Gerardo Torrescano Ayala

Expediente 952/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
952/2016
Año
2016
Actuaciones
17
Última actuación
02/08/2016

Partes del expediente

  • Gerardo Torrescano Ayala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR GERARDO TORRESCANO AYALA, por los actos y respecto de las autoridades señalados en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.

  2. Incidental

    I.- FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DEL ACTO RECLAMADO. Mediante escrito presentado el dos de junio de dos mil dieciséis, ante la Oficialía de Partes de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, signado por GERARDO TORRESCANO AYALA, por su propio derecho, demandando el amparo y protección de la Justicia Federal, con suspensión de los actos reclamados de la autoridad responsable COORDINACIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL y otras autoridades, de quien reclama la orden de traslado girada en su contra. II.- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En autos de los presentes cuadernillos incidentales relativos al juicio de amparo 952/2016-V, se desprende que las partes no ofrecieron medio de convicción alguno. III.- INFORMES PREVIOS. Las autoridades responsables Coordinador General de Prevención y Readaptación Social y Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social no rindieron su informe previo, no obstante de encontrarse debidamente notificadas del requerimiento correspondiente desde el veintisiete de junio de dos mil dieciséis, por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dos de junio de del año en curso y conforme al artículo 142 de la ley de amparo se tiene por cierto el acto que el impetrante les atribuye. IV.- PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Ahora bien, al no configurarse ninguna de las hipótesis para el otorgamiento de la suspensión de oficio o de plano, se procede a examinar si en el caso concreto se configuran las exigencias que aluden los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, preceptos legales que establecen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I.- Que la solicite el quejoso; y II.- Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." (ADICIONADO, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2014) Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I.- Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II.- Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." Esta determinación se apoya en la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1376 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II del rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA.". En la invocada tesis, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia determinó que, con apoyo en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128 y 138 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión definitiva en la cuerda incidental se deben satisfacer los siguientes requisitos: I. Expresamente la solicite el quejoso; II. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; III. Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; IV. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, V. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. La Ley de Amparo contempla dos tipos de suspensión: de oficio y a instancia de parte. Los supuestos para la procedencia de la suspensión de oficio y de plano, están previstos en los artículos 126 y 127. Fuera de los casos en que la suspensión proceda de oficio, podrá otorgarse la suspensión siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia, en este orden: PRIMER REQUISITO: La petición de parte. Expresamente la solicitó el quejoso; SEGUNDO REQUISITO: Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; la parte quejosa formula bajo protesta de decir verdad la existencia de los actos impugnados, sin perjuicio desde luego, que para la definitiva es necesario que esté demostrada la existencia de éstos, sea porque así lo manifiesten las autoridades responsables o si éstas la niegan, el quejoso aporte pruebas que establezcan lo contrario. TERCER REQUISITO: Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión. Los actos son susceptibles de suspensión, pues no son negativos, futuros o inciertos, ni de los consumados de modo irreparable, ni se trata de actos cuya suspensión trastocaría el orden público o el interés social. CUARTO REQUISITO: No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Una de las exigencias que debe colmarse para el otorgamiento de la suspensión, es que su otorgamiento no contravenga disposiciones de orden público o perjudique el interés social, inclusive, el artículo 129 de la Ley de Amparo otorga al juzgador la facultad para negar la suspensión del acto reclamado, cuando con su concesión se ocasionen perjuicios al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. En síntesis, el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. QUINTO REQUISITO. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada I.4o.A.11 K (10a), de rubro "SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD.", y en la tesis de jurisprudencia 8, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.". La Ley de Amparo también prevé en su artículo 138, fracción I, que promovida la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, concederá o negará la suspensión; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; así tenemos que el tribunal, indefectiblemente debe dilucidar si la suspensión del acto reclamado afecta o no el interés social. A juicio de quien resuelve, la suspensión no privaría a la colectividad de un beneficio conferido por la ley en su favor ni le inferiría un daño que de otra manera no resentiría. Es cierto que la sociedad tiene interés en que los juicios seguidos ante los tribunales legalmente establecidos, se resuelvan mediante sentencia ejecutoriada y ésta se ejecute, sin embargo, no menos cierto resulta que el artículo 151 de la Ley de Amparo, autoriza la suspensión de los actos reclamados aun cuando éstos inciden en la ejecución de la sentencia. Ahora bien, toda vez que la presente medida cautelar se encuentra pendiente por resolver únicamente por las autoridades responsables Coordinador General de Prevención y Readaptación Social y Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, de quienes se presumió cierto el acto reclamado conforme al artículo 142 de la ley de la materia, se provee: Tomando en consideración que el quejoso reclama la orden de traslado girada en su contra del Centro de Reinserción Social Morelos a un diverso Centro Penitenciario; con fundamento en el artículo 161 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan y no se traslade al quejoso GERARDO TORRESCANO AYALA, del Centro de Reinserción Social Morelos a ningún otro Centro de Readaptación Social de la República, Estatal o Federal, cárcel distrital; hasta en cause ejecutoria la sentencia de amparo que se emita en el juicio principal 952/2016-V. Lo anterior es así, pues en el caso se actualizan los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que procede suspender la ejecución del acto reclamado, consistente en la orden de traslado y su cumplimiento del Centro de Reinserción Social Morelos, donde se encuentra actualmente, a otro Centro de Readaptación Social de la República, Estatal o Federal, cárcel distrital, ya que en el caso, se actualizan los requisitos que establece dicho artículo, esto es, la solicitó la parte agraviada; con tal otorgamiento no se contravienen disposiciones de orden público, ni se sigue perjuicio al interés social, y en caso de ejecutarse el acto reclamado, serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar; concesión que se otorga como quedó establecido, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia de amparo. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, el Juez de Distrito para conceder la suspensión de los actos reclamados mediante las condiciones y garantías que determine la ley, debe tomar en cuenta: a) La naturaleza de la violación alegada; b) La dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecución; y c) Los daños y perjuicios que la suspensión ocasione a terceros interesados o al interés público. En efecto, este juzgador considera que lo anterior es así, pues se toma en cuenta la naturaleza de la violación alegada para el otorgamiento de la medida suspensional, estimando la esencia y propiedades características, tanto del acto de autoridad materia de impugnación, como del derecho subjetivo que se dice conculcado con dicho acto, para lo cual y atendiendo a probabilidad y veracidad del derecho de los solicitantes, se llega a la conclusión de que con la suspensión no se perjudica el interés social ni el orden público, por tanto debe otorgarse la medida para no ocasionar daños y perjuicios de difícil reparación al promovente del amparo. La presente medida cautelar surtirá sus efectos desde luego, siempre y cuando el delito por el cual la impetrante GERARDO TORRESCANO AYALA, haya sido sentenciado o se encuentre procesado, no se trate de delincuencia organizada, pues en el caso, para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales, y las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos del artículo 18 párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.19/2012 (10ª) de la Décima Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XIII, tomo 1, Octubre de 2012, página 14, registro 2001894, que dice: "DERECHO HUMANO DEL SENTENCIADO A PURGAR LA PENA DE PRISIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO MÁS CERCANO A SU DOMICILIO. SU ALCANCE. Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008, que entró en vigor el 19 de junio de 2011, en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció el derecho humano del sentenciado por delitos distintos a los de delincuencia organizada y que no requieren medidas especiales de seguridad, a purgar la pena de prisión en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social; ello, porque la palabra "podrán" que el Constituyente utiliza para denotar su contenido, está dirigida a los sentenciados y no a las autoridades legislativas o administrativas, habida cuenta de que el ejercicio de tal derecho representa un acto volitivo del sentenciado que puede manifestarlo en una petición concreta para ser trasladado al centro penitenciario más cercano a su domicilio, pues sólo así, en atención a la cercanía con su comunidad puede alcanzar con mayor eficacia el objetivo constitucional de la reinserción social. Por otra parte, el hecho de que en el referido precepto constitucional se disponga que el derecho en cuestión queda sujeto a los casos y las condiciones que establezca el legislador secundario, federal o local, refleja únicamente que se trata de un derecho limitado y restringido, y no de uno incondicional o absoluto; de ahí que el legislador secundario goza de la más amplia libertad de configuración de las disposiciones relacionadas con la determinación de los requisitos y las condiciones que el sentenciado debe cumplir para alcanzar y disfrutar de dicho beneficio, con tal de que sean idóneos, necesarios y proporcionales en relación con el fin que persiguen, ya que sólo así se evita cualquier pretensión del legislador ordinario de hacer nugatorio un derecho constitucionalmente reconocido; por lo que si la ley no establece en qué casos y con qué condiciones los sentenciados pueden purgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, ello no obstaculiza el goce de dicho beneficio, si se encuentran ubicados en ese supuesto constitucional, puesto que lo contrario implicaría que el derecho humano en comento y, en consecuencia, el propio mandato del Constituyente Permanente, quedaran sujetos a un acto de voluntad de uno de los Poderes derivados del Estado." También se aclara que la presente medida cautelar no surtirá efectos si la orden de traslado reclamada ya fue ejecutada, pues se estaría en presencia de actos consumados los cuales no procede otorgar la suspensión, ya que el hacerlo equivaldría a otorgarle efectos restitutorios que son propios de la sentencia que, en su caso, se pronuncie en el fondo del amparo; de la misma forma, la suspensión definitiva no surtirá efectos si dicha resolución emana de una ejecutoria de amparo o de diversas autoridades de las señaladas como responsables. Cabe señalar a las autoridades responsables que esta suspensión no veda sus facultades para vigilar que sea salvaguardada de manera efectiva tanto la seguridad e integridad física del quejoso como la de los demás internos del Centro de Reinserción Social Morelos. De igual forma, se hace la precisión a las autoridades responsables que esta medida suspensiva sólo tiene efectos jurídicos respecto a aquellos actos que hayan sido emitidos al día de presentación de la demanda de amparo, esto es, treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, y no respecto a actos que se emitan con posterioridad, quedando expedito el derecho de las autoridades penitenciarias para verificar y aplicar las medidas disciplinarias que la normatividad les exige, con la finalidad de preservar el orden y la seguridad del centro de reclusión en el que se encuentra el quejoso. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por GERARDO TORRESCANO AYALA, respecto del acto reclamado y las autoridades responsables precisadas y, por las razones expuestas en el punto cuarto de la presente resolución interlocutoria. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.

  3. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 952/2016-V, se advierte que aún no obran los informes previos solicitados a las autoridades responsables Coordinador General de Prevención y Readaptación Social y Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; en esas condiciones y, para dar tiempo a la llegada de los mismos, o en su caso, del acuse de recibo correspondiente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo. Con independencia de lo anterior, se requiere al Administrador Postal de Correos de esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir del momento en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado sobre el tratamiento dado a las piezas postales referentes a los oficios 32968/2016 y 32969/2016, para cuyo efecto se anexa copia de la factura correspondiente, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237[1]de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, once de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 952/2016-V, se advierte que aún no obran los informes previos solicitados a las autoridades responsables Coordinador General de Prevención y Readaptación Social y Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; en esas condiciones y, para dar tiempo a la llegada de los mismos, o en su caso, del acuse de recibo correspondiente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo. Cabe destacar que la fecha de la audiencia incidental, se fija considerando a la distancia que existe entre la residencia oficial de este Juzgado y el domicilio en el que se debe de notificar del presente acuerdo a las autoridades responsables, así como a la dificultad de las comunicaciones, toda vez que se realizan por correo certificado, por lo que se considera pertinente extender el término que refiere el artículo 138 de la Ley de Amparo, para la celebración de la audiencia incidental. Con independencia a lo anterior, se requiere vía telegráfica a las autoridades responsables antes precisadas a efecto de que en veinticuatro horas siguientes a la notificación del presente proveído informen si se encuentran notificadas del auto de dos de junio de dos mil dieciséis por el cual se les requirió su respectivo informe con relación a la orden de traslado que les reclama el directo quejoso; Bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 260, fracción I, de la Ley de la materia, serán sancionadas con una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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