German Ramírez Sánchez

Expediente 910/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
910/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • German Ramírez Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. INCOMPETENCIA. Téngase por recibido el oficio 36706/2023, signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, por el que remite el juicio de amparo ********************/2023, de su estadística, formando con la demanda de garantías promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Acúsese recibo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número ********************/2023-VI; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera, con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales judiciales de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Ahora, de las constancias que integran el presente asunto, se advierte el proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, por el que la Titular del Juzgado en cita, declaró carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda de garantías, al determinar que el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión dictada en contra del promovente del amparo dentro de la causa penal ********************/2017, de la estadística del Juzgado de Primera Instancia del ramo Penal, residente en Lázaro Cárdenas, Michoacán, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado, en agravio de ********************, tendrán ejecución material en el propio Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, lugar donde este Tribunal ejerce jurisdicción territorial. Y por ello, no se actualizan las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que otorgue la competencia para que ese órgano de control constitucional se encuentre en condiciones de conocer y resolver del presente asunto, al determinar que el acto combatido lleva implícita una ejecución material, por virtud de las consecuencias jurídicas derivadas del propio acto tildado de inconstitucional por el promovente. Por lo que, con fundamento en el invocado artículo 37 de la Ley de Amparo, ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, en turno, con sede en esta ciudad. Determinación de incompetencia que emitió, esencialmente, bajo el siguiente criterio: ".Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno, y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. En ese contexto, del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, mismas que a continuación se detallan. a) La primera, contenida en el primer párrafo, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. [.] Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues, el acto reclamado en esta instancia consiste en la orden de aprehensión de la que es objeto, que atribuye al Juez de Primera Instancia de Lázaro Cárdenas, Michoacán; si bien, el quejoso no señaló autoridad ejecutoras, lo cierto es que, al presentar su demanda de amparo señaló bajo protesta de decir verdad, que la orden reclamada pretendió ser ejecutada por elementos de la policía en su lugar de trabajo, el cual se ubica en la ******************** Información que reiteró en su escrito de cumplimiento de prevención, en el cual indicó bajo protesta de decir verdad, que su domicilio laboral sigue siendo en esa Escuela y que su domicilio particular se ubica en ********************, en la localidad de Aquila, Michoacán. [.]". Por lo que, con fundamento en el invocado artículo 37 de la Ley de Amparo, la citada Titular del Juzgado de Distrito declinante, se declaró legalmente incompetente y ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado, en turno, con sede en esta ciudad. NO SE ACEPTA COMPETENCIA. No se comparte el criterio sustentado por la juzgadora declinante, para justificar que la suscrita sea legalmente competente para conocer y resolver de la demanda de garantías origen de la tramitación del presente asunto, por las siguientes consideraciones: De la demanda se advierte que el promovente designa únicamente como autoridad responsable en su calidad de ordenadora, al Juez de Primera Instancia del ramo Penal del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Autoridad respecto de la cual se reclama la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, así como su ejecución. Ahora, la Jueza declinante, sustenta su criterio de incompetencia, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en atención a que el acto reclamado se pretende ejecutar en la población de Aquila, Michoacán; esto es, en la circunscripción territorial de este juzgado de Distrito, apoyando su criterio con la tesis de jurisprudencia 1a./J. 52/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 383, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Sin embargo, del criterio jurisprudencial citado, también se obtiene que si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que lo pretenden detener en determinado lugar, que no corresponde a la circunscripción territorial del juez de Distrito ante quien se presenta ese escrito inicial, resulta inconcuso que aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgadora carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por la referida Juzgadora, aclare su demanda y en su caso, haga el señalamiento condigno y que tal prevención es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario, el sólo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Y si bien es cierto que existe una prevención realizada al quejoso en el sentido siguiente: ".ÚNICO. Señale, bajo protesta de decir verdad, en dónde tiene su domicilio, o bien, en dónde se encuentra su lugar de trabajo; asimismo, si la orden de aprehensión reclamada se ha tratado de ejecutar en esta ciudad de Morelia, Michoacán; y en caso afirmativo, señale a qué autoridad le atribuye tal ejecución. [.] También lo es que el promovente del amparo, en su escrito de desahogo de dicha prevención, si bien especificó que su domicilio particular y laboral se ubica en la localidad de ********************, en el que este Tribunal ejerce jurisdicción territorial, de igual manera puntualizó que la orden de aprehensión reclamada, en un principio trató de ejecutarse en su fuente laboral, sin embargo, que derivado de los informes justificados de las autoridades señaladas como ejecutoras en el amparo ********************/2023, de la propia estadística del juzgado de Distrito declinante, tal mandamiento de captura puede ejecutarse y materializarse en cualquier municipio del Estado de Michoacán. Por tanto, esa circunstancia abordada por la autoridad judicial declinante, es insuficiente para fincar competencia a un Juzgado de Distrito, con sede en esta localidad, pues como en la mencionada tesis jurisprudencial se puntualiza, la regla para determinar cuestiones de competencia cuando existan actos de ejecución, como en el presente caso acontece, también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio donde se pretende materializar el acto reclamado, de lo contrario, el sólo domicilio es insuficiente para justificar la competencia; de ahí que, cuando no se designe a ninguna autoridad ejecutora que radique en el lugar donde se encuentra el domicilio de la parte promovente, lo dable es prevenirla para que aclare su demanda y, en su caso, haga el señalamiento condigno y sólo hasta entonces podrá determinarse a qué órgano jurisdiccional de amparo corresponde el conocimiento de la demanda de garantías. En efecto, en la citada jurisprudencia, también se precisa que el domicilio de la parte quejosa no determina la competencia del juez de Distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no ha modificado su criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 1ª./J. 12/95, visible en la página 97, Tomo II, Septiembre de 1995, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar." Así como la tesis aislada 1a. III/92 número 39, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Octava Época, Tomo VII, Conflictos Competenciales, Precedentes Relevantes, Materia Penal, página 31, que establece: "COMPETENCIA EN MATERIA PENAL DE LOS JUECES DE DISTRITO PARA CONOCER DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN. NO DEBE ATENDERSE A LOS DOMICILIOS QUE SEÑALA EL QUEJOSO EN SU DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINAR LA. Cuando el acto reclamado requiera de ejecución material (orden de aprehensión), la competencia del juez de Distrito que deba conocer del asunto no debe circunscribirse al lugar del domicilio de trabajo o particular que señaló el quejoso en su demanda de garantías, sino al lugar de residencia de las autoridades ejecutoras que reconocieron el acto reclamado o de aquellas a las que se les tuvo por cierto, de conformidad con la interpretación del artículo 36 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, no es dable aceptar la competencia que plantea la titular del Juzgado declinante, pues como se anotó, si bien se previno al quejoso para que aclarara su demanda a efecto de que manifestara el lugar de su domicilio particular y laboral, y en su caso, sí deseaba señalar alguna autoridad a la cual atribuyera la ejecución de la orden de aprehensión reclamada, del respectivo escrito de desahogo de la misma no se advierte que éste haya designado a diversa autoridad en su calidad de ejecutora. Por tanto, la suscrita juzgadora estima que carece de competencia legal para conocer y resolver la demanda de garantías de cuenta; de ahí que, con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de amparo, devuélvase dicho expediente de incompetencia y copias de traslado correspondientes, a fin de que en el término de cuarenta y ocho horas, la titular del mencionado órgano jurisdiccional remitente determine si insiste o no en declinar su competencia. FORMACIÓN DE CUADERNO DE ANTECEDENTES. En su oportunidad, con copias de las principales constancias que integran el presente asunto, fórmese cuaderno de antecedentes. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las parte y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; mediante oficio al Juzgado de Distrito declinante.

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