Germán Gutiérrez Vázquez

Expediente 172/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
172/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
24/04/2019

Partes del expediente

  • Germán Gutiérrez Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de dos de abril de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio de amparo en que se actúa, promovido por ********************. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 172/2019, promovido por Germán Gutiérrez Vázquez, contra actos del Procurador actualmente Fiscal General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el quince de febrero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno el mismo día, María Carmen Vázquez Guerrero en favor de Germán Gutiérrez Vázquez, por su propio derecho, promovió demanda de amparo contra actos del Procurador General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades, consistentes en la orden de privar de la libertad y de la vida al quejoso fuera de procedimiento. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, previa la ratificación de la demanda, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por las autoridades señaladas como responsables, registrándose con la misma con el número de expediente 172/2019; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previo su diferimiento en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama actos de autoridades del orden penal circunscritas al territorio sobre el que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Conforme lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", este órgano jurisdiccional precisa el acto que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, conforme la lectura íntegra de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, el cual consiste en: I. Orden de privar de la libertad y de la vida al quejoso fuera de procedimiento. TERCERO.- INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe justificado el Director de Amparos en representación del Procurador ahora Fiscal General de Justicia del Estado y Coordinador General de la Agencia de Investigación y Análisis, con sede en esta ciudad, negaron la existencia de los actos que la parte quejosa les atribuyó. Sin que el solicitante del amparo haya aportado prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa por parte de dichas autoridades como responsables, ya que del material probatorio aportado por la parte quejosa con su demanda, consistente en impresiones fotográficas, únicamente se aprecia un vehículo particular, a una persona recargada en el mismo, una credencial al parecer oficial y a una diversa persona sosteniendo lo que se puede considerar como un arma, pero no que el quejoso haya sido privado de su libertad ni de su vida. En apoyo a lo anterior se invoca, la jurisprudencia VI.2°.J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, tomo IV, segunda parte, julio a diciembre de 1989, Octava época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en este juicio de amparo, ante la evidente inexistencia del acto que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia número 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." No impide decretar el sobreseimiento en este juicio, el hecho de que las responsables en su informe justificado hayan manifestado que el quejoso directo, ingresó al área de resguardo de personas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a disposición del agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía Regional de Morelia, detenido por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. En principio, debido a que las autoridades señaladas como responsables al negar los actos reclamados, por consiguiente negaron haber detenido al quejoso y como ya se dijo, el amparista no probó que dichas autoridades lo hayan privado de su libertad. Además, si bien de igual forma se advierte la privación de la libertad del quejoso, también existen datos que confirman el sobreseimiento, como lo son, que el amparista fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público que no fue señalado como responsable y, al haberlo puesto en libertad, la privación de que se duele, ha cesado en sus efectos, de manera que aun cuando se hubiese llamado al presente juicio a dicho representante legal, la situación jurídica del quejoso ya no es la misma que al momento de la presentación de la demanda generadora del juicio en que se actúa. Por lo que, se actualiza la diversa causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Cobra vigencia la jurisprudencia 59/99, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González. Tesis de jurisprudencia 59/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, página 210, tesis 2a./J. 9/98, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.". Así también, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, de la época y fuente en consulta, que refiere: "Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 2929/57. Esteban García A. 15 de enero de 1958. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Secretario: Jesús Toral Moreno. Revisión fiscal 232/55. Enrique Escalante Patrón y coags. 24 de febrero de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Secretario: Manuel Rodríguez Soto. Amparo en revisión 4882/54. Compañía Maderera de Campeche, S.A. 14 de febrero de 1963. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Secretario: Emilio Canseco Noriega. Revisión fiscal 333/55. Óscar Osorio M. y coags. 14 de febrero de 1963. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Secretario: Emilio Canseco Noriega. Amparo en revisión 20/97. Carlos Quevedo Procel. 9 de julio de 1997. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Tesis de jurisprudencia 9/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Sergio Salvador Aguirre Anguiano. CUARTO. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES. En otro orden, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de ellas, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en la misma se contengan. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Germán Gutiérrez Vázquez, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Por lo indicado en el considerando cuarto de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de marzo de dos mil diecinueve. SE DECLARA INEXISTENCIA DE AUTORIDADES. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de tres días que se le concedió a la parte quejosa en proveído de diecinueve de febrero del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a la inexistencia de las autoridades que el quejoso denominó "Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia Especializada en Delitos de robo a Casa Habitación y al Jefe de Grupo de la Policía Ministerial adscrito a la Agencia Especializada en Delitos de robo a Casa Habitación, ambas con sede en esta ciudad ", sin que lo hubiere hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se tiene como inexistentes a las autoridades de referencia, ordenándose suspender toda comunicación con éstas y continuándose el trámite por las restantes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Coordinador General de la Agencia de Investigación y Análisis, con sede en esta ciudad, con el que rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PARTE QUEJOSA FORMULA ALEGATOS. Por otra parte, visto el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones; atento a su contenido, téngase por hechas sus manifestaciones a guisa de alegatos, en términos del artículo 124 de ese ordenamiento, sin perjuicio de hacer relación de todo lo anterior en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.JCMZ

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