Gil Tlilayatzi Cahuantzi
Expediente 585/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 585/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Gil Tlilayatzi Cahuantzi
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinticinco de julio de dos mil veintidós, en la que por una parte se determinó sobreseer y por otra se negó el amparo y protección constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, por haberse negado la protección constitucional, en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez concluido dicho termino, dentro del pazo de noventa días hágase la depuración del mismo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos o billetes de depósito al no constar en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de veinticinco de julio de dos mil veintidós: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 585/2022-II, promovido por Gil Tlilayatzi Cahuantzi, respecto del acto y autoridad responsable precisados en el considerando segundo, inciso a), por las razones expuestas en el diverso quinto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gil Tlilayatzi Cahuantzi, respecto del acto y autoridad responsable precisados en el considerando segundo, inciso b), por las razones expuestas en el diverso sexto de esta sentencia.
- Principal
PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 585/2022-II, promovido por Gil Tlilayatzi Cahuantzi, respecto del acto y autoridad responsable precisados en el considerando segundo, inciso a), por las razones expuestas en el diverso quinto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gil Tlilayatzi Cahuantzi, respecto del acto y autoridad responsable precisados en el considerando segundo, inciso b), por las razones expuestas en el diverso sexto de esta sentencia.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós: En Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a las partes a fin de manifestar lo que estimen pertinente respecto a las manifestaciones del perito oficial respecto al desahogo de la prueba pericial en materia de ingeniería civil, agrimensura y valuación de bienes; por tanto, provéase lo conducente. Cuestión preliminar. Del estado procesal de autos, se advierte que mediante sentencia dictada el treinta de agosto de dos mil diecinueve (fojas 536 a 575), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Bardomiano Pulido Pérez, para los efectos siguientes: ".las autoridades responsables restituyan la porción de tierra afectada o invadida a su propietario aquí quejoso, retirando o cancelando la tubería para el drenaje de infraestructura sanitaria instalada e incluso demoler los trabajos realizados para esa obra. Lo anterior, sin perjuicio de que, en caso de ser procedente, a petición de cualquiera de las partes o de oficio, se decrete el cumplimiento sustituto de esta sentencia, en términos de los artículos 204 y 205 de la Ley de Amparo". Dicha determinación causó ejecutoria por acuerdo de uno de octubre de dos mil diecinueve, por lo cual se requirió el cumplimiento de la misma a las autoridades responsables (fojas 606 a 609). Ahora, las responsables y el impetrante informaron en diversas ocasiones que no se había podido lograr la restitución de la porción de tierra afectada o invadida al aquí quejoso, esto es, no se ha retirado o cancelado la tubería para el drenaje de infraestructura sanitaria instalada e incluso demolido los trabajos realizados para esa obra; en consecuencia, por auto de diez de febrero de dos mil veintidós (fojas 850 y 851), se aperturó de oficio el incidente de cumplimiento sustituto a fin de determinar: a) Si la ejecución de la sentencia afecta a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o cuando, si por virtud de las circunstancias del caso, es imposible o desproporcionadamente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. b) De resultar lo anterior, precisar el monto que las responsables deberán pagar al quejoso por virtud de los daños y perjuicios ocasionados. Por lo anterior, se dio vista a las partes para que realizaran manifestaciones y ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes. Atento a ello, mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veintidós (fojas 857 a 859), la parte quejosa ofreció como medios de convicción diversas documentales, y la pericial en materia de ingeniería civil, agrimensura y valuación de bienes; de igual modo, señaló como puntos para el desahogo de ésta última los siguientes: El quince de marzo del año en curso, Joel Alfonso Alba Cruz, perito en materia de ingeniería civil, agrimensura y valuación de bienes designado por el quejoso, rindió su respectivo dictamen (fojas 898 a 904); mismo que fue ratificado en diligencia de veinticuatro de marzo siguiente (foja 915). Por su parte, el perito oficial José Silvano Sergio Cirio Sánchez, manifestó que se encontraba imposibilitado para desahogar la pericial en materia de ingeniería civil, agrimensura y valuación de bienes, en los términos propuestos; lo anterior, pues refirió que debía descartar una posible sobreposición del predio del quejoso con el colindante, aunado a que sería necesario que se precisen la totalidad de los linderos del predio rústico perteneciente al "Rancho de San Joaquín". Precisiones respecto al incidente de cumplimiento sustituto. Ahora, la fracción XVI, párrafos tercero y cuarto, del artículo 107 de la Constitución Federal vigente, es del tenor literal siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) XVI.- Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad. Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria. (.) El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el quejoso al órgano jurisdiccional, o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o cuando, por las circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. Las partes en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional. No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional; (.)". Esta figura constitucional admite tres escenarios al tenor de los cuales se puede decretar el cumplimiento de la sentencia de amparo de una manera diversa a la consignada en la resolución: 1. Que la parte quejosa solicite el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo. 2. Que se decrete de oficio. 3. Que las partes establezcan un convenio, sancionado ante el propio órgano jurisdiccional, a través del cual se tenga por cumplida la sentencia de garantías. La razón que subyace a esta figura es que las sentencias de amparo se deben cumplir siempre, pero precisamente ante la inconveniencia de ello o su imposibilidad, el Constituyente Permanente previó esta figura a través de la cual se puede cumplir la sentencia de amparo de una forma distinta. Si la sentencia de amparo se cumple de una forma distinta de la prevista en la propia resolución -ya sea que se solicite por la parte quejosa, se decrete de oficio o se acuerde mediante convenio entre las partes-, la disposición constitucional prevé dos formas a través de las cuales se podrá hacer: 1) Mediante el pago de daños y perjuicios hacia el quejoso o, 2) El cumplimiento del convenio acordado entre el quejoso y la autoridad o autoridades responsables, y que fuere sancionado por el órgano jurisdiccional de amparo. En el caso a estudio, de los dos escenarios previamente señalados, se actualiza la primera hipótesis, pues como se sostuvo en párrafos anteriores, en este asunto se han presentado circunstancias de las cuales se advierte que probablemente exista imposibilidad para cumplir con la ejecutoria de amparo, y este Juzgado de Distrito procederá a analizar de oficio la procedencia del cumplimiento sustituto. Los artículos 204 y 205 de la Ley de Amparo, respecto al cumplimiento sustituto establecen lo siguiente: "Artículo 204. El incidente de cumplimiento sustituto tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios al quejoso. Artículo 205. El cumplimiento sustituto podrá ser solicitado por cualquiera de las partes o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los casos en que: I. La ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso; o II. Por las circunstancias materiales del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad al juicio. La solicitud podrá presentarse, según corresponda, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por conducto del órgano jurisdiccional a partir del momento en que cause ejecutoria la sentencia. El cumplimiento sustituto se tramitará incidentalmente en los términos de los artículos 66 y 67 de esta Ley. Declarado procedente, el órgano jurisdiccional de amparo determinará la forma y cuantía de la restitución. Independientemente de lo establecido en los párrafos anteriores, el quejoso y la autoridad responsable pueden celebrar convenio a través del cual se tenga por cumplida la ejecutoria. Del convenio se dará aviso al órgano judicial de amparo; éste, una vez que se le compruebe que los términos del convenio fueron cumplidos mandará archivar el expediente". De los artículos antes transcritos se advierte que, una vez que cause ejecutoria la sentencia de amparo, cualquiera de las partes puede solicitar el cumplimiento sustituto de la ejecutoria de amparo; o será decretado de oficio cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o cuando por las circunstancias materiales del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad al juicio; y tendrá como finalidad que la ejecutoria se tenga por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios a la parte quejosa. En caso de ser declarado procedente dicho cumplimiento sustituto se tramitará en forma incidental de acuerdo con lo previsto por los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo y el Juez de Distrito determinará la forma y la cuantía de la restitución. También se obtiene que la parte quejosa y la autoridad responsable pueden celebrar un convenio, que una vez cumplido, generará el archivo del expediente. Apoya lo anterior, la tesis aislada identificada con el número P. III/2016 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se encuentra visible en la página quinientos cincuenta y seis de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro treinta y tres, agosto de dos mil dieciséis, Tomo uno, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. REGLAS A SEGUIR CUANDO LO SOLICITE CUALQUIERA DE LAS PARTES. De la interpretación armónica de lo previsto en los artículos 107, fracción XVI, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 204 y 205 de la Ley de Amparo, así como del considerando séptimo y del punto segundo, fracción VI, inciso D), del Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, se advierte que el incidente de cumplimiento sustituto procede a petición de cualquiera de las partes ante el órgano jurisdiccional que conoció de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, y que será precisamente esa instancia la que deberá sustanciar dicho procedimiento, la cual, previo análisis de la naturaleza del acto reclamado y de los requisitos constitucionales previstos, en caso de estimar procedente el cumplimiento sustituto, emitirá la opinión correspondiente y la enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva al respecto; en cambio, si estima que el referido cumplimiento es improcedente, emitirá resolución impugnable mediante queja, en términos del artículo 97, fracción I, inciso h), de la Ley de Amparo. En caso de que este Alto Tribunal se pronuncie a favor de la procedencia del cumplimiento sustituto, entonces devolverá los autos al órgano de amparo del conocimiento, a efecto de que substancie el incidente innominado en el que las partes contarán con la oportunidad de aportar diversas pruebas tendentes a precisar el monto de la indemnización que deba pagarse a la parte quejosa por concepto de daños y perjuicios, así como, en su caso, el factor de actualización correspondiente. Una vez determinado lo anterior, el órgano de amparo requerirá a la autoridad responsable para que, sin excusa ni dilación alguna, inmediatamente haga el pago correspondiente a la quejosa, pues el cumplimiento sustituto facilita el acatamiento de la sentencia a las autoridades responsables". Asimismo, sirve de apoyo a lo considerado, el criterio que sustenta la tesis P. IV/216 (10ª), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 557, Tomo I, Agosto de 2016, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que el del tenor literal siguiente: "CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Para la procedencia del cumplimiento sustituto de la sentencias de amparo, ya sea a petición de cualquiera de las partes o de oficio (caso en el que no existe conformidad de la parte quejosa para que la sentencia de amparo se cumpla de forma diversa a lo que establece), la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no dispone de mayores requisitos que el consistente en que la autoridad responsable manifieste la imposibilidad o inconveniencia de cumplir la sentencia de amparo en sus términos o porque se afecte a la sociedad en mayor grado que los beneficios que pudiera obtener o porque sea imposible el cumplimiento en sus términos o desproporcionalmente gravoso. Ahora bien, con la reforma constitucional en materia de amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once y que entró en vigor el cuatro de octubre de ese año, el supuesto relativo a la afectación social frente al beneficio del quejoso sufrió los siguientes tres cambios importantes: a) se suprimió el calificativo "gravemente" respecto de la afectación social, lo que supone la flexibilización de esta figura, dado que aquélla podría ser de una entidad menor; b) se excluyó a los terceros como sujetos cuya afectación podría generar el que una sentencia de amparo se cumpla de manera sustituta, de modo que sólo será la sociedad la que se proteja a través de esta figura; y, c) se eliminó el vocablo "económico", que modulaba el beneficio del quejoso, frente al cual se contrasta la afectación social, y esto sólo supone que el beneficio del quejoso no deberá tasarse única o preponderantemente en términos económicos, pues sin duda este criterio deberá seguir considerándose, ya que sería imposible que, de entre los beneficios que obtiene un quejoso con el cumplimiento de la sentencia de amparo, no se encuentre el económico. Se prevé, además, la posibilidad de que se decrete el cumplimiento sustituto cuando las circunstancias del caso impliquen que sea imposible (material o jurídicamente) cumplir con la sentencia de amparo, supuesto que si bien no se encontraba en la Constitución, ya se reconocía en la jurisprudencia. De este modo, el único supuesto introducido con motivo de esa reforma, al tenor del cual se puede decretar el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, es el referente a que resulte desproporcionalmente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. Sobre este último aspecto, resulta importante precisar que, para determinar si se actualiza la condición referente a la "desproporcionalidad gravosa", deberá justificarse si retrotraer las condiciones que prevalecían antes de la violación implica un costo desproporcionalmente mayor que cumplir con la sentencia de amparo de manera sustituta. Es importante recalcar que esta condición no se actualizará si se aduce un gasto sólo mayor, ya que se requiere que el gasto que implica cumplir con la sentencia de amparo en sus términos sea mucho mayor que el que implica hacerlo de manera sustituta. Éste es un mandato de optimización para que en el caso del cumplimiento de las sentencias de amparo se aplique un criterio racional a partir del cual se maximice el beneficio individual (derivado de la concesión del amparo) sin sacrificar el beneficio social (representado por el recurso público destinado al cumplimiento de la sentencia de amparo). En este sentido, se autorizará el cumplimiento sustituto del fallo protector cuando el acatamiento en sus términos no cumpla con la condición óptima y, por ende, implique que el quejoso obtenga un beneficio y al mismo tiempo ello se traduzca en un decremento considerable para el Estado". De igual modo, debe precisarse que el presente incidente constituye un procedimiento a través del cual se logra el cumplimiento sustituto de la sentencia, y concede al quejoso el derecho a obtener una suma de dinero que corresponda al valor económico de las prestaciones de hacer que la sentencia le haya impuesto a la responsable o a la autoridad encargada de la ejecución; esto es, se cambió la obligación originaria de hacer, por la de dar una suma de dinero que corresponda o equivalga al deber primigenio. Por tanto, con la tramitación del presente incidente se determinará, en primer lugar, si existe imposibilidad para ejecutar la sentencia de amparo, y de ser así, el valor de la superficie de terreno afectada; lo anterior, a fin de proceder a realizar el cumplimiento sustituto a través del pago de una indemnización al quejoso. Sin embargo, resulta necesario precisar que en caso de declarase cumplimiento sustituto del fallo protector, los efectos y consecuencias para las partes serán que, sobre una porción del inmueble defendido por el quejoso, recaerá un gravamen equiparable a una servidumbre de paso, en la cual fueron instalados tubos de drenaje y se constituyeron registros de alcantarillas, por lo cual: El impetrante queda obligado a soportar esa afectación a su propiedad; por lo que deberá permitir, en su momento, el acceso de las autoridades responsables para la revisión, mantenimiento y/o remoción de los tubos de drenaje y registros de alcantarillas construidos sobre la porción de su inmueble. El impetrante obtiene el derecho a obtener, por parte de las autoridades responsables, una indemnización por el perjuicio que se le ocasionó. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la tesis IV.3o.T.38 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Septiembre de 2002, página 1378; Novena Época; Materia Común; cuyo contenido es: "INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS COMO CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE EJECUTORIA DE AMPARO, ORIGEN Y FINALIDAD DEL. El incidente de daños y perjuicios como cumplimiento sustituto de una ejecutoria de amparo, tiene su fundamento en el último párrafo del artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; se origina ante la existencia de múltiples ejecutorias de los tribunales de amparo que por diversas causas devienen inejecutables, dada la imposibilidad legal y material para ello, y la finalidad de crear esta figura fue la de evitar que las sentencias de amparo no permanezcan indefinidamente incumplidas, otorgándose por ello al quejoso la posibilidad de solicitar, a través del incidente, que las obligaciones derivadas de la ejecutoria de amparo puedan sustituirse por otras formas de cumplimiento, a través del pago de daños y perjuicios, como una alternativa al cumplimiento original ante las dificultades que se presentan para ejecutar las sentencias por sus propios alcances, lo que no implica que pueda transigirse sobre los fallos de la Justicia Federal, ni tampoco que se deteriore la fuerza de la ejecutoria de amparo en aras de un sacrificio de las garantías individuales, las cuales inescrutablemente deben ser restituidas por virtud de los fallos constitucionales, toda vez que el cumplimiento sustituto no es una imposición al peticionario de garantías que le obligue a renunciar a las prerrogativas obtenidas con motivo del fallo protector, sino que queda a su elección optar o no por él, de tal manera que la decisión de inclinarse por el mismo, no es sino la consecuencia de un acto volitivo del agraviado y no una imposición de las partes involucradas en el juicio de amparo". De igual modo, por similitud jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 29/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Marzo de 2008, página 240; Novena Época; Materia Civil; de rubro y texto siguientes: "SERVIDUMBRE LEGAL DE PASO. SE CONSTITUYE CUANDO SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS NORMATIVOS Y SE ESTABLECE FÍSICAMENTE EL ACCESO O SE INSTALAN LOS MATERIALES CORRESPONDIENTES, SIN QUE ELLO REQUIERA DE DECLARACIÓN JUDICIAL. De los artículos 1097, 1099, 1105, 1106, 1107 y 1108 del Código Civil Federal, se desprende que la servidumbre legal de paso obedece a la situación natural de los predios, de la cual surge la necesidad de que el dueño del sirviente proporcione acceso a la vía pública o, en su caso, tolere el paso para la recolección de frutos, la conducción del ganado a un abrevadero, la colocación de andamios u otros objetos con el propósito de construir o reparar un edificio, o la instalación de postes y cables para el establecimiento de comunicaciones telefónicas o la conducción de energía eléctrica, que incluye el tránsito de personas y el traslado de materiales para la construcción y vigilancia de la línea. En ese sentido, una vez que surge la necesidad apuntada, por disposición expresa de los preceptos citados, el propietario del predio dominante adquiere el derecho a exigir el acceso y, en forma correlativa, el dueño del sirviente queda obligado a soportar esa afectación a su propiedad, obteniendo únicamente el derecho a reclamar la indemnización por el perjuicio que se le ocasione y a señalar el lugar en que habrá de ubicarse el acceso; por tanto, en cuanto se establezca físicamente el paso o se instalen los materiales necesarios, como son postes y cables en el caso de comunicaciones telefónicas o de conducción de energía eléctrica, surge el gravamen legal referido y comienza a computarse el plazo de la prescripción negativa de la acción indemnizatoria, en términos del artículo 1098 del ordenamiento sustantivo citado, sin que el establecimiento de la servidumbre deba ordenarse por autoridad jurisdiccional, pues sólo cuando exista discrepancia en cuanto a las medidas y ubicación del paso, o cuando haya diversos predios que puedan dar acceso e impere desacuerdo sobre cuál debe proporcionarlo, en función del menor perjuicio que deba causarse, el dueño del predio dominante puede ejercer la acción relativa, para que el órgano jurisdiccional disponga, en términos de los artículos 1099, 1100, 1101 y 1102 del Código Civil Federal, cuál es el predio obligado o, en su caso, establezca el sitio y las medidas adecuadas para la ubicación del paso o para la colocación de los materiales correspondientes". Prueba pericial Ahora bien, visto el estado que guarda el presente incidente de cumplimiento sustituto, se advierte que por auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la prueba pericial en materia de ingeniería civil, agrimensura y valuación de bienes, misma que se ordenó desahogar en términos del cuestionario planteado por la parte quejosa. Sin embargo, a fin de resolver lo que en derecho corresponda, se estima necesario hacer precisiones respecto al desahogo de la prueba pericial, y ampliar, de oficio, los puntos respecto de los cuales habrán de rendirse los dictámenes respectivos. En efecto, el cuestionario planteado por la parte quejosa fue el siguiente: Por su parte, el perito Joel Alfonso Alba Cruz, propuesto por el quejoso, rindió su dictamen llegando a las conclusiones siguientes: De lo anterior, se advierte que los puntos del cuestionario, se encuentran encaminados a señalar cuáles fueron los trabajos realizados por las autoridades responsables en la porción del inmueble afectado, así como el importe de cada uno de éstos. Sin embargo, dada la finalidad pretendida con el presente incidente, se estima necesario ampliar de oficio los puntos respecto de los cuales debe desahogarse la prueba pericial, a fin de determinar el valor económico de la superficie de terreno afectada con el acto reclamado, a fin de que, de ser procedente el incidente de cumplimiento sustituto, las responsables paguen al impetrante una suma de dinero en lugar de las prestaciones de hacer que la sentencia les impuso. Aunado a lo anterior, el perito oficial José Silvano Sergio Cirio Sánchez, manifestó que se encontraba imposibilitado para dar contestación a diversos puntos del cuestionario porque para ello será necesario dimensionar el predio colindante que se ubica al poniente del inmueble del quejoso, y así descartar una posible sobreposición, aunado a que será necesario que se precisen la totalidad de los linderos del predio rústico perteneciente al "Rancho de San Joaquín" Por lo anterior se precisa que la rendición de los dictámenes periciales en materia de ingeniería civil, agrimensura y valuación de bienes, deberá efectuarse con base en el dictamen y aclaración rendidos por el perito Joel Alfonso Alba Cruz (fojas 206 a 217 y 293 a 302), pues fue a éste al que se concedió eficacia probatoria en la sentencia, y con base en el cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso; asimismo, con base en éste se determinó que existió una afectación al inmueble que defendió el quejoso en esta instancia constitucional. En consecuencia, córrase traslado a los peritos con copia del dictamen y aclaración referidos en el párrafo que antecede, a fin de que estén en aptitud de rendir opinión en el desahogo de la prueba pericial en materia de ingeniería civil, agrimensura y valuación de bienes. De igual modo, notifíquese a las partes que este Juzgado de Distrito amplía de oficio el cuestionario al tenor del cual debe desahogarse la prueba pericial en materia de ingeniería civil, agrimensura y valuación de bienes, a fin de que el perito, con base en el dictamen en ingeniería civil y agrimensura, así como su respectiva aclaración, realice lo siguiente: 1) Diga cuál es el total, en metros cuadrados, de la superficie que abarca la tubería para el drenaje de infraestructura sanitaria instalada por las autoridades responsables, en el predio del quejoso Bardomiano Pulido Pérez. 2) Indique cuál es el valor comercial del metro cuadrado del terreno del quejoso Bardomiano Pulido Pérez, a la fecha en que éste fue afectado por las obras realizadas por las responsables, esto es, febrero de dos mil dieciocho. 3) Señale cuál es valor comercial total de la superficie afectada con motivo de la instalación de tubería para el drenaje de infraestructura sanitaria instalada por las autoridades responsables; al mes de febrero de dos mil dieciocho. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 13/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 2018, Tomo II, página 1350; Décima Época; Materias Constitucional y Administrativa; "INDEMNIZACIÓN POR OCUPACIÓN ILEGAL DE TIERRAS EJIDALES. EL VALOR COMERCIAL QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA AL ELABORAR EL AVALÚO, ES EL QUE TENÍAN AL MOMENTO EN QUE FUERON AFECTADAS, MÁS LA ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. El derecho de un ejido o comunidad a recibir la indemnización por la ocupación ilegal de sus tierras surge cuando: a) se acrediten los elementos de la acción de restitución, entre otros, la ilegalidad de la ocupación; y b) se demuestre que las parcelas en cuestión se destinaron a la prestación de servicios públicos de interés general y social, por lo que resulta imposible devolverlas al ejido y, por tanto, se genera para éste el derecho al cumplimiento sustituto, esto es, al pago de una indemnización. Ahora bien, el valor comercial del bien a tomar en cuenta al elaborar el avalúo, es el que las tierras tenían al ser afectadas, es decir, cuando se ocuparon ilegalmente, toda vez que desde ese momento fue afectada la posesión que correspondía al ejido propietario y, por tanto, es a esa fecha a la cual debe retrotraerse el avalúo, sin considerar las edificaciones sobrevenidas; lo anterior, sin perder de vista que el valor declarado deberá actualizarse al momento de su liquidación". 4) Actualice la suma de dinero resultante del punto 3 de esta ampliación de cuestionario, hasta la fecha en que se efectúe el pago; ello, conforme a la regla prevista en el texto vigente del artículo 6, fracción II de la Ley del Impuesto sobre la Renta -antes artículo 7, fracción II-, que se transcribe a continuación: "Artículo 6. Cuando esta Ley prevenga el ajuste o la actualización de los valores de bienes o de operaciones, que por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país han variado, se estará a lo siguiente: (.) II. Para determinar el valor de un bien o de una operación al término de un periodo, se utilizará el factor de actualización que se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo, entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo." Apoya lo anterior, la jurisprudencia XXVII/2003, sustentada por el Pleno del Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto, siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO SU CUMPLIMIENTO CONLLEVE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR EL VALOR DE UN BIEN INMUEBLE, EL MONTO A CUBRIR SERÁ EL QUE RESULTE DE ACTUALIZAR EL VALOR QUE TENÍA, DESDE EL MOMENTO EN QUE SE REALIZÓ EL ACTO RECLAMADO HASTA LA FECHA EN QUE SE EFECTÚE EL PAGO, CONFORME AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 7o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. De conformidad con el artículo 80 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de carácter positivo, la sentencia que concede el amparo tendrá por objeto restituir al gobernado en el pleno goce de sus garantías violadas, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, por lo que en el supuesto de que el cumplimiento del fallo protector conlleve la obligación de pagar al quejoso el valor del bien inmueble materia de la litis, la cantidad de dinero que las autoridades responsables deberán pagar será la que resulte de actualizar el valor que tenía el referido bien, desde el momento en que se realizó el acto declarado inconstitucional hasta la fecha en que se efectúe el pago correspondiente, ya que la restitución al quejoso en el pleno goce de sus garantías individuales violadas lleva implícito el deber de actualizar ese valor, para que el monto resultante tenga un poder adquisitivo análogo al que tenía en la época en que se emitió el acto reclamado. Ahora bien, ante la falta de norma expresa que establezca la forma en que debe actualizarse el monto de las obligaciones monetarias que deben cubrirse en cumplimiento de una ejecutoria de amparo debe aplicarse, por identidad de razón, el mecanismo de actualización que prevé el artículo 7o., fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, conforme al cual, para determinar el valor de un bien o de una operación que ha variado por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país en un periodo determinado, se utilizará el factor de actualización que se obtiene de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo, entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo, en el entendido de que para conocer el valor de las obligaciones contraídas con anterioridad al 1o. de enero de 1993, es necesario convertir su monto a pesos actuales, considerando para ello que un peso actual equivale a mil pesos de los anteriores, ya que de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 1992, por el que se crea una nueva unidad del Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos, la nueva unidad monetaria equivale a mil de la unidad anterior". Así como la jurisprudencia XXIII/2004, sustentada por el Pleno del Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA EFECTOS DE SU CUMPLIMIENTO SUSTITUTO, EL VALOR COMERCIAL DE UN TERRENO EN LA ÉPOCA EN QUE DEBIÓ DECRETARSE SU DEVOLUCIÓN, DEBE INCLUIR EL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 7o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Si bien es cierto que en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo las sentencias que concedan la protección constitucional tienen el efecto de restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, también lo es que la cantidad a entregar con motivo del cumplimiento sustituto del fallo protector que ordena la devolución de un terreno debe tener un poder adquisitivo razonablemente análogo al que la respectiva obligación pecuniaria tenía al momento en que jurídicamente aquél tuvo derecho a percibirla. Ahora bien, conforme a los referidos efectos restitutorios, los derechos de la parte quejosa legítimamente tutelados en la ejecución de una resolución de amparo que obliga a devolver un terreno, se limitan a obtener el valor comercial de la tierra en la época en que debió decretarse su devolución, más un factor de actualización del pago hasta el momento en que éste se efectúe; sin embargo, en virtud de que ni la Ley de Amparo, ni el Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, establecen un procedimiento para actualizar el monto de las obligaciones pecuniarias que con motivo del fallo protector deben entregarse al gobernado, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que, por igualdad de razón, para esos efectos debe aplicarse el artículo 7o., fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, conforme al cual para determinar el valor de un bien o de una operación al término de un periodo, se utilizará el factor de actualización que se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo, entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo". Requerimiento a perito oficial En consecuencia, requiérase al perito oficial José Silvano Sergio Cirio Sánchez, para que dentro del plazo de diez días, de conformidad con lo establecido en el numeral 148 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, rinda su dictamen contestando el cuestionario planteado por la parte quejosa y los puntos adicionados por este Juzgado de Distrito en el presente acuerdo. Apercibido que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la fracción I del artículo 237 en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Requerimiento a perito de la parte quejosa De igual modo, requiérase a Joel Alfonso Alba Cruz, perito en materia de ingeniería civil, agrimensura y valuación de bienes designado por el quejoso, para que dentro del plazo de diez días, de conformidad con lo establecido en el numeral 148 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, rinda la aclaración a su dictamen presentado el catorce de marzo de dos mil veintidós; ello, respecto a los puntos adicionados por este Juzgado de Distrito en el presente acuerdo. Lo anterior, apercibido que de no rendirlo en el término aludido se desahogará únicamente con el dictamen que emita el perito oficial. Notifíquese personalmente al perito Joel Alfonso Alba Cruz por conducto de la parte quejosa y, por oficio a las autoridades responsables y perito oficial. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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