German Uturiel Piñero Ruiz

Expediente 555/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
555/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
08/08/2023

Partes del expediente

  • German Uturiel Piñero Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Xalapa, Veracruz, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por el promovente *******, a través del cual solicita la devolución de los documentos que exhibió en el presente juicio de amparo. Al respecto, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, como lo solicita el promovente, hágase devolución de las documentales que indica, las que serán entregadas a dicho quejoso o bien a la persona que autoriza para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos. Se tiene a *********, como autorizada en términos del párrafo segundo del artículo 24 de la Ley de Amparo, debido a que no cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho ante los órganos del Poder Judicial de la Federación

  2. Principal

    Xalapa, Veracruz, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el promovente interpusiera recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este asunto como concluido.

  3. Principal

    Bajo esa premisa, en el caso, del escrito de demanda y ocursos aclaratorios se advierte la actualización de manera manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. De ahí que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia antes indicada y, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la materia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA ORIGEN DE ESTE JUICIO.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "... Xalapa, Veracruz, seis de julio de 11 dos mil veintitrés. 12 Agréguese a los autos el escrito 13 presentado por el promovente **********, a través del cual, 15 realiza diversas manifestaciones. 16 Al respecto, se tiene por cumplido el 17 requerimiento formulado en auto de 18 veintidós de junio de dos mil veintitrés. 19 Ahora, al realizar un análisis integral 20 de la demanda de amparo y escritos 21 aclaratorios, procede realizar el siguiente 22 pronunciamiento. 1 El artículo 113 de la Ley de Amparo 2 prevé que el Juez de Distrito, ante todo, 3 examinará la demanda de amparo y, en 4 caso de que encuentre un motivo 5 manifiesto e indudable de improcedencia, 6 deberá desecharla de plano. 7 Así, debe tenerse en cuenta que lo 8 manifiesto se da cuando el motivo de 9 improcedencia se advierte en forma 10 patente y absolutamente clara de la 11 lectura del líbelo y lo indudable resulta 12 de la certidumbre y plena convicción 13 que se tenga de que la causa de 14 improcedencia en estudio es operante en 15 el caso concreto. 16 De tal modo, que aun cuando se 17 admitiera la demanda y se substanciara 18 el procedimiento, no resultara factible 19 formarse una convicción diversa, 20 independientemente de los elementos que 21 eventualmente pudieran allegar las partes. 22 Tal consideración encuentra sustento, 1 por identidad de razón, en la 2 jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por 3 el Primer Tribunal Colegiado en Materia 4 Administrativa del Primer Circuito, visible 5 en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, 6 del Semanario Judicial de la Federación y 7 su Gaceta, con número de registro 8 196196, de rubro siguiente: 9 "DESECHAMIENTO DE LA 10 DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE 11 IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E 12 INDUDABLE. 13 Bajo esa premisa, en el caso, del 14 escrito de demanda y ocursos aclaratorios 15 se advierte la actualización de manera 16 manifiesta e indudable de la causa de 17 improcedencia prevista en el artículo 61, 18 fracción XX de la Ley de Amparo, que 19 establece: 20 "Artículo 61. El juicio de amparo es 21 improcedente: (.) 22 XX. Contra actos de autoridades 1 distintas de los tribunales judiciales, 2 administrativos o del trabajo, que deban 3 ser revisados de oficio, conforme a las 4 leyes que los rijan, o proceda contra 5 ellos algún juicio, recurso o medio de 6 defensa legal por virtud del cual 7 puedan ser modificados, revocados o 8 nulificados, siempre que conforme a las 9 mismas leyes se suspendan los efectos de 10 dichos actos de oficio o mediante la 11 interposición del juicio, recurso o medio de 12 defensa legal que haga valer el quejoso, 13 con los mismos alcances que los que 14 prevé esta Ley y sin exigir mayores 15 requisitos que los que la misma consigna 16 para conceder la suspensión definitiva, ni 17 plazo mayor que el que establece para el 18 otorgamiento de la suspensión provisional, 19 independientemente de que el acto en sí 20 mismo considerado sea o no susceptible 21 de ser suspendido de acuerdo con esta 22 Ley. 1 No existe obligación de agotar tales 2 recursos o medios de defensa, si el acto 3 reclamado carece de fundamentación, 4 cuando sólo se aleguen violaciones 5 directas a la Constitución o cuando el 6 recurso o medio de defensa se encuentre 7 previsto en un reglamento sin que la ley 8 aplicable contemple su existencia. 9 (.)" 10 El numeral transcrito establece lo que 11 la doctrina jurisprudencial ha denominado 12 principio de definitividad, acorde al cual el 13 juicio de amparo indirecto es 14 improcedente en el supuesto de que, 15 contra el referido acto reclamado, proceda 16 un recurso o medio ordinario de defensa 17 susceptible de nulificar, revocar o 18 modificar dicho acto, sin exigir mayores 19 requisitos que los previstos para el 20 otorgamiento de la suspensión definitiva. 21 Es decir, previo a la promoción del 22 juicio de protección de derechos humanos, 1 debe agotarse la jurisdicción ordinaria o 2 de lo contrario, el medio de control 3 constitucional será improcedente. 4 Para que esta hipótesis de 5 improcedencia opere, se requiere que el 6 acto reclamado provenga de una 7 autoridad distinta de los tribunales 8 judiciales, administrativos o del trabajo; 9 que contra dicho acto proceda algún 10 recurso, juicio o medio de defensa legal, 11 por virtud del cual pueda ser modificado, 12 revocado o nulificado; que conforme a la 13 ley que rija ese medio defensivo, los 14 efectos del acto reclamado puedan ser 15 suspendidos, y que para tal suspensión, 16 no se exijan mayores requisitos de los que 17 consigna la Ley de Amparo al efecto. 18 Por otra parte, la Segunda Sala de la 19 Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 20 resolver mediante ejecutoria de diez de 21 septiembre de mil novecientos noventa y 22 nueve, la contradicción de tesis 12/99, 1 determinó que para la aplicación de la 2 causal de improcedencia en análisis, 3 basta que alguna ley, formal y material, 4 prevenga de manera directa e inmediata, 5 la procedencia de algún recurso, juicio o 6 medio de defensa que posibilite la 7 modificación, revocación o nulidad del 8 acto reclamado, cuya tramitación permita 9 la suspensión de sus efectos sin solicitar 10 mayores requisitos que los consagrados 11 en la ley de la materia. 12 Lo que significa que el establecimiento 13 de los aludidos medios de impugnación no 14 están restringidos solamente al 15 ordenamiento del cual emane formalmente 16 o en que encuentre su fundamento el acto 17 de autoridad, puesto que ninguna de las 18 disposiciones aplicables al juicio de 19 garantías establece esa limitante, máxime 20 que el legislador cuenta con plena libertad 21 para instituir los recursos o medios 22 ordinarios de defensa que estime 1 pertinentes, sin quedar constreñido a 2 algún ordenamiento en particular. 3 Se invoca la jurisprudencia 115/99 de 4 la Segunda Sala de la Suprema Corte de 5 Justicia de la Nación, visible en la página 6 448, tomo X, octubre de 1999, Novena 7 Época, del Semanario Judicial de la 8 Federación y su Gaceta, con número de 9 registro 193142, de título siguiente: 10 "RECURSOS O MEDIOS DE 11 DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS 12 PARA SU DETERMINACIÓN EN 13 RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE 14 DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE 15 LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, 16 DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, 17 FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE 18 AMPARO)." 19 Así como la jurisprudencia 2a./J. 20 116/99 de la Segunda Sala de la Suprema 21 Corte de Justicia de la Nación, visible en 22 la página 447, tomo X, octubre de 1999, 1 Novena Época, del Semanario Judicial de 2 la Federación y su Gaceta, registro 3 193141, de rubro: 4 "RECURSOS O MEDIOS DE 5 DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN 6 ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO 7 LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE 8 FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL 9 ACTO RECLAMADO 10 (INTERPRETACIÓN DE LOS 11 ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA 12 CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, 13 DE LA LEY DE AMPARO)." 14 Sentado lo anterior, conviene precisar 15 que el principio de definitividad que rige el 16 juicio de protección de derechos humanos, 17 tiene que ver con la naturaleza jurídica del 18 juicio de control constitucional, pues no es 19 un recurso, sino un medio extraordinario 20 de defensa que sólo procede respecto a 21 actos definitivos, con relación a los cuales 22 no exista algún recurso cuya interposición 1 pueda dar lugar a la modificación, 2 revocación o nulificación del acto 3 reclamado; y en el supuesto de la fracción 4 que se examina atañe a los actos de 5 autoridades no judiciales, como lo son las 6 administrativas o fiscales. 7 Lo anterior, salvo los casos legales de 8 excepción que, en esencia, se relacionan 9 con el examen de aspectos de 10 constitucionalidad de leyes; la proposición, 11 en exclusiva, de violaciones directas a la 12 Constitución; cuando el acto carece de 13 fundamentación; y, cuando la legislación 14 que rige el recurso o medio de defensa 15 ordinario impone mayores requisitos que 16 la Ley de Amparo para conceder la 17 suspensión del acto impugnado o plazo 18 mayor que el que establece para el 19 otorgamiento de la suspensión provisional, 20 independientemente de que el acto en sí 21 mismo sea considerado, o no, susceptible 22 de ser suspendido de acuerdo con esa 1 ley. 2 Al respecto, es aplicable la 3 jurisprudencia I.6o.C. J/37, localizable en 4 el Semanario Judicial de la Federación y 5 su Gaceta, tomo XV mayo de 2002, 6 página 902, registro 187016, de rubro: 7 "AMPARO. PARA SU 8 PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO 9 AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS 10 DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN 11 ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL 12 PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE 13 RIGE EN EL JUICIO 14 CONSTITUCIONAL." 15 Acorde con lo expuesto en la porción 16 normativa transcrita, es necesario agotar 17 todas las instancias a que haya lugar 18 antes de interponer la demanda de 19 amparo contra un acto de autoridad 20 distinta de los tribunales judiciales, 21 administrativos o del trabajo, ello con el fin 22 de cumplir el principio de definitividad que, 1 al igual que otros, rige el juicio de amparo, 2 cuyo sustento descansa en su naturaleza 3 extraordinaria. 4 Por lo tanto, podemos concluir que, 5 como lo precisa el artículo 61, fracción XX, 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo 7 es improcedente contra actos de 8 autoridades distintas de los tribunales 9 judiciales, administrativos o del trabajo, 10 que deban ser revisados de oficio, 11 conforme a las leyes que los rijan, o 12 proceda contra ellos algún recurso, juicio o 13 medio de defensa legal por virtud del cual 14 puedan ser modificados, revocados o 15 nulificados, siempre que conforme a las 16 mismas leyes se suspendan los efectos de 17 dichos actos mediante la interposición del 18 recurso o medio de defensa legal que 19 haga valer el agraviado, sin exigir mayores 20 requisitos que los que la presente ley 21 consigna para conceder la suspensión 22 definitiva, independientemente de que el 1 acto en sí mismo considerado sea o no 2 susceptible de ser suspendido de acuerdo 3 con esta ley, exceptuando de lo anterior, 4 los casos en que el acto reclamado 5 carezca de fundamentación. 6 Ahora bien, en el particular, el 7 promovente GERMÁN ITURIEL PIÑERO 8 RUIZ, señala como acto reclamado 9 destacado: 10La negativa a entregarle la cédula 11 de empadronamiento y/o licencia de 12 funcionamiento para operar el gimnasio 13 "Los 300". 14 Sentando lo anterior, resulta necesario 15 transcribir el contenido del artículo 280, 16 fracción II, del Código de Procedimientos 17 Administrativos para el Estado de 18 Veracruz, que establece: 19 "Artículo 280. Procede el juicio 20 contencioso en contra de: 21 (.) 1 II. Actos administrativos que 2 dicte, ordene, ejecute o trate de 3 ejecutar la autoridad, que afecten 4 derechos de particulares; 5 (.). 6 De igual manera, los artículos 296 y 7 305 de la citada legislación disponen: 8 "Artículo 296. Dentro de los tres días 9 siguientes a la presentación de la demanda, 10 se dictará acuerdo sobre su admisión. En el 11 mismo acuerdo se admitirán o desecharán 12 las pruebas ofrecidas y, en su caso, se 13 dictarán las providencias necesarias para 14 su desahogo. 15 Tratándose de la suspensión deberá 16 resolverse dentro del término de 17 veinticuatro horas siguientes a la 18 presentación de la demanda. 19 (.) 20 "Artículo 305. Iniciado el juicio 21 contencioso administrativo, podrán 1 decretarse todas las medidas cautelares 2 necesarias o la suspensión del acto 3 impugnado, para el efecto de mantener las 4 cosas en el estado en que se encuentren, 5 en tanto se dicte sentencia. No se otorgarán 6 las medidas cautelares ni la suspensión, si 7 se sigue perjuicio al interés público, si se 8 contravienen disposiciones de orden 9 público o se deja sin materia el juicio. 10 La Sala Unitaria podrá decretar 11 medidas cautelares positivas cuando, 12 tratándose de situaciones jurídicas 13 duraderas, se produzcan daños 14 substanciales al actor o una lesión 15 importante del derecho que pretende, por el 16 simple transcurso del tiempo. 17 La suspensión del acto impugnado se 18 decretará dentro del término de veinticuatro 19 horas siguientes a la presentación de la 20 demanda y las medidas cautelares se 21 decretarán de plano, ambos casos a cargo 22 de la Sala Unitaria, en el mismo acuerdo en 1 que se admita la demanda y podrá 2 solicitarlas el actor en el escrito de 3 demanda, o en cualquier momento mientras 4 se encuentre en trámite el juicio ante la 5 Sala Unitaria que conozca el asunto. 6 Cuando se otorguen las medidas 7 cautelares o la suspensión del acto, se 8 comunicarán sin demora a la autoridad 9 demandada para su inmediato 10 cumplimiento." 11 Del primer artículo citado se advierte 12 que el Tribunal Estatal de Justicia 13 Administrativa del Poder Judicial del 14 Estado de Veracruz de Ignacio de la 15 Llave, conocerá de los juicios que se 16 promuevan, entre otros actos, aquellos de 17 carácter administrativo que dicte, ordene, 18 ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que 19 afecten derechos de particulares. 20 Por lo que respecta a los artículos 21 296 y 305, se deriva que en el caso sujeto a 22 estudio, el Código de Procedimientos 1 Administrativos para el Estado de Veracruz, 2 no estipula mayores requisitos que la Ley 3 de Amparo para obtener la suspensión del 4 acto reclamado, de hecho, en ésta se 5 establecen símiles exigencias al solicitante 6 para obtener la medida cautelar 7 (comparado con las establecidas en los 8 numerales 128 y 129 de la Ley que rige a la 9 materia). 10 En este contexto, resulta inconcuso 11 que el acto combatido en esta vía se ubica 12 en la hipótesis de procedencia de asuntos 13 de competencia del Tribunal Estatal de 14 Justicia Administrativa del Poder Judicial 15 del Estado de Veracruz de Ignacio de la 16 Llave, pues se trata de cuestiones 17 relacionadas con una negativa a 18 entregarle la cédula de empadronamiento 19 y/o licencia de funcionamiento para operar 20 el gimnasio "Los 300". 21 Por lo que debe acudir ante la 22 instancia ordinaria a reclamar el acto 1 administrativo que le causa perjuicio, 2 pues es claro que, mediante el juicio 3 contencioso administrativo, puede 4 confirmarse, modificarse, revocarse o 5 nulificarse el acto reclamado. 6 De este modo, en observancia al 7 principio de definitividad, resulta necesario 8 que el promovente agote los medios 9 ordinarios de defensa previamente a 10 acudir al juicio de amparo, toda vez que 11 debe recordarse que la acción 12 constitucional es un medio 13 extraordinario de defensa al cual puede 14 acudirse una vez que se hayan 15 desahogado las herramientas procesales 16 mediante las cuales el acto reclamado 17 pueda ser modificado, revocado o 18 anulado. 19 Se invoca la jurisprudencia 2a./J. 20 27/2016 (10a.), sustentada por la Segunda 21 Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 22 Nación, consultable en la Gaceta del 1 Semanario Judicial de la Federación, 2 Décima Época, registro 2011289, Segunda 3 Sala, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, 4 página: 1194, registro 173555, cuyo rubro 5 es: 6 "JUICIO CONTENCIOSO PREVISTO 7 POR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 8 ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO 9 DE VERACRUZ. OBLIGACIÓN DE 10 AGOTARLO PREVIAMENTE A INTENTAR 11 LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL." 12 Sin que en el presente asunto se 13 actualice algún supuesto de excepción al 14 principio de definitividad, pues la 15 suspensión del acto reclamado es 16 procedente mediante la promoción del 17 citado juicio contencioso, con los mismos 18 alcances que los que prevé la Ley de 19 Amparo para ello, sin exigir mayores 20 requisitos que los que en ella se consignan 21 para conceder la suspensión definitiva, ni 1 plazo mayor que el que establece para el 2 otorgamiento de la suspensión provisional. 3 Cobra aplicación a la anterior 4 determinación la jurisprudencia 2ª./J 5 126/2019, correspondiente a la décima 6 época, emitida por la Segunda Sala de la 7 Suprema Corte de Justicia de la Nación, 8 visible en la Gaceta del Semanario Judicial 9 de la Federación, Tomo I, Libro 70, 10 Septiembre de 2019, página 326, registro 11 2020596 y rubro: 12 "JUICIO CONTENCIOSO 13 ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL 14 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 15 ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO 16 DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 17 LLAVE. ES NECESARIO AGOTARLO 18 PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE 19 AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES 20 QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL 21 ACTO IMPUGNADO Y LOS REQUISITOS 22 PREVISTOS PARA SU OTORGAMIENTO 1 SON, EN ESENCIA, IGUALES A LOS 2 ESTABLECIDOS EN LA LEY DE 3 AMPARO." 4 De igual forma, el promovente si bien 5 reclama violaciones directas al texto 6 constitucional, lo cierto es, que de manera 7 preponderante hace valer argumentos de 8 legalidad, como es que se vulneró en su 9 perjuicio artículos del Reglamento de 10 Desarrollo Económico y del Bando de 11 Policía y Gobierno del Municipio de Xalapa; 12 y, en adición, el medio de defensa ordinario 13 por virtud del cual podría obtener la 14 revocación, nulificación o modificación de 15 los actos reclamados no está previsto en un 16 reglamento sino que, como se expuso, se 17 encuentra establecido en una ley en sentido 18 formal y material. 19 De ahí que se actualiza de manera 20 manifiesta e indudable la causa de 21 improcedencia antes indicada y, con 22 apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de 1 la Ley de la materia, procede DESECHAR 2 DE PLANO LA DEMANDA ORIGEN DE 3 ESTE JUICIO. "

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