Gerardo Sánchez Vargas

Expediente 874/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
874/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
23/11/2018

Partes del expediente

  • Gerardo Sánchez Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Se da cuenta con autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, específicamente el proveído dictado por este órgano jurisdiccional el diecisiete de octubre del año en curso, por el que este juzgado se avocó al conocimiento de la demanda de garantías promovida por Gerardo Sánchez Vargas, contra actos de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, del aludido proveído no se advierte que se haya girado la comunicación correspondiente al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, autoridad jurisdiccional que remitió la demanda de garantías a que se hace alusión en el primer párrafo de este proveído, en virtud de haberse declarado incompetente para conocer de la misma. Atento a lo anterior, a fin de evitar mayores dilaciones procesales envíese atento oficio al tribunal de alzada para que el mismo sirva de acuse y haga las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo 874/2018-X promovido por Gerardo Sánchez Vargas contra actos de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo si existe tercero interesado, teniendo tal carácter Miriam del Rocío Esqueda Espinoza y el menor Gerardo Yahir Sánchez Esqueda, quienes se encuentran debidamente emplazados, el último de los citados representado en esta instancia de control constitucional por su representante especial Alejandro León Cortés, adscrito a la Defensoría Pública Federal como se advierte de las constancias. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado recibido con antelación y rendido por: Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por hecha al relación del informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: Los autos originales del toca de apelación I-230/2018 de su estadística, con las cuales se ordenó formar cuaderno un tomo de pruebas por separado, mismas que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes formulo alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 874/2018-X promovido por Gerardo Sánchez Vargas, contra actos de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado ante la autoridad señalada como responsable el diez de septiembre del año en curso, recibido el nueve de octubre siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Decimosexto Circuito, turnado en la data inmediatamente anotada al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, Gerardo Sánchez Vargas compareció a solicitar la protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; en los términos siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La sentencia dictada de fecha 28 veintiocho de Agosto del año 2018 dos mil dieciocho.". En ese ocurso, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Incompetencia legal. Mediante resolución plenaria de once de octubre de dos mil dieciocho, el órgano colegiado a quien correspondió conocer de la demanda de amparo declaró su incompetencia legal para conocer del asunto, porque el acto reclamado no se ubica en las hipótesis de procedencia del amparo directo, en términos de lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley de Amparo, razón por la cual ordenó remitir las constancias al Juzgado de Distrito en turno, a través de su oficina de correspondencia común. TERCERO. Avocamiento y trámite del juicio de amparo. Mediante auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del asunto bajo el progresivo 874/2018 del índice de este órgano jurisdiccional; se dio vista a la quejosa con el informe justificado que ya obraba en constancias; se reconoció el carácter de terceros interesados a Miriam del Rocío Esqueda Espinosa y el menor Gerardo Yahir Sánchez Esqueda, quienes se encontraban debidamente emplazados, por lo que se convalidado dicha actuación para todos los efectos legales conducentes; dada la naturaleza del asunto y a fin de garantizar el interés superior del menor, se solicitó al Instituto de Defensoría Pública designara un representante especial; asimismo, se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la adscripción. Finalmente, tuvo verificativo el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo abrogada, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema que tratan, ello con fundamento en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se impugna un acto emitido por una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en la que este juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro. De igual forma, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000 emitida por el Pleno del Alto Tribunal, del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil. En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que el acto reclamado en este juicio constitucional, es el siguiente: La resolución de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho dictada por el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca civil I-230/2018 de su índice; mediante la cual confirmó la sentencia interlocutoria de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, relativa al incidente de liquidación de sentencia, pronunciada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar número 78/2009, que sobre fijación, pago y aseguramiento de alimentos provisionales promovió Miriam del Rocío Esqueda Espinoza, por su propio derecho y en representación del menor Yahir Sánchez Esqueda. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, toda vez que al rendir su informe con justificación aceptó su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278. Además, la certeza de que se habla se corrobora con las constancias que la autoridad responsable remitió junto con su informe justificado, consistentes en el testimonio del toca de apelación I-230/2018 de su índice, donde particularmente se observa la resolución de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Documentales que adquieren plena eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, al ser expedidas por autoridades en el ejercicio de sus funciones. QUINTO. Estudio de causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando que antecede, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior se encuentra robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin." Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335. Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos. En ese orden, al no existir alguna causal de improcedencia invocada por las partes y además de que este juzgador federal no advierte que en la especie se actualice alguna otra, se procede al estudio del fondo del asunto. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de su demanda de garantías, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Lo anterior de conformidad al criterio jurisprudencial que se transcribe: Época: Novena Época Registro: 196477 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Abril de 1998 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/129 Página: 599 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. Además, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que se transcribe en seguida: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. SÉPTIMO. Estudio de fondo. Ante todo, conviene precisar que no obstante que el quejoso refiere ser una persona desempleada y con estado de salud precario, el presente asunto no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo, esto es, que el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los Plenos de Circuito, como tampoco se advierte alguna violación manifiesta de la ley, por lo tanto su análisis se hará atendiendo al principio de estricto derecho que rige en materia administrativa. Conforme a dicho principio, la autoridad de amparo esta constreñida a analizar la constitucionalidad del acto reclamado frente a los conceptos de violación que haga valer la parte quejosa. Ahora bien, en sus conceptos de violación la parte quejosa esencialmente aduce que el Magistrado responsable no valoró la circunstancia de que el veintitrés de abril del año en curso, otorgó a su ex esposa dos lotes del fraccionamiento de la Beatilla de la ciudad de Zamora, Michoacán, en concepto de pago de pensiones atrasadas y vencidas que le correspondían a su menor hijo, tal y como se desprende de la documental fechada en la data indicada. Por otra parte, el promovente también aduce que es inexacto que se haya concedido valor a la prueba confesional a su cargo, específicamente, en la posición número nueve, sin que se refiera a hechos establecidos en el escrito inicial de demanda, cuando esta circunstancia fue materia del recurso de apelación y no fue tomado en consideración por el Magistrado responsable. Lo anterior es inoperante. Por regla general un concepto de violación es inoperante cuando: a) los argumentos que lo integran no atacan ninguno de los fundamentos del fallo reclamado; o bien, b) solamente se atacan algunos de los argumentos que rigen la sentencia materia de amparo, pero se dejan intocados otros que por sí solos sean suficientes para seguir rigiendo el sentido del acto reclamado. En el caso, se surte supuesto marcado en el inciso a) debido a que al confrontar los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa y los argumentos que emitió la autoridad responsable en el recurso de reconsideración, se llega a la conclusión de que la parte quejosa omite controvertir las razones en que se apoyó la autoridad responsable para declarar improcedente el recurso interpuesto por la aquí quejosa. Como se observa, la argumentación del quejoso en este juicio constitucional, la basa en que no fueron debidamente valorados los medios de convicción consistentes en la documental de veintitrés de abril del año en curso y la confesional de posiciones a su cargo. Sin embargo, la inoperancia de que se habla se demuestra en primer término porque basta imponerse del contenido de los agravios que el aquí quejoso hizo valer al interponer el recurso de apelación ante la autoridad responsable, para corroborar que se trata de los mismos argumentos que quedaron analizados en la resolución reclamada, tal y como se aprecia en la transcripción siguiente: "Nos lo causa el inferior al no tomar en cuenta al momento de resolver el Incidente de liquidación de Sentencia, que promovió la C. MIRIAM DEL ROCIO ESQUEDA ESPINOZA, con fecha 28 veintiocho de Enero del año 2018 dos mil dieciocho, y acordado el día 06 seis de Febrero del año en curso, ya que el mismo no valoró con exactitud cómo se podrá observar en la contestación del incidente en el capítulo de pruebas para ser preciso en la prueba relacionada con la documental privada que exhibí, consistente en el escrito suscrito por el C. MIGUEL MARTÍNEZ PEREZ, propietario del fraccionamiento de la beatilla de Zamora, Michoacán; de fecha 11 once de Mayo del año en curso, se ofrece la misma en el sentido de que el suscrito le pague las pensiones pasadas y vencidas y como el suscrito carece de trabajo bien remunerado también de pensiones futuras, y el inferior RESULEVE EN RELACION A ESA PRUEBA DOCUMENTAL QUE ES INSUFICNETE PARA ACREDITAR QUE EL INCIDENTADO DIO A LA INCIDENTADA ESOS INMUEBLES EN PAGO DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS, Y ARGUMENTA QUE NO ESPECIFICO CUANTAS PENSIONES FUTURAS, MAXIME QUE NI SIQUIERA SE INFORMO EN QUE FECHA SE CELEBRO ESE ACTO JURIDICO; haciendo una valoración inexacta de dicha documental, ya que en la misma SE PUEDE ESTABLECER CLARAMENTE CON LA SIMPLE OBSERVACIÓN DE LA MISMA QUE FUE SUSCRITA CON FECHA 23 VEINTITRÉS DE ABRIL DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO, hace dos meses de ese documento; obvio que recibió los lotes mínimo como pago al día 23 de abril del año en curso, de LAS PENSIONES ATRASADAS HASTA ESE DIA; haciendo una valoración inexacta y totalmente arbitraria de la multicitada documental, y resulta que incidentada no menciona nada de esos lotes que recibió y que hoy en día es propietaria, y más aún, EN LA PRUEBA CONFESIONAL DE FECHA 11 ONCE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, a cargo del suscrito, el INFERIOR INTERPRETA ERRONEAMENTE LA CONTESTACIÓN A LA POSICIÓN NUMERO 9, YA QUE EL SUSCRITO ANTE LA PREGUNTA QUE SE REALIZA Y DICE 'QUE DIGA EL ABSOLVENTE COMO ES CIERTO COMO LO ES QUE LOS LOTES QUE REFIERE HABER DADO A LA MADRE DEL MENOR GERARDO YAHIR SANCHEZ ESQUEDA, POR CONCEPTO DE ALIMENTOS LO FUE POR AÑOS ANTERIORES A LO RECLAMADO EN ESTE INCIDENTE DE ACTUALIZACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA´; LA CONTESTACIÓN DEL SUSCRITO ES CLARA Y PRECISA 'NO ES CIERTO, NO FUE AÑOS ANTERIORES; Y EL RESOLUTOR INTERPRETA QUE CONTESTO AFIRMATIVAMENTE, DANDOLE UN VALOR A ESA POSICION QUE NO ES CIERTO, violando todos los principios de legalidad; además en la prueba documental ofrecida asenté con claridad y certeza QUE EN CASO DE QUE MI CONTRAPARTE OBJETARA EL INSTRUMENTO PRIVADO REFERIDO EN DICHA PROBANZA, OFRECI DESDE ESE MOMENTO Y A EFECTO DE PERFECCIONARLO SU RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA Y/O SU RATIFICACIÓN QUE ESTARA A CARGO DEL C. MIGUEL MARTINEZ PEREZ, A QUIEN ME COMPROMETI A PRESENTARLO EL DIA Y HORA QUE TUVIERA A BIEN SEÑALAR ESTA AUTORIDAD; situación está que es inferior SI LE DIO VALOR PROBATORIO, PERO NO EL DEBIO, YA QUE SI EL DOCUEMTNO SE CLEBRO CON FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SE SUPIONE QUE LA C. MIRIAM DEL ROCIO ESQUEDA ESPINOZA, RECIBIO LOS DOS LOTES COMO PAGO DE TODO LO ATRASADO HASTA LA FIRMA DEL DOCUEMTNO MENCIONADO Y QUE AL INFERIOR SE LE OLVIDO PRECISAR QUE SI TENIA FECHA de elaboración; violentando el derecho de legalidad." [Lo subrayado no es de origen]. En efecto, estos fueron los motivos de agravio que fueron sometidos a consideración de la autoridad responsable, quien los calificó como infundados principalmente porque la sentencia interlocutoria recurrida nunca tuvo al obligado alimentista Gerardo Sánchez Vargas, por confesando ser cierto que lo lotes que refiere haber dado a la madre del menor Gerardo Yahir Sánchez Esqueda, por concepto de alimentos, fue por años anteriores a lo reclamado en el incidente de actualización de pensiones alimenticias, puesto que a quien se tuvo por aceptando ese hecho fue a la articulante de las posiciones, Miriam del Rocío Esqueda Espinoza, ya que al haber formulado la pregunta número nueve en los términos en que lo hizo, reconoció el pago de las pensiones adeudadas en años anteriores. Aceptación que dijo el resolutor, no es suficiente para acreditar que Gerardo Sánchez Vargas, no ha incurrido en incumplimiento con su obligación alimentaria, al encontrarse cubiertas las pensiones requeridas con los dos lotes que dio a la madre de su menor hijo, como pago de éstas. Por otra parte, en relación a la documental privada de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, dijo que si bien con ella se demuestra que efectivamente Miriam del Rocío Esqueda Espinoza recibió dos lotes ubicados en la Beatilla, Zamora, Michoacán, los cuales eran de Gerardo Sánchez Vargas, quien los endosó en presencia de Miguel Martínez Pérez como pago de pensiones alimenticias, pasadas y futuras, de ninguna manera justifica que estas pensiones son las que ahora se están reclamando a Gerardo Sánchez Vargas. Por ello, estimó que el contenido del medio de convicción aludido es impreciso, pues no especifica de manera puntual cuáles son las pensiones alimenticias que estaban pagando, ni la fecha en que ocurrió la mencionada transmisión de bienes, aunado a que tampoco señala su valor económico para estar en condiciones de saber hasta dónde alcanzarían a quedar cubiertas las pensiones alimenticias que debían otorgase al acreedor. En esa medida, la responsable también señaló que no puede considerarse la fecha de suscripción o elaboración del referido documento privado, el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, como aquella en la que se otorgaron dos inmuebles como pago de pensiones alimenticias que se están reclamado para a la vez establecer que las pensiones pasadas son las transcurridas hasta esa data, al no ser inadvertida la contradicción en la que incurre el apelante en virtud de que cuando acudió a contestar la incidencia manifestó: ".he de manifestar que se niega el derecho y acción de la parte actora para reclamarme las mismas, en virtud de que omite mencionar que le di en pago de esas pensiones atrasadas dos lotes, que se ubican en la Beatilla de esta ciudad de Zamora, Michoacán; como se acreditará a cabalidad dentro del término de pruebas dentro del presente incidente.", de lo que se colige que desde antes de esa fecha ya le había otorgado a Miriam del Rocío Esqueda Espinoza los dos lotes. En este orden, el Magistrado responsable concluyó que, respecto del cumplimiento que alega el deudor alimentario, no es posible determinar que los dos lotes referidos fueron dados como pago de pensiones alimenticias para cubrir las reclamadas en el incidente respectivo. Conforme a lo expuesto, si en los conceptos de violación que ahora hace valer la parte quejosa en esta instancia constitucional, no combate y menos aún supera las consideraciones en las que la autoridad responsable sostuvo lo infundado de los motivos de agravio y, como quedó demostrado, sus alegaciones constituyen la reiteración de los puntos sometidos a la potestad de la autoridad responsable, se estima que la argumentación relativa en este juicio merece el calificativo de inoperante, de acuerdo a los criterios aplicables por identidad jurídica sustancial, del contenido literal siguiente: Época: Novena Época Registro: 189224 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Agosto de 2001 Materia(s): Común Tesis: XIV.1o. J/6 Página: 1009 "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CONTRA DECLARACIÓN DE INOPERANCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SON TAMBIÉN INOPERANTES SI NO SE RAZONA EN ÉSTOS EL ATAQUE QUE EN AQUÉLLOS SE HICIERA CONTRA LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Si en la sentencia sujeta a revisión el Juez de Distrito declaró inoperantes los conceptos de violación enderezados contra la resolución reclamada, por no controvertirse los razonamientos torales de ésta, y en los agravios el recurrente omite demostrar cuáles fueron los argumentos que esgrimió para combatir las consideraciones del acto reclamado, y no ataca de ninguna otra manera los razonamientos que el Juez de amparo tomó en cuenta para concluir la inoperancia de los referidos conceptos de violación, es de concluirse que los agravios resultan también inoperantes." PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. Amparo en revisión 594/2000. Unión de Autotransportistas Carlos Cantú Rosas, A.C. 11 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Gabriel Alfonso Ayala Quiñones. Secretaria: Silvia Beatriz Alcocer Enríquez. Amparo en revisión 579/2000. Patricia Magdalena Lara Navarrete. 21 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Jesús Hernández Moreno. Secretario: Jorge Salazar Cadena. Amparo en revisión 1/2001. Naranjos de la Joya, Sociedad de Producción Rural de R.L. de C.V. 6 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Jesús Hernández Moreno. Secretario: Jorge Salazar Cadena. Amparo en revisión 3/2001. Luis Antonio Briceño Sosa y otra. 20 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Jesús Hernández Moreno. Secretario: Jorge Salazar Cadena. Amparo en revisión 17/2001. Armando de Jesús González Ávila. 20 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Quero Mijangos, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Juliana Martínez Cerda. Época: Octava Época Registro: 394644 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 688 Página: 463 "CONCEPTOS DE VIOLACION. CONTRA DECLARACION DE INOPERANCIA DE AGRAVIOS, SON TAMBIEN INOPERANTES SI NO SE RAZONA EN ESTOS, EL ATAQUE QUE EN AQUELLOS SE HICIERA CONTRA LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA APELADA. El quejoso se concreta a mencionar lo afirmado por la responsable y a manifestar simplemente que tal afirmación riñe con el contenido de los agravios que expresó su abogado, en los cuales dice, sí se expusieron los argumentos correspondientes en contra de las consideraciones habidas en la resolución que se impugnó, pero no se ocupa de mostrar cuáles fueron, en la expresión de tales agravios, sus contra argumentos para combatir las referidas consideraciones del juez de primera instancia, y no ataca, de ninguna otra manera, los razonamientos que la responsable tuvo en cuenta para concluir la inoperancia de los referidos puntos de agravios, por todo lo cual el concepto de violación que se contesta resulta también inoperante." SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Octava Epoca: Amparo directo 223/91. Cosme Fierro Palafox. 3 de julio de 1991. Unanimidad de votos. Amparo directo 445/91. Francisco Baranzini Coronado. 22 de enero de 1992. Unanimidad de votos. Amparo directo 292/92. Víctor Francisco Corral Celaya. 13 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Amparo directo 306/92. Arnulfo Soto Aranda y otra. 26 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Amparo directo 6/93. Rafaela Sauceda Galavís. 27 de enero de 1993. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis V.2o.J/62, Gaceta número 63, pág. 53; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI-Marzo, pág. 105. Época: Novena Época Registro: 188866 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Septiembre de 2001 Materia(s): Común Tesis: XXI.1o. J/19 Página: 1137 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE, COMBATIENDO EL FONDO DEL ASUNTO, NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES QUE LA RESPONSABLE TOMÓ EN CUENTA PARA DECLARAR INOPERANTES LOS AGRAVIOS ESGRIMIDOS. Si la responsable emite declaratoria de inoperancia respecto de los agravios formulados, y el quejoso esgrime argumentos orientados a combatir el fondo del asunto, mas no a desvirtuar las consideraciones que aquélla tomó en cuenta para dictar el fallo reclamado, ello trae como consecuencia que los conceptos de violación se estimen inoperantes." PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 79/97. Jesús Membrila Hernández. 3 de marzo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Refugio Raya Arredondo. Secretario: Luis Almazán Barrera. Amparo directo 127/97. Romeo Orlando Galeana Radilla. 24 de marzo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Refugio Raya Arredondo. Secretario: José Luis Arroyo Alcantar. Amparo en revisión 60/2001. Sergio Adame Eugenio. 5 de abril de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Amado López Morales. Secretario: Jerónimo Nicolás Arellanes Ortiz. Amparo directo 234/2001. Darío Miranda Vázquez. 7 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Amado López Morales. Secretario: Ignacio Cuenca Zamora. Amparo directo 282/2001. Luciana Adame de Lozano. 8 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Amado López Morales. Secretario: Jerónimo Nicolás Arellanes Ortiz. Por último, cabe destacar que esta potestad federal no pasa desapercibida la alegación del quejoso relativa a que la autoridad responsable no tomó en cuenta que es una persona desempleada con estado de salud precario; sin embargo, dicha circunstancia no fue materia del recurso de apelación ni del propio incidente, razón por la cual, por los motivos ya expuestos, también merece el calificativo de inoperante. De este modo, al haberse quedado desestimados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo expuesto y con fundamento legal, además en los artículos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gerardo Sánchez Vargas, en relación al acto atribuido a la autoridad que quedó precisada, por los motivos expuestos y para efectos señalados en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy fe. Lfsl

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil dieciocho. Representante del menor designa autorizados. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta signado por Alejandro León Cortes, por el que solicita se le tenga autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que refiere en el ocurso que se acuerda. Atento a su contenido, toda vez que se trata de una nueva petición diversa a la realizada el pasado veintidós de octubre del año en curso, la cual fundamenta en el criterio aislado que invoca, a fin de garantizar el interés superior del menor de edad, se provee de conformidad y se le tiene al ocursante autorizando a Olivia Benítez Reyes y Santiago Orozco Valencia, con la plenitud de las facultades que refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que, después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como en el libro de registro de cédulas de este juzgado, se constató la existencia del registro de las cédulas profesionales que los acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Agente del Ministerio Público de la Federación formula alegatos. Agréguese a los autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. Expedición de copias. Expídase a la promovente copia de la sentencia que se dicte en el expediente en que se actúa, una vez que ello acontezca. Notifíquese.

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