Gilberto Emanuel Valencia Mata
Expediente 946/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 946/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Gilberto Emanuel Valencia Mata
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación secretarial, se advierte que ha fenecido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera recurso de revisión en contra del auto de veinticinco de agosto del año en curso por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia; con apoyo en los artículos 2 y 86 de la Ley de Amparo, así como 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívense el presente juicio. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al tratarse de un juicio en el se sobreseyó fuera de audiencia constitucional...VI
- Principal
...Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. INFORME JUSTIFICADO. Téngase al agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Número I de la Coordinación de Investigación y Recuperación de Vehículos Robados de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, rindiendo su informe justificado. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. De las constancias remitidas por dichas autoridades se advierte que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional, toda vez que sobreviene una causal de improcedencia, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, en consecuencia se decreta fuera de audiencia el sobreseimiento en el presente asunto. Lo anterior, porque los efectos de la omisión reclamada han cesado. En efecto el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.) Dicho precepto pone de manifiesto que el juicio de amparo deviene improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado; es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso. Para que se actualicen los presupuestos de esta causal de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable; puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al amparista en el goce de sus derechos violados; por lo cual, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido si el acto jamás hubiera nacido. Así, puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al impetrante en el goce de los derechos violados. En ese orden de ideas, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de derechos fundamentales, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, cuyos rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, una vez analizados todos los datos que se desprenden de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente sumario, se advierte que el quejoso solicitó la protección de la Justicia Federal, contra un acto del agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Número I de la Coordinación de Investigación y Recuperación de Vehículos Robados de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, a quien atribuyó: La falta de respuesta al escrito ingresado el uno de julio del año en curso en la oficialía de partes, respecto de la carpeta de investigación con número único de caso 12- 2020-7704, relativa a la designación de defensores y solicitud de copias. Sin embargo, del contenido de las constancias recibidas en esta data, se advierte que el doce de julio del año en curso, el agente del Ministerio Público responsable emitió un acuerdo dentro de la carpeta de investigación 12-2020-7704, en el cual tuvo al quejoso Gilberto Emmanuel Valencia Mata, señalando defensores particulares, correo electrónico para notificaciones y acordó se le expidieran las copias auténticas solicitadas. Asimismo, se desprende que dicha determinación fue notificada a través del correo electrónico proporcionado el trece de agosto del año en curso, esto es, durante la tramitación del presente juicio. Esto es, el impetrante, al incoar el juicio constitucional, lo hizo por considerar que la omisión era violatoria de derechos; sin embargo, la omisión reclamada dejó de existir, toda vez que la responsable dictó la resolución correspondiente, la cual le fue notificada posteriormente a la parte quejosa. De ahí que se considere que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es aplicable en la especie la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, que establece: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la ley de Amparo. Dicho de otro modo, es evidente que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que se persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus consecuencias jurídicas; por ello, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada dado que ya no está surtiendo sus efectos y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, se pone de relieve la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta manifiesta e indudable, en tanto que, no obstante que se continuara con el procedimiento y se celebrara la audiencia constitucional, no resultaría factible formarse una convicción diversa; ello con independencia de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por contradicción de tesis 26/2002-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los supuestos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En estas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales. Finalmente, se deja sin efecto las diez horas con dieciocho minutos del diez de septiembre de dos ml veintiuno, fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. LA AUTORIDAD PROPORCIONA USUARIO. Finalmente, se tiene a la referida autoridad proporcionando el usuario AMPAROSPGJEH para la consulta del expediente electrónico que derive de este juicio.-. M-VI
- Principal
Previo CITATORIO dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte QUEJOSA y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el/la auto/resolución de VEINTICINCO de AGOSTO de 2021, en el/la que se determinó:...Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. INFORME JUSTIFICADO. Téngase al agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Número I de la Coordinación de Investigación y Recuperación de Vehículos Robados de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, rindiendo su informe justificado. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. De las constancias remitidas por dichas autoridades se advierte que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional, toda vez que sobreviene una causal de improcedencia, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, en consecuencia se decreta fuera de audiencia el sobreseimiento en el presente asunto. Lo anterior, porque los efectos de la omisión reclamada han cesado. En efecto el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.) Dicho precepto pone de manifiesto que el juicio de amparo deviene improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado; es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso. Para que se actualicen los presupuestos de esta causal de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable; puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al amparista en el goce de sus derechos violados; por lo cual, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido si el acto jamás hubiera nacido. Así, puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al impetrante en el goce de los derechos violados. En ese orden de ideas, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de derechos fundamentales, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, cuyos rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, una vez analizados todos los datos que se desprenden de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente sumario, se advierte que el quejoso solicitó la protección de la Justicia Federal, contra un acto del agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Número I de la Coordinación de Investigación y Recuperación de Vehículos Robados de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, a quien atribuyó: La falta de respuesta al escrito ingresado el uno de julio del año en curso en la oficialía de partes, respecto de la carpeta de investigación con número único de caso 12- 2020-7704, relativa a la designación de defensores y solicitud de copias. Sin embargo, del contenido de las constancias recibidas en esta data, se advierte que el doce de julio del año en curso, el agente del Ministerio Público responsable emitió un acuerdo dentro de la carpeta de investigación 12-2020-7704, en el cual tuvo al quejoso Gilberto Emmanuel Valencia Mata, señalando defensores particulares, correo electrónico para notificaciones y acordó se le expidieran las copias auténticas solicitadas. Asimismo, se desprende que dicha determinación fue notificada a través del correo electrónico proporcionado el trece de agosto del año en curso, esto es, durante la tramitación del presente juicio. Esto es, el impetrante, al incoar el juicio constitucional, lo hizo por considerar que la omisión era violatoria de derechos; sin embargo, la omisión reclamada dejó de existir, toda vez que la responsable dictó la resolución correspondiente, la cual le fue notificada posteriormente a la parte quejosa. De ahí que se considere que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es aplicable en la especie la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, que establece: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la ley de Amparo. Dicho de otro modo, es evidente que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que se persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus consecuencias jurídicas; por ello, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada dado que ya no está surtiendo sus efectos y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, se pone de relieve la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta manifiesta e indudable, en tanto que, no obstante que se continuara con el procedimiento y se celebrara la audiencia constitucional, no resultaría factible formarse una convicción diversa; ello con independencia de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por contradicción de tesis 26/2002-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los supuestos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En estas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales. Finalmente, se deja sin efecto las diez horas con dieciocho minutos del diez de septiembre de dos ml veintiuno, fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. LA AUTORIDAD PROPORCIONA USUARIO. Finalmente, se tiene a la referida autoridad proporcionando el usuario AMPAROSPGJEH para la consulta del expediente electrónico que derive de este juicio...VI
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SE DIFIERE AUDIENCIA INCIDENTAL. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que aún no obra agregado el informe previo del agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda Investigadora Tula, de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República, Delegación Estatal Hidalgo, con residencia en Tula de Allende, ni el acuse postal de recibo que ampare la entrega del oficio por medio del cual le fue requerido. En consecuencia, con fundamento en el artículo 141 de la ley de la materia, procede diferir la audiencia incidental programada para esta fecha, fijándose en su lugar las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del cinco de agosto de dos mil veintiuno para su celebración...M-IV
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