Gerónimo Gabriel Polo Navarro
Expediente 695/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 695/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Gerónimo Gabriel Polo Navarro
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "...Xalapa, Veracruz, veintisiete de 10 agosto de dos mil veintiuno. 11 Vista la demanda de amparo 12 promovida por ****** y en representación de los 18 menores de doce a diecisiete años de la 19 comunidad estudiante del estado de 20 Veracruz, lo que acredita con copia 21 certificada del auto de cinco de septiembre 22 de dos mil diecisiete, emitido en el 23 expediente ******, del Pleno del " Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, 2 con sede en Ciudad de México, contra 3 actos del Presidente Constitucional de 4 los Estados Unidos Mexicanos, con 5 sede en Ciudad de México y otras 6 autoridades; fórmese expediente, 7 captúrese su ingreso en el Sistema Integral 8 de Seguimiento de Expedientes (SISE), 9 anótese en el libro de gobierno y regístrese 10 con el número 695/2021 que le 11 corresponde. 12 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA 13 DEMANDA 14 En primer término, debe decirse que 15 el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé 16 la facultad del Juez de Distrito de examinar 17 la demanda de amparo y, en caso de que 18 encuentre un motivo manifiesto e indudable 19 de improcedencia, desecharla de plano. 20 Así, debe tenerse en cuenta que lo 21 manifiesto se da cuando el motivo de 22 improcedencia se advierte en forma 23 patente y absolutamente clara de la del líbelo y lo indudable resulta de 2 la certidumbre y plena convicción que se 3 tenga de que la causa de improcedencia en 4 estudio es operante en el caso concreto. 5 De modo tal que aun cuando se 6 admitiera la demanda y se substanciara el 7 procedimiento, no resultara factible 8 formarse una convicción diversa, 9 independientemente de los elementos que 10 eventualmente pudieran allegar las partes. 11 Tal consideración encuentra 12 sustento, por identidad de razón, en la 13 jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el 14 Primer Tribunal Colegiado en Materia 15 Administrativa del Primer Circuito, visible 16 en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, 17 del Semanario Judicial de la Federación y 18 su Gaceta, con número de registro 196196, 19 de rubro siguiente: 20 "DESECHAMIENTO DE LA 21 DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE 22 IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E 23 INDUDABLE." En un principio, el quejoso reclama 2 en representación del ****** y en favor de los 5 menores de doce a diecisiete años de la 6 comunidad estudiante del estado de 7 Veracruz, lo siguiente: 8 Al Presidente de la República 9 Mexicana: 10 a) "La orden de acudir a clases 11 presenciales. La orden para que de 12 manera inevitable los 722 docentes 13 afiliados a la Organización Sindical 14 "******" 16 "(***** de la cual soy Secretario 17 General del Comité Estatal Sección 18 Veracruz y en consecuencia el riesgo, 19 evidente de atentar con la vida de los 20 menores de 12 a 19 años de edad 21 alumnos de los diferentes grados 22 escolares al acudir a las clases 23 presenciales en el Ciclo escolar 2021- 2022, a pesar de que el país se 2 encuentra en Pandemia por el virus 3 SARS CoV2 (COVID-19). 4 A todas las autoridades responsables: 5 b) La orden para que no se impartan 6 clases por medios remotos. La orden 7 para que no se impartan clases vía 8 remota; es decir, por medios televisivos 9 y/o internet para los alumnos de Nivel 10 Básicas (******) en el Ciclo 11 escolar 2021-2022, lo que entraña a la 12 cancelación del programa "Aprende en 13 Casa". 14 A todas las autoridades responsables: 15 c) Negativa a continuar impartiendo 16 clases vía remota. La negativa a 17 continuar con el esquema de clases vía 18 remota, bien sea con las impartidas por 19 medios televisivos o incluso por medios 20 electrónicos (internet). 21 A todas las autoridades responsables, 22 así como al Secretario de Educación del 23 Estado de Veracruz: d) Prohibición o impedimento. La 2 prohibición o impedimento para que 3 nuestro Docentes Afiliados a la 4 Organización Sindical "******" (*****) hijos 7 cursen el Ciclo Escolar 2021-2022, 8 impartan a sus alumnos las clases vía 9 remota; es decir por medios televisivos o 10 electrónicos (internet) 11 e) Efectos y consecuencias. Todos los 12 efectos y consecuencias que de hecho 13 y de derecho deriven de los actos 14 reclamados. 15 Ahora bien, toda vez que el 16 promovente se ostenta como representante 17 de los menores de doce a diecisiete años 18 de la comunidad estudiante del estado de 19 Veracruz, en ese sentido se advierte que se 20 actualiza de manera manifiesta e indudable 21 la causa de improcedencia prevista en el 22 artículo 61, fracción XII, en relación con 23 los diversos 5°, fracción I y 6°, de la Ley de Amparo, como se explica a 2 continuación. 3 La noción perjuicio, para la procedencia 4 de la acción constitucional, presupone la 5 existencia de un derecho legítimamente 6 tutelado que, al ser transgredido por la 7 actuación de una autoridad o por la ley, 8 faculta a su titular para acudir ante el 9 órgano jurisdiccional correspondiente, a 10 demandar el cese de esa transgresión. 11 Por otra parte, el artículo 5°, fracción I, 12 de la Ley de Amparo establece que la 13 parte quejosa es quien aduce ser titular de 14 un derecho subjetivo o de un interés 15 legítimo individual o colectivo, respecto de 16 la norma, acto u omisión reclamados que 17 considere ser violatorios de los derechos 18 previstos en el artículo 1º de la ley 19 mencionada y con ello se produzca una 20 afectación real y actual a su esfera jurídica, 21 ya sea de manera directa o en virtud de su 22 especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, de conformidad con el 2 artículo 107, fracción I, de la 3 Constitución Política de los Estados 4 Unidos Mexicanos, está legitimada para 5 promover el juicio de amparo, entre otros, la 6 persona que aduzca violación a un derecho 7 subjetivo, quien deberá acreditar ser titular 8 de ese derecho, pues la voluntad para 9 promover el juicio de amparo es un principio 10 fundamental, de modo que siempre debe 11 seguirse a instancia de parte agraviada. 12 En suma, para que el juicio de amparo 13 sea procedente, basta que los actos que se 14 reclamen revistan las siguientes 15 características, en relación con el interés de 16 la parte quejosa: 17 a) Que cause algún perjuicio o 18 afectación a la persona gobernada, ya 19 sea a alguno de los derechos subjetivos 20 de los que es titular o de alguno de los 21 derechos difusos protegidos por las 22 normas. b) Que ese agravio repercuta en la 2 esfera de derechos de la parte quejosa 3 de forma directa o indirecta, ya sea por 4 ser la destinataria del acto o por la 5 especial situación frente al orden 6 jurídico. 7 En consecuencia, la noción perjuicio 8 para que proceda el juicio de amparo, 9 presupone la existencia de un derecho 10 legítimamente tutelado que, cuando es 11 transgredido por la actuación de una 12 autoridad o por la ley misma, faculta a su 13 titular para acudir ante el órgano jurídico 14 correspondiente, demandando el cese de 15 esa trasgresión. 16 Sirve de apoyo la tesis aislada, 17 emitida por los Tribunales Colegiados de 18 Circuito, publicada en el Semanario Judicial 19 de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, 20 julio de 1994, página 704, con número de 21 registro 211702, de rubro: 22 "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO". De acuerdo con el criterio invocado, 3 corresponde a la parte quejosa demostrar la 4 procedencia de la acción constitucional; 5 para esto se requiere como presupuesto 6 necesario, que se acredite la afectación por 7 el acto reclamado, de los derechos que se 8 invocan; por tanto, no basta la existencia 9 del acto para concluir que éste 10 necesariamente perjudica a la parte 11 promovente del juicio de amparo, sino 12 que se requiere justificar el perjuicio que 13 sufre con motivo del acto reclamado. 14 Ahora bien, en relación con el interés 15 legítimo la Suprema Corte de Justicia de la 16 Nación ha establecido que su existencia 17 requiere, como mínimo, aunque no 18 exclusivamente, la demostración de una 19 afectación en cierta esfera jurídica, 20 apreciada en un parámetro de razonabilidad 21 y no sólo como una simple posibilidad, esto 22 es, una lógica que debe tener el vínculo entre la persona y la afectación aducida, 2 ante lo cual, una eventual sentencia de 3 protección constitucional implicaría la 4 obtención de un beneficio determinado, el 5 que no puede ser lejanamente derivado, 6 sino resultado inmediato de la resolución 7 que en su caso llegue a dictarse. 8 En efecto, el interés legítimo para instar 9 la acción constitucional consiste en una 10 categoría diferenciada y más amplia que el 11 interés jurídico, pero que tampoco se 12 identifica con el interés genérico de la 13 sociedad, como ocurre con el interés 14 simple, es decir, que se refiere a la 15 existencia de un vínculo entre ciertos 16 derechos fundamentales y una persona que 17 está en aptitud de expresar un agravio 18 diferenciado de los demás integrantes de la 19 comunidad, al ser su interés cualificado, 20 actual, real y jurídicamente relevante, de tal 21 forma que su anulación le producirá un 22 beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica como resultado inmediato y directo 2 de la resolución que se pronuncie. 3 Asimismo, la Sala referida ha dispuesto 4 que la falta de este presupuesto procesal 5 (interés legítimo) puede evidenciar la 6 actualización de una causa manifiesta e 7 indudable de improcedencia que conduciría 8 a desechar la demanda. 9 Sirve de apoyo la tesis 2a./J. 57/2017 10 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la 11 Suprema Corte de Justicia de la Nación, 12 publicada en el Semanario Judicial de la 13 Federación y su Gaceta, tomo II, Libro 43, 14 Junio de 2017, página 1078, con número de 15 registro 2014433, de rubro: 16 "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA 17 PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO 18 MANIFIESTO E INDUDABLE DE 19 IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE 20 AMPARO. 21 Asimismo, la tesis P./J. 50/2014 (10a.), 22 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 2 Semanario Judicial de la Federación y su 3 Gaceta, tomo I, Libro 12, noviembre de 4 2014, página 60, con número de registro 5 2007921, de rubro: 6 "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y 7 ALCANCE PARA EFECTOS DE LA 8 PROCEDENCIA DEL JUICIO DE 9 AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL 10 ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA 11 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 12 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)". 13 De lo anterior, se concluye que el 14 promovente no cuenta con un interés 15 legítimo para promover el juicio de amparo 16 en representación de los menores de doce 17 a diecisiete años de la comunidad 18 estudiante del estado de Veracruz, ya no 19 afecta los intereses jurídicos ni legítimos 20 de manera patente y real de la parte 21 quejosa; por lo cual se actualiza la causal 22 de improcedencia prevista en el artículo 23 61, fracción XII, en relación con los diversos 5°, fracción I y 6°, de la Ley de 2 Amparo. 3 Pues, se itera, con apoyo en los 4 artículos 5, 6 8 y 107, fracción I, de la Ley 5 de Amparo, el juicio debe ser promovido 6 necesariamente por la persona que tuviera 7 interés jurídico o legítimo y, que tratándose 8 de menores de edad, ellos están en 9 posibilidad de acudir al juicio a través de 10 sus representantes o cuando éstos se 11 encontraran ausentes, mediante cualquier 12 persona con capacidad de ejercicio. 14 Pero en el caso, si de conformidad 15 con los preceptos legales citados con 16 anterioridad, el juicio de amparo sólo puede 17 ser promovido por el propio afectado, 18 entendiéndose por éste quien aduce ser 19 titular de un derecho subjetivo o de un 20 interés legítimo individual o colectivo, o por 21 su representante legal o por su apoderado, 22 o por cualquier persona en los casos 23 previstos en esta ley, y el promovente no es quien ejerce la patria potestad, la tutela, o 2 custodia legal de los menores, ni tiene 3 carácter alguno reconocido. 4 Apoya a lo anterior la tesis emitida 5 por el Pleno de la Suprema Corte de 6 Justicia de la Nación, consultable en el 7 Semanario Judicial de la Federación, 8 Séptima Época, Volumen 76, Primera 9 Parte, página 45, con número de registro 10 232899. de rubro: 11 "LEGITIMACION PROCESAL PARA 12 OCURRIR AL AMPARO. 13 Orienta la anterior determinación la 14 tesis 1a. CLXXXIV/2015 (10a.), visible en la 15 página 448, libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, 16 Materia Común, Décima Época (Registro: 17 2009201) emitida por la Primera Sala de la 18 Suprema Corte de Justicia de la Nación, 19 con rubro: 20 "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE 21 ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN 22 ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN 2 GENERAL." 4 Ahora bien, en relación con lo 5 manifestado por la parte quejosa en el 6 sentido de tener interés jurídico y legitimo 7 para promover juicio de amparo, dígasele 8 que este juzgador considera actualizada la 9 causa de improcedencia invocada por los 10 motivos expuestos anteriormente. 11 Pues aun en el supuesto de admitirse la 12 demanda de amparo y sustanciarse el 13 procedimiento, no sería posible arribar a 14 una convicción diversa a la referida en 15 párrafos que preceden, 16 independientemente de los elementos que 17 pudiera allegar pues, como se dijo, en el 18 caso el quejoso reclama los intereses de 19 personas distintas a quienes si cuenta con 20 capacidad para representar. 21 Por otro lado, respecto a los actos 22 reclamados en representación del "******" se realiza el 3 siguiente pronunciamiento: 4 En el caso, se considera actualizada 5 la causa de improcedencia prevista en el 6 artículo 61, fracción XXIII, en relación con 7 los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, 8 de la Ley de Amparo. 9 De esos dispositivos legales se 10 advierte con claridad que el juicio de amparo 11 procede solamente contra 'actos de 12 autoridad', concepto que, en la especie, no 13 se estima que pueda recaerle a los actos de 14 ejecución impugnados a las autoridades 15 responsables. 16 La definición del concepto autoridad 17 responsable a que se refiere el artículo 5°, 18 fracción II, de la Ley de Amparo, ha sido 19 delimitado con precisión por el Pleno de la 20 Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 21 su carácter de máximo intérprete de la 22 Constitución General de la República, tal 23 como se puede observar en la tesis P. XXVII/97, visible en la página 118, Tomo V, 2 febrero de 1997, Semanario Judicial de la 3 Federación y su Gaceta, Novena época, con 4 número de registro 199459, de rubro 5 siguiente: 6 "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL 7 JUICIO DE AMPARO. LO SON 8 AQUELLOS FUNCIONARIOS DE 9 ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON 10 FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN 11 ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE 12 CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN 13 SITUACIONES JURIDICAS QUE 14 AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL 15 GOBERNADO." 16 Aclarado lo anterior, cabe afirmar que, 17 a las autoridades señaladas como 18 responsables, no le resulta el carácter de 19 autoridad para los efectos del amparo en 20 cuanto a los actos de ejecución que reclama 21 el quejoso. 22 Lo cual se sostiene así, partiendo de 23 la base de que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 103, fracción I, 2 constitucional y el artículo 1, fracción I, de la 3 Ley de Amparo, la procedencia del juicio de 4 amparo se encuentra supeditada al hecho 5 de que los actos que en el mismo se 6 reclamen provengan de autoridad, pues 7 atento a su naturaleza, se trata de un trámite 8 administrativo que deberán efectuar 9 aquellos en su calidad de patrón del 10 trabajador y no como autoridad, pues su 11 intervención en el juicio sólo se equipara a la 12 de un particular. 13 De ese modo, la actuación de las 14 autoridades responsables, no debe tomarse 15 como base para determinar la procedencia 16 del juicio constitucional, porque no actúa 17 como autoridad, sino como patrón, y los 18 actos de ejecución para efectos del juicio de 19 amparo, conforme al artículo 5°, fracción II, 20 de la Ley de Amparo, deben provenir 21 necesaria y forzosamente de una autoridad 22 en estricto sentido, y no del patrón del 23 trabajador, aun cuando se tratara de autoridad. 2 Pues en ese caso no actúa como tal, 3 sino que su proceder se equipara a la de un 4 particular, actualizándose por tanto, 5 respecto de los actos que se atribuyen a las 6 autoridades responsables, la causa de 7 procedencia invocada. 8 Por lo que autoridad es todo aquel 9 ente que ejerce facultades decisorias que le 10 están atribuidas en la ley y que, por ende, 11 constituyen una potestad administrativa, 12 cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de 13 naturaleza pública la fuente de tal potestad. 14 Sirve de apoyo la tesis 2a./J. 15 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la 16 Suprema Corte de Justicia de la Nación, 17 publicada en el Semanario Judicial de la 18 Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, 19 septiembre de 2011, página 1089, con 20 número de registro 161133, de rubro: 21 "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS 22 DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS 23 DISTINTIVAS." Así, cuando el Estado contrata a una 2 persona para que desempeñe cualquier 3 labor dentro de una entidad pública, la 4 actuación del titular del órgano de que se 5 trate frente a la persona contratada, no será 6 una actuación investida de imperio sino una 7 verdadera relación laboral surgida en un 8 plano de igualdad (coordinación) entre el 9 Estado como contratante y la persona que 10 va a desempeñar un servicio material, 11 intelectual o de ambos géneros, en virtud del 12 nombramiento que se le expidiera o por el 13 hecho de figurar en la nómina como 14 trabajador. 15 Por lo que todo lo relacionado con las 16 condiciones de trabajo, salario, prestaciones 17 y cualquier aspecto derivado de un contrato 18 de prestación de servicios, regirá entre ellos 19 las relaciones burocráticas bajo las cuales 20 los trabajadores desempeñarán sus 21 servicios y, si dentro de dichas relaciones 22 los trabajadores estiman violados sus 23 derechos laborales, y fueron esas transgresiones las que dieron origen al 2 conflicto planteado ante el Juez Federal, se 3 deduce que la autoridad actuó como simple 4 particular y sus actos necesariamente tienen 5 ese carácter, por lo que el juicio de amparo 6 resulta improcedente. 7 En este sentido, de la lectura de la 8 presente demanda así como de los anexos 9 a la misma se aprecia que la orden emitida 10 por las autoridades responsables de 11 retomar las clases presenciales, así como 12 de negar la impartición de clases de forma 13 remota, fue emitida dentro de una relación 14 de coordinación, emanada de un vínculo 15 laboral, lo cual deviene de una relación 16 entre particulares respecto de los derechos 17 laborales de los trabajadores, en la que 18 ambos están en un mismo plano de 19 igualdad. 20 Por lo que, al ser los derechos 21 aludidos en la demanda de carácter laboral, 22 facultan a quien promueve a ejercer su 23 acción ante la instancia jurisdiccional ordinaria correspondiente, a efecto de 2 defender lo que a su derecho corresponda 3 con motivo de los actos enunciados en su 4 demanda. 5 Así las cosas, se estima que el juicio 6 de amparo resulta improcedente por 7 reclamarse actos que no provienen de 8 autoridad, en estricto apego al criterio 9 establecido por el Segundo Tribunal 10 Colegiado en Materia de Trabajo del 11 Séptimo Circuito en la jurisprudencia 12 VII.2o.T. J/71 L, Registro digital: 2022822, 13 Décima Época, Materias(s): Común, 14 Laboral, Fuente: Gaceta del Semanario 15 Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo 16 de 2021, Tomo III, página 2596, Tipo: 17 Jurisprudencia, cuyo contenido es el 18 siguiente: 19 AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL 20 JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO LO 21 SON LOS PATRONES A LOS QUE SE 22 LES RECLAMA LA NEGATIVA A 23 OTORGAR MEDIDAS (COMO RESGUARDO DOMICILIARIO) ANTE LA 2 CONTINGENCIA SANITARIA POR EL 3 VIRUS SARSCOV2, QUE CAUSA LA 4 ENFERMEDAD COVID-19, POR LO QUE 5 PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA 6 DEMANDA RELATIVA POR CAUSA 7 NOTORIA E INDUDABLE DE 8 IMPROCEDENCIA. 9 Sin que se pierda de vista que la tesis 10 invocada es objeto de la denuncia relativa a 11 la contradicción de tesis 92/2021 y 12 182/2021, respectivamente, pendientes de 13 resolverse por la Segunda Sala de la 14 Suprema Corte de Justicia de la Nación. 15 Asimismo, por analogía se cita la 16 jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), emitido por 17 el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de 18 Trabajo del Primer Circuito, publicada en la 19 Gaceta del Semanario Judicial de la 20 Federación, 29, abril de 2016, tomo III, 21 visible en la página 1956, con registro digital 22 2011343, de título siguiente: 23 "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O 2 FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA 3 DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO 4 PATRÓN." 5 Cabe destacar que lo anterior no deja 6 al sindicato quejoso en estado de 7 indefensión jurídica, dado que, como se dijo 8 en párrafos precedentes, en todo caso se 9 encuentra facultada para llevar el asunto 10 ante los tribunales del orden común, cuyas 11 determinaciones serán las que, en su caso, 12 podrían ser discutidas, en el momento 13 procesal oportuno, a través del juicio de 14 amparo. 15 Pues el hecho de que el acto 16 reclamado se vincule a la emergencia 17 sanitaria que ahora impera en el País, con 18 motivo de la pandemia de COVID-19, no 19 impide la aplicación de las causas de 20 improcedencia del juicio de amparo y, por 21 tanto, no se lesiona el derecho de acceso a 22 la justicia. 23 Al respecto, es aplicable en lo conducente el criterio contenido en la tesis 2 III.4o.(III Región) 14 K (10a.), emitida por el 3 Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del 4 Centro Auxiliar de la Tercera Región, visible 5 a página 1641, Agosto 2013, Libro 12 XXIII, 6 Tomo 3, con número de registro 2004217, 7 de rubro siguiente: 8 "DERECHOS HUMANOS. LA 9 REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA 10 MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR 11 QUE LAS CAUSALES DE 12 IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE 13 AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR 14 ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE 15 ACCESO A LA JUSTICIA." 16 En este contexto y, bajo las razones 17 expuestas, con fundamento en el artículo 18 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es 19 DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA 20 origen de este asunto.
- Principal
Xalapa, Veracruz, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda este juicio de amparo y de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años a esta fecha, se proceda a su destrucción, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, como lo dispone el artículo en cita del acuerdo normativo; esto es, posterior al TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. Notifíquese como corresponda.
- Principal
SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR LA PARTE QUEJOSA, TODA VEZ QUE A LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES NO LES RESULTA EL CARACTER DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO EN CUANTO A LOS ACTOS DE EJECUCIÓN QUE RECLAMA.
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