German Fernando Tovar López
Expediente 670/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 670/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- German Fernando Tovar López
- German Fernando Tovar López y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó en este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que por cuestión extraordinaria que obedeció a la suspensión de plazos y términos que operó del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la situación que impera en el país con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19 y la cual tuvo sustento legal en la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte del Consejo de la Judicatura Federal. Dicha circular tuvo como objetivo el salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, las Consejeras integrantes de esa Comisión Especial, en la cual se determinó adoptar como medida especial el regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero pasado, lo cual ya aconteció; por ende, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 670/2020, promovido por . .. , en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. I. ANTECEDENTES El quejoso . . . , señala que la falta de emplazamiento por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, dentro del juicio laboral 613/2020. Por ello, estima que ese ente público viola en su perjuicio su derecho fundamental reconocidos por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue recibida el veintiocho de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. El justiciable señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguiente: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. Señalo como Autoridad Responsable en su carácter de ordenadora y Ejecutora al C. PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS BIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE OAXACA. IV. ACTO RECLAMDO. La falta de EMPLAZAMIENTO por parte de la Autoridad Responsable a la demandada en el domicilio que señaló para tal efecto dentro del expediente en que se actúa." La demanda fue admitida a trámite el veintinueve de octubre siguiente, quedando registrada en este órgano jurisdiccional con el consecutivo 670/2020, en dicho auto se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se otorgó la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la adscripción y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. En proveído de nueve de noviembre de la presente anualidad, se tuvo a Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, rindiendo su informe justificado contra el acto reclamado por la parte quejosa. Ahora bien, con el contenido de dicho informe se dio vista a la parte quejosa por el termino de quince días, para que manifestará si era su deseo ampliar su demanda de amparo, respecto de la autoridad Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Sin embargo, dicho plazo transcurrió del doce de noviembre al cuatro de diciembre de la presente anualidad, sin que la parte quejosa, hubiera realizado manifestación alguna. Por tanto, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se continuó con el trámite del presente juicio en los términos planteados en su escrito inicial de demanda. La audiencia constitucional fue llevada a cabo en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, conforme a lo establecido por los arábigos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reformó el diverso 03/2013. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme combate los actos del Presidente de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, y reclama: La falta de emplazamiento de la parte demandada en el domicilio que señaló para tal efecto, dentro del juicio laboral 613/2020. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, como se advierte del cuadro siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Informe justificado Presidente de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Falta de emplazamiento de la parte demandada. Negó el acto Por otro lado, debe destacarse que el disidente de amparo no desvirtuó tal negativa, porque no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario con ese propósito. Lo anterior, en virtud que la autoridad responsable de mérito, indicó que negaba el acto, toda vez que el número de registro de la demanda 613/2020(2) que refirió el disidente se trata de un número impar; por tanto, a quien correspondió conocer de la misma, era la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, puesto que a la autoridad responsable en este sumario, corresponden los expedientes con números pares. En ese contexto, si el inconforme no desvirtuó la negativa que las referidas autoridades sostuvieron ni demostró con alguna prueba la intervención de esos entes públicos en los actos que les reprochó es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Resulta importante destacar, que el suscrito no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por el Fiscal Federal de la adscripción, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio de amparo. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del mes de agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." VI. DECISIÓN En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, el suscrito determina decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por . . . , en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados y señaladas en los apartados IV y V de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y del estado de autos se aprecia que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días, otorgado a la parte quejosa en proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte, para que manifestara si es su deseo ampliar su demanda de amparo, en contra de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, circunstancia que constituye la razón fundamental para el diferimiento de la audiencia correspondiente. Bajo ese contexto, no es posible el desahogo de la audiencia constitucional señalada para esta data; por tanto, se difiere ésta y se fijan las catorce horas con diez minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veinte, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.
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