Gilberto Hernández Hernández
Expediente 981/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 981/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Gilberto Hernández Hernández
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA. Al haber trascurrido la temporalidad prevista en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya impugnado dicho proveído, se declara que el mismo ha causado ESTADO. ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen. ...II
- Principal
...Pachuca de Soto, Hidalgo; tres de agosto de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Y EXPEDIENTE. Con la demanda promovida por Gilberto Hernández Hernández, contra un acto del Presidente y Jefe de Departamento de Catastro, ambos del municipio de Huejutla de Reyes, y Director General del Instituto Catastral, todos del Estado de Hidalgo. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno, con el número 981/2021-II-A. SE DESECHA LA DEMANDA. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito examinará el escrito de demanda y, si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo manifiesto e indudable de la causa de improcedencia debe entenderse como aquella circunstancia que se advierte de primera mano, claramente y sin mayor raciocinio, por lo que se genera la certeza de que, aun superadas las exigencias probatorias en el juicio de amparo, la causa de improcedencia pervive porque no puede ser desvirtuada. Los extremos apuntados están actualizados en el caso de nuestra atención, porque esta juzgadora considera que el juicio es improcedente contra los actos que se señalan como reclamados, porque la quejosa omitió observar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, en tanto que no agotó el medio de defensa que la ley que rige el acto reclamado prevé en su contra. En efecto, conforme al artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo1, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo en materia administrativa, consiste en la obligación de quien se considera agraviado con el acto de autoridad, de agotar todos y cada uno de los recursos, juicios o medios de defensa previstos en las leyes que rigen el acto reclamado, siempre que tengan por objeto modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Cabe señalar que dicha obligación se encuentra condicionada a que el sistema de recursos previsto en la ley secundaria no exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para suspender el acto impugnado, ni plazo mayor para el otorgamiento de la medida cautelar. El artículo transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para la suspensión en la Ley de Amparo. Es importante destacar que tal numeral hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley rectora del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, para conceder la suspensión de los actos, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, 1 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; previamente a la promoción del juicio de amparo, el quejoso deberá agotar ese medio de impugnación. Así, el principio de definitividad que rige el juicio de derechos fundamentales encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Por otra parte, también debe destacarse que en relación a las "leyes que rigen el acto", el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que son aquéllas que se encuentran estrechamente vinculadas con el mismo, porque establecen su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.3/2001 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73 FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA.- El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley." Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen lo actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo." Ahora bien, como se apuntó, en la especie el quejoso acude a esta instancia constitucional a impugnar: El oficio MHU/CAT/016/2021, por medio del cual "[.] se pretende dar un trato diferente, ya que se refiere a un trámite de carácter administrativo al negar el avalúo catastral y el plano de una fracción, de un predio que desde el año de mil novecientos ochenta y cuatro al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, cuenta con setenta y seis traslados de dominio, en los cuales no se les hizo negativa o requerimiento alguno, como el que en esta ocasión se me exige en el oficio en comento, contradictoriamente me solicitan autorización de fraccionamiento, por exceder 7 fracciones, cuando se realizaron más 76 tramites de avaluó catastral como ha quedado de manifiesto en el mismo oficio de contestación". Respecto de los antecedentes de los actos reclamados, el quejoso refiere que: "El seis de abril de la presente anualidad, el quejoso llevó a cabo un contrato de compraventa respecto de una fracción del predio semiurbano ubicado en barrio arriba, actualmente en calle Enrique Lara Sánchez, sin número, colonia Desiré San Román, Huejutla de Reyes Hidalgo, con Alicia Ramírez de Martínez. Posteriormente el quince de abril del presente año realizó la solicitud de avaluó catastral y plano ante el departamento de catastro Municipal de Huejutla de Reyes, Hidalgo, para darle formalidad al trámite de escritura a su favor, de la cual le negaron dicha solicitud que obra bajo su resguardo, toda vez que no me quisieron firmar de recibido, sin darle una respuesta fundada y motivada como lo establecen las la leyes adjetivas de la materia. Posteriormente el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, el quejoso solicitó por escrito al jefe de departamento de Catastro Municipal de Huejutla de Reyes, Hidalgo C.P. Mario Alberto Aquino Vera, una contestación fundada y motivada legalmente el motivo por el cual me estaban negando dicha solicitud, haciendo caso omiso, causándome perjuicios a mi persona y patrimonio. El veinticinco de junio pasado, recurrió al recurso de queja antes de solicitar por escrito la intervención de Julia Cruz Hernández, jefa del área de contraloría del municipio de Huejutla de Reyes Hidalgo, toda vez que nunca recibió respuesta a su solicitud en el área de catastro a cargo del servidor público C.P. Mario Alberto Aquino Vera, jefe de departamento de Catastro Municipal del mismo Municipio, en vista que solo de propia voz le manifestó que no podía realizarme dicho trámite y que el área jurídica del Ayuntamiento de Huejutla de Reyes, Hidalgo se hace cargo de la contestación. Fue hasta en fecha de quince de julio actual, que fue notificado personalmente por la Lic. Julia Cruz Hernández, jefa de área de contraloría, entregándome la contestación por el escrito signado por el jefe de departamento de catastro C.P. Mario Alberto Aquino Vera, del Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, respuesta que le fue entregada fuera de los plazos y términos que establecen las layes adjetivas en la materia. En dicha contestación manifestaron que no era posible expedirme el avalúo catastral y plano toda vez que me solicitaban un permiso de fraccionamiento, causándome un agravio a mi persona y patrimonio en vista que desde el año de mil novecientos ochenta y cuatro al treinta y uno de diciembre de dos mil vente, cuenta con setenta y seis traslados de dominio, en los cuales no se les hizo requerimiento alguno, lo cual es de hacer notar a esta honorable autoridad que la resolución emitida por el jefe de departamento de catastro C.P. Mario Alberto Aquino Vera, vulnera flagrantemente mis derechos humanos y mis Garantías Individuales, dejándome en estado de indefensión. En esa tesitura, la suscrita estima que, el quejoso tiene a su alcance el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo. Ello en atención a que los artículos 80, 81 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, así como 1 y 81 de la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo, establecen: Artículo 80. De conformidad con los Artículos 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 1 y 2 inciso a) fracción II, de esta Ley, la justicia fiscal, administrativa y de responsabilidades administrativas, se impartirá por el Tribunal de Justicia Administrativa con jurisdicción en toda la Entidad y con residencia en la Ciudad de Pachuca de Soto. Artículo 81. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, es un órgano de control de legalidad, con plena autonomía para dictar sus resoluciones e imperio para hacerlas cumplir. Artículo 82. Corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa dirimir las controversias que se susciten en materia fiscal y administrativa entre los particulares y la Administración Pública Estatal, Municipal y Organismos Descentralizados con funciones de autoridad. Además, conocerá de las acciones de responsabilidad y aplicará las sanciones por faltas administrativas calificadas como graves cometidas por servidores públicos y particulares vinculados con éstas, promovidas por los órganos internos de control estatal y municipal, o la Auditoría Superior del Estado. En ningún caso el Tribunal podrá sustituir a la autoridad administrativa. Ley Estatal del Procedimiento Administrativo. Artículo 1. La presente Ley, es de orden e interés público y se aplicará a los actos, omisiones, procedimientos y resoluciones de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal. El presente Ordenamiento también se aplicará a los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Paraestatal, respecto a sus actos de autoridad y a los contratos que los particulares puedan celebrar con dichos Organismos. Artículo 81. El afectado por las resoluciones administrativas, podrá optar entre interponer el recurso de revisión o promover juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal Administrativo del Poder Judicial del Estado. Para acudir ante Tribunal Fiscal Administrativo, cuando se haya interpuesto un recurso, será requisito su previo desistimiento. Resuelto el recurso de revisión, el afectado podrá acudir en juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal Administrativo. De acuerdo al contenido de los anteriores preceptos, se advierte que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo es el facultado para dirimir las controversias que se susciten en materia fiscal y administrativa entre la administración pública estatal, municipal y los organismos descentralizados y los particulares. Además, la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo es aplicable a los actos, omisiones, procedimientos y resoluciones de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, siendo que el afectado por las resoluciones administrativas que dicten dichas autoridades, podrá interponer el recurso de revisión o promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal Administrativo. Ahora bien, es importante mencionar que el juicio de nulidad debe agotarse, porque la expresión "podrá" contenida en el tercer párrafo del artículo que se analiza, debe entenderse como obligatoriedad, pues en el ámbito legislativo el verbo "poder" no necesariamente tiene el significado de discrecionalidad, alternatividad u opción sino que, en ocasiones, como en el caso, se utiliza en el sentido connotativo de "obligatoriedad", pues en tal hipótesis se entiende como un deber, ya que de no ejercer la facultad impugnativa, tiene efectos preclusivos y de consentimiento del acto que pudo ser cuestionado. Cobra aplicación al caso por analogía la jurisprudencia XX.1o. J/48, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Agosto de 1997, página 598, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. PARA ESTAR EN APTITUD DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, LA QUEJOSA DEBE AGOTAR EL JUICIO DE NULIDAD AUN CUANDO HAYA HECHO VALER EN RECURSO DE RECONSIDERACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). La Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, en sus artículos primero y tercero, da la opción a la interesada para interponer el recurso de reconsideración ante la misma autoridad que dictó la resolución administrativa reclamada, antes de acudir al juicio de nulidad; pero de cualquier manera, si se opta por este recurso, una vez resuelto en contra de la quejosa, tiene que controvertir la resolución en comento a través del juicio de nulidad a que se ha hecho referencia, que constituye un medio de defensa legal por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama, habida cuenta de que dicha ley estatuye la suspensión del acto en forma semejante a la que establece el ordenamiento regulador del juicio de amparo; por tanto, si la quejosa hizo valer el recurso de reconsideración, debió agotar el juicio de nulidad ya citado para estar en aptitud de acudir al juicio de garantías; caso contrario, éste resulta improcedente". Por otra parte, los artículos 35, 36 y 39 de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo prevén: "Artículo 35. La suspensión de los actos impugnados, podrá concederse en el mismo auto en que se admita la demanda para su cumplimiento". "Artículo 36. La suspensión podrá solicitarla el actor en cualquier momento del juicio y tendrá por efecto, el mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncia sentencia. No se concederá la suspensión, si se sigue perjuicio al interés social, se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. (.)" "Artículo 39. Tratándose de multas, impuestos, derechos y créditos fiscales se concederá la suspensión si quien la solicita, garantiza su importe ante la autoridad fiscal correspondiente, en alguna de las formas siguientes: I. En efectivo; II. Fianza de compañía autorizada o de persona que acredite su solvencia con bienes raíces inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; III. Prenda; IV. Hipoteca; V. Embargo de bienes; o VI. Procedimientos administrativos de ejecución". Como se ve, la ley que rige al juicio de nulidad no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, pues aquella legislación establece que la medida cautelar puede concederse en el mismo auto que admite la demanda y para ello, sólo debe solicitarla el actor del juicio de nulidad que se promueve ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público o se deje sin materia el juicio. Y cuando se trate de créditos fiscales, la suspensión se concederá cuando quien lo solicita, garantiza su importe ante la autoridad fiscal correspondiente. Así, los mencionados requisitos no son mayores que los previstos por los artículos 128 y 135 de la Ley de Amparo, este último tratándose de créditos fiscales. Por lo que no se actualiza la diversa excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Todo lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 115/99, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 448 de rubro y texto siguientes: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo". Por tanto, los actos que el quejoso pretende reclamar en este juicio son susceptibles de impugnarse a través del juicio de nulidad antes mencionados, antes de acudir al amparo. Sin que sea óbice a la anterior conclusión el hecho de que el juicio de nulidad se encuentre previsto en ordenamiento legal diverso a aquel en cuya emisión se fundó la responsable para dictarlo, pues para la actualización de la causa de improcedencia en estudio basta con que en alguna ley formal y material, se prevenga de manera directa e inmediata la interposición de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 116/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 447, Tomo X, correspondiente al mes de Octubre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los aludidos medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular". No pasa inadvertido para la suscrita que el quejoso señala que el acto reclamado viola los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, también es cierto que en el caso, el acto reclamado se funda en normas secundarias, lo que implica que para el análisis de la cuestión planteada se requiere realizar un estudio sobre legalidad y no de constitucionalidad de manera exclusiva; de ahí que el peticionario de amparo debió agotar, previamente a la promoción de la presente demanda de amparo, el medio ordinario de defensa previsto en la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo, ya que de otro modo bastaría involucrar en la demanda de amparo la violación de un precepto constitucional para eludir el agotamiento de los recursos ordinarios, desvirtuándose así el requisito de definitividad que debe tener el acto reclamado en el juicio constitucional. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 675 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, Parte TCC, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. CUANDO DEBEN AGOTARSE AUNQUE SE RECLAME LA VIOLACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL. No hace procedente el juicio de garantías el hecho de que la quejosa en su demanda invoque, entre otros, el concepto de violación de carácter formal relativo a la carencia de fundamento y motivación de los actos reclamados, porque aun cuando es indiscutible que la violación directa de un precepto constitucional motiva el juicio de amparo por ser la vía constitucionalmente idónea para reclamarla, ello ocurre cuando se reclama exclusivamente esa violación, pero no cuando en los conceptos de violación se reclaman también infracciones a las leyes ordinarias, porque entonces la materia litigiosa se contrae a una cuestión de legalidad y por tal razón debe acudirse al medio ordinario de defensa, ya que de otro modo bastaría involucrar en la demanda de amparo la violación de un precepto constitucional para eludir el agotamiento de los recursos ordinarios, desvirtuándose así el requisito de definitividad que debe tener el acto reclamado en el juicio constitucional". Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 540 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo III, Parte TCC, cuyo texto y rubro dicen: "RECURSOS ORDINARIOS. VIOLACIONES DIRECTAS Y VIOLACIONES INDIRECTAS DE LA CONSTITUCIÓN. Este Tribunal Colegiado estima que puede promoverse en forma inmediata el juicio de garantías, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, pero solamente cuando se plantea exclusivamente ese tipo de violaciones, y no así cuando se hacen valer al mismo tiempo en la demanda de garantías, violaciones directas e indirectas a la Carta Magna. Lo anterior, porque sólo en el primer caso se configura una excepción a la regla contenida en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad en el juicio de garantías, habida cuenta de que el agraviado sólo puede atacar adecuadamente la resolución respectivamente ante el juez de amparo, pues no resultaría igualmente eficaz plantear esas conculcaciones directas al pacto federal en los recursos ordinarios, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación. En cambio, si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Constitución, no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de garantías, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al juez del amparo; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar el proveído recurrido, porque de todas maneras al fallarse el recurso, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto reclamado quedará sin efecto y resultará por tanto innecesario que se estudien aquellas violaciones directas a la Constitución. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad que consagra el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución, para hacer procedente el juicio de garantías, obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Se estima además, que no resultaría jurídico, cuando se plantean en la misma demanda de garantías violaciones constitucionales directas e indirectas, analizar únicamente las primeras y omitir el estudio de las segundas, porque no puede fraccionarse la procedencia del juicio de garantías. El juicio constitucional procede porque se configura un excepción a la regla contenida en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, o bien es improcedente conforme a dicha regla; pero no puede aceptarse que el amparo proceda sólo respecto a determinados conceptos de violación y resulte improcedente en lo que ve a otros". Además, resulta aplicable la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, consultable en la página 649, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto dicen: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO SI EL ACTO COMBATIDO SE APOYA EN LEYES SECUNDARIAS AUNQUE SOLO SE HAGAN VALER VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. Si de la lectura del oficio que contiene el acto combatido se aprecia que la responsable ordenadora apoya su proceder en diversos preceptos de leyes secundarias, no basta que el particular haga valer únicamente violaciones directas a la Constitución Federal para estimar que no está obligado a agotar previamente los recursos ordinarios previstos por aquellas leyes, cuando así proceda legalmente; pues ello significaría que, en estos casos, se deje a su libre albedrío decidir si los agota o no; lo que sólo compete a los órganos de control constitucional". Asimismo, tiene aplicación, a contrario sensu, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 104, Tomo III, Parte SCJN, del Apéndice de 1917-1995, cuyo texto literal dice: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca". En tales condiciones, si el principio de definitividad consagrado en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, estriba en que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso, juicio o medio de defensa alguno, de modo que al contemplarse en la referida Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, contra actos previstos en la citada ley orgánica, debe estimarse que el acto impugnado puede ser modificado o revocado, según lo que se resuelva en el juicio contencioso administrativo que ante éste se instaure, lo que hace improcedente el juicio de amparo, actualizándose la causal prevista en la fracción XX, del artículo 61, del citado ordenamiento legal. Por tanto, se reitera, si en el caso a estudio el quejoso no observó el principio de definitividad, al no actualizarse ningún supuesto de excepción, tal circunstancia genera la improcedencia del presente juicio, de acuerdo con lo razonado en esta determinación. En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia aludida, de ahí que lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo presentada por Gilberto Hernández Hernández. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Se tiene como tal el ubicado en avenida Gabriel Mancera número 204, fraccionamiento Punta Azul, en Pachuca de Soto, Hidalgo. Se tienen como autorizados para recibir notificaciones a Jorge Villalobos Badillo, Jonathan Reynoso Hernández, Roberto García Fernández, Yarid Uriel Revoreda Velázquez, Alfredo Piña Hernández y Aldo Uriel Martínez Manríquez. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. MEDIOS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN NO PROCESAL CON LAS PARTES. Por certeza jurídica las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, ya sea correo electrónico o número telefónico, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza tanto al promovente como a su autorizada el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, a efecto de imponerse para oír y recibir notificaciones de los acuerdos dictados en el presente juicio. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; d) solicitud de copias. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo.-. M-II
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