German Becerril Hernandez

Expediente 1122/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1122/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
27/12/2019

Partes del expediente

  • German Becerril Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1122/2019-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el nueve de diciembre de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en su único punto resolutivo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Asimismo, toda vez que la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I a II; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se tiene conocimiento que la autoridad responsable, se encuentra gozando de las vacaciones correspondientes al segundo periodo del año en curso y, no será posible entregar el oficio respectivo, por tanto, instrúyase a los Actuarios de la adscripción para que una vez que estas reanuden labores, procedan a notificar el contenido del presente auto, así como las demás notificaciones que se ordenen durante el periodo vacacional. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido de la Secretaria Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1122/2019-II, promovido por GERMÁN BECERRIL HERNÁNDEZ, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, turnada y recibida al siguiente día ante este Juzgado, GERMÁN BECERRIL HERNÁNDEZ, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Tercer Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (fojas 1 a 15 del expediente principal). SEGUNDO. Trámite. Al día siguiente hábil, se radicó la demanda de amparo y se previno a la parte quejosa (fojas 16 a 18 del expediente principal). Por auto de nueve de septiembre de dos mil diecinueve se requirió al impetrante de amparo, para que dentro del término de tres días contados a partir de su legal notificación, compareciera ante este órgano jurisdiccional a reconocer la firma que calza el escrito presentado el cinco de septiembre del año que transcurre, ante la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, y en su caso ratificara el contenido del mismo, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo así se le tendría por desinteresado respecto a lo solicitado en su escrito de referencia (fojas 25 y 26 del expediente principal). Una vez desahogo dicho requerimiento el veinte de septiembre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la parte tercera interesada, se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la que después de ser diferida, dio inició al tenor del acta que antecede (fojas 36 a 39 del expediente principal). CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde reside la autoridad a la que se le atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama es: La resolución de once de julio de dos mil diecinueve, dictado en el Toca Civil 541/2019-6, del índice de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, derivado del juicio ordinario civil 274/2015-1 del índice del Juzgado Segundo Civil de Primer Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado en el que determinó desechar el recurso de apelación. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo cual se corrobora con las documentales consistentes en copias certificadas de diversas actuaciones que integran el juicio ordinario civil 274/2015-1 y el Toca Civil 541/2019-6, de donde se advierte la existencia del acto reclamado (anexos I y II); documentales que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. CUARTO. Estudio de fondo del asunto. Al no advertir que se actualice causal de improcedencia del juicio, se analizará la constitucionalidad de los actos reclamados. Son infundados, los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, cuyo estudio se aborda conforme a estricto derecho, dado que no procede la suplencia de la queja en beneficio de la parte recurrente, al derivar el acto reclamado de un asunto en materia civil, sin que se ubique en alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Previamente a realizar el pronunciamiento sobre los conceptos de violación, debe señalarse como antecedentes, los que se desprenden de las constancias del juicio de origen, lo siguiente: 1. Mediante escrito de veintiocho de agosto de dos mil quince, Bernardo López Guazo Díaz González, en su carácter de Administrador Único de Talogua Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó vía ordinaria civil, la acción restitutoria del bien mueble consistente en equipo denominado ULTRA-YD-E JTR REWINDER LINE, compuesta de las siguientes partes Ultra-YI-E Rewinder, unwind Stand, Single Embosser, Ultra-JRT75 Long Saw, Edge Embossing, Trim Removal Conveyor y 4M Conveyor, y equipo denominado montacargas con pinza para papel en contra de Germán Becerril Hernández (fojas 1 a 101 del anexo II). 2. La demanda fue admitida el treinta y uno de agosto de mil quince, ante el entonces Juzgado Segundo en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, bajo el número 274/2015 y por auto de doce de octubre del mismo año, se tuvo a Germán Becerril Hernández dando contestación a la demanda (fojas 102, 103 y 213 del anexo II). 3. En diligencia de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo a Francisco Javier Vilchis Soto en su calidad de accionista de Circuit Paper Sociedad Anónima de Capital Variable, apersonándose al juicio como tercero interviniente (fojas 302 a 305 del anexo II). 4. Seguida la secuela procesal, el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, el entonces Juzgado Segundo en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial dictó sentencia definitiva en el expediente 274/2015, condenando a la parte demandada a la restitución y entrega de los bienes muebles consistentes en equipo denominado ULTRA-YD-E JTR REWINDER LINE, conformado por las siguientes partes Ultra-YI-E Rewinder, unwind Stand, Single Embosser, Ultra-JRT75 Long Saw, Edge Embossing, Trim Removal Conveyor y 4M Conveyor, y equipo denominado montacargas con pinza para papel y al pago de gastos y costas (fojas 365 a 414 del anexo II). 5. Inconforme con lo anterior, Germán Becerril Hernández y Francisco Javier Vilchis Soto, por sí y en su carácter de tercero socio de la persona moral Circuit Paper Sociedad Anónima de Capital Variable, interpusieron recurso de apelación, del cual correspondió conocer a los Magistrados de Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quienes mediante resolución de quince de julio del mismo año, confirmaron la sentencia definitiva de veintisiete de abril de dos mil dieciséis emitida por el Juez Segundo en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado en el expediente 274/2015-1 (fojas 491 a 547 del anexo II). 6. Inconformes con lo señalado en el párrafo que antecede, Germán Becerril Hernández y Francisco Javier Vilchis Soto, por sí y en su carácter de tercero socio de la persona moral Circuit Paper Sociedad Anónima de Capital Variable, promovieron amparo directo del cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, el que por ejecutoria pronunciada en sesión de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, en el D.T. 1096/2016, relacionada con el diverso 1095/2016, negó el amparo y protección solicitados (fojas 556 a 716 del anexo II). 7. Por auto de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial (antes Juzgado Segundo en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial) declaró ejecutoriada la sentencia de veintisiete de abril de dos mil dieciséis por ministerio de ley (fojas 723 del anexo II). 8. El treinta de enero de dos mil diecinueve la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial (antes Juzgado Segundo en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial) requirió a la demandada para que en el término de cinco días diera cumplimiento a la sentencia referida en el párrafo que antecede, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se procedería conforme a las reglas de ejecución previstas en el artículo 690 del Código Procesal Civil del Estado, auto que fue notificado a la parte demandada por boletín judicial el cinco de febrero del mismo año (fojas 723 y 724 del anexo II). 9. Mediante escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, la parte actora Bernardo López Guazo Díaz González, en su carácter de Administrador Único de Talogua Sociedad Anónima de Capital Variable, en el juicio de origen solicitó se comisionara al actuario de su adscripción para que requiriera a la parte demandada la entrega de los bienes objeto de controversia (foja 725 del anexo II). 10. Por auto de cinco de marzo pasado la Juez natural, determinó que se constituyera el actuario de su adscripción asociado con la parte actora y requiriera a la parte demandada la entrega de los bienes muebles consistentes en equipo denominado ULTRA-YD-E JTR REWINDER LINE, compuesta de las siguientes artes Ultra-YI-E Rewinder, unwind Stand, Single Embosser, Ultra-JRT75 Long Saw, Edge Embossing, Trim Removal Conveyor y 4M Conveyor, y equipo denominado montacargas con pinza para papel (foja 726 del anexo II). 11. Por escrito presentado el catorce de marzo del año en curso, la parte demandada Germán Becerril Hernández promovió incidente de nulidad de actuaciones en contra de la notificación efectuada el cinco de febrero de dos mil diecinueve (fojas 727 a 733 del anexo II). 12. El veinte de marzo de dos mil diecinueve, la ahora Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, desechó el incidente de nulidad de notificaciones, toda vez que dicho incidente resultaba extemporáneo (fojas 734 y 735 del anexo II). 13. Inconforme con lo anterior, Germán Becerril Hernández, interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer a los Magistrados de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quienes mediante resolución de once de julio del mismo año (que constituye el acto reclamado), determinaron desechar el recurso de apelación, dado que no era el medio de impugnación idóneo para combatir el auto que desechó el incidente de nulidad de notificaciones (fojas 19 a 21 del anexo I). Ahora bien, habiendo quedado establecidos los antecedentes del asunto sometido a estudio, se procede al análisis de los conceptos de violación que el quejoso expuso, los que se hacen consistir sustancialmente en lo siguiente: Que la Sala responsable al emitir el acto reclamado viola los principios de legalidad y tutela judicial efectiva previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que equivocadamente, desecha el recurso de apelación bajo la consideraciones que no es el medio de impugnación idóneo para recurrir el auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve, siendo que aun cuando se hubiera interpuesto el recurso incorrecto, la Sala debió determinar cuál era la acción que verdaderamente se había ejercido, dados los hechos y lo reclamado; lo cual -aduce- era subsanable por ésta y, con ello, analizar el fondo de la apelación. Se reitera lo anunciado, en el sentido de que son infundados los conceptos de violación vertidos y sintetizados, lo que se afirma, en función de las consideraciones siguientes. En primer término, es importante establecer que el derecho fundamental de acceso a la justicia, implica que toda persona debe contar con un recurso eficaz y sencillo contra violaciones a derechos humanos, el cual está consagrado en los artículos 14 y 17 Constitucionales, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que forma parte de los vigentes parámetros de control de regularidad constitucionales a que deben sujetarse todas las autoridades del país. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que este derecho se hace consistir en aquél que tienen todas las personas, a contar con un medio de impugnación -recurso judicial- contra actos que estimen violatorios de sus derechos humanos. En consecuencia, la obligación de un Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, a fin de proporcionar un recurso judicial, no se reduce simplemente a la mera existencia de tribunales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales; pues, además, debe garantizarse que los recursos sean efectivos, es decir, debe brindarse a la persona la posibilidad real de interponer un mecanismo de disenso o de impugnación, por virtud del cual, pueda ser restituido su derecho fundamental violado. Por su parte, nuestro Más Alto Tribunal ha establecido que el contenido de este derecho consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y de promover la actividad jurisdiccional ante tribunales competentes e imparciales a fin de que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, se obtenga una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas. Asimismo, se ha señalado que este derecho se encuentra integrado por diversos principios como el de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita y, que el acceso a los tribunales no puede supeditarse a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva y carente de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador; pues ello constituiría un obstáculo entre las personas sujetas a la jurisdicción del Estado y los tribunales. De esta forma, el derecho de acceso a la justicia es un mandato esencial que hace posible la protección del resto de los derechos humanos, lo que incluye, desde luego, los previstos en los tratados internacionales en los que México es parte, como se obtiene de una interpretación sistemática de los artículos 1 y 133 Constitucionales. Por tanto, no puede entenderse como una garantía meramente adjetiva sino que debe ser entendido como un derecho humano en sí mismo, pues se erige en el instrumento que hace justiciables al resto de los derechos. Por otro lado, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte ha manifestado que el legislador tiene un amplio margen de discrecionalidad para establecer requisitos formales o presupuestos necesarios para acceder a los recursos judiciales. Por ende, se ha precisado que la existencia y aplicación de las causales de admisibilidad de un medio de impugnación resultan compatibles con el derecho fundamental de acceso a la justicia, en su vertiente de contar con un recurso, mientras que su efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan dichos requisitos, el órgano judicial evalúe sus méritos. Así, para que los recursos judiciales sean accesibles para las personas sujetas a la jurisdicción del Estado, es necesario que los requerimientos de procedencia estén regulados de tal forma que brinden certeza y seguridad jurídica. Ahora bien, en la especie, contrario a lo aducido por el peticionario del amparo, no puede afirmarse que el descrito derecho fundamental de acceso a la justicia, ha sido violentado en su perjuicio, pues la Sala responsable precisó que el recurso de apelación no era el idóneo para controvertir lo resuelto en el auto emitido el veinte de marzo del año en curso por el juez de origen, mediante el cual desechó de plano el incidente de nulidad de notificaciones, al no estar previsto en el numeral 532 del Código Procesal Civil en el Estado de Morelos; ello en atención a que existe regla específica para combatirlo de conformidad con el artículo 95 de dicha legislación procesal invocada. En efecto, el hecho de que una de las partes interponga un recurso que no es el idóneo para impugnar la determinación de que se queja, no da lugar a que la autoridad jurisdiccional corrija su error, pues para ejercer el derecho de acceso a la justicia se debe cumplir con los presupuestos procesales de procedencia de los recursos, lo que brinda certeza jurídica a las partes; de ahí que las reglas de procedencia no puedan alterarse a través de una pretendida protección a los derechos humanos; como equivocada e infundadamente lo pretende el aquí quejoso. De ahí que el concepto de violación en estudio resulta infundado. Aserto que se vierte, toda vez que si el recurso interpuesto no es el idóneo para combatir determinada resolución, debe estimarse que la Sala responsable estuvo en lo correcto al determinar su desechamiento, pues contrario a lo pretendido por el impetrante de amparo, ésta no puede subsanar el error a fin de que se admita un recurso que no fue el realmente interpuesto, pues ello atentaría contra la seguridad jurídica, y el principio de equilibrio procesal que debe imperar en toda contienda judicial; pues dicha Sala debe limitarse a determinar sobre la procedencia de ese medio de impugnación, admitiéndolo o desechándolo, según corresponda. Sin que ello implique vulnerar el derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el ejercicio de este derecho se encuentra sujeto al cumplimiento de determinados requisitos, presupuestos y cargas procesales que no deben soslayarse en detrimento de la correcta y eficiente administración de justicia, como lo es la carga procesal dispuesta de manera asequible al gobernado, de presentar el recurso efectivo. Sirve de apoyo a la anterior consideración por identidad de razón la tesis 2a./J.60/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, Décima Época, página 1312, número de registro 2014509 de rubro: "RECURSOS EN EL AMPARO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA REENCAUZAR LA VÍA". Así como la tesis I.2o.C.5.C (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, tomo 3, Décima Época, página 1992, número de registro 2003026 de rubro: "DERECHOS HUMANOS. EL DE ACCESO A LA JUSTICIA NO IMPLICA QUE EL JUZGADOR DE AMPARO DEBA SUBSANAR EL ERROR EN QUE INCURRAN LAS PARTES AL INTERPONER UN RECURSO NO IDÓNEO, AUN TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD, ATENTO A LOS PRESUPUESTOS PROCESALES, FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y DE PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS" En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación expuestos, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada en contra de la resolución de once de julio de dos mil diecinueve, emitida por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Por lo anteriormente expuesto y fundado se: RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a GERMÁN BECERRIL HERNÁNDEZ, contra la autoridad y acto reclamado precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe hasta hoy nueve de diciembre de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito de Bernardo López Guazo Díaz González, en su carácter de administrador único de la persona moral Talogua, Sociedad Anónima de Capital Variable, como lo acredita con copia certificada de la escritura pública treinta y dos mil ciento noventa y cuatro, ante el Notario Número Dos y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, por el cual se apersona a juicio, señala domicilio procesal, designa autorizados y solicita autorización para obtener fotografías por medios digitales. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonada al juicio de garantías en que se actúa y se tiene por reconocida su personalidad de parte tercero interesada en el presente asunto; asimismo, se tiene como domicilio procesal el ubicado en calle Taxco esquina Ocotepec, número trece, despacho trescientos uno, colonia Vista Hermosa, Cuernavaca, Morelos y por autorizados en los términos señalados a las personas propuestas. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por lo que respecta a la solicitud en el sentido de que se autorice la utilización de medios electrónicos para copiar y reproducir las constancias procesales y autos que se decreten en el presente juicio de amparo, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al respecto se acuerda: En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, se le autoriza la copia de actuaciones por medios electrónicos como escaners, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; no obstante a ello, dichas herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Lo anterior, encuentra sustento en lo conducente, en la tesis I.3o.C.725C, localizada en la novena época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, página 2847. Finalmente, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2- hágase devolución de la documental que exhibe, dejando en su lugar constancia debidamente cotejada y autorizada, previa razón de recibo que quede asentada en el expediente para constancia legal, una vez que las labores del juzgado lo permitan. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe. *NMTG*

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que de las constancias que obran en autos la parte tercero interesada Talogua, Sociedad Anónima de Capital Variable, fue emplazada con fecha quince de octubre de dos mil diecinueve, por lo que no existen ocho días de diferencia entre la fecha del emplazamiento y el día de hoy, fecha señalada para la celebración de la audiencia, para que el efecto de que se imponga del contenido del informe con justificación y esté en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estime convenientes para desvirtuarlo como lo refiere el numeral 117 de la Ley de Amparo, por lo tanto, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE; tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia P./J. 54/2000, del rubro "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.", emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XI, Abril de 2000 de la Novena Época, visible en la página 5. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe. *NMTG*

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