German Cardenas Valenzuela

Expediente 449/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
449/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
11/12/2020

Partes del expediente

  • German Cardenas Valenzuela

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se desprende que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en la Ley de Amparo para que las partes en este juicio constitucional interpusieran el recurso de revisión contra la resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en la cual se sobreseyó, sin que se haya presentado alguna promoción al respecto; por tanto, con fundamento en los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En ese sentido, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, el presente juicio de amparo se sobreseyó; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Germán Cárdenas Valenzuela, contra actos del Comandante de la Policía de Investigación de la Vicefiscalía del Estado de Sinaloa, Zona Norte, con sede en esta ciudad, por las razones invocadas en el considerando segundo de la presente resolución.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por el Comandante de Policía de Investigación del Estado, Zona Norte, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado solicitado a la autoridad responsable antes citada, dese vista a las partes con el mismo, para que se impongan de su contenido.

  4. Principal

    Visto el escrito de demanda de cuenta, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 2º, 3º, 5º, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 125 de la Ley de Amparo por reunir los requisitos necesarios se admite a trámite la demanda promovida por Germán Cárdenas Valenzuela, contra actos del Comandante de la Policía de Investigación de la Vicefiscalía del Estado de Sinaloa, Zona Norte, con sede en esta ciudad; fórmese expediente tanto impreso como electrónico, regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 449/2020-4B. En ese contexto, requiérase informe justificado a la autoridad señalada como responsable quien deberá rendirlo por escrito, pudiendo hacerlo, además de la vía ordinaria, por la vía fax al número 668 815 32 08 o, bien, al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, dentro de los quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; apercibidas que de no rendir el informe justificado respectivo o lo hacen sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cinco del artículo 117 de la ley de la materia, se les impondrá en la sentencia respectiva una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los artículos 75, 117 y 260, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Del mismo modo, cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o improcedencia de este juicio de amparo, deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, y si incumplen con esa obligación, se les impondrá una multa por el equivalente de treinta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los preceptos 64 y 251 de la Ley Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Pues bien, se señalan las diez horas con cuarenta minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veinte, para el verificativo de la audiencia constitucional. En diverso orden, con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se tiene como parte en el presente juicio constitucional al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano judicial. Por otra parte, es oportuno destacar que el acto reclamado consiste en lo siguiente: "La violación a las garantías de seguridad jurídica y debido proceso, consagradas en los artículos 14 y 16 constitucional al intentar aprenderme y detenerme sin la orden judicial correspondiente. (ILEGAL DETENCIÓN SIN ORDEN DE APREHENSION)". Pues bien, del capítulo de suspensión se desprende que el quejoso solicita le sea concedida ésta de manera provisional, y en su momento la definitiva, para que las cosas permanezcan en el estado que guardan mientras se resuelve el presente juicio de garantías, esto con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, acto que le reclama al Comandante de la Policía de Investigación de la Vicefiscalía del Estado de Sinaloa, Zona Norte, con sede en esta ciudad; en ese tenor se desprende que dicha autoridad no está facultada para emitir ese tipo de mandamiento judicial, de ahí que se estima que el acto aquí reclamado se trata de uno emitido fuera de procedimiento judicial, por lo que la suspensión del acto reclamado se verá a la luz de la suspensión de plano y de oficio. En este tenor, para efecto de analizar la procedencia de la suspensión de plano de manera oficiosa es oportuno señalar los supuestos previstos por el artículo 22 Constitucional, y el diverso 15 de la Ley de Amparo, los cuales señalan: 22.-Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquiera otra pena inusitadas y transcendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. . 15.-Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agravio se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. . En el mismo contexto, el artículo 126 de la Ley de Amparo prevé: Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Pues bien, si el quejoso señala como autoridad responsable únicamente al Comandante de la Policía de Investigación de la Vicefiscalía del Estado de Sinaloa, Zona Norte, con sede en esta ciudad, es indudable que dicha autoridad no goza de competencia para emitir ordenes privativas de libertad -aprehensión-, por ende, se trata de actos emitidos fuera de procedimiento, por tanto, representan ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, de ahí que, en términos del artículo 15 en concordancia con el numeral 126, ambos de la Ley de Amparo se concede la suspensión de plano para el efecto de que la autoridad responsable Comandante de la Policía de Investigación de la Vicefiscalía del Estado de Sinaloa, Zona Norte, con sede en esta ciudad, suspenda y cese cualquier acto privativo de la libertad sin orden de aprehensión por ella emitida fuera de procedimiento contra el impetrante Germán Cárdenas Valenzuela. De modo que la autoridad responsable deberá tomar las medidas pertinentes para que cese de inmediato esos actos, e informando dentro del término de veinticuatro horas sobre el cumplimiento de esta resolución, ya sea informando si son ciertos los actos de mérito o negándolos, pero informando en forma circunstanciada; debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Apercibida que de no rendir el informe antes requerido, o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo que antecede, se le impondrá una multa por el equivalente de cincuenta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la ley de la materia, a que se refiere el Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. En la inteligencia de que la suspensión de plano aquí emitida no surtirá efectos legales si la orden de aprehensión, o privativa de la libertad fue emitida por autoridad jurisdiccional o con competencia para hacerlo, o bien, si se trata de flagrante delito, y deba ser ejecutada por la aquí señalada como autoridad, dado que, se trataría de un acto diverso al señalado en la demanda de amparo en análisis; cierto, el acto reclamado en este juicio de amparo versa sobre ataques a la libertad personal fuera de procedimiento emitido por autoridad que carece de competencia para hacerlo, no así dentro de procedimiento pues no fue señalada autoridad jurisdiccional alguna o con competencia para emitirlas como responsables, o bien, que se trate de delito en flagrancia y, el capítulo de autoridades responsables es claro en establecer el carácter de autoridad únicamente al Comandante de la Policía de Investigación de la Vicefiscalía del Estado de Sinaloa, Zona Norte, con sede en esta ciudad. Sin que sea necesario aperturar incidente de suspensión, toda vez que ya se proveyó lo conducente al conceder la suspensión de oficio y de plano. En otro panorama, con apoyo en el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Cinco de Mayo número 401 oriente, colonia Anáhuac, en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa; de igual manera, téngase como sus autorizados únicamente para imponerse de autos a Gonzalo García Eguino y Cito Gerardo García Sáenz, en atención a que no tienen registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito. Por otra parte, hágase saber al promovente del amparo, que en caso de la inexistencia de la autoridad o, bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella; lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso está obligado a señalar con precisión a las autoridades responsables, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2o.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA.". Por otro lado, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento del promovente que tiene derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se niega a la publicación de éstos. Por último, en virtud de la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional y, a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2, se habilitan días y horas inhábiles respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.

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