Gerson Garnados Agonizante
Expediente 315/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 315/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/04/2019
Partes del expediente
- Gerson Garnados Agonizante
Actuaciones
- Principal
III Toluca, Estado de México; cuatro de abril de dos mil diecinueve. La certificación precedente, evidencia que la parte agraviada no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de catorce de marzo pasado, por el cual se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo, asimismo esté órgano en el auto de referencia, declaró carecer de competencia para conocer el presente asunto. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha adquirido firmeza procesal. Por otra parte, el estado procesal de este asunto se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: Este asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo (punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido) A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Por otro lado, se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; catorce de marzo de dos mil diecinueve. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por Gerson Granados Agonizante, contra actos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y otras autoridades; fórmese cuaderno respectivo y regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito como juicio de amparo 315/2019-III. Precisión de los actos reclamados. A efecto de proveer sobre la demanda de amparo, debe precisarse que las autoridades responsables y actos reclamados son los siguientes. Autoridad responsable. Acto reclamado. 1. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Sentencia de diecinueve de enero de dos mil diecinueve. 2. Primera Sala Civil de Toluca, Estado de México. 3. Juez Cuarto Civil de Primera Instancia en Toluca, Estado de México. Sentencia de cinco de julio de dos mil dieciocho. Su ejecución. Desechamiento. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Luego, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, en cuanto al primer acto reclamado, es pertinente precisar que se hace consistir en la resolución de diecinueve de enero de dos mil diecinueve dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Hecha tal precisión, en el presente caso, respecto del citado acto reclamado, este Juzgador advierte que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito; ." Luego, cabe precisar que los Tribunales Colegiados de Circuito, son los encargados de tutelar los derechos humanos y prerrogativas constitucionales mediante el juicio de amparo. Así, la ley de la materia prevé en su artículo 61, las llamadas "causas de improcedencia", dentro de las cuales se encuentran aquéllas que operan siempre de manera absoluta, bien en atención a la índole de la autoridad contra la cual pretendiera intentarse el juicio, o bien a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, la fracción VI, del citado precepto legal 61, establece de manera clara que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito. De igual forma, debe decirse que la citada causa de improcedencia tiene como finalidad proteger la estabilidad o seguridad jurídica, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstos, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería interminable. Asimismo, resulta inadmisible que un Juez de Distrito conozca de un juicio de amparo, en contra de un Tribunal Colegiado de Circuito, porque éste es superior jerárquico de aquél en materia de amparo, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 106 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 y 35 de la Ley de Amparo y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es aplicable la tesis IX.1o.29 K, que aprobó el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 544, del Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, con número de registro 194669, que establece: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. Los Tribunales Colegiados de Circuito, son órganos judiciales, cuya función esencial es el control constitucional, vigilando a través de sus resoluciones que no se violen garantías individuales, por lo que es improcedente la demanda de amparo en contra de sus actos, pues no puede atribuírseles violación de garantías al ejercer tal función. El artículo 73 de la Ley de Amparo, al expresar en su fracción I que el juicio de garantías es improcedente contra actos de la Suprema Corte, es aplicable también, tratándose de los Tribunales Colegiados, en virtud de que, por regla general, sus resoluciones no son impugnables; mientras que, la fracción II del mismo dispositivo legal, al establecer que es improcedente el juicio de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, debe interpretarse en forma extensiva, en el sentido de que es improcedente, contra actos vinculados al trámite del juicio constitucional. Además, ni la Constitución General de la República, ni la Ley de Amparo, se refieren a la procedencia del juicio constitucional, contra actos de los Tribunales Colegiados, como lo hacen tratándose de los Tribunales Unitarios de Circuito o los Jueces de Distrito; y por último, es inadmisible que un Juez de Distrito conozca de un juicio de garantías, en contra de un Tribunal Colegiado, porque éste es superior jerárquico de aquél en materia de amparo." De igual forma, sirve de apoyo por las razones que la contienen la tesis IV.1o. A.37 A, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, de mayo de dos mil dieciséis , Décima Época, con número de registro 2011670, de rubro y texto siguientes: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. CONTRA SUS ACTOS ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, con independencia de que sean positivos, negativos u omisivos; por tanto, si se reclaman abstenciones y resoluciones que se imputan al Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deviene notoriamente improcedente. Sin que lo anterior desatienda la jurisprudencia P./J. 12/2013 (10a.), emitida por el Máximo Tribunal del País, de título y subtítulo: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA IMPUGNACIÓN EN AMPARO DE SUS DECISIONES DIVERSAS A LAS EMITIDAS EN MATERIA DE DESIGNACIÓN, ADSCRIPCIÓN, RATIFICACIÓN Y REMOCIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO, NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.", toda vez que en dicho criterio se interpretó el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la reforma en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, empero, ya existe disposición expresa en la nueva Ley de Amparo, en la que el legislador precisó que el juicio de amparo es improcedente contra actos del Consejo de la Judicatura Federal." No pasa desapercibido para este Juzgado de Distrito, el hecho de que el peticionario de la protección constitucional haya señalado como autoridades responsables a la Primera Sala Civil de Toluca, Estado de México y al Juez Cuarto Civil de Primera Instancia en Toluca, Estado de México, pues se evidencia que se reclama una conducta desplegada por un Tribunal Colegiado de Circuito, dentro de la prosecución de un procedimiento jurisdiccional, el juicio de amparo indirecto es improcedente; aunado a ello, no se advierte que la parte quejosa le atribuya a la autoridad de mérito actos por vicios propios; de ahí que subsista la causa de improcedencia en los términos analizados. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VI, de la Ley de Amparo y, además, con apoyo en lo dispuesto en el diverso 113 del citado ordenamiento legal, se impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por Gerson Granados Agonizante contra actos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por notoriamente improcedente. Incompetencia. Ahora en cuanto a los actos reclamados a la Primera Sala Civil de Toluca, Estado de México y al Juez Cuarto Civil de Primera Instancia en Toluca, Estado de México, consistente en la sentencia de cinco de julio de dos mil dieciocho y su ejecución, es oportuno señalar que en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se establecen los supuestos de competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo. En efecto, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional." Asimismo, el artículo 47, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." En ese tenor, el acto reclamado consiste en la sentencia de cinco de julio de dos mil dieciocho que determinan infundados los agravios hechos valer por el quejoso, dictada por la Primera Sala Civil de Toluca en el toca de apelación 381/2018, y su ejecución. Luego, del análisis de la determinación que se reclama se advierte que a través de ésta se pone fin al juicio, ya que dicha resolución es con efecto de cosa juzgada, por ende, tal resolución sólo puede combatirse a través del juicio de amparo directo, por tratarse precisamente de una resolución que pone fin al juicio de origen, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Por tanto, se estima que el estudio de la demanda de amparo promovida por Gerson Granados Agonizante, contra los actos reclamados antes precisados, competen al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en vía de amparo uni-instancial. En esas condiciones, con fundamento en lo previsto en los artículos 47 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara carecer de competencia legal para conocer y resolver sobre la demanda de amparo presentada Gerson Granados Agonizante; por tanto, remítase la demanda de amparo con seis copias de la misma, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en esta Ciudad, en turno, para los efectos legales de su competencia. Es aplicable la jurisprudencia PC.XXX. J/8 K (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 854, del Libro 7, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, de junio de dos mil catorce, Décima Época, con número de registro 2006612, que establece: "AMPARO DIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE AQUEL JUICIO, AUN CUANDO LA LEY CONCEDA UN RECURSO ORDINARIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN RECLAMADA QUE PONE FIN AL JUICIO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 16/2003). Los párrafos primero y tercero del artículo 46 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 establecen lo que debe entenderse por sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio para los efectos del numeral 44 del propio ordenamiento, "y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas", lo cual condujo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interpretar que al existir un recurso ordinario, el Tribunal Colegiado de Circuito no era competente para conocer de la demanda, dada la ubicación de esos dispositivos en el capítulo de competencia; sin embargo, en el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor a partir del 3 de abril del año citado, simplemente se establece que por sentencias definitivas o laudos se entenderá los que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, pero ya no se añade lo referente a que las leyes no concedan recurso ordinario en su contra, por lo que es dable interpretar que la existencia de un recurso incide sólo en la improcedencia del juicio, mas no en la competencia del órgano jurisdiccional indicado. Lo anterior es así, ya que en el tercer párrafo del último precepto mencionado se prevé que para la procedencia del juicio deben agotarse previamente los recursos establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales, las sentencias definitivas o resoluciones puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, en el nuevo contexto normativo resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 16/2003, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA." Finalmente, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 6/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 95, del Libro 17, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil quince, Décima Época, con número de registro 2008791, cuyo rubro y texto son: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. En este contexto, remítanse los autos del juicio de amparo indirecto 315/2019-III y seis copias de demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, para que realice las gestiones que sean necesarias, a efecto de que este asunto sea turnado administrativamente al Tribunal Colegiado en turno correspondiente y conozca del acto reclamado en el presente auto. Igualmente, se solicita a la superioridad el acuse de recibo correspondiente. Con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. Autorizados. Ténganse por autorizados en términos amplios de la Ley de Amparo a Guillermo Vargas Avelino, Angélica López Camacho, Gerardo Herrera Montero y Sergio Alejandro Dávalos Ibáñez, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y conforme a la última parte del citado precepto legal, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, a las restantes personas que se mencionan en la demanda de cuenta, por no contar con registro en dicho sistema. Habilitación de horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SE LISTA CITATORIO PARTE QUEJOSA Toluca, Estado de México; catorce de marzo de dos mil diecinueve. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por Gerson Granados Agonizante, contra actos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y otras autoridades; fórmese cuaderno respectivo y regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito como juicio de amparo 315/2019-III. Precisión de los actos reclamados. A efecto de proveer sobre la demanda de amparo, debe precisarse que las autoridades responsables y actos reclamados son los siguientes. Autoridad responsable. Acto reclamado. 1. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Sentencia de diecinueve de enero de dos mil diecinueve. 2. Primera Sala Civil de Toluca, Estado de México. 3. Juez Cuarto Civil de Primera Instancia en Toluca, Estado de México. Sentencia de cinco de julio de dos mil dieciocho. Su ejecución. Desechamiento. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Luego, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, en cuanto al primer acto reclamado, es pertinente precisar que se hace consistir en la resolución de diecinueve de enero de dos mil diecinueve dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Hecha tal precisión, en el presente caso, respecto del citado acto reclamado, este Juzgador advierte que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito; ." Luego, cabe precisar que los Tribunales Colegiados de Circuito, son los encargados de tutelar los derechos humanos y prerrogativas constitucionales mediante el juicio de amparo. Así, la ley de la materia prevé en su artículo 61, las llamadas "causas de improcedencia", dentro de las cuales se encuentran aquéllas que operan siempre de manera absoluta, bien en atención a la índole de la autoridad contra la cual pretendiera intentarse el juicio, o bien a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, la fracción VI, del citado precepto legal 61, establece de manera clara que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito. De igual forma, debe decirse que la citada causa de improcedencia tiene como finalidad proteger la estabilidad o seguridad jurídica, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstos, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería interminable. Asimismo, resulta inadmisible que un Juez de Distrito conozca de un juicio de amparo, en contra de un Tribunal Colegiado de Circuito, porque éste es superior jerárquico de aquél en materia de amparo, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 106 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 y 35 de la Ley de Amparo y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es aplicable la tesis IX.1o.29 K, que aprobó el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 544, del Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, con número de registro 194669, que establece: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. Los Tribunales Colegiados de Circuito, son órganos judiciales, cuya función esencial es el control constitucional, vigilando a través de sus resoluciones que no se violen garantías individuales, por lo que es improcedente la demanda de amparo en contra de sus actos, pues no puede atribuírseles violación de garantías al ejercer tal función. El artículo 73 de la Ley de Amparo, al expresar en su fracción I que el juicio de garantías es improcedente contra actos de la Suprema Corte, es aplicable también, tratándose de los Tribunales Colegiados, en virtud de que, por regla general, sus resoluciones no son impugnables; mientras que, la fracción II del mismo dispositivo legal, al establecer que es improcedente el juicio de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, debe interpretarse en forma extensiva, en el sentido de que es improcedente, contra actos vinculados al trámite del juicio constitucional. Además, ni la Constitución General de la República, ni la Ley de Amparo, se refieren a la procedencia del juicio constitucional, contra actos de los Tribunales Colegiados, como lo hacen tratándose de los Tribunales Unitarios de Circuito o los Jueces de Distrito; y por último, es inadmisible que un Juez de Distrito conozca de un juicio de garantías, en contra de un Tribunal Colegiado, porque éste es superior jerárquico de aquél en materia de amparo." De igual forma, sirve de apoyo por las razones que la contienen la tesis IV.1o. A.37 A, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, de mayo de dos mil dieciséis , Décima Época, con número de registro 2011670, de rubro y texto siguientes: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. CONTRA SUS ACTOS ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, con independencia de que sean positivos, negativos u omisivos; por tanto, si se reclaman abstenciones y resoluciones que se imputan al Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deviene notoriamente improcedente. Sin que lo anterior desatienda la jurisprudencia P./J. 12/2013 (10a.), emitida por el Máximo Tribunal del País, de título y subtítulo: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA IMPUGNACIÓN EN AMPARO DE SUS DECISIONES DIVERSAS A LAS EMITIDAS EN MATERIA DE DESIGNACIÓN, ADSCRIPCIÓN, RATIFICACIÓN Y REMOCIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO, NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.", toda vez que en dicho criterio se interpretó el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la reforma en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, empero, ya existe disposición expresa en la nueva Ley de Amparo, en la que el legislador precisó que el juicio de amparo es improcedente contra actos del Consejo de la Judicatura Federal." No pasa desapercibido para este Juzgado de Distrito, el hecho de que el peticionario de la protección constitucional haya señalado como autoridades responsables a la Primera Sala Civil de Toluca, Estado de México y al Juez Cuarto Civil de Primera Instancia en Toluca, Estado de México, pues se evidencia que se reclama una conducta desplegada por un Tribunal Colegiado de Circuito, dentro de la prosecución de un procedimiento jurisdiccional, el juicio de amparo indirecto es improcedente; aunado a ello, no se advierte que la parte quejosa le atribuya a la autoridad de mérito actos por vicios propios; de ahí que subsista la causa de improcedencia en los términos analizados. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VI, de la Ley de Amparo y, además, con apoyo en lo dispuesto en el diverso 113 del citado ordenamiento legal, se impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por Gerson Granados Agonizante contra actos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por notoriamente improcedente. Incompetencia. Ahora en cuanto a los actos reclamados a la Primera Sala Civil de Toluca, Estado de México y al Juez Cuarto Civil de Primera Instancia en Toluca, Estado de México, consistente en la sentencia de cinco de julio de dos mil dieciocho y su ejecución, es oportuno señalar que en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se establecen los supuestos de competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo. En efecto, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional." Asimismo, el artículo 47, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." En ese tenor, el acto reclamado consiste en la sentencia de cinco de julio de dos mil dieciocho que determinan infundados los agravios hechos valer por el quejoso, dictada por la Primera Sala Civil de Toluca en el toca de apelación 381/2018, y su ejecución. Luego, del análisis de la determinación que se reclama se advierte que a través de ésta se pone fin al juicio, ya que dicha resolución es con efecto de cosa juzgada, por ende, tal resolución sólo puede combatirse a través del juicio de amparo directo, por tratarse precisamente de una resolución que pone fin al juicio de origen, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Por tanto, se estima que el estudio de la demanda de amparo promovida por Gerson Granados Agonizante, contra los actos reclamados antes precisados, competen al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en vía de amparo uni-instancial. En esas condiciones, con fundamento en lo previsto en los artículos 47 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara carecer de competencia legal para conocer y resolver sobre la demanda de amparo presentada Gerson Granados Agonizante; por tanto, remítase la demanda de amparo con seis copias de la misma, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en esta Ciudad, en turno, para los efectos legales de su competencia. Es aplicable la jurisprudencia PC.XXX. J/8 K (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 854, del Libro 7, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, de junio de dos mil catorce, Décima Época, con número de registro 2006612, que establece: "AMPARO DIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE AQUEL JUICIO, AUN CUANDO LA LEY CONCEDA UN RECURSO ORDINARIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN RECLAMADA QUE PONE FIN AL JUICIO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 16/2003). Los párrafos primero y tercero del artículo 46 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 establecen lo que debe entenderse por sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio para los efectos del numeral 44 del propio ordenamiento, "y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas", lo cual condujo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interpretar que al existir un recurso ordinario, el Tribunal Colegiado de Circuito no era competente para conocer de la demanda, dada la ubicación de esos dispositivos en el capítulo de competencia; sin embargo, en el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor a partir del 3 de abril del año citado, simplemente se establece que por sentencias definitivas o laudos se entenderá los que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, pero ya no se añade lo referente a que las leyes no concedan recurso ordinario en su contra, por lo que es dable interpretar que la existencia de un recurso incide sólo en la improcedencia del juicio, mas no en la competencia del órgano jurisdiccional indicado. Lo anterior es así, ya que en el tercer párrafo del último precepto mencionado se prevé que para la procedencia del juicio deben agotarse previamente los recursos establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales, las sentencias definitivas o resoluciones puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, en el nuevo contexto normativo resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 16/2003, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA." Finalmente, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 6/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 95, del Libro 17, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil quince, Décima Época, con número de registro 2008791, cuyo rubro y texto son: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. En este contexto, remítanse los autos del juicio de amparo indirecto 315/2019-III y seis copias de demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, para que realice las gestiones que sean necesarias, a efecto de que este asunto sea turnado administrativamente al Tribunal Colegiado en turno correspondiente y conozca del acto reclamado en el presente auto. Igualmente, se solicita a la superioridad el acuse de recibo correspondiente. Con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. Autorizados. Ténganse por autorizados en términos amplios de la Ley de Amparo a Guillermo Vargas Avelino, Angélica López Camacho, Gerardo Herrera Montero y Sergio Alejandro Dávalos Ibáñez, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y conforme a la última parte del citado precepto legal, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, a las restantes personas que se mencionan en la demanda de cuenta, por no contar con registro en dicho sistema. Habilitación de horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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