Gerardo Toledo Luis
Expediente 57/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 57/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 17/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Gerardo Toledo Luis
- Secretaría de Energía
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
PRAL 57/2022 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Determinación de Alzada. Agréguese el oficio 2005/2022, del secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, al que anexa copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada en sesión ordinaria virtual, el seis de octubre del año en curso, en el conflicto competencial 11/2022; acúsese el recibo de estilo correspondiente, vía interconexión. Resolución del Tribunal de Alzada. De la ejecutoria recibida se advierte que la superioridad declaró legalmente competente al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz, para conocer de la demanda de amparo promovida por Gerardo Toledo Luis, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Energía, con sede en la ciudad de México y de otras autoridades; por tanto, remitió los autos originales del juicio de amparo 57/2022 al referido órgano de control constitucional. Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa, para los efectos legales procedentes y, remítase al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, las copias de la demanda de amparo que se encuentran en el resguardo de la Secretaría de este Juzgado. Archivo. En atención a lo determinando por la superioridad y toda vez que no hay asunto pendiente por diligenciar ni documentos originales exhibidos por la parte quejosa, se provee: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este cuaderno de antecedentes como definitivamente concluido. Archivo reciente y destino. Con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, este expediente es DESTRUIBLE, por lo cual, transcurridos tres años a partir de la fecha en que se ordenó el archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción dentro de los treinta días siguientes, y remítase en su momento el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Instrucción a Secretaría. Finalmente, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 57/2022 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de julio de dos mil veintidós. Acusa recibo. Agréguese el oficio 3413/2022, del secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, mediante el que acusa recibo del diverso oficio 18081/2022, a través del cual se le remitió el juicio de amparo 57/2022, con la finalidad de que resuelva el conflicto competencial planteado por este Juzgado y comunica que se admitió ese asunto, que fue registrado con el número 12/2022, de su índice. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 57/2022 MESA II-A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil veintidós. Recepción de oficio -reingreso-. Agréguese a los autos el oficio 11020/2022 proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, al que se anexa: a) una copia con firmas electrónicas del acuerdo de trece de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente 408/2022 de su inventario, y b) el juicio de amparo 57/2022 de este órgano jurisdiccional, promovido por Gerardo Toledo Luis. En esas condiciones, ante la devolución del juicio de amparo 57/2022, anótese su reingreso en el libro de gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; además, acúsese recibo vía interconexión. Juzgado oficiante rechaza competencia. Del contenido del proveído anexo al oficio de cuenta, se advierte que el citado órgano jurisdiccional no aceptó la competencia declinada por este Juzgado para conocer de la demanda de amparo promovida por Gerardo Toledo Luis, por derecho propio, contra actos de la Secretaría de Energía, y de otras autoridades, pues, en esencia: Sostuvo que los actos reclamados no tienen ejecución material, dado que no tienen un efecto distinto de la inhibición de las autoridades de actuar y, por tanto, al tratarse de una abstención no requiere de ejecución material alguna. Señaló que el análisis de la ejecución de los actos reclamados se debe llevar a cabo en relación a sus consecuencias directas o inmediatas, y no a las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen. Indicó que en la demanda de amparo no se señala algún acto de ejecución destacado, ni autoridad ejecutora que lo materialice. Precisó que si esta autoridad previno en el conocimiento del asunto, le compete conocer de dicha demanda conforme a la regla establecida en el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo. Así, concluyó no aceptar la competencia declinada y devolver a este Juzgado el expediente 57/2022, por afirmar que esta autoridad federal es la competente para conocer del juicio de amparo. Determinación relativa a la competencia. No obstante, este órgano de control constitucional, respetuosamente, insiste en carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo de que se trata, pues, como se precisó en el proveído de veinte de mayo del año en curso, si bien se reclama un acto de omisión, lo cierto es que los efectos o alcances del mismo requieren ejecución material y, por ello, se tornan positivos; se explica: Al resolver el recurso de queja 48/2022 mediante ejecutoria de trece de mayo del año en curso, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, destacó que el estudio integral de la naturaleza del derecho cuya violación se reclama (inicio del procedimiento administrativo de revocación de permiso de generación de energía eólica) debe ser en estricta vinculación con la omisión de realizar una consulta libre, previa e informada hacia la comunidad indígena de Juchitán de Zaragoza. Es decir, en su momento, el análisis del asunto deberá versar, indiscutiblemente, en el hecho de si existe o no lesión a algún derecho fundamental de la comunidad indígena de la que se autoadscribe integrante el quejoso, con el inicio del procedimiento de revocación; debido a que la parte quejosa reclama el inicio del procedimiento administrativo de revocación de permiso de generación E/1264/AUT/2015, concedida a la empresa Energía Eólica del Sur, S.A.P.I. de C.V., contenida en la resolución RES/611/2021, con motivo de la omisión de realizar una consulta libre, previa e informada hacia la comunidad indígena a la que pertenece, lo que, dijo, ocasionaría afectaciones irreparables en su esfera jurídica y en la de todos los habitantes de la comunidad indígena de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. En ese sentido, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De modo que la ejecución material es el criterio para asignar competencia por territorio a los jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, dicha expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Razón por la cual, se estima que al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca sí le resulta legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, en virtud de que debe atenderse la regla de competencia relativa al lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado; no este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, a prevención. Pues es evidente que la resolución que ordena el inicio del procedimiento de revocación del permiso de generación, tiene efectos que se materializarán en el territorio donde ejerce jurisdicción el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, pues el derecho a la consulta previa, libre e informada tiene eficacia, necesariamente, en el lugar en que se realizará esa consulta, es decir, en la comunidad indígena de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, a la que pertenece el aquí quejoso. Por ende, la competencia para conocer del juicio de amparo de que se trata debe fincarse a favor del juez de Distrito del lugar donde se deba materializar la consulta que la parte quejosa dijo se omitió realizar, pues es ahí donde producen consecuencias en el mundo fáctico. Entonces, si el inicio del procedimiento administrativo de revocación de permiso de generación número E/1264/AUT/2015, contenida en la resolución "RES/611/2021", a) es respecto de una empresa que opera en la población de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; b) el quejoso se autoadscribe como indígena zapoteca de dicha comunidad y c) ese lugar (Juchitán de Zaragoza, Oaxaca) corresponde a la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, conforme al Acuerdo General 3/2013, de quince de febrero de dos mil trece, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, y es en aquel lugar donde el quejoso dice se omitió realizar la consulta previa, libre e informada en relación con el inicio de un procedimiento administrativo de revocación que reclama; entonces, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca es el legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Gerardo Toledo Luis. Ello, no obstante que el quejoso manifieste tener su domicilio en el municipio de Xococotlán, en el Estado de Oaxaca, pues tal circunstancia no le da competencia a este Juzgado, porque debe atenderse al acto reclamado, en el que defiende un interés colectivo por la afectación que, dice, sufriría la comunidad indígena de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, a la que se autoadscribe; en esa medida, el derecho a ser escuchado no se cumple llamando individualmente a cada uno de los integrantes de la comunidad que decidan acudir al juicio de amparo, pues ello prolongaría indefinidamente el procedimiento administrativo de revocación de permiso en beneficio de la empresa eólica y en detrimento de la sociedad. De modo que, se reitera, la consulta tendrá ejecución en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en tanto que es un derecho fundamental previsto en el artículo 2 constitucional, para garantizar la participación de los pueblos y comunidades indígenas que se vean involucrados en alguna decisión estatal. Además, para sostener su incompetencia, el juez de amparo oficiante refiere que, dada la naturaleza de los actos impugnados, el conocimiento de los mismos correspondería a los Juzgados Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, sin que precise los motivos por los que se actualizaría tal hipótesis. Pese a ello, la competencia declinada fue por cuestión de territorio, no por materia, por lo que se insiste en que es ese órgano jurisdiccional el que debe conocer del asunto; máxime que, en el caso, no se planteó la incompetencia legal ante los Juzgados Especializados, ya que, conforme a lo expuesto en la demanda de amparo, no se advirtió, por el momento, que se requieran conocimientos especializados en materia de competencia económica para que se actualice tal hipótesis. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de jurisprudencia 2a./J. 35/2021 (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 9, enero de 2022, tomo II, página 1300, Undécima Época, registro 2023979, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA (CRE) PARA RESOLVER SOBRE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE PERMISO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BAJO LA MODALIDAD DE COGENERACIÓN. CORRESPONDE A LOS ÓRGANOS DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA". Por último, es preciso señalar que, en atención al principio de congruencia interna que rige las determinaciones jurisdiccionales, no resulta dable realizar un análisis desvinculado de cada uno de los actos que el quejoso reclama en la demanda de amparo para el estudio del presupuesto procesal de competencia, pues en razón del espíritu de indivisibilidad de la demanda, debe ser considerada como un todo cuando los actos reclamados se encuentren fuertemente ligados entre sí, sin posibilidad de dividir la continencia de la causa, como en el caso; pues, como ya quedó precisado, se reclama el inicio de un procedimiento administrativo de revocación de generación de energía, con motivo de la omisión de ejecutar la consulta libre, previa e informada en la comunidad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Es por dichas razones esenciales que este Juzgado no comparte las consideraciones sostenidas en el acuerdo de catorce de junio de este año, dictado en el expediente 408/2022 del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. Por lo expuesto, se reitera que, a consideración de este órgano jurisdiccional, corresponde al juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, el conocimiento de la demanda de amparo promovida por Gerardo Toledo Luis, ante la actualización del primer supuesto de las reglas de competencia que prevé el artículo 37 de la Ley de Amparo; además, conforme lo establecido por los Acuerdos Generales 45/2016 y 46/2016, que reforman el diverso 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitario de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ante ello, con fundamento en el numeral 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Decimotercer Circuito, para que tenga a bien resolver el conflicto de competencia planteado. Cuaderno de antecedentes. Continúese actuando en el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia inicialmente declinada. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 57/2022 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil veintidós. 1. Determinación de Tribunal de Alzada. Agréguese el oficio 820/2022 firmado por la secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al que anexa el testimonio de la ejecutoria de trece de mayo del año en curso, dictada en el recurso de queja 48/2022, de su estadística; acúsese recibo correspondiente, preferentemente vía interconexión. De la ejecutoria recibida se advierte que la superioridad declaró fundado el recurso de queja interpuesto por Óscar Ricardo Ramírez Santiago, autorizado legal del quejoso Gerardo Toledo Luis, contra la resolución de veintiséis de enero de dos mil veintidós, en la que se desechó la demanda de amparo origen de esta instancia constitucional y, en su lugar, ordenó dejar sin efectos el auto recurrido y, de no advertirse diversa causa de improcedencia, se provea lo conducente en relación con la admisión de esa promoción inicial; en su atención, se acuerda: Se deja sin efectos la resolución dictada el veintiséis de enero de dos mil veintidós, en que se desechó la demanda de amparo origen de esta instancia constitucional y se procede a proveer lo relativo a la admisión de ese escrito inicial. Anótese el reingreso en el libro de Juzgado correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2. Estudio de la competencia. Por ser un presupuesto procesal que trasciende al orden público, se analiza en primer término, el relativo a la competencia. Del análisis íntegro de la demanda de amparo y del escrito por el que se aclaró dicho ocurso, se advierte que el quejoso Gerardo Toledo Luis señala como actos reclamados y autoridades responsables, los siguientes: Secretaría de Energía Comisión Reguladora de Energía a) Inicio del procedimiento administrativo de revocación de permiso de generación E/1264/AUT/2015, contenida en la resolución RES/611/2021. b) Omisión de establecer en la resolución reclamada RES/611/2021, mecanismos de consulta libre, previa e informada hacia los pueblos y comunidades indígenas, así como hacia comunidades, pueblos y barrios originarios equiparables a indígenas, ante la posibilidad de verse afectados o beneficiados por el inicio del procedimiento administrativo contenido en la resolución reclamada, notificada a Energía Eólica del Sur, S.A.P.I. de C.V. c) Omisión de llamar al quejoso como tercero interesado al procedimiento administrativo de revocación de permiso de generación de energía eléctrica E/1264/AUT/2015, contenida en la resolución RES/611/2021, mismo que fue notificado a Energía Eólica del Sur, S.A.P.I. de C.V. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a) Omisión de realizar la consulta libre, previa e informada hacia los pueblos y comunidades indígenas, así como hacia comunidades, pueblos y barrios originarios equiparables a indígenas, ante la posibilidad de verse afectados o beneficiados por el inicio del procedimiento administrativo contenido en la resolución RES/611/2021, notificada a Energía Eólica del Sur. Además, el promovente refiere, bajo protesta de decir verdad, en lo sustancial, que: - Pertenece a la comunidad indígena zapoteca asentada en el municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. - El veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno la empresa denominada Energía Eólica del Sur, S.A.P.I. de C.V., fue notificada del inicio de un procedimiento administrativo de revocación de permiso de generación número E/1264/AUT/2015, contenida en la resolución "RES/611/2021", lo que, dice, priva a la comunidad indígena zapoteca a la que pertenece, asentada en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, de los beneficios que otorga el permiso de generación de energía eólica, pues constituye una fuente de ingreso. - Que el quejoso y la comunidad indígena a la que pertenece no fueron consultados sobre el inicio del referido procedimiento administrativo de revocación, lo que ocasiona afectaciones irreparables en la esfera jurídica no sólo de su persona, sino de todos los habitantes de la comunidad indígena de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Bajo esa condición, es preciso destacar que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del numeral citado derivan tres reglas fundamentales de competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, a saber: a) En el último párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que si la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiere de ejecución material, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En este supuesto, basta que quede debidamente evidenciado en autos que el acto que se reclama no requiere de ejecución material, para que se actualice la competencia del juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del precepto señalado, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, implican la ejecución del mismo. c) La tercera previsión normativa que contiene dicho numeral, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la segunda regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente para conocer del asunto aquel ante quien se presentó la demanda. Así, la ejecución material es el criterio para asignar competencia por territorio a los jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, dicha expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Ahora, el Tribunal de Alzada destacó -en la ejecutoria de cuenta- que al realizar un estudio integral de la naturaleza del derecho cuya violación se reclama (inicio del procedimiento administrativo de revocación de permiso de generación de energía eólica) debe ser en estricta vinculación con la omisión de realizar una consulta libre, previa e informada hacia la comunidad indígena de Juchitán de Zaragoza. Es decir, en su momento, el análisis del asunto deberá versar, indiscutiblemente, en el hecho de si existe o no lesión a algún derecho fundamental de la comunidad indígena de la que se autoadscribe integrante el quejoso, con el inicio del procedimiento de revocación. La parte quejosa reclama el inicio del procedimiento administrativo de revocación de permiso de generación E/1264/AUT/2015, concedida a la empresa Energía Eólica del Sur, S.A.P.I. de C.V., contenida en la resolución RES/611/2021, con motivo de la omisión de realizar una consulta libre, previa e informada hacia la comunidad indígena a la que pertenece, lo que, dijo, ocasionaría afectaciones irreparables en su esfera jurídica y en la de todos los habitantes de la comunidad indígena de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Así, aunque se reclama un acto de omisión, lo cierto es que la hipótesis que se actualiza es en relación a actos cuyos efectos o alcances requieren ejecución material y, en esa medida, son actos que se tornan positivos, ya que mediante resolución RES/611/2021 se dio inicio al procedimiento de revocación de permiso, sin la intervención de la comunidad indígena de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Ello hace evidente que el procedimiento de revocación reclamado tendrá ejecución en el territorio donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, pues el derecho a la consulta previa, libre e informada tiene eficacia, necesariamente, en el lugar en que se realizará esa consulta, es decir, en la comunidad indígena de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, a la que pertenece el aquí quejoso. Por ende, la competencia para conocer del juicio de amparo de que se trata debe fincarse a favor del juez de Distrito del lugar donde se deba materializar la consulta que la parte quejosa dijo se omitió realizar, pues es ahí donde producen consecuencias en el mundo fáctico. Entonces, si el procedimiento administrativo de revocación de permiso de generación número E/1264/AUT/2015, contenida en la resolución "RES/611/2021", a) se inició a una empresa que opera en la población de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; b) el quejoso se autoadscribe como indígena zapoteca de dicha comunidad y c) ese lugar (Juchitán de Zaragoza, Oaxaca) corresponde a la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, conforme al Acuerdo General 3/2013, de quince de febrero de dos mil trece, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, y es en aquel lugar donde el quejoso dice se omitió realizar la consulta previa, libre e informada en relación con el inicio de un procedimiento administrativo de revocación que reclama; entonces, el Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con sede en Salina Cruz, es el competente para conocer del juicio de amparo promovido por Gerardo Toledo Luis. Sin que pase desapercibido que el quejoso haya afirmado tener su domicilio en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en razón de que el propio solicitante de amparo afirma que defiende un interés colectivo por la afectación que, dice, sufriría la comunidad indígena de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, a la que se autoadscribe; en esa medida, el derecho a ser escuchado no se cumple llamando individualmente a cada uno de los integrantes de la comunidad que decidan acudir al juicio de amparo, pues ello prolongaría indefinidamente el procedimiento administrativo de revocación de permiso en beneficio de la empresa eólica y en detrimento de la sociedad. De modo que, se reitera, la consulta tendrá ejecución en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en tanto que es un derecho fundamental previsto en el artículo 2 constitucional, para garantizar la participación de los pueblos y comunidades indígenas que se vean involucrados en alguna decisión estatal. Por último, es preciso señalar que, en atención al principio de congruencia interna que rige las determinaciones jurisdiccionales, no resulta dable realizar un análisis desvinculado de cada uno de los actos que el quejoso reclama en la demanda de amparo para el estudio del presupuesto procesal de competencia, pues en razón del espíritu de indivisibilidad de la demanda, debe ser considerada como un todo cuando los actos reclamados se encuentren fuertemente ligados entre sí, sin posibilidad de dividir la continencia de la causa, como en el caso; pues, como ya quedó precisado, se reclama el inicio de un procedimiento administrativo con motivo de la omisión de ejecutar la consulta libre, previa e informada en la comunidad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. En esas condiciones, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, se inhibe para proveer respecto a la admisión de la demanda de amparo promovida por Gerardo Toledo Luis y declina competencia territorial a favor del juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con sede en Salina Cruz. Es aplicable la tesis I.1o.A.44 A, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 1299, Tomo XIV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, agosto de dos mil uno, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, previa copia que se deje en este expediente, remítase este juicio de amparo, al juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con sede en Salina Cruz, para que determine si acepta o no el conocimiento del asunto; solicitando el acuse de recibo. 3. Cuaderno de antecedentes y anotaciones. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia certificada de las constancias relativas; y efectúense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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