German Ricardo Dominguez Arredondo

Expediente 476/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
476/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
29/01/2021

Partes del expediente

  • German Ricardo Dominguez Arredondo

Actuaciones

  1. Principal

    I. Uruapan, Michoacán, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. DEVUELVE DESPACHO [1337]. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio enviado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a través del cual se devuelve diligenciado el despacho 932/2020 (orden 1862/2020), del índice de este Juzgado, enviado con la finalidad de notificar al quejoso********************el proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte; encomienda que se realizó el diecisiete de diciembre de la citada anualidad. BAJA. Dese de baja dicha comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo, sin que haya lugar a lugar acusar el recibo correspondiente; lo anterior, toda vez que el ocurso de que se trata fue recibido vía correo electrónico. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.

  2. Principal

    I. Uruapan, Michoacán, veintidós de enero de dos mil veintiuno. ESTADO DE AUTOS. Tomando en consideración que se encontraban suspendidas las actividades laborales de este órgano jurisdiccional hasta el once de enero de dos mil veintiuno, de conformidad con la Circular CAP/3/2020, que determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública del virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad denominada Covid-19. REACTIVACIÓN. Sin embargo, mediante la diversa Circular SECNO/1/2021, se estableció en el punto "II" que el ordenamiento aplicable para la operación de este órgano jurisdiccional a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad denominada Covid-19, en el que se determinó la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones. Por lo tanto, se ordena la reactivación del juicio en que se actúa, en el estado procesal en que se encuentra; por lo que, se hace del conocimiento de las partes que los plazos y términos legales que se encontraban suspendidos, en relación a los requerimientos y/o vistas concedidas en autos, se reanudan a partir de la notificación de la presente determinación, en términos de lo dispuesto por el artículo 2, del citado Acuerdo General 21/2020; en el entendido de que subsisten los apercibimientos decretados en autos. DEVUELVE DESPACHO. Por otro lado, con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio número 2318, signado por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Lázaro Cárdenas, Michoacán, a través del cual se devuelve diligenciado el despacho 859/2020 (Orden 1725/2020), del índice de este Juzgado, enviado con la finalidad de notificar a la parte quejosa el proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte; encomienda que se realizó el veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Dese de baja dicha comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo; acúsese recibo al estilo correspondiente. EFECTIVO APERCIBIMIENTO. Del estado procesal de autos y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en el referido proveído, a fin de que designara domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, sin que lo haya hecho. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento con que se le previno en aquel mandato judicial; por tanto, las subsecuentes notificaciones de carácter personal que, en su caso, tengan que practicársele, se le harán por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), en relación con el 29, de la Ley de Amparo, hasta en tanto designe domicilio en esta ciudad, para tal efecto. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    I. CUMPLE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito de cuenta, firmado electrónicamente por Víctor Hugo Solís Rumbo, apoderado legal del quejoso Germán Ricardo Domínguez Arredondo, mediante el cual en cumplimiento a la prevención contenida en auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, señala de manera clara, precisa y concreta los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado; manifiesta que el juicio civil hipotecario 233/2019 del cual deriva los actos reclamados, se encuentra en estado de ejecución de sentencia, que sí se le emplazó a dicho procedimiento y que en auto de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, en lo que interesa, se ordenó que las subsecuentes notificaciones se le harían por medio de lista; así como que únicamente reclama la sentencia interlocutoria dictada en el incidente de liquidación emitida dentro del juicio civil hipotecario 233/2019. PRECISIÓN. Sin que obste a lo anterior que no se cuente con el despacho 859/2020 (orden 1725/2020), por el cual se ordenó notificar a la parte quejosa el proveído de nueve de noviembre del año en curso, por el cual se le previno aclarara su demanda, toda vez que como se advierte dicho escrito fue presentado dentro de los cinco días concedidos para desahogar dicha prevención. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone a la juzgadora la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causa de improcedencia, manifiesta e indudable, por lo que se realizará el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo" . FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis integral de la demanda de amparo, se tiene que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: Del Juez Primero de Primera Instancia en Materia civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán. La sentencia interlocutoria dictada en el incidente de liquidación relativo al juicio civil hipotecario 233/2019, así como las violaciones procesales que se llevaron a cabo en ese procedimiento. Cabe referir que el solicitante de amparo, por una parte, comparece en esta vía constitucional como parte demandada dentro del juicio de origen. En el caso, respecto al acto reclamado antes citado se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el medio de control constitucional en comento es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los medios ordinarios de defensa por medio de los cuales se pueda modificar, revocar o anular los actos reclamados. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones recurribles. Además, el precepto normativo invocado establece que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". En la especie, se configura la causa de improcedencia citada, debido a que la parte quejosa debió agotar el recurso de apelación, a través del cual es legalmente posible modificar, revocar o nulificar la sentencia interlocutoria que decidió el incidente de liquidación relativo al juicio civil hipotecario 233/2019, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo que se desprende de lo previsto en el artículo 689 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, al disponer que son apelables las sentencias que recaigan en negocios de la competencia de los jueces de primera instancia. En efecto, los artículos 738 y 739, del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Michoacán, establecen lo siguiente: "Artículo 738. Si la sentencia no contuviere cantidad liquida, la parte a cuyo favor se pronunció, presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte contraria. Si ésta nada expusiere dentro del término fijado, se decretará la ejecución por la cantidad o cantidades de la liquidación que se justifiquen legalmente; mas si expresare su inconformidad, se dará vista de las razones que alegue a la parte promovente, la cual contestará dentro de tres días, fallando el Juez o Sala dentro de igual término lo que estime justo. Artículo 739. La resolución que se dicte en el caso del artículo anterior, será apelable en el efecto devolutivo." Por su parte los artículos 682, 689, 690 y 691 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, respecto del recurso de apelación, determinan: "Artículo 682. El recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal de Apelación revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados. No obstante lo dispuesto anteriormente, en los procedimientos relacionados con derechos de incapaces, se suplirá la deficiencia de la queja. Artículo 689. Sólo son apelables las sentencias que recaigan en negocios de la competencia de los jueces de primera instancia. Artículo 690. Las sentencias que fueren apelables conforme al artículo anterior, lo serán en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Artículo 691. Los autos son apelables cuando lo dispone la ley, si, además lo fuere la sentencia definitiva en el juicio en que se dicten. La apelación será admisible sólo en el efecto devolutivo, salvo en aquellos casos en que se disponga expresamente otra cosa." Por tanto, contra la resolución reclamada, procede el recurso de apelación en ambos efectos, en términos del artículo 689 y 690 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán. Luego, previo a ejercitar la acción constitucional la parte quejosa debió interponer recurso de apelación, por ser precisamente el medio de defensa ordinario a través del cual es posible modificarlo, revocarlo o anularlo, derivando la procedencia del recurso de apelación de lo dispuesto en los preceptos legales transcritos, de los que se desprende que no exigen más requisito que el que se trate de sentencias que recaigan en negocio de la competencia de los jueces de primera instancia. En esa tesitura, si el acto reclamado antes descrito tenía reparación mediante el recurso de apelación y éste no se agotó antes de acudir al juicio de amparo debe estimarse que el promovente de amparo incumplió con el principio de definitividad rector del proceso constitucional, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de intentar los medios de defensa que la ley le permite para combatir las resoluciones que le causan perjuicio. Así las cosas, antes de acudir al amparo, la parte quejosa tenía que agotar el recurso de apelación previsto en el artículo 689 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, conforme el cual puede lograr que se modifique, revoque o anule el auto reclamado. Es decir, si el acto reclamado por la autoridad responsable es legalmente recurrible, pero el promovente no agotó el medio de defensa previsto en la ley, esa circunstancia, por sí misma, evidencia la violación a uno de los principios rectores del juicio de amparo: la definitividad. En tales condiciones, toda vez que la ley ordinaria concede vía para inconformarse respecto del acto reclamado consistente en la sentencia interlocutoria dictada en el incidente de liquidación dentro juicio civil hipotecario 233/2019, así como las violaciones procesales que se llevaron a cabo en ese procedimiento, de acuerdo en el artículo 689 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, sin que haya sido previamente agotado, lo conducente es desechar la demanda de amparo que se provee. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página 678, Tomo VI, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así como la jurisprudencia número I.6o.C. J/37 cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." No es inadvertido para este juzgador, el hecho de que el principio de definitividad establezca excepciones, es decir, dicho principio no es aplicable en todos los casos, pues el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, prevé diversos supuestos de excepción, a saber: "[.] a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. [.]; Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no se actualizan las excepciones establecidas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Esto se explica toda vez que en el presente asunto no se reclaman actos que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De igual modo, el acto reclamado tampoco emerge de la materia penal en la que reclame una orden de aprehensión o reaprehensión, un auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Asimismo, tampoco puede considerarse que la parte quejosa, Germán Ricardo Domínguez Arredondo, tenga la calidad de persona extraña al procedimiento de donde emerge el acto reclamado, a saber del juicio civil hipotecario 233/2019. Ello, toda vez que el quejoso tiene la calidad de parte demandada en el referido juicio civil, pues como lo precisó en su escrito aclaratorio bajo protesta de decir verdad, sí fue legalmente emplazado a dicho procedimiento, por tanto es inconcuso que tuvo conocimiento del procedimiento respectivo. Debe precisarse que cuando el acto reclamado afecta a personas extrañas al juicio, éstas no están obligadas a agotar los recursos ordinarios o medios legales de defensa antes de ocurrir al amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En relación a dicho tópico, importa tener en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido existen dos supuestos de terceros extraños a juicio, que son: 1. Aquél o aquéllos que no figuran en el juicio como parte en sentido material, pero que se ven afectados y/o agraviados dentro del procedimiento o en la ejecución del mismo, sin haber tenido la oportunidad de defender sus derechos (terceros extraños a juicio propiamente dicho); y, 2. Aquél o aquéllos que siendo parte en sentido formal, no fueron emplazados o fueron emplazados incorrectamente (terceros extraños por equiparación). Lo anterior fue dilucidado en la jurisprudencia número 7/98, emitida en contradicción de tesis por el Pleno del Alto Tribunal del país, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Enero de 1998, Materia Común, página 56, Registro 196932, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE." En ese orden, el valor principal que tutela dicha figura lo es "el derecho de audiencia", entendiéndose por éste como la prerrogativa que tienen las personas de ser oídas y vencidas en juicio en forma previa al acto de autoridad que priva o suprime algún derecho de los gobernados. Sin embargo, no puede considerarse como tercera extraña a aquella persona que, siendo parte formal, tiene conocimiento de los actos del procedimiento que estima perjudiciales a sus derechos, en un momento anterior al dictado de la sentencia. Pues a decir de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si la persona que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, y que con ello se haya infringido en su perjuicio el derecho fundamental de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya que en este caso, el gobernado se encuentra en aptitud de acudir ante la jurisdicción ordinaria a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa. Lo cual ocurrió en este caso, en el que el quejoso Germán Ricardo Domínguez Arrendondo, acudió al juicio de amparo a combatir una resolución interlocutoria emitida en un juicio civil, y respecto del que -adujo- no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales conforman el derecho de audiencia de todo gobernado. Sin embargo, en su escrito aclaratorio de demanda, bajo protesta de decir verdad, manifestó que sí se le emplazó legalmente al juicio civil hipotecario y que en auto de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, en lo que interesa, se ordenó que las subsecuentes notificaciones de tal procedimiento se le harían por medio de lista; por tal motivo, se insiste, tampoco puede considerarse que la parte quejosa, tenga la calidad de persona extraña al procedimiento de donde emerge el acto reclamado, para que se actualice la excepción al principio de definitividad, en virtud de que, al haber tenido conocimiento de la existencia del juicio civil de origen, estaba en aptitud de acudir ante la jurisdicción ordinaria a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". Sin que se obstáculo para llegar a dicha conclusión que el solicitante de amparo no haya comparecido al juicio de origen, pues basta con que tenga conocimiento de la existencia del juicio natural, para que ésta carezca de tal carácter, como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia Tesis: 1a./J. 9/2012, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria para que pierda el carácter de extraño al juicio, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia". Por tales razones, el quejoso tenía el deber procesal de agotar los medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de derechos humanos. Sustenta lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". En esas condiciones, resulta inconcuso que en el caso cobra vigencia la causal de improcedencia contemplada en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, procede desechar de plano la presente demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, de rubro: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". No obsta a lo anterior, que algunos de los criterios invocados en párrafos anteriores se hayan emitido conforme a los artículos de la Ley de Amparo abrogada, toda vez que son de idéntico contenido a los que se invocan en esta determinación, debido a que regulan la improcedencia del juicio constitucional en tratándose de resoluciones en la etapa de ejecución de sentencia. SE GIRA DESPACHO NOTIFICAR QUEJOSA. Toda vez que el quejoso señaló los estrados de este tribunal, para oír y recibir notificaciones, empero, dada la trascendencia del presente proveído, tomando en consideración que a la demanda se anexó copia de la credencial de elector del quejoso, en el que se advierte como domicilio el ubicado en el edificio 91-01, del Fraccionamiento Las Torres, código postal 60950, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, asimismo, del poder que se acompaña se advierte el diverso ubicado en la calle Coalcomán, número 119, lote 22, manzana 115, zona nueve, colonia La Principal, del poblado de Guacamayas IV, de aquella ciudad; por tanto, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria líbrese atento despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado instruya a quien corresponda, notifique este acuerdo al quejoso Germán Ricardo Domínguez Arredondo, en cualquiera de los domicilios señalados. Hágase saber al Juez despachado, que de conformidad con el artículo 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordene la diligencia respectiva en los términos indicados; de igual forma, hágasele del conocimiento, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, remita las constancias al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, en atención a lo establecido en el Acuerdo General 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y de medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Notifíquese, por despacho a la parte quejosa.

  4. Principal

    I. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibido el escrito de demanda promovido por Víctor Hugo Solís Rumbo, en cuanto apoderado jurídico de Germán Ricardo Domínguez Arredondo, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán, carácter que se le reconoce por así acreditarlo al tenor del instrumento notarial que adjunta. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 476/2020-lll, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona a la Secretaria, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PREVENCIÓN. A fin de acordar lo procedente respecto de la admisión o desechamiento del libelo constitucional, con fundamento en el artículo 108, fracción V, en relación con el numeral 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, PREVÉNGASE a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, computados legalmente y tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II." Por escrito y con las copias suficientes para correr traslado a las partes e integrar el incidente de suspensión solicitado que se tramita por cuerda separada y duplicado, realice, bajo protesta de decir verdad, la aclaración de su demanda, respecto de lo siguiente: a) Abunde en los antecedentes del acto reclamado, específicamente señale de manera clara, precisa y concreta los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes relativos al expediente 233/2019, del cual deriva el acto reclamado, señalando el estado procesal que actualmente guarda, si fue emplazado o no a dicho procedimiento, si tuvo intervención en el mismo, así como si la sentencia interlocutoria que reclama, se dictó en base a un incidente interpuesto dentro del citado expediente y los diversos datos que en su caso, se desprendan de dicho juicio del que emana el acto que combate en la presente instancia. Lo anterior, a fin de estar en condiciones de fijar la litis en el presente juicio de amparo y solicitar el informe de ley a la responsable y esté en aptitud de rendirlo adecuadamente, de resultar procedente su admisión. Resultan aplicables a lo anterior los criterios de rubros: Tesis: I.7o.A.100 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175345 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 990 Tesis Aislada (Común) Tomo XXIII, Abril de 2006 DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Tesis: VI.1o.19 K Semanario Judicial de la Federación Octava Época 208347 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV-2, Febrero de 1995 Pag. 301 Tesis Aislada (Común) Tomo XV-2, Febrero de 1995 DEMANDA DE AMPARO. LA CARENCIA DEL REQUISITO DE FORMA CONSISTENTE EN LA NARRACION DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONSTAN AL QUEJOSO Y QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, NO ES CAUSA DE SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. b) Indique si señala como acto reclamado de manera destacada, el emplazamiento o la falta de este al juicio civil hipotecario 233/2019 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán y como consecuencia de lo anterior, la falta de notificación de la sentencia que reclama; asimismo, deberá precisar la autoridad o autoridades a las que le atribuya dicho acto. Esto, en virtud de que en el apartado relativo al acto reclamado no está señalado como tal; sin embargo, del contexto de la demanda únicamente refiere que se tramitó el referido juicio y no se le notificó la sentencia vulnerando su derecho fundamental de audiencia, lo cual genera incertidumbre a esta Juzgadora respecto de los actos que en concreto reclama. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la tesis siguiente: Tesis: XX.57 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 202853 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo III, Marzo de 1996 Pag. 871 Tesis Aislada(Común) Tomo III, Marzo de 1996 ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. APERCIBIDO. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo prevenido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2017 (10a.)., del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 1014198, de rubro siguiente: "COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.". USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa e la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Sin que haya lugar a tener como apoderados jurídicos a las diversas personas que refiere el promovente; sin embargo, para los efectos legales conducentes, ténganseles como autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley que rige el juicio constitucional. Lo anterior, toda vez que respecto de Miguel Eduardo Campos de la Cruz, al haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no se encontró registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho y respecto de los demás señalados en la demanda, se les tiene con tal carácter al ser pasantes como lo indica el promovente. DOMICILIO. Ahora bien, como lo solicita la parte promovente, practíquense las notificaciones que le resulten, por medio de lista de acuerdos que se publique en los estrados que se colocan afuera del edificio donde se encuentra este recinto judicial, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto designe domicilio en esta ciudad para tal efecto. Tiene aplicación al caso, la tesis de rubro siguiente: Tesis: XXII.1o.22 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 195064 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo VIII, Diciembre de 1998 Pag. 1067 Tesis Aislada(Común) "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que una vez que se normalicen las labores presenciales en este órgano jurisdiccional, el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo; y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares públicos como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este asunto en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). SE GIRA DESPACHO NOTIFICAR QUEJOSA. Toda vez que el quejoso señaló los estrados de este tribunal, para oír y recibir notificaciones, empero, dada la trascendencia del presente proveído, tomando en consideración que a la demanda se anexó copia de la credencial de elector del quejoso, en el que se advierte como domicilio el ubicado en el edificio 91-01, del Fraccionamiento Las Torres, código postal 60950, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, asimismo, del poder que se acompaña se advierte el diverso ubicado en la calle Coalcomán, número 119, lote 22, manzana 115, zona nueve, colonia La Principal, del poblado de Guacamayas IV, de aquella ciudad; por tanto, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria líbrese atento despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado instruya a quien corresponda, notifique este acuerdo al quejoso Germán Ricardo Domínguez Arredondo, en cualquiera de los domicilios señalados. Asimismo, lo prevenga para que dentro del término de tres días, computados legalmente, designe domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, donde oír y recibir notificaciones personales; bajo apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes le serán realizadas por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo. Hágase saber al Juez despachado, que de conformidad con el artículo 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordene la diligencia respectiva en los términos indicados; de igual forma, hágasele del conocimiento, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, remita las constancias al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, en atención a lo establecido en el Acuerdo General 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y de medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Notifíquese por lista a la parte quejosa, así como por despacho.

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