le escribió bien su dirección. Una vez que la defensa le preguntó por qué en su declaración no señaló que desconocía el lugar, y que cuando ******* le habló a las siete veinte, le dijo exactamente donde vivía; respondiendo que, en su anterior declaración, con motivo de otra carpeta, no conocía el nombre de la calle y fue por whatsapp, pero en esta ocasión ya conoce la dirección y por eso lo está manifestando. 08:28 La defensa citó como dato de prueba, la declaración que recabo el diez de mayo de dos mil veintiuno, de *******, madre del imputado, quien en lo conducente le manifestó: que el nueve de marzo de dos mil veinte, fue a recoger a su nieta *******, quien es hija de ******* y *******, esto porque se encuentran separados, además de que su hijo humanamente nunca la hubiera podido recoger a esa hora, pues estaba estudiando y salía aproximadamente a las siete de la tarde, y fácilmente hace más de cuarenta minutos de camino; además de que ******* estaba muy dolida porque en noviembre de dos mil diecinueve, su hijo le confesó que iba a tener un hijo con otra persona, y debido a ello ******* la pasa hablando mal de él e insultándolo. De hecho, una vez que se separan ******* le pide a ******* que sea ella quien vaya por la niña, ya que ******* es agente ministerial, es muy grosera, es muy violenta y no le importa quien este, le hijo de su pinche madre no lo baja, lo trata como si fuera malandro y todos se dan cuenta de eso, ******* no se detiene, no le interesa que ella sea su madre y por eso entiende que su hijo tiene miedo que le pueda causar un daño más grande. Además de que cuando se separaron ella lo agredió físicamente, pues llegó con la cara hinchada y a la mañana siguiente encontraron tirada su ropa en la calle. Asimismo, ******* siempre anda armada y se lleva el arma a su casa, lo cual sabe porque lo vio, además de que ******* le comentaba que la traía para cualquier "bronca", por lo que su hijo tenía temor de que en un enojo fuera capaz de dispararle. Así, a fin de evitar más problemas, la declarante es quien recoge a su nieta, sin que tenga algo personal en contra de ******* por ser la madre de su nieta; además de que entiende que quiera quedarse con la casa que habita, pero no es de su hijo, ella mando decir que le retiraba los cargos a su hijo si le dejaba la casa, pero dicho inmueble no es de su hijo, además de que se encuentra en juicio; ella le ha pedido a su hijo que la denuncie por todo lo que les ha hecho; asimismo, que en diciembre la declarante le hace fiesta a la virgen, y ******* le ha enviado a los ministeriales para quitarla, y cuando ella les pide que no lo hagan, los elementos le dicen que ya saben de parte de quién van y los quitan. A su otro hijo lo detuvieron los ministeriales y le quitaron su dinero, diciéndole que ya saben de parte de quién van. Por otra parte, que tiene temor de rendir declaración ante el Juez, incluso de su entrevista, porque ******* es capaz de enviarle a los ministeriales, pero no se quiere callar porque ******* ha amenazado con denunciar a su hijo por violación; desconociendo qué quiera, pues en una ocasión su hijo se fue a los Estados Unidos y hasta allá lo siguió para seguir maltratándolo y ahora lo quiere meter a la cárcel para que no esté con nadie más que no sea ella. Todo es con motivo de la otra mujer que embarazó y cuando le dijo que se quería ir, pero ella le dijo que lo perdonaba, pero él ya no quiso quedarse. Ahora bien, de un ponderado análisis de los datos de prueba expuestos por la Representación Social y la defensa, así como el medio de prueba desahogado en audiencia, se estima que la autoridad responsable actuó apegada a derecho, en cuanto a que son aptos y suficientes para establecer que se ha cometido el hecho determinado como delito de violencia familiar, así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, en tal sentido, la Juez de Control responsable consideró que con los datos de prueba expuestos por la agente del Ministerio Público y la defensa, además de la declaración de la testigo, (transcritos en párrafos precedentes), se presume acreditado el hecho que ley prevé como el delito precisado con antelación, y que se atribuye a *******. Lo anterior es así, pues puede advertirse claramente que la Juez de Control, al resolver la situación jurídica del quejoso *******, concretizó la imputación que la agente del Ministerio Público le atribuyó, precisando que el hecho que se le imputa es el que la ley describe como violencia familiar en el artículo 193 del Código Penal del Estado, el cual se describe como un acto abusivo de poder u omisión intencional, para dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, económica, patrimonial o sexual, sin importar si pasa dentro o fuera del domicilio familiar, sobre alguna persona con quien haya estado unida, puede ser por matrimonio, por alguno de los parentescos que reconoce la ley, tutela, curatela o como es el caso, con quién tenga o haya tenido alguna relación afectiva o sentimental de hecho, que es la unión libre que hubo entre ******* y *******. En esta misma línea, de manera acertada, la Juez de origen determinó que, con los datos de prueba aportados por la agente del Ministerio Público, contrastados con los argumentos de la defensa, la testimonial desahogada en audiencia y el dato de prueba aportado, ponen de relieve que se cometió el hecho que la ley establece como delito, así como ******* participó en su comisión, pues la víctima ******* señaló que cerca de las diecinueve horas con veinte minutos del nueve de marzo del presente año, llegó a su domicilio ubicado en *******, su expareja sentimental, con quién vivió en unión libre por tres años y medio y con quién tiene una hija en común de *******, quien la agredió. Continúa diciendo la Juzgadora del proceso, que lo expuesto por ******* se ve corroborado con lo que señalado por la doctora y la psicóloga que llevaron a cabo las valoraciones de la víctima, pues a dichas profesionistas les narró los hechos que denunció en los mismos términos precisados en su denuncia, así como que dicha agresión fue por parte del papá de su menor hija; encontrando la psicóloga una afectación emocional grave, por lo que debe recibir treinta y cinco sesiones de terapia; mientras que la doctora que la examinó, concluyó que presenta evidencias que alteraron su salud, a saber, hematomas, eritemas y presenta dolor. Concatenando a dichos datos de prueba, lo expuesto en sede ministerial y ante ese órgano jurisdiccional, por la ateste *******, pues relató que tuvo conocimiento de los hechos que se investigan por parte de su amiga *******; así como que es una situación normal que la gente acuda con su familia o con sus amigos y les cuente lo que está ocurriendo. De la misma manera desestimó las contradicciones a que hizo referencia la defensa, respecto a la hora y domicilio en donde se señaló ocurrieron los hechos; criterio que esta resolutora comparte; pues ******* fue enfática en señalar que si bien en una primigenia declaración que vertió en una diversa carpeta de investigación refirió desconocer donde se encontraba el domicilio de la víctima, ello fue debido a que sabía llegar, más no la ubicación; y por lo que hace a la hora en que ocurrieron los hechos -diecinueve horas con veinte minutos o diecinueve horas con cuarenta minutos-, del deposado ministerial de veinticinco de febrero del año que transcurre, se tiene que la ateste refirió que fue aproximadamente a las diecinueve horas con veinte minutos del nueve de marzo de dos mil veintiuno cuando recibió la llamada de ******* quien le informó sobre lo ocurrido, para más adelante, precisar que fue a las diecinueve horas con cuarenta minutos cuando recibió dicha llamada. Por tal motivo, se comparte lo considerado por la Juez de Control, pues dicha diferencia de veinte minutos en cuanto a la hora que señaló la testigo, no tiene el alcance de restarle valor a su declaración, máxime que en un primer momento indicó que fue aproximadamente a las diecinueve horas con veinte minutos cuando recibió la llamada. Hechos que, correctamente consideró la Juez, encuadran en el numeral 193 del Código Penal, por hechos acaecidos el nueve de marzo de dos mil veintiuno, conducta que se llevó a cabo de manera dolosa, de consumación instantánea y como autor material. En este mismo tenor, el quejoso aduce que la Juez realizó una inexacta valoración de los datos de prueba narrados por la Representación Social, ya que contrario a lo que refiere, el dicho de la víctima no se encuentra sustentado con las periciales en materia de psicología y medicina que le fueron practicados a la víctima; es infundado dicho concepto de violación, pues a efecto de evaluar a la víctima *******, en el dictamen psicológico de once de marzo de dos mil veinte, la licenciada *******, asentó la metodología aplicada, a saber, una entrevista directa a una observación clínica, una aplicación de criterios clínicos para diagnósticos especificados según la norma internacional, así como la aplicación de instrumentos psicológicos que versan en una entrevista semi estructurada para víctimas de maltrato, una escala de autoestima, un inventario de presión, una escala de ansiedad manifiesta en adultos, así como índice de efectividad del estrés, y un índice de violencia en la pareja y una escala de predicción de riesgo en la violencia grave contra la pareja; concluyendo que la víctima presenta afectación emocional grave, lo cual le ha generado un impacto psicológico teniendo un nivel grave de ansiedad y perturbación en su estado de ánimo con bajos índices de efectividad al estrés, predominando altos de violencia psicológica, lo que le ha provocado un malestar clínicamente significativo, mostrando deterioro a escala personal, familiar, laboral y social, e indica una marcada alteración en su funcionalidad, actividad y proyecto de vida, presentando la vulnerabilidad de la víctima una revictimización debido al riesgo alto de probabilidad de ocurrencia en el comportamiento violento; teniendo como recomendación treinta y cinco sesiones de terapia psicológica especializada con un costo de ochocientos pesos por cada una de ellas. De ahí que, dicho dictamen proyectivo se considere especialmente útil, pues de los datos de prueba aportados al sumario, destaca que la víctima le manifestó a la psicóloga haber sufrido violencia de género por su ex pareja sentimental, quien llevó a cabo los estudios necesarios a efecto de que aquélla expresara no sólo lo consciente, sino también, lo inconsciente; dato de prueba que sirvió a la Juez de Control para poder considerar las consecuencias psicológicas derivadas del delito que señala la víctima haber sufrido. Misma consideración se realiza por lo que refiere al dictamen en materia de medicina, en este sentido, el quejoso aduce que los golpes que señala ******* le fueron propinados, no son coincidentes con lo mencionado en la experticia en comento, pues en la formulación de la imputación la Fiscalía indicó que se le había golpeado con un puño, mientras que en el dictamen se asentó que la víctima refirió que fue con los puños; es infundado lo anterior, pues debe partirse de que en su declaración ministerial la víctima refiere que cuando ******* tocó a la puerta de su casa, ella la abrió solo un poco, pero éste intentó entrar por la fuerza, empujándola con las manos por los hombros de manera violenta, y una vez que ingresó al inmueble, la golpeó con el puño cerrado en el pecho del lado derecho, así como en la mano derecha. Mientras que en el informe médico y de lesiones de diez de marzo de dos mil veinte, elaborado por la perito médico legista, doctora *******, una vez que examinó a *******, concluyó que presenta en región de antebrazo derecho proceso inflamatorio con tres hematomas de color violáceo, de dos, tres y dos punto cinco centímetros, con dolor a palpación; en región pectoral derecha, eritema con proceso inflamatorio y dolor a la palpación; aumento de volumen en dorso de mano derecha y eritema violáceo con dolor a la movilidad de la mano derecha; siendo el origen de las lesiones, según el relato de la víctima, que el nueve de marzo su ex pareja sentimental llegó a su domicilio para agredirla con golpes con los puños, pegándole en tórax y brazo derecho; lesiones que no ponen en peligro la vida, tardan en sanar menos de quince días y no dejan consecuencias médico legales. En este contexto, lo referente a la que la víctima haya señalado que fue golpeada con el puño, mientras que en dictamen médico se asentó los puños -plural-, no tiene el alcance de restar valor al deposado de la víctima, pues por lo que hace al caso que nos ocupa dicha diferencia es mínima e irrelevante, máxime que del certificado de lesiones destaca que los hematomas, eritemas, procesos inflamatorios y aumento de volumen que presentó *******, se localizaron en la parte derecha de su antebrazo y región pectoral, lo cual es coincidente -no idéntico- como pretende hacer ver el quejoso, en su deposado. Finalmente, es infundado su concepto de violación, en el que el justiciable esgrime que la Juzgadora restó valor al dato de prueba aportado por su defensa, consistente en la declaración de su madre *******, pues resulta relevante que la declarante haya mencionado que a él le era imposible haberse presentado en el domicilio de la víctima en la hora en que fue agredida, pues dentro de ese horario se encontraba realizando otras actividades. Se arriba a dicha conclusión, pues con motivo de lo expuesto por la madre del imputado, en términos del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Juez ordenó dar vista al agente de Ministerio Público a fin de que se realice la investigación de hechos probablemente delictuosos; además, señaló que dicho deposado tenía el mismo valor otorgado a los datos de prueba aportados por la Fiscalía y con apoyo en la jurisprudencia con número de registro 2017728, de rubro auto de vinculación a proceso test de racionalidad que procede aplicar para el estudio de datos de prueba a partir de los cuales puede establecerse que se ha cometido un hecho imputado como delito, que los datos de prueba y medio de prueba desahogado en audiencia, y que fueron aportados por las partes, solo arrojaban la necesidad de llevar a cabo un eventual juicio oral, al no existir una verdad legal sobre los hechos investigados. De ahí lo infundado del argumento del quejoso, pues dicho dato de prueba sí fue valorado por la Juez de origen, incluso refirió que le merecía el mismo valor de los datos de prueba aportados por la Representación Social; además, de que con el dictado del auto de vinculación a proceso se pretende la formalización de la investigación y en él sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, es decir, en esa determinación se establece o fija la materia de la investigación y lo que eventualmente puede ser objeto de juicio. Asimismo, de acuerdo con los principios y reglas que imperan en el nuevo modelo de justicia penal, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se requiere la acreditación de los elementos del tipo penal ni del cuerpo del delito, sino que basta que existan un hecho con apariencia delito e indicios lógicos que presuman la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, para su dictado es innecesario que los datos de prueba examinados tengan alcance probatorio pleno, por ser sólo el sustento para la decisión de abrir o no una investigación formalizada o judicializada contra una persona, en la que, una vez cerrada y atendiendo a la teoría del caso del agente del Ministerio Público, éste puede acusar, sobreseer o suspender el proceso sin llegar a juicio; de ahí que si la Fiscalía cumplió con la carga procesal que le obliga a aportar datos que hagan probable la existencia de un hecho tipificado como delito y éstos son congruentes y consistentes, no se transgrede el principio de presunción de inocencia. Es aplicable la tesis 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, Materia Penal, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, de agosto de 2017, Tomo I, página 360, registro digital 2014800, que a la letra dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. De ahí que este Juzgadora considera acertado lo resuelto por la resolutora de origen, pues la Representación Social, en ejercicio de su quehacer investigador, llevó a cabo las actuaciones necesarias para aportar los datos de prueba que fueron valorados por la Juez de Control, a saber, las declaraciones de ******* y la testigo *******, que se ven corroboradas con las experticias llevadas a cabo por la perito médico legista ******* y la perito en psicología *******. Datos de prueba que son aptos y suficientes, para pronunciar el auto de vinculación a proceso en contra del justiciable por el hecho ilícito que se le imputa. Por tanto, la Juez de Control responsable consideró de manera correcta y justificada que esos datos de prueba, interpretados en su conjunto, resultaban idóneos por lo menos para esa etapa procesal, que se ha cometido el hecho tipificado por la norma penal como violencia familiar, previsto y sancionado en el artículo 193 del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de *******; y también que existe la probabilidad de que ******* lo cometió, atribuyéndole una participación de autor material y de comisión dolosa; ello, en el grado de probabilidad que es el estándar que exige el Código Nacional de Procedimientos Penales y por tanto son suficientes para que emitir un auto de vinculación a proceso, pues para ello ponderó, de manera preponderante, los deposados de la denunciante que conoció los hechos que expuso ante la agente del Ministerio Público, de manera directa, sin que se advierta que haya emitido su versión de los hechos con una finalidad distinta a la de hacer del conocimiento del ministerio público los hechos que le constaron, tampoco se advierte que haya sido con el afán de perjudicar al imputado, por lo que se desprenden indicios que permiten establecer la actualización de la conducta que se le reprocha. De ahí que sea dable colegir que, de acuerdo con la pretensión ministerial, es manifiesto que la conducta investigada se trata de un actuar doloso, en cuanto a que existen datos de que el sujeto activo actuó con conocimiento de los elementos del hecho con apariencia de delito, pues se advierte que conocía los elementos objetivos del hecho y no obstante quiso su realización. Así, los datos de prueba y medios de prueba se estiman correctamente ponderados por la Juez de Control, al haber sido considerados idóneos por ser actuaciones realizadas por personal en ejercicio de sus facultades legales, expresando detalles, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Igualmente, con base en las consideraciones expuestas, infundados como resultan los conceptos de violación y al no advertirse violación a los derechos humanos y sus garantías, en perjuicio del quejoso *******, y no observar deficiencia de queja que suplir, ni violación manifiesta de la ley generadora de indefensión, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *******, contra los actos que reclamó (auto de vinculación a proceso en el proceso penal *******) a la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos en esta ciudad, por los razonamientos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veinte de octubre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos se advierte que no se ha llevado a cabo el emplazamiento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; atento a ello se comisiona a la Actuaria Judicial de la adscripción a efecto de que se realice el mismo. En tal virtud, a fin de dar margen a que ocurra lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las nueve horas con veinte minutos del seis de octubre de dos mil veintiuno para su verificativo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano