Geronima Lourdes Rojas Fuentes
Expediente 427/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 427/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Geronima Lourdes Rojas Fuentes
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del treinta de mayo de dos mil dieciocho (fojas 26 a 32), en el que desechó la demanda de amparo promovida por Geronima Lourdes Rojas Fuentes; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena su archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Destruible. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el presente expediente, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Sin que sea necesario requerir a la parte quejosa para ña devolución de documentos originales, al no haber sido exhibidos.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta a través del cual la quejosa Geronima Lourdes Rojas Fuentes, da cumplimiento a la prevención formulada en auto de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, y al respecto informa que la autoridad que señala como responsable lo es la "Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala". Desecha demanda de amparo. Una vez precisado lo anterior, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En este contexto, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: ... De los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen las garantías individuales de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas -incluyendo a los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad-. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo contra leyes o actos de autoridad. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. En otras palabras, para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernado y la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: a. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; b. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; d. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En esas condiciones, la teoría general del derecho establece que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. En este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las mencionadas relaciones de coordinación. En consecuencia, si es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que se manifiestan las garantías individuales al colocarse el gobernado como titular de las mismas frente a los actos unilaterales de la autoridad, es claro concluir que, tratándose del derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Carta Magna, la naturaleza jurídica de la relación entre el formulante de la petición y el servidor público a la que ésta se dirige, es determinante para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Así, al ser el derecho de petición uno de los derechos públicos subjetivos que nuestra Constitución consagra a favor de los gobernados en las relaciones jurídicas de supra a subordinación entre éstos y el Estado, y el juicio de amparo el medio de defensa instituido para la salvaguarda de tales derechos, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo se encuentra íntimamente relacionado con el sujeto pasivo de la relación jurídica que implica la garantía individual. Entonces, el derecho de petición implica la facultad que tiene el gobernado de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados, tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe dársele a conocer en breve término. En ese orden de ideas, el derecho de petición supone su manifestación en una relación entre gobernante y gobernado, pues la petición se dirige a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que resulta indispensable que la petición se eleve al servidor público en su calidad de autoridad, en una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, para que surja el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión de este derecho en caso de que no se cumpla la obligación correlativa de la autoridad que supone este derecho. En ese orden de ideas, cabe resaltar el acto que reclama la parte quejosa al Director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala consiente en la abstención de dar respuesta a su escrito de fecha nueve de abril de dos mil dieciocho, en el que entre otras cosas solicitó conocer la situación laboral que guarda la parte quejosa con dicha dependencia. De lo anterior, se advierte que la quejosa prestaba sus servicios al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala. En las relatadas circunstancias, resulta evidente que la posición de la parte quejosa frente al Director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, no es la de un gobernado, pues deriva de la relación patrón-empleado que lo vincula con dicha Dirección. Así, al tratarse de una solicitud presentada por un empleado ante el Director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, con motivo de sus facultades, es innegable que a éstos no les reviste el carácter de autoridad para los efectos del amparo. Derivado de lo anterior, al no existir una relación de supra a subordinación entre el quejoso y la autoridad señalada como responsable, el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por la Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicoténcatl, por el que devuelve debidamente diligenciado el despacho 35/2018, de su índice, derivado del diverso 20/2018-III deducido del presente juicio de amparo, por el que se solicitó que en auxilio de este órgano jurisdiccional, notificara el auto de cuatro de mayo de dos mil dieciocho a la parte quejosa, lo anterior para que surta sus efectos legales procedentes; acúsese recibo de estilo correspondiente. Se ordena dar de baja exhorto. Por lo anterior, dese de baja el despacho de que se trata en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Se reserva proveer. Finalmente, procédase acordar lo conducente, hasta que transcurran los términos legales, otorgados a la parte quejosa Geronima Lourdes Rojas Fuentes, por auto de cuatro de mayo de dos mil dieciocho.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve Geronima Lourdes Rojas Fuentes, por propio derecho, misma que promueve contra actos de la Dirección General del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, de quien reclama la abstención de dar respuesta a su petición de fecha nueve de abril de dos mil dieciocho. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 427/2018-III. Ahora bien, a efecto de acordar el escrito de demanda de amparo, debe tomarse en consideración que el artículo 108 de la Ley de Amparo prevé los requisitos que debe contener, entre los que se encuentran el previsto en la fracción III, que a la letra dice: Ahora, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de derechos, con fundamento en la fracción III del artículo 108, y 114 de la Ley de Amparo, y toda vez que de la demanda de amparo en el apartado relativo a las autoridades responsables la promovente señala como responsable a la siguiente: "DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA", sin embargo, de la prueba documental que la parte quejosa anexo a su escrito de demanda consistente en el acuse de recibo de la petición de la cual se duele, se advierte que el mismo se encuentra dirigida al Director General del CECyTE, Tlaxcala, de lo que se advierte que no existe certeza respecto de la autoridad a quien le atribuye el acto que reclama. Término para dar cumplimiento a la prevención. En consecuencia requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, precise a qué autoridad le atribuye el acto que reclama, debiendo señalar la denominación correcta de la misma. Apercibimiento. Se le apercibe a la parte promovente que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento formulado en el plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo vigente. Copias. Además, con fundamento en el artículo 110 de la ley de la materia, se le requiere para que al momento de desahogar las prevenciones anteriormente indicadas, también exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, los estrados de este Juzgado, toda vez que el domicilio proporcionado por la parte quejosa, para tal efecto, se encuentra fuera de la Zona Metropolitana Tlaxcala- Apizaco, lugar donde tiene su residencia este Juzgado Federal, teniéndose como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere por asé manifestarlo expresamente. Se ordena girar despacho, por única ocasión. Sin embargo, dada la trascendencia del presente auto y toda vez que como ya se dijo el domicilio proporcionado por la parte quejosa para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la Zona Metropolitana Tlaxcala- Apizaco; en tales condiciones, por única ocasión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2° y 27 fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena girar atento despacho al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Xicohtencatl, Tlaxcala, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda se constituya en el domicilio ubicado en Francisco I. Madero, número Diecinueve, San isidro Buensuceso, San Pablo del Monte, Tlaxcala, y le notifique a la promovente el contenido íntegro de este proveído, y se sirva remitir las constancias que acrediten la notificación aludida; y, para tal efecto, se le anexa copia autorizada del acuerdo en mención. Habilitación de días y horas. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna.
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