Getsemani Andrade Cepero

Expediente 1192/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1192/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
15/12/2021

Partes del expediente

  • Getsemani Andrade Cepero

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la constancia secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ****, mismo que le fue notificado por lista que se fije en los estrados del edificio de este tribunal, y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, sin que a la fecha lo haya impugnado; en consecuencia, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales correspondientes. Se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa *********, la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno; cuya síntesis indica: "...Mexicali, Baja California, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Vista el escrito presentado por *************, mediante el cual, se le tiene dando cumplimiento a la prevención realizada en proveído de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: -Desechamiento- Ahora bien, el análisis de la demanda y escrito de cumplimiento de prevención, conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que determina el desechamiento de la misma, en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales... Del contenido íntegro de la demanda y escrito de cumplimiento de prevención que se atiende, se advierte que la promovente solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de las autoridades siguientes: Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Baja California. Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Estado de Baja California (ISSSTECALI). Subdirección General Médica del Instituto de Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Estado de Baja California (ISSSTECALI). Dirección de la Clínica Periférica Benito Juárez del Instituto de Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Estado de Baja California (ISSSTECALI). Departamento de Recursos Humanos de la Clínica Periférica Benito Juárez del Instituto de Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Estado de Baja California (ISSSTECALI) Autoridades a las que les reclama, los actos consistentes en: La negativa de observar el Artículo Primero del Decreto de fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte, correspondiente al Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia Sanitaria por el virtud SARS-CoV2, emitido por el Ejecutivo Federal a través del Secretario de Salud de los Estados Unidos Mexicanos. La negativa de permiso o licencia para resguardarse en su domicilio, derivado de que su menor hija G.A.H.A., resultó positiva al virus SARS COV2. Como se adelantó, este Juzgado advierte de oficio que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1º, fracción I, y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo; ello es así, toda vez que el acto reclamado citado con antelación, no constituye un acto de autoridad, sino que es el resultado de la relación laboral que existe entre la quejosa como trabajadora y las autoridades. En efecto, la conducta de que se duele la peticionaria de amparo, evidentemente, no corresponde a una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de carácter laboral, cuya relación es de coordinación. Es así, pues la autoridad para los efectos del juicio de amparo, es todo ente que, con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En ese sentido, es menester destacar que en las relaciones de coordinación entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones entabladas entre gobernantes y gobernados, en las que los primeros actúan en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así pues, cualquier decisión que adopte la Secretaría de Salud, Dirección General, Subdirección General Médica, Dirección de la Clínica Periférica Benito Juárez y Departamento de Recursos Humanos de la Clínica Periférica Benito Juárez, todas pertenecientes al Instituto de Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Estado de Baja California (ISSSTECALI), en su carácter de patrón, con motivo del alegado resguardo domiciliario derivado de la contingencia sanitaria, no constituye un acto de autoridad, sino precisamente son hechos derivados de la relación laboral; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre los trabajadores y el patrón, deben ser ventilados ante la autoridad competente y no ante este órgano de control constitucional. En esa tesitura, el acto que reclama la promovente no constituye, de acuerdo a su naturaleza, actos de persona de derecho público o de autoridad, sino entre particulares, pues las señaladas autoridades responsables, no actúan con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino como patrón, por lo que es incuestionable que el juicio de amparo en el que se reclama un acto de esta especie resulta improcedente... En tales condiciones, al no ser actos de autoridad los que pretende combatir la parte quejosa en la presente instancia constitucional, el juicio de amparo es notoriamente improcedente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, párrafo primero, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha la demanda. No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que la parte quejosa invoca que el acto reclamado viola el Derecho a la Salud reconocido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atendiendo a que su menor hija dio positivo al virus SARS COV2, y las autoridades negaron permiso o licencia médica para efectos de mantener su resguardo domiciliario. Ello pues, tal pretensión no deriva de su carácter como particular ante un ente del Estado con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino con base en una relación laboral que mantiene en un plano de Coordinación. Así, los actos reclamados son equiparables a una relación obrero-patronal, de ahí que queden comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, sometido a las prevenciones del derecho laboral como particular, por ende, no pueden ser considerados como de autoridad para los efectos del amparo, los actos que reclama...".

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