Gilberto Francisco Benito
Expediente 771/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 771/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Gilberto Francisco Benito
Actuaciones
- Principal
* Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de tres de julio de dos mil diecinueve (fojas 28 a 30), mediante el cual sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será destruido en su totalidad, porque se sobreseyó el juicio de amparo. En otro orden, en cumplimiento a lo que establecen los puntos décimo primero, párrafo segundo, del capítulo tercero, vigésimo y vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. *
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado, de la autoridad oficiante. Ahora bien, de las constancias allegadas por la autoridad responsable se advierte que remite el auto de uno de julio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 334/2012, a través del cual acuerdo los escritos presentados por la parte actora el trece y veintidós de marzo; y uno de abril de dos mil diecinueve, a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. Ahora bien, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable anexó a su oficio 6271/2019 de fecha dos de julio de dos mil diecinueve, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado por las siguientes consideraciones. Por escrito presentado el cinco de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Gilberto Francisco Benito, por conducto de su apoderado legal Jesús Montalván Ramírez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO: LA OMISIÓN DE HACER EFECTIVA LA MEDIDA DE APREMIO FIJADA A LA DEMANDADA POR LA CONTUMACIA DE CUMPLIR EL LAUDO, COMO PARTE DE LA EFICAZ E INMEDIATA EJECUCION DEL LAUDO DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2013; en términos de los artículos 81, 95, 96, 7 y 98 de la Ley numero 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Sin embargo, del análisis integral de la demanda, se advierte que en esencia reclama la omisión de acordar los escritos presentados el trece y veintidós de marzo; y uno de abril de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 334/2012. Lo anterior, en cumplimiento al criterio plasmado en la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de veinte de noviembre de dos mil trece, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Luego, el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, la autoridad responsable mediante auto de uno de julio de dos mil diecinueve, acordó las peticiones formuladas en los escritos presentados el trece y veintidós de marzo; y uno de abril de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 334/2012, a través de los cuales la parte actora solicitó se hiciera efectiva la medida de apremio fijada al ayuntamiento demandado; acordándole favorable lo peticionado. Esto es así, dado que en el mencionado auto, en atención a las promociones que le presentó la parte actora aquí quejosa hizo efectivo al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Xochistlahuca, Guerrero, el apercibimiento decretado en auto de siete de marzo de dos mil diecinueve y ordenó girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para que hiciera efectiva la multa impuesta en dicho proveído, y requirió de nueva cuenta al citado ayuntamiento para que en el término de veinte días, exhiba la cantidad de $433,941.00 (cuatrocientos treinta y tres mil pesos 00/100 moneda nacional), apercibiéndola con multa en caso de no hacerlo así, en autos del juicio laboral 334/2012. Como resultado de lo anterior, cesó en sus efectos la omisión en la que había incurrido la autoridad responsable al ya haberse pronunciado sobre el acto reclamado por la parte quejosa, es decir, acordó los escritos de fechas trece y veintidós de marzo; y uno de abril de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral 334/2012; por lo cual, los efectos del acto reclamado han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia antes citada, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las TRECE HORAS DEL CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
Visto el escrito de demanda presentado por********************, por conducto de su apoderado legal ********************, personalidad que se le reconoce en términos de lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, con las documentales que anexa al escrito de demanda, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número ********************y fórmese el expediente respectivo. No es obstáculo que la parte quejosa señale como autoridad responsable al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad capital, como órgano colegiado, en razón de que el acto reclamado se insta en la etapa de ejecución de laudo, por lo que se advierte como única autoridad responsable al presidente del referido órgano laboral, en su carácter de ejecutor del laudo dictado en el juicio natural, de conformidad con las facultades establecidas en el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo. ADMISIÓN. Con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 37 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda propuesta, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. INCIDENTE. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con apoyo en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las TRECE HORAS DEL CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. INFORMES JUSTIFICADOS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se pide informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días. Dicho informe deberá ser rendido con estricto apego a lo establecido en la Ley de Amparo, remitiendo a este Juzgado: - Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado. - En orden. - Completas y legibles. Se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de no hacerlo así, y con las copias completas y legibles, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que asciende a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), lo anterior, de conformidad con lo dispuesto, en el numeral 238 del texto normativo antes mencionado. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a la autoridad responsable (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable señalada no existen con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18 y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. TERCERO INTERESADO: Contrario a lo manifestado por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, se tiene como tercero interesado al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Xochistlahuaca, Guerrero; por tanto, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b) y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, emplácesele al presente juicio por medio de oficio que se gire a su residencia oficial, al que se deberá adjuntar copia del escrito de demanda a fin de que se encuentre en aptitud de deducir sus derechos. Asimismo, se requiere al citado tercero interesado para que en el término de tres días hábiles al en que reciba la presente notificación, informe a este Juzgado Federal (incluso por vía telegráfica) la fecha en que haya recibido el presente oficio, apercibido que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 238 y 259, de la de Ley de Amparo, se le impondrá una multa de CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización, que asciende a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con 49/100 moneda nacional). PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su intención las documentales que anexa a su escrito de demanda, sin perjuicio de relacionarlas en la etapa procesal oportuna y ser considerada al momento de resolver el presente asunto. NOTIFICACIONES. AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO. Notifíquese la radicación del presente juicio al Agente del Ministerio Público adscrito mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, y dese la intervención que legalmente le corresponde, en términos del diverso 5°, fracción IV de la Ley de Amparo; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda. AUTORIDADES RESPONSABLES. Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a la autoridad responsable, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en los arábigos 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, dado que se trata de un juicio de amparo en materia laboral, donde la quejosa no es la parte patronal, se tienen como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos.
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