Gersom Franco Cruz

Expediente 1260/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1260/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
06/09/2017

Partes del expediente

  • Gersom Franco Cruz
  • Eusebia Franco Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; seis de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por Gersom Daniel Franco Cruz y Eusebia Franco Cruz; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado firmeza, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa: Que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese por lista a la parte quejosa; lo anterior, en cumplimiento al proveído de diez de agosto del año en curso. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintitrés de agosto de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo agréguese a los autos el escrito de cuenta por medio del cual los quejosos Gersom Daniel Franco Cruz y Eusebia Franco Cruz dan cumplimiento a la prevención decretada en auto de dieciséis de los cursantes; por lo tanto, se tiene por desahogada la misma, dejándose sin efecto el apercibimiento formulado. Ahora, los impetrantes señalan como acto reclamado el acuerdo de treinta de junio del año dos mil diecisiete, emitido en el expediente 705/2017 del índice del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, relativo al juicio oral familiar, mediante el cual la responsable ante la omisión de los quejosos, ordenó la restitución del menor Erik Gadel Franco Pérez a su progenitora, autorizando el auxilio de la fuerza pública y rompimiento de chapas y cerraduras. Analizado el acto se advierte actualizado el supuesto previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que da lugar a su desechamiento de plano. El aludido numeral establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Así, en el particular se actualiza la hipótesis normativa contenida en el ordinal 61, fracción XVIII, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". El principio de definitividad en el juicio constitucional constituye uno de los principios jurídicos rectores de la instancia que la rige, que en términos generales consiste en que la persona que se considera agraviada con la emisión de un acto de autoridad, previo a acudir al amparo debe agotar el recurso ordinario o medio de defensa legal que la ley señale y ponga a su alcance, y que tenga por objeto revocar, modificar o nulificar el acto reclamado. El principio de mérito admite una serie de excepciones que la propia Ley de Amparo señala, en esa virtud, la observancia de dicho principio no es imperativa, pues previo a atender a determinar si el juicio de amparo es procedente o no por no haberse agotado el medio de defensa legal que la ley pone al alcance del afectado con el acto de autoridad, se debe atender a si el caso en concreto se encuentra situado en una de las excepciones que la ley de la materia contempla. Las excepciones señaladas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo son: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". En el presente caso, el acto reclamado no se sitúa en ninguna de excepciones antes citadas, toda vez que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se reclaman actos que afecten la libertad personal de los quejosos, ni se trata de persona extraña al procedimiento, toda vez que los quejosos son los demandados en el juicio oral familiar número 705/2017 del índice del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México; máxime que el Código adjetivo civil prevé en el artículo 5.74 el medio impugnación que procede. Además existen criterios específicos al principio de definitividad, como sería el caso de que en la vía directa tratándose de violaciones procesales se exime de agotar el principio de definitividad; en el caso de procedimientos que afecten el estado civil, el orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces; así como cuando el acto que se reclama carece de fundamentación y motivación; o cuando se aduce violación, únicamente, a la garantías de audiencia, sin precisar violación a leyes secundarias; o cuando se admite la prueba pericial en contabilidad; o cuando los recursos ordinarios se encuentren previstos en un reglamento, comprende a los medios de defensa contenidos en reglamentos heterónomos y no así en reglamentos autónomos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción número 1a./J. 41/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 101, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SOLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES. La interpretación literal, sistemática y teleológica de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 161 de la Ley de Amparo, permite concluir que la excepción al principio de definitividad que dichas normas establecen, procede exclusivamente cuando en amparo directo en materia civil, se impugnen sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, por violaciones a las leyes del procedimiento que afecten las defensas del quejoso, siempre que dichas sentencias se hayan dictado en controversias relativas al estado civil o que afecten al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces. Ahora bien, si se toma en consideración que sólo en este caso específico y respecto de la referida vía de amparo, el interesado queda eximido de preparar el juicio de amparo, resulta inconcuso que no puede hacerse extensiva la citada excepción a los casos en los que por la diversa vía del amparo indirecto se impugnen actos de tribunales civiles ejecutados fuera de juicio o después de concluido, no obstante que se trate de controversias del estado civil o de actos que pudieran afectar al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces, pues del contenido textual y de la interpretación de los mencionados preceptos legales se infiere que fue voluntad del Constituyente Reformador y del legislador ordinario, que la excepción en cita procediera exclusivamente en vía de amparo directo. Lo anterior se confirma con la interpretación de lo establecido respecto al juicio de amparo indirecto, en el inciso b) de la fracción III del señalado precepto constitucional y en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, así como por el hecho de que por la propia naturaleza procedimental de esta vía, no se requiere de actos procesales tendientes a su preparación". En el mismo sentido, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 119, Tomo 175-180 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuya literalidad es como sigue: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca". Las excepciones al principio de definitividad que en forma expresa prevé la Ley de Amparo y la jurisprudencia (aun cuando esta última interpretó la legislación abrogada resultan aplicables por la identidad de la hipótesis normativa) son los únicos supuestos que el legislador y los órganos federales, expresa y limitativamente han definido; de modo que fuera de ellos, el juicio de amparo debe declararse improcedente si previo a su instauración, el peticionario del amparo no ha agotado los medios ordinarios de defensa que tenga a su alcance, pues de otro modo, se surtirá la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. No se está en los supuestos de excepción asentados, pues aun cuando en el acto reclamado estén inmersos derechos de menores la salvedad es únicamente en amparo directo. Tampoco se alegan únicamente violaciones directas a la constitución, pues de los conceptos de impugnación se advierte que aunque el quejoso reclame trasgresión al derecho fundamental de seguridad jurídica, en la foja cinco de autos se corrobora que controvierte la violación en que incurre la autoridad responsable respecto de diversos artículos del Código Civiles, en relación con el Código de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos del Estado de México. Apoya lo anterior la jurisprudencia número VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas". En este contexto, como en el caso a estudio, el quejoso reclamó en este juicio de amparo el acuerdo de treinta de junio del año dos mil diecisiete, emitido en el expediente 705/2017 del índice del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, relativo al juicio oral familiar, mediante el cual la responsable ante la omisión de los quejosos, ordenó la restitución del menor Erik Gadel Franco Pérez a su progenitora, autorizando el auxilio de la fuerza pública y rompimiento de chapas y cerraduras, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Del dispositivo aludido se advierte que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: a) El acto reclamado debe emanar de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Contra ese acto debe proceder algún medio de defensa legal; c) Por medio de ese medio de defensa, el acto reclamado debe ser susceptible de modificación, revocación o nulificación. Para poder establecer que en el caso se actualiza la causal de improcedencia de mérito es menester referir al texto de los dispositivos legales de carácter procesal que rigen a la ley del acto reclamado, respecto de los recursos ordinarios y los tipos de resoluciones judiciales que se puede emitir, en cuanto al tipo de acto que se reclama en esta instancia constitucional, esto es, al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. El artículo 5. 2 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad prevé: "Artículo 5.2. Se sujetarán a estas controversias: I. Las que se susciten con motivo de alimentos, guarda y custodia, convivencia, régimen patrimonial, patria potestad, parentesco, paternidad, nulidades relativas a esta materia y las demás relacionadas con el derecho familiar; II. Las relativas al estado civil de las personas; y III. La petición de herencia después de la adjudicación respectiva. Quedan exceptuadas, las controversias relacionadas con el derecho sucesorio. El artículo 5.74 del mismo ordenamiento establece: "Artículo 5.74. Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales." En primer término, cabe acotar que mediante Decreto 268 publicado el diecinueve de febrero de dos mil nueve en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, se adicionó al Código de Procedimientos Civiles de esta entidad el Libro Quinto, relativo a las "Controversias sobre el Estado Civil de las personas y del Derecho Familiar", de cual se advierte que los juicios en esta materia se ventilarán de forma oral. La exposición de motivos de esta reforma refiere que, dado el carácter de interés público y social que posee el derecho familiar, debe ser tratado de manera particular, de modo que se beneficie a la célula fundamental de comunidad, lo cual implica una mejora que permita la pronta resolución de las controversias legales que lesionan los derechos y obligaciones de la familia. De igual forma, se establece que la administración de justicia debe permitir la adecuada y eficaz defensa de los derechos que están reconocidos en favor de los menores y del estado civil de las personas, no sólo con leyes sustantivas, sino con mecanismos ágiles, transparentes y funcionales para poder materializar dichos derechos en la vida real, por lo cual se dispone que el procedimiento se desarrollará en audiencias sucesivas hasta su conclusión. Asimismo, de aquellos artículos se advierte que las controversias relativas, entre otras, a los alimentos, guarda y custodia, patria potestad, parentesco y las demás relacionadas con el derecho familiar relativas a esta materia, como lo sería el juicio de origen que versa sobre el juicio oral familiar se tramitarán respecto al libro quinto, donde se señala que los autos y decretos dictados fuera de audiencia se podrán revocar conforme a las reglas generales estatuidas en el referido Código. Luego, si en el caso se reclama un auto por el cual el juez responsable determinó, ante la omisión de los quejosos, la restitución del menor Erik Gadel Franco Pérez a su progenitora, autorizando el auxilio de la fuerza pública y rompimiento de chapas y cerraduras; luego, al ser una actuación emitida fuera de audiencia, es revocable conforme a las reglas de las controversias sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar. Por consiguiente, se actualiza la hipótesis estatuida en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, al haberse colmado las exigencias siguientes: a) La determinación reclamada es una resolución proveniente de tribunal judicial; del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México. b) El acto reclamado es impugnable mediante el recurso de revocación establecido en el numeral 5.74 del código adjetivo civil de la entidad. c) Por medio de dicho recurso, el acto reclamado puede ser confirmado, modificado o revocado. De ahí que, el acto reclamado en esta instancia constitucional, pudo ser recurrido por los peticionario del amparo, conforme a lo previsto por el artículo señalado, concretamente a través del recurso de revocación, por lo que, si no lo hicieron de ese modo, es evidente que no se agotó el principio de definitividad para hacer procedente la vía constitucional. No es óbice a lo anterior, que en el presente asunto intervenga un menor de edad, toda vez que el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues esta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. Tal criterio se encuentra visible en la Décima Época, Registro: 2005039, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 113/2013 (10a.), Página: 350, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." [El énfasis es nuestro] Asimismo, se invoca la jurisprudencia 447 del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". Así como el precedente judicial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCI, Quinta Época, a página 2784, que establece: "REVOCACIÓN, RECURSO DE, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. El hecho de que el recurso de revocación establecido en la ley procesal, tenga que ser resuelto por la misma autoridad que dicta el acuerdo que se pretenda revocar, no puede significar, en modo alguno, que tal recurso no esté comprendido en los señalados por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, es decir, de los recursos o medios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones que se reclaman, ya que, en tratándose de autoridades judiciales, no puede quedar nunca al arbitrio de ellas confirmar o revocar un acuerdo, al resolver el recurso de referencia, puesto que la resolución que se dicte, debe estar fundada en derecho y en atención a las argumentaciones que el promovente del recurso haga valer al interponerlo; consecuentemente, el hecho sólo de que en el caso el auto que se reclama haya dejado de ser recurrido mediante revocación, en los términos del artículo procedente, es bastante para que se considere que el juicio de amparo resulta improcedente. En virtud de lo considerado con antelación, resulta claro que los quejosos se encontraban en aptitud legal de agotar el medio ordinario que la ley que rige el acto reclamado pone a su alcance, previo a acudir a la instancia constitucional, colmando así el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, sin que se advierta que el acto reclamado se trate de alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad invocado, como para considerar que estaba en condiciones de acudir directamente al juicio de amparo sin necesidad de agotar la instancia legal mencionada. Al quedar actualizada la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional procede desechar de plano la demanda de garantías formulada por Gersom Daniel Franco Cruz y Eusebia Franco Cruz, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciséis de agosto de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo agréguese a los autos el escrito de cuenta por medio del cual los quejosos Gersom Daniel Franco Cruz y Eusebia Franco Cruz dan cumplimiento a la prevención decretada en auto de diez de los cursantes y aclaran que el nombre correcto del primero de los nombrados es el que se cita; por lo tanto, se tiene por desahogada la misma, dejándose sin efecto el apercibimiento formulado. De igual forma, en relación a la manifestación que realizan en el sentido de que el nombre correcto del primero de los nombrados es el que se cita; téngase por hecha la aclaración de mérito, para los efectos legales procedentes. Ahora, los impetrantes en el ocurso que se atiende, señalan que lo hacen también a nombre del menor Erik Gadel Franco Pérez; en tal virtud, previo a realizar pronunciamiento alguno respecto a la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, y considerando lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la facultad para requerir la aclaración de la demanda cuando hubiere alguna irregularidad, así como lo establecido en la la tesis XXVII.3 K, publicada en la página 1121 del Tomo XVII, de abril de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EN EL CUMPLIMIENTO A LA PRIMERA APARECEN NUEVOS REQUISITOS A SATISFACER, OPERA UN CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA DE QUE DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO ACUERDO.- De acuerdo al contenido del artículo 146 de la Ley de Amparo, la facultad otorgada al Juez de Distrito para requerir al quejoso la satisfacción de alguna irregularidad en el escrito de demanda, omisión o requisito de la misma, deberá efectuarse en un solo auto y no de manera reiterada o en "cadena de requerimientos"; sin embargo, de dicha regla es factible apartarse cuando aparecen nuevos requisitos a satisfacer, con motivo de la aclaración o constancias exhibidas en el escrito mediante el cual se cumplió la primera prevención, puesto que evidentemente no pudieron tenerse presentes en esa primera ocasión. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 108, fracción I, 112 y 114, fracciones I y III, en relación con el diverso 11 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: Acrediten la representación que ostentan a nombre del menor Erik Gadel Franco Pérez, debiendo exhibir, en dado caso, el documento debidamente certificado del que se desprenda dicha representatividad; así como una copia del mismo para cada una de las partes a efecto de corresles traslado. Lo anterior en razón de que este órgano jurisdiccional debe constatar si está demostrado plenamente el presupuesto procesal de la personalidad, para estar en aptitud de proveer respecto de la protección de la justicia federal que solicitan y no irrogar algún perjuicio a las partes en el juicio en que se actúa. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia número P./J. 43/96, consultable en la página número cuarenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo IV, julio de 1996, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: 'PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER', para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, Fracción IV, de la Ley de Amparo". Lo anterior, conlleva el apercibimiento que de no dar cumplimiento al requerimiento formulado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo respecto al menor aludido, en términos del numeral 114, párrafo segundo, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales y se acordara lo conducente en cuanto a la admisión o desechamiento de la demanda promovida por los quejosos. Notifíquese y personalmente a los quejosos. Así lo acordó y firma Víctor Manuel Rendón Sosa, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; diez de agosto de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta por el cual la Jefa del Archivo General de Notarias del Estado de México, en atención al proveído de veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, hace diversas manifestaciones respecto al instrumento notarial dieciocho mil trescientos ochenta y uno, volumen 256, folio 23, e informa que el mismo no corresponde al exhibido en los presentes autos, y remite copia certificada de diversa escritura número dieciocho mil trescientos ochenta y uno en el volumen 351. Atento a lo anterior, agréguese a los presentes autos, teniendo por desahogado el requerimiento inserto en el proveído de mérito, dejando insubsistente el apercibimiento con que fuera conminada, y este juzgador tiene por hecho el conocimiento de las manifestaciones vertidas en relación a la escritura en comento. Por otro lado, con el mismo fundamento legal, agréguese a los autos la comparecencia de cuenta por la cual Santiago Alonzo Nieto, perito oficial designado por el Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para fungir como perito en materia de topografía en el presente juicio de amparo, a través de la cual da cumplimiento el requerimiento inserto en proveído de tres de agosto de dos mil diecisiete; es decir, acepta y protesta el cargo conferido. Atento a ello, se tiene por aceptado y protestado dicho cargo para los efectos legales procedentes; y considerando que en auto de veinticuatro de julio de la presente anualidad, se corrió traslado a las partes con copia del cuestionario sobre el cual versará tal probanza, sin que al día de la fecha obren en autos los acuses de recibo de los que se advierta que se encuentran debidamente notificados, por tanto, este juzgador se reserva requerir al perito a efecto de que rinda el dictamen correspondiente, hasta en tanto acontezca lo anterior. Notifíquese. Así lo acordó y firma VÍctor Manuel Rendón Sosa, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.

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