Giannina Quiroz Avendaño
Expediente 765/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 765/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Giannina Quiroz Avendaño
Actuaciones
- Principal
QUEDA FIRME AUTO QUE TUVO POR DESECHADA LA DEMANDA. ARCHIVESE.
- Principal
Procedo a notificar por lista fijada en los estrados de este Juzgado, así como por lista publicada en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa ***, el auto de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en los autos del presente juicio de amparo; quedando debidamente notificada para los efectos legales conducentes, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 fracción I, inciso c), y 29, ambos de la Ley de Amparo. Auto que dice: Visto el oficio 9247/2017 suscrito por el Secretario del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexó demanda de amparo y anexos, presentados por ****, así como los documentos descritos en la certificación que antecede, toda vez que dicho tribunal se declaró incompetente para conocer del asunto; por tal razón, de conformidad con fundamento en los artículos 35, 45 y 107, de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del presente juicio, regístrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo, con el número 765/2017-2. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. -Análisis de la demanda Ahora bien, del análisis de la demanda de mérito, conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que determina el desechamiento de la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 Constitucional, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de examinar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley AMPARO de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En cuanto a la interpretación de los términos "manifiesta" e "indudable", cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia." Ahora bien, la quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en ciudad Morelos, Baja California, que hace consistir en lo siguiente: "IV.- SENTENCIA QUE SE RECLAMA: La pronunciada en fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete por el C. Juez Mixto de Primera Instancia, de Ciudad Morelos, Baja California, Lic. ***, dentro del expediente número ****, en la que se determinó: ".TERCERO.- El actor incidentista ****, en su calidad de representante de *** demostró parcialmente la pretensión planteada en el incidente; la pasivo procesal ****, demostró parcialmente la excepción de pago; en consecuencia: CUARTO.- Se regula y aprueba la planilla de liquidación, condenándose a ***, al pago de la cantidad de $ **** pesos moneda nacional; por concepto de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas a partir desde la fecha en la que firmó el acuerdo de voluntades hasta la presentación del incidente." En la especie, respecto al acto reclamado, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De acuerdo a dicho precepto, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, salvo las excepciones que el propio numeral señala. Se afirma que se materializa tal supuesto, ya que la quejosa reclama la sentencia interlocutoria de nueve de agosto de dos mil diecisiete dictada dentro del expediente ****, del índice de la responsable, en la que se reguló y aprobó la planilla de liquidación condenándose a la aquí quejosa a pagar por concepto de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas la cantidad descrita en dicha resolución a favor del actor incidentista ***, en su calidad de representante de ***. Determinación respecto de la cual procede el recurso de apelación previsto por el artículo 674, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, que establece: "ARTÍCULO 674.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: [.] II.- Las sentencias interlocutorias, excepto cuando por disposición de la Ley no se otorgue a las partes el recurso o la sentencia definitiva no fuere apelable; [.] En ese tenor, el numeral que antecede prevé que el recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior y procede contra las sentencias interlocutorias a excepción de aquellas en que por disposición de la Ley no se otorgue a las partes el recurso o la sentencia definitiva no fuere apelable. En ese orden de ideas, resulta evidente que contra la resolución que reclama la aquí quejosa, procede el recurso de apelación previsto en el numeral 674, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, ya que se trata de una sentencia interlocutoria dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia de ciudad Morelos, Baja California dentro de la planilla de liquidación por concepto de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas que deriva del juicio ****, relativa a la jurisdicción voluntaria (convenio judicial de pensión alimenticia, así como de derechos derivados de la guarda y custodia de los menores ****). Además, no se está en el caso de excepción que señala el numeral descrito en el párrafo que antecede, toda vez que como se observa el presente asunto deriva de una jurisdicción voluntaria y conforme al artículo 883 y 884 ambos del Código en cita, la providencias que se emitan en dicha jurisdicción serán apelables en ambos efectos y para su substanciación se ajustará a los trámites establecidos para la de las interlocutorias. Por tanto, antes de promover el juicio de amparo, la parte quejosa debió interponer el recurso de apelación contra la resolución interlocutoria, a fin de colmar el principio de definitividad aludido. Es aplicable en lo conducente la Jurisprudencia 13 (H), Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice de 2011, Tomo V. Civil Tercera Parte - Históricas Primera Sección - SCJN, página 1645, registro 1008561, de contenido y rubro siguiente: "APELACIÓN. PROCEDE ESTE RECURSO CONTRA LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DICTADA EN EL INCIDENTE DE REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN PROVISIONAL DE ALIMENTOS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, VIGENTE HASTA EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2008) [TESIS HISTÓRICA]. El artículo 911 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán (abrogado mediante decreto publicado en el periódico oficial de esa entidad federativa el 6 de septiembre de 2008) establece que las sentencias de los incidentes son apelables cuando lo fuere la sentencia en lo principal. Ahora bien, tratándose del incidente de reducción de la pensión alimenticia provisional, la sentencia principal no es la resolución que decreta los alimentos provisionales -contra la cual no procede recurso alguno en términos del artículo 1295 del indicado Código- sino que lo es la dictada en el juicio que resuelve en definitiva la pensión alimenticia, en virtud de que el incidente de reducción de la pensión provisional de alimentos es parte integrante del juicio donde se decidirá la pensión definitiva conforme a los artículos 1298 y 1299 del referido Código, es decir, en la jurisdicción voluntaria se decide la fijación de una pensión provisional de alimentos y la resolución correspondiente servirá como medida cautelar en la sustanciación del juicio, promovido en la vía sumaria para fijar la pensión definitiva. Por tanto, si la resolución que decreta la pensión alimenticia definitiva es apelable conforme al artículo 636 de aquel código procesal, es evidente que en términos del aludido artículo 911, también procede el recurso de apelación contra la resolución dictada en el incidente de reducción de la pensión de alimentos provisionales". Asimismo, aplica por el espíritu que la rige la tesis de la Quinta Época, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCII, página 2076, con registro 346987, de contenido y rubro siguiente: "JURISDICCION VOLUNTARIA, APELACION PROCEDENTE CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN DILIGENCIAS DE (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). El artículo 4o. del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que se halla contenido en el título preliminar de dicho ordenamiento, establece que "Las reglas generales sobre sustanciación, prueba y personalidad, regirán unas mismas en las tres jurisdicciones, con excepción de los casos señalados en las leyes". Entre las disposiciones generales que contiene el libro primero del código citado, están la establecida por el artículo 430, según la cual, "Sólo son apelables para ante el Superior Tribunal, las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de quinientos pesos y en aquéllos cuyo interés no sea susceptible de valuarse en dinero", y la contenida en el artículo 431, que dispone que: "Las sentencias que fueren apelables conforme al artículo anterior, lo serán en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo". Ahora bien, el legislador, apartándose de esa reglas generales, determinó en el artículo 867, contenido en el libro tercero, que se refiere a la jurisdicción voluntaria, que "Las providencias de jurisdicción voluntaria serán apelables en ambos efectos, si el recurso lo interpusiere el promovente de las diligencias, y sólo en el devolutivo, cuando el que concurre hubiere venido al expediente voluntariamente o llamado por el Juez". Este precepto, sin decirlo expresamente, establece una excepción a la regla de que todas las sentencias que fueren apelables, lo serán en ambos efectos, establecida por el artículo 431; y como el propio artículo 867, no hace distinción alguna en cuanto a la procedencia de la apelación, por razón de la cuantía del negocio, esto conduce a la interpretación de que el legislador quiso apartarse también, en negocios de jurisdicción voluntaria, de las reglas señaladas por el artículo 430, para determinar que en esa jurisdicción todas las providencias son apelables. De otro modo, si la intención del legislador no hubiera sido la acabada de indicar, habría señalado la regla sobre la forma de admitir el recurso, que contiene el artículo 867, declarando que esa regla debía de observarse, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 430, acerca de la cuantía del negocio". En comunión con lo anterior, se cita la jurisprudencia P/J: 17/2003 con registro 183862, establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, consultable en al página quince, Tomo XVIII, Julio de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. . Los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo establecen, respectivamente, que se está ante una sentencia definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, cuando decide el juicio en lo principal y respecto de ella las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada; asimismo, se considerará como tal, la dictada en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si la ley se los permite; al igual que la resolución que pone fin al juicio, es decir, la que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes no conceden recurso ordinario alguno; y que el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo contra ese tipo de sentencias es el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Ahora bien, si una resolución que pone fin al juicio o una sentencia son legalmente recurribles, pero el interesado no agota el recurso previsto en la ley y deja transcurrir el término para ello, aunque la sentencia o la resolución ya no puedan ser legalmente modificadas, no por ello deben tenerse como definitivas para los efectos del juicio de amparo directo, pues la situación de facto, consistente en haber dejado transcurrir el término de impugnación, no puede hacerlo procedente, toda vez que ello implicaría soslayar unilateralmente la carga legal de agotar los recursos que la ley prevé, lo que se traduciría en violación al principio de definitividad." En mérito de lo anterior, la resolución reclamada no es un acto definitivo, ya que en su contra procede el citado recurso ordinario, por lo que la quejosa se encuentra obligada a agotarlo, antes de acudir al amparo, que es un medio de defensa extraordinario procedente en contra de actos definitivos, entendiéndose por éstos, aquellos en contra de los cuales, no procede ningún recurso o medio de defensa ordinario; de tal modo que si la impetrante no hizo valer previamente dicho medio de defensa, el juicio de derechos fundamentales promovido por ella es improcedente. Por otra parte, el acto combatido no encuadra en alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, esto es, no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Asímismo, no se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute o resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, que vuelva innecesario agotar la apelación, sino que lo que se combate es una resolución interlocutoria dictada dentro del expediente ****, del índice de la responsable, respecto del cual no existe excepción para agotar el recurso ordinario. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) , establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, consultable en al página 350, Tomo I, Libro 1, Diciembre de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Por lo tanto, ante lo indudable y manifiesto de dicha causal de improcedencia, se impone desechar la presente demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el precepto 145 de la Legislación en consulta. -Transparencia- Finalmente, con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 73, fracción II, y Tercero transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán sin la supresión de sus datos personales, salvo lo dispuesto en la parte final del artículo 8º de la ley federal aludida. -Autorizados y domicilio- Téngase como autorizados en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a los licenciados Rafael Jiménez Gudiño por haber acreditado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a Andrés Fierro Alfaro, Edgar Alan Jiménez Contreras y Alma Mariela Moreno Cisneros, por no encontrarse registrados en el Registro Nacional de Cedulas Profesionales. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. Por lo que respecta al anexo remitido, fórmese legajo de pruebas por separado, al que se identifique como anexo número uno, dos y tres (I, II y III), en tres tomos, en donde se respete el folio, sello y rúbrica de la autoridad remitente. -Habilitación- En aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos de lo que ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo en vigor, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente, incluyendo el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental; lo anterior, cuando no sea posible practicarlas en días y horas hábiles.
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