Germán Ulises Camacho Verduzco
Expediente 38/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 38/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Germán Ulises Camacho Verduzco
- Claudia Lourdes Camacho Verduzco
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de amparo 38/2021-3B, donde se desechó la demanda de amparo interpuesta por Claudia Lourdes Camacho Verduzco, Germán Ulises Camacho Verduzco y José Pantaleón Camacho Verduzco, por su propio derecho y José Pantaleón Camacho Verduzco, además como albacea definitivo de la sucesión testamentaria a bienes de José Pantaleón Camacho Rivera; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, párrafo segundo, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se desechó la demanda de amparo interpuesta por Alberto Angulo Valle; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA: CLAUDIA LOURDES CAMACHO VERDUZCO, GEMAN ULISES CAMACHO VERDUZCO, Y JOSE PANTALEON CAMACHO VERDUZCO, PROPIO DERECHO Y JOSE PANTALEON CAMACHO VERDUZCO, ADEMAS COMO ALBACEA DEFINITIVO DE LA SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES DE JOSE PANTALEON CAMACHO RIVERA, EL ACUERDO DE VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: Se tiene por recibido el escrito inicial de demanda, firmado por Claudia Lourdes Camacho Verduzco, Gemán Ulises Camacho Verduzco y José Pantaleón Camacho Verduzco, propio derecho y José Pantaleón Camacho Verduzco, además como albacea definitivo de la sucesión testamentaria a bienes de José Pantaleón Camacho Rivera, mediante el cual promueven demanda de amparo, contra actos del Jueza adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, Sinaloa. Registro e integración de expediente En consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 38/2021-3B y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Decisión sobre la instancia constitucional En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo y anexos, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 198, Tomo VIII, Noviembre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro de localización 221353, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos señalaron como acto reclamado lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: a).- LA C. JUEZA ADSCRITA AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA; le reclamo la sentencia interlocutoria dictada en fecha 05 DE ENERO DE 2021 puesto que la juzgadora declaró improcedente el recurso de revocación hecho valer en contra del auto de fecha 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, en la parte donde no se concedió la suspensión del procedimiento a pesar de haberse justificado????????????la muerte de la parte actora". Por lo que hace a los antecedentes del acto reclamado, los peticionarios manifestaron: "1. Que en fecha 03 DE DICIEMBRE DE 2019 la hoy finada MARIA LUCILA INZUNZA ROMÁN, demandó la nulidad del testamento público abierto otorgado por nuestro padre José Pantaleón Camacho Rivera, demanda que fue radicada en el expediente 1285/2019 del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, Sinaloa, acordándose su admisión en auto de fecha 10 DE DICIEMBRE DE 2019 (véase foja 25). 2.- Que los suscritos fuimos llamados a juicio y contestamos oponiendo excepciones y defensas en el expediente 1285/2019 del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, Sinaloa, acordándose dicha contestación en tiempo y forma en auto de fecha 14 DE ENERO DE 2020 (véase foja 79). 3.- Que en fecha 28 DE JUNIO DE 2020 falleció la señora MARÍA LUCILA INZUNZA ROMÁN, lo cual acredito con la copia certificada de su acta de defunción número 00310 del libro 02 de la oficialía 001 del registro Civil de la Localidad de Guamúchil, Salvador Alvarado. 4.- Que en fecha 28 DE AGOSTO DE 2020 y derivado de la defunción de la señora MARÍA LUCILA INZUNZA ROMÁN los suscritos mediante nuestro procurador judicial solicitamos la suspensión del juicio del cual deriva el presente juicio de amparo. 5.- Que en fecha 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 se dictó acuerdo en el cual se resuelve de manera negativa lo solicitado por nuestra parte bajo los argumentos que se exponen a profundidad en los conceptos de violación de la presente demanda de amparo. 6- Que en fecha 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 derivado de la negativa a resolver de manera favorable lo expuesto en los puntos que antecede los suscritos nos vimos en la necesidad de promover RECURSO DE REVOCACIÓN en contra del auto de fecha 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 incidente en el cual se manifestaron los razonamientos que pueden observarse de igual manera en los conceptos de violación de la presente demanda. 7.- Que en fecha 05 DE ENERO DE 2021 se dictó la sentencia interlocutoria en la cual se resolvió el recurso de revocación mencionado con anterioridad donde la Juzgadora bajo los argumentos que en dicha resolución expuso declaró improcedente lo solicitado por nuestra parte a pesar de haberse justificado plenamente la muerte de la parte actora, manifestando que se nos notificó dicha resolución en fecha 06 DE ENERO DE 2021" (sic). Como se ve, los aquí quejosos, al figurar como herederos en la sucesión testamentaria, fueron llamados al juicio de nulidad del testamento promovido por María Lucila Inzunza Román, radicado bajo número 1285/2019 del índice del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, Sinaloa. Al fallecer la citada María Lucila Inzunza Román, los ahora quejosos solicitaron, por conducto de su procurador judicial, la suspensión del procedimiento en dicho juicio de nulidad, petición a la que recayó el acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veinte, negando la suspensión del procedimiento solicitada. Contra esa determinación, los peticionarios en este amparo, el catorce de septiembre de dos mil veinte, plantearon recurso de revocación ante la propia jueza??????????????? de los autos, resolviéndose ese recurso mediante interlocutoria del cinco de enero de dos mil veintiuno, en el sentido de confirmar la determinación recurrida. Esa interlocutoria es lo que constituye el acto reclamado en este amparo. Pues bien, del estudio respectivo, este juzgador concluye que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la ley de Amparo. Ciertamente, tales preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Cabe precisar que la actual redacción del artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Además, nuestro máximo Tribunal en Pleno ha interpretado dicha precisión, estableciendo que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían lo siguiente: a).- La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, b).- La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anterior se encuentra plasmado en la tesis de jurisprudencia número P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En tales condiciones, en estricto apego a lo que establece el artículo 107 fracción V de la ley de Amparo transcrito, es claro que el acto reclamado que por esta vía combate la parte quejosa, no reúne de manera alguna las características de "imposible reparación", a que se refiere el mismo y que hace procedente el juicio de amparo indirecto ante los Juzgados de Distrito, en virtud de que tal acto reclamado relativo a la negativa de suspender el procedimiento en el juicio de nulidad del que deriva ese juicio de derechos, no constituye un acto procesal de ejecución irreparable. Ciertamente la determinación combatida no afecta a la parte quejosa, de manera cierta e inmediata ningún derecho subjetivo protegido por las garantías individuales, que no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener resolución favorable en el juicio??????????????? natural, pues por una parte ha tenido la oportunidad de ser oída y vencida; y, por otra parte, tampoco le afecta en grado predominante o superior, pues en el caso no concurren circunstancias de gran trascendencia que impliquen una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión dependa la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales de la parte quejosa, o bien porque conlleven la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, puesto que no deja sin defensa a las partes ni trasciende al resultado del fallo, si se tiene en cuenta que la acción de nulidad ejercida queda sujeta a los hechos contenidos en la demanda, a las excepciones propuestas por los demandados y a las pruebas aportadas por las partes dentro del juicio, lo que resultará el emitir la sentencia respectiva. Sirve de apoyo al respecto la jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, tomo 56, agosto de 1992, Octava época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y la tesis aislada número P.LVII/2004, también sustentada por el Pleno, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 9, tomo XX, octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubros y textos son los siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Por lo anterior, se enfatiza que la naturaleza y las consecuencias en sí mismas del acto reclamado son las que determinan la procedencia o no de la instancia constitucional y no los aspectos o conductas procesales de las partes, de modo que, en el caso a estudio el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, y por ende, no procede el amparo indirecto para reclamarlo; puesto que, se insiste, se trata de una determinación de la autoridad de origen que se traduce en la negativa a suspender??????????????? el procedimiento en el juicio natural, cuestión que no produce una afectación material a los derechos sustantivos de los impetrantes, de manera inmediata. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues de admitirla a trámite, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.". Así como la jurisprudencia J/231, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de los promoventes del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una 1 Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, tomo XXIV, junio de 2006, página 921.??????????????? existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.)2, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.)3, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, que indica: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". Habilitación de días y horas inhábiles Por último, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a la actuaria de la adscripción para que practique cualquier diligencia o notificación personal relacionada con el presente asunto. Domicilio y autorizados Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 3, tomo I, febrero de 2014, página 487. 3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, página 1641. 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del impetrante de garantías, para oír y recibir notificaciones, en el tercer retorno cerro del Murciélago número 2320, Fraccionamiento Residencial Versalles, de esta Ciudad. Como su autorizado para tales efectos, en su nombre y en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, al licenciado Roque Ruelas Tapia y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Jesús Ángel Baez Burgos, toda vez que no tiene registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. De igual forma, se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones a Dalia Isela López Inzunza y José Luis Melendrez Mejia. Apercibimiento a las partes. Por otra parte, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea ''juicio en línea'', quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a través de promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020.??????????????? Protección de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de las promoventes que tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se niega a la publicación de éstos.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 4,666 expedientes
- Gerardo Velderrain Chavez195/2020
- Gerisse Iñiguez Oviedo764/2022
- German Cardenas Valenzuela449/2020
- GERMAN HAYS HAYS VELAZQUEZ y Otros.138/2019
- German Ocha Machado686/2018
- German Olivas Paulino292/2018
- Geronimo Almeida Zavala630/2021
- Gervacio Lopez Lopez381/2023
- Gervacio Lopez Lopez367/2023
- Gervacio Osuna Contreras366/2022
- Gervacio Osuna Contreras658/2023
- Gervasio Osuna Contrera133/2021