Gilberto Galindo Matamoros

Expediente 183/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
183/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
18/10/2021

Partes del expediente

  • Gilberto Galindo Matamoros y Otros.
  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero
  • Gilberto Galindo Matamoros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto que sobresee fuera de audiencia, ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Glósese a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual remite copias certificadas, autorizadas y en orden cronológico de la totalidad de las actuaciones de las cuales deriven los actos reclamados del expediente laboral 782/2018; consecuentemente, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, de las que se desprende la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, como se analiza enseguida. De conformidad con lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 10/2003, con Registro digital: 184572, desde este momento es procedente analizar las causales de improcedencia, como se lee de lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."1 Ahora, con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo2 , el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto3 . Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: i. La omisión de emitir el auto admisorio de pruebas dentro del juicio laboral 782/2018. La precisión del acto reclamado es congruente con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 1 Novena Época. Materias(s): Común. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386. 2 "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.)" 3 Apoya lo anterior la tesis P. VI/2004, Novena Época, registro 181810, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, p. 255, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". la Nación al resolver el recurso de inconformidad 282/2013, en donde determinó que el cumplimiento de las sentencias del juicio de amparo debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procesal en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral. En ese sentido, para que la autoridad responsable continúe con la siguiente etapa del juicio de origen y pueda ser de análisis mediante el juicio de amparo (lo que el quejoso manifiesta como "omisión de realizar los acto procesales para la conclusión del juicio, hasta la cumplimentación del laudo"), es necesario atender, primero, lo relativo a la emisión del auto admisorio por ser la etapa procesal en que se encuentra el procedimiento laboral 782/2018. Es aplicable la tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013."4 4 Época: Décima Época. Registro: 2005150. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I. Materia(s): Común. Página: 732. Entonces, de las documentales remitidas por la autoridad responsable, las cuales tiene valor probatorio pleno conforme al contenido de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo5 , de las que se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, 5 Décima Época. Registro: 2004362. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1. Materia(s): Común, Penal. Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.). Página: 703. "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal."6 En el caso, el quejoso reclama la omisión de emitir el auto admisorio de pruebas dentro del juicio laboral 782/2018. De las constancias remitidas por el presidente laboral, se advierte que la autoridad responsable en audiencia de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve se reservó su facultad de dictar el auto admisorio de pruebas. No obstante, en auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno dentro del procedimiento laboral señalado por el quejoso se emitió el auto admisorio de pruebas. . Por tanto, la omisión reclamada del tribunal responsable, cesó en sus efectos, porque el veintitrés de septiembre del año en curso se emitió el auto admisorio de pruebas que reclama el quejoso. Ello trae como consecuencia que los efectos del acto reclamado han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, en virtud que, la omisión reclamada dejó de existir al haberse realizado lo aquí reclamado por el quejoso, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. 6 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, junio de 1999, materia común, página 38, registro: 193758. Entonces, al quedar acreditado de manera manifiesta e indudable la cesación de efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA en los autos del presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En las narradas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las diez horas con veinticinco minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por último, indíquese a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, que en atención a su solicitud, se le dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que estime conveniente. Notifíquese; y personalmente a las parte

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, de lo que se advierte que no es posible llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día en el presente juicio de amparo, en virtud de que se encuentra transcurriendo el plazo otorgado en auto de tres de agosto de dos mil veintiuno, para que la autoridad señalada como responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, remita copias certificadas legibles, autorizadas y en orden cronológico de la totalidad de las actuaciones de las cuales deriven los actos reclamados; toda vez que resultan necesarias para estar en aptitud de resolver el juicio de amparo en que se actúa. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, tres de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, de lo que se advierte que no es posible llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día en el presente juicio de amparo, en virtud conforme a la razón levantada por el actuario adscrito a ese juzgado, se tuvo por hecha la notificación de los oficios números 8007/2020 y 532/2021, mediante los cuales se notificó a la autoridad señalada como responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, la reanudación del presente asunto ordenada el cinco de agosto de dos mil veinte y trece de enero de dos mil veintiuno, respectivamente; sin embargo, la citada autoridad responsable a la fecha no ha remitido las constancias que le fueron requeridas mediante oficio 5830/2020 de doce de marzo de dos mil veinte. Por tanto, no obstante lo anterior y dado que la citada responsable fue omisa en rendir su informe justificado, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, para que en termino de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copias certificadas legibles, autorizadas y en orden cronológico de la totalidad de las actuaciones de las cuales deriven los actos reclamados, que se hacen consistir en: ".la inactividad procesal, la omisión de dictar acto (sic) admisorio de pruebas, y/o la falta y la omisión de realizar los actos procesales necesarios para la conclusión del juicio, hasta la cumplimentación del laudo dentro del expediente laboral número 782/2018." Toda vez que las mismas resultan necesarias para estar en aptitud de resolver el juicio de amparo en que se actúa. Por tanto, se apercibe a Miriam Cortés Cisneros, en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que asciende a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional); lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, 238 y 259 de la Ley de Amparo. En consecuencia, para dar margen a lo anterior la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Finalmente, no pasa inadvertido que mediante circulares de nueve de julio de dos mil veintiuno y veintinueve de julio siguiente, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado hizo del conocimiento que la autoridad responsable suspendió e inhabilitó los términos procesales del nueve al dieciséis de julio y del dos al treinta y uno de agosto; sin embargo, tal circunstancia carece de trascendencia para el cómputo del término legal de tres días que prevé el artículo 192 de la Ley de Amparo para que de cumplimiento al fallo protector. Para evidenciar lo anterior y a efecto de realizar un estudio atingente, en primer término, se considera pertinente destacar que los artículos 19, 22, 26, fracción II, 28, fracción I, 31, fracción I y 192, de la ley de la materia, sobre lo que interesa, establecen lo siguiente: "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." "Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento. Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva." "Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: (.) II. Por oficio: a) A la autoridad responsable, salvo que se trate de la primera notificación a un particular señalado como tal, en cuyo caso se observará lo establecido en el inciso b) de la fracción I del presente artículo; b) A la autoridad que tenga el carácter de tercero interesado; y c) Al Ministerio Público de la Federación en el caso de amparo contra normas generales. (.)" "Artículo 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes: I. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, un empleado hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente. Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; (.)" "Artículo 31. Las notificaciones surtirán sus efectos conforme a las siguientes reglas: I. Las que correspondan a las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, desde el momento en que hayan quedado legalmente hechas; Cuando el oficio que contenga el auto o resolución que se debe notificar se envíe por correo y no se trate de la suspensión, en la fecha que conste en el acuse de recibo, siempre y cuando sea un día hábil. En caso contrario, a la primera hora del día hábil siguiente; (.)" "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga." La interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, permite establecer que en los juicios de amparo el cómputo de los términos comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación; se incluirá en ellos el día del vencimiento, se contarán por días naturales, con exclusión de los inhábiles. No se computarán dentro de los términos, los días hábiles en que se hubiesen suspendido las labores del juzgado o tribunal en que se trámite el juicio de amparo. En los juicios de amparo de la competencia de los Juzgados de Distrito, las notificaciones se harán a las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, por medio de oficio que deberá entregarse en el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, en el entendido de que si existe una negativa a recibir el oficio se tendrá por hecha la notificación encomendada. También se advierte que la notificación así practicada surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, o bien, desde el momento en que se tenga por hecha por parte del actuario correspondiente; por otro lado, el plazo de tres días con el que cuenta la autoridad responsable para cumplir con la ejecutoria, previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, empezará a contar desde el siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído. Al respecto, cabe señalar que teniendo en consideración que del texto relacionado de los artículos 19 y 192 de la Ley de Amparo, se destaca que el término de tres días con el que cuenta la autoridad responsable para cumplir con la ejecutoria de amparo, sólo se computarán los días hábiles de las labores del Juzgado en donde deberá presentarse dicho libelo y, por consiguiente, no se computarán para ese efecto los días en los cuales se suspenden las labores del Juzgado de Distrito correspondiente. Por tanto, la suspensión de labores decretada por la autoridad responsable, por lo que hace del dos al treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, no interrumpe el término con el que cuenta para cumplir con la ejecutoria, en atención a que conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley de la materia son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los stos en el propio precepto, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, en la especie, el Juzgado de Distrito respectivo. Asimismo, debe decirse que la suspensión de mérito carece de trascendencia para el cómputo del término legal que señala el artículo 192 de la Ley de Amparo para cumplir con la ejecutoria, pues conforme al marco normativo que rige al juicio de amparo, la suspensión temporal de labores de las autoridades, no es un componente previsto en las citadas normas, de lo que se colige que no suspende el aludido término, pues no debe soslayarse que durante la suspensión de labores en comento, el Tribunal de Conciliación del Estado no dejó de laborar ni cerró sus puertas, a diferencia de su periodo vacacional; tan es así, que en las propias circulares signadas por su Presidenta, se ordena continuar con un sistema de guardias para atención al público, lo que evidencia que tiene la infraestructura necesaria para contar con personal de guardia capacitado tanto para la recepción de notificaciones, como para el cumplimiento que la Ley de Amparo le impone con motivo de la substanciación de un juicio de garantías en el que figura como autoridad responsable. Se cita para apoyar consideraciones expuestas, la tesis III.1o.A.150 A emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Materia Administrativa, página 3178, registro 166288, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA INTERRUPCIÓN DE LAS LABORES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN VIRTUD DE DISFRUTAR DE UN DESCANSO TEMPORAL (VACACIONES), NO SUSPENDE EL TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DE DICHO RECURSO. Del análisis sistemático de los artículos 24, 26, 28, fracción I, 33, 34, fracción I, 83, fracción IV y 86 de la Ley de Amparo, relativos a la regulación de las notificaciones y término para la interposición del recurso de revisión en el juicio de garantías indirecto, se advierte que la interrupción de las labores de la autoridad responsable, en virtud de disfrutar de un descanso temporal (vacaciones), no es un componente previsto en las citadas normas, de lo que se colige que no suspende el aludido término, pues ésta, como parte integrante de la organización estatal, tiene la infraestructura necesaria para contar con personal de guardia capacitado o comisiones de receso, encargados de la recepción de notificaciones y, en su caso, de la presentación de los medios de impugnación que se requieran, precisamente en tales lapsos de descanso. Además, en atención al principio de paridad procesal que debe regir entre las partes, el quejoso o tercero perjudicado, como particulares, tendrían desventaja, si únicamente a la autoridad disconforme se le descontara del plazo legal para la interposición de los medios de defensa, el tiempo en que esté de vacaciones, pues ese beneficio no podría ser alegado por aquéllos, precisamente por no existir disposición jurídica que así lo permita." De igual forma, no debe soslayarse que la Constitución dispone, en sus artículos 103 y 107, que el juicio de amparo se reglamenta a través de una ley emitida por el Congreso de la Unión, por tanto, las legislaturas de los Estados como las autoridades pertenecientes a éstos, como en la especie sucede con el Tribunal de Conciliación, no tienen competencia para regular el juicio de amparo; de aceptarse el criterio propuesto, se llegaría al absurdo de reconocer que el Tribunal Burocrático del Estado de Guerrero tiene competencias legislativas para reglamentar los cómputos de los plazos en el juicio de amparo, lo que sin duda conformaría una falasia de falsa autoridad,en la medida de que nuestra Constitución Federal no faculta a un órgano laboral local para regular o reglamentar los términos procesales que rigen en el juicio de amparo. Además, permitir que los Estados y, en su caso, las autoridades responsables regulen las reglas sobre los días hábiles aplicables en su perjuicio, diluiría el valor normativo del juicio de amparo como un medio de control constitucional. Los plazos en el juicio de amparo conforman una garantía orgánica del derecho de acceso a la justicia en sede constitucional, ya que los justiciables tienen la certeza de que dichos plazos son aquellos que condicionarán el tiempo de resolución de un juicio; sin embargo, si cualquier autoridad responsable se entiende habilitada para alterar los plazos del juicio de amparo mediante la regulación de los días hábiles, ello le daría un poder a los órganos controlados de postergar, a su conveniencia, la resolución de un medio de control. No sucede lo mismo con el periodo vacacional de la autoridad responsable, pues en este supuesto, resulta inconcuso que no pudo actuar materialmente al no trabajar, habida cuenta que se trata de un período de receso en el no se puede ni siquiera entregar una notificación al encontrarse cerrado al público el edificio correspondiente. La jurisprudencia 2ª./J. 9/2018 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL ACTO RECLAMADO DERIVE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO LLEVADO EN FORMA DE JUICIO.", no resulta aplicable al caso, pues basta su lectura, para advertir que la misma se refiere al término con el que cuentan los quejosos para promover una demanda de amparo indirecto; empero, sin que de la misma se desprenda que la autoridad responsable está facultada para suspender los términos procesales que rigen en el trámite de un juicio que no es su competencia conocer. Máxime, que la teolología de ese criterio jurídico deriva del hecho relativo a que el término para la promoción de una de manda de amparo conforma un derecho de los particulares en aras de potencializar el derecho con el que cuenta sin inherente al acceso a la justicia a que se contrae el artículo 17 Constitucional, de lo que deriva, por exclusión que la precitada prerrogativa no puede hacerse extensiva a las autoridades responsables, cuando tal extremo conllevaría a generar un desequilibrio procesal entre las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

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