Germán Iván Rivera Aguilar
Expediente 1131/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1131/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 19/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Germán Iván Rivera Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, procédase a la devolución del medio de convicción aportado por la autoridad judicial responsable, al carecer de objeto que continúe en este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que hoy se dictó un acuerdo en el juicio de amparo de donde deriva este incidente, en el cual se ordenó su archivo como definitivo. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que en este asunto se negaron la suspensión provisional y la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la destrucción del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma, se indica que conforme a la certificación de cuenta, en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. En consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1131/2022, promovido por ***, en contra de actuaciones del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. ANTECEDENTES De las documentales aportadas al sumario se advierte que en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, se tramita la causa penal *** instruida en contra de ***, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos de delincuencia organizada y otros. El solicitante del amparo refiere que en distintas causa penales de diversos juzgados federales se le absolvió por ese mismo delito; por ende estima que con la tramitación de la causa penal *** del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, se viola el principio de doble punición (non bis in ídem), el cual refiere que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil veintidós, ***, promovió juicio de amparo indirecto, el cual por cuestión de turno correspondió conocer a este Juzgado Federal quien lo registró bajo el consecutivo 1131/2022. En proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se otorgó la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha para la audiencia Constitucional. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los consagrados por los ordinales 1, 14, 16 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes acto reclamado y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta fecha, en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme reclama el acto siguiente: Del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. La violación el principio de doble punición (non bis in ídem), el cual refiere que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Ello al aducir que en la causa penal *** del índice de dicho juzgado, instruida en su contra por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos de delincuencia organizada y otros, se le está juzgado nuevamente por hechos que ya fueron materia de estudio en otras causas penales de diversos Juzgados Federales, en los cuales fue absuelto. CERTEZA DEL ACTO COMBATIDO Es cierto que en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, se tramita la causa penal*** instruida en contra de ***, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos de delincuencia organizada y otros. Lo anterior se patentiza con copia certificada de diversas constancias de la causa penal de origen, que el juez responsable remitió con su informe justificado, a las que se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su ordinal 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." PROCEDENCIA Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se procede a analizar si se actualiza una causa de improcedencia del juicio constitucional, porque éstas deben examinarse la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número 814, que se aprecia en la página 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Para que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por el quejoso, es necesario estudiar previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución procesal en virtud de la cual, en un primer momento del juicio de amparo, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos procesales que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a proveer, y si no lo están, de una manera manifiesta y ostensible, debe sobreseer en el juicio, abstenerse de conocer de ella y concretarse a emitir una providencia en la que se expresen los motivos por los cuales estimó que no se puede entrar al conocimiento del asunto, por faltar los presupuestos del conocimiento de mérito. En suma, constituye un obstáculo que impide se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado ante la falta de oportunidad, fundamento o derecho para acudir ante la potestad jurisdiccional. Lo que se traduce en un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o pertinencia de la acción intentada. De oficio, este resolutor advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que impone decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, cuyo estudio se aborda de acuerdo a las siguientes consideraciones. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" Del texto de la fracción transcrita, se colige que para la actualización de la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo; Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y, Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Los anteriores razonamientos encuentran sustento en la tesis 2a. CXI/96, publicada en la página 219 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, diciembre de 1996, Materia Común, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Ahora bien, de las constancias de autos se advierte lo siguiente: En el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, se tramita la causa penal** instruida en contra de ***, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos de delincuencia organizada y otros. El solicitante del amparo refiere que en distintas causa penales de diversos juzgados federales se le absolvió por ese mismo delito; por ende estima que con la tramitación de la causa penal***del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, se viola el principio de doble punición (non bis in ídem), el cual refiere que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. No obstante lo anterior, con posterioridad a la presentación de la demanda, el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, dictó sentencia definitiva en la causa penal de origen en contra del aquí quejoso. Por tanto, es evidente que al emitir la autoridad responsable la sentencia definitiva en la causa penal de origen, ha cambiado la situación jurídica del quejoso, respecto al principio que aduce se viola en su perjuicio. La anterior al considerarse consumadas irreparablemente las presuntas violaciones que se hubieren cometido en el procedimiento respectivo, pues no es posible decidir sobre éstas sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora, si del estudio de la sentencia dictada en la causa penal *** del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, la parte quejosa estima que en efectos se violó ese principio (non bis in ídem), el cual refiere que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, deberá hacer valer esa inconformidad mediante el recurso idóneo que interponga en contra de dicha resolución. DECISIÓN Por ende, con apoyo en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el arábigo 63, fracción V, de la citada ley, toda vez que se actualiza en la especie una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que ningún elemento de prueba puede desvirtuar. Es aplicable, en lo conducente, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, del Semanario Judicial de la Federación, tomo LXIX, Materia Común, Quinta Época, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente . 'contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido, por no poder decidirse en dicho juicio, sin afectar la nueva situación jurídica'. Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que ésta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1131/2022, promovido por **, en contra de actuaciones del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, por las consideraciones expuesta en el considerando VI de esta sentencia. Notifíquese.
- Incidental
RESOLUCIÓN Mediante la que se resuelven los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto 1131/2022, promovido por ********************, contra el acto y autoridad que se mencionan más adelante. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio del quejoso, la autoridad señalada como responsable pretende juzgarlo dos veces por el mismo delito en la causa penal ******************** de su estadística. Por ello, estima que dicha autoridad viola en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue recibida en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el treinta de septiembre de dos mil veintidós. El quejoso señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. - La violación al derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo delito, contenido en el artículo 23 Constitucional. La demanda quedó registrada con el progresivo 1131/2022 y fue admitida -previo cumplimiento a la prevención realizada en proveído inicial- el ocho de noviembre siguiente. En el mismo acuerdo se ordenó tramitar -por cuerda separada- el incidente de suspensión, donde se negó la medida provisional solicitada. La audiencia incidental se llevó a cabo el día de hoy en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 146 de la Ley de Amparo establece que la resolución que decida sobre la suspensión definitiva, deberá contener, entre otras cosas, la fijación clara y precisa del acto reclamado. En el caso concreto, la pretensión de la quejosa es reclamar: La violación el principio de doble punición (non bis in ídem), el cual refiere que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Ello al aducir que en la causa penal ******************** del índice de dicho juzgado, instruida en su contra por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos de delincuencia organizada y otros, se le está juzgado nuevamente por hechos que ya fueron materia de estudio en otras causas penales de diversos Juzgados Federales, en los cuales fue absuelto. IV. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS El juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, al rendir su informe previo indicó que en la causa penal ******************** de su estadística, el veinticinco de octubre del año en curso, dictó sentencia definitiva en contra del quejoso, por su responsabilidad en los delitos de a) delincuencia organizada; b) posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea; y c) posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea. V. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA Como se ordenó en la audiencia que antecede, de las constancias que obran en el juicio principal del cual deriva esta incidencia, mismas que se traen a la vista como hecho notorio, se constata que el veinticinco de octubre del año en curso, el juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en la causa penal ******************** de su índice, dictó sentencia definitiva en contra del impetrante de amparo. En consecuencia, es evidente que al emitir la autoridad responsable la sentencia definitiva en la causa penal de origen, ha cambiado la situación jurídica del quejoso, respecto al principio que aduce se viola en su perjuicio; por tanto, se niega la suspensión definitiva. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********************, por las razones expresadas en el apartado V de esta resolución. Notifíquese.
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