Gerardo Martínez Mendoza

Expediente 842/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 13 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
842/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
25/10/2022

Partes del expediente

  • Gerardo Martínez Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    INC. 842/2022. MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. 1. Se deja sin efectos medida cautelar. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, por auto de esta misma fecha, causó ejecutoria la sentencia ahí emitida, y se ordenó su archivo definitivo. En consecuencia, deja de surtir efectos la suspensión definitiva que se concedió a la parte quejosa en resolución interlocutoria de dieciocho de agosto de dos mil veintidós. 2. Archivo del expediente. Por tanto, toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu) y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. 3. Destino del original del expediente (depurable). Comuníquese a las partes que, por haberse concedido la suspensión definitiva a la parte quejosa, el original de este expediente será DEPURABLE, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido acuerdo general; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; una vez fenecido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional depurará el expediente y posteriormente se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 3.1. Destino del duplicado del expediente (destruible). En tanto que, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a), del mismo acuerdo general, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta esta interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión dentro de los treinta días siguientes. En el entendido que, en su oportunidad, deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la(s) carátula(s) obre la leyenda referida en párrafos precedentes (depurable y destruible) y b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. 4. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL. 842/2022. MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia engrosada el treinta de septiembre del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra dicho fallo. 1.1. Causa ejecutoria la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Plazo de diversas autoridades. Resulta innecesario jurídicamente hacer pronunciamiento y esperar a que transcurra el plazo respectivo para las autoridades responsables y para la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado; dado que, como se precisó, en la sentencia emitida se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por la parte quejosa; por tanto, ningún agravio les genera, pues carecen de legitimación para inconformarse. 3. Devolución de documento. Como se advierte de la certificación de cuenta, en este juicio de amparo la parte quejosa ofreció como prueba documental a) el original del inventario del vehículo de motor relativo a la boleta de infracción ***** de ******* y b) el acuse de recibo con firma autógrafa, de un escrito de treinta de enero de dos mil veinte dirigido al coordinador Estatal Interino en Oaxaca de la Policía Federal en Transición a la Guardia Nacional. Por tanto, se deja a disposición de la parte quejosa dichas constancias, para que dentro del plazo de noventa días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger la documental de referencia; apercibida que de no comparecer en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, será destruida en su momento junto con el expediente. Por ello, a efecto de que pueda presentarse a las oficinas de este Juzgado a recibir dichas documentales, se le hace del conocimiento que de conformidad a lo establecido por el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micro-sitio de "Servicios jurisdiccionales", podrá generar cita a través del sistema "Agenda OJ". 4. Devolución de tomo anexo. Devuélvase a la autoridad responsable, administradora Desconcentrada Jurídica de Oaxaca 1, de la Administración General Jurídica del Servicio de la Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las diversas documentales que ofreció como prueba y que obran como tomo anexo I. 5. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; por tanto, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 6. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6.1. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 6.2. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será DESTRUIBLE, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible. 7. Instrucción (certificación). Asimismo, se le instruye para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Incidente de suspensión. Finalmente, en la certificación de cuenta se precisó que este juicio de amparo se tramitó con incidente de suspensión; por tanto, provéase lo correspondiente en esa pieza incidental. 9. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA (AVISO) PRAL. 842/2022.MESA-6 Vistos para resolver el juicio de amparo 842/2022, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el quince de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y remitido a este Juzgado por razón de turno, en la misma fecha, Gerardo Martínez Mendoza, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca "1"; que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de dieciocho de julio de dos mil veintidós se registró la demanda de amparo con el expediente 842/2022, y se previno a la parte quejosa en los términos ahí referidos. Previo cumplimiento a dicha prevención y a la diversa realizada en acuerdo de veintiocho de julio de este año, se admitió a trámite la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, mediante el segundo escrito aclaratorio de cuatro de agosto de este año la parte quejosa aclaró la denominación correcta de la responsable señalada como Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la ciudad de Oaxaca y señaló como denominación correcta a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca "1". Previo los tramites respectivos, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y el acto se reclama a una autoridad residente en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, escritos aclaratorios, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: De la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca "1" lo siguiente: La ejecución del crédito fiscal que se le impuso con motivo de la boleta de infracción 6327527 de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, por la cantidad de $49,428.00 (cuarenta y nueve mil cuatrocientos veintiocho pesos, cero centavos, moneda nacional), que se traduce en el inminente requerimiento de pago y, como consecuencia, la inscripción en el buró de crédito. No pasa inadvertido que la parte quejosa en la demanda de amparo, en el capítulo respectivo a los "actos reclamados", señaló, como tal, la orden de pago de la boleta de infracción y su cobro; sin embargo, del contenido total de la demanda y de sus escritos aclaratorios, se advierte que su intención es reclamar la ejecución de esa multa, pues refiere que la misma fue garantizada inicialmente, así como el hecho de que esté inscrito en el buró de crédito; de ahí que no se tenga aquéllos como actos destacados. Además, el estudio de los actos reclamados se fija de esa manera, no obstante que la parte quejosa señaló por separado la inscripción en el buró de crédito; sin embargo, su estudio no se realizará por separado, como motivo de que resulta ser una consecuencia directa de la ejecución del crédito fiscal; de ahí que ningún fin práctico se obtendría su estudio separado. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como en la tesis del Pleno de Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, registro 181810, del texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, administradora Desconcentrada Jurídica de Oaxaca 1, de la Administración General Jurídica del Servicio de la Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca 1, al rendir el informe justificado, aceptó parciamente la existencia de los actos reclamados; sin embargo, realizó diversas manifestaciones respecto a la ejecución del crédito fiscal que se le impuso al quejoso con motivo de la boleta de infracción 6327527 de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, así como su inscripción al buró de crédito con motivo de lo anterior; de ahí que se tiene por cierto en su totalidad los actos que se le reclaman. Lo cual queda corroborado con la copia certificada del expediente administrativo relativo a la boleta de infracción 6327527 de cinco de diciembre de dos mil diecinueve; documentales a las que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo. CUARTO. Causal de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, del análisis de las constancias que integran el juicio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III del numeral 107 de dicha ley, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". (Transcripción) Antecedentes del asunto. Para demostrar la causa de improcedencia antes citada es necesario precisar que de las constancias remitidas por las autoridades responsables, con pleno valor probatorio, en su calidad de documental pública, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, los antecedentes del asunto son los siguientes: 1. El cinco de diciembre de dos mil diecinueve la Secretaria de Seguridad Publica, por conducto de la Guardia Nacional, impuso una multa consistente en la boleta de infracción 6327527 a Gerardo Martínez Mendoza con motivo de la prestación de un servicio de autotransporte federal de pasaje sin permiso, consistente en quinientas unidades de medida de actualización (UMA). 2. Mediante escrito de treinta de enero de dos mil veinte, el apoderado legal de la empresa G7 Innovación y Transporte Empresarial S.A. de C.V. (dirigido al coordinador Estatal interino en Oaxaca de la Policía Federal en Transición a la Guardia Nacional), ofreció como garantía de pago de la sanción impuesta al quejoso, la factura con folio A279 correspondiente a una unidad de motor. 3. A través del oficio DSR/CEO/EO/ORI/074/2020 de treinta de enero de dos mil veinte, el coordinador Estatal interino en Oaxaca de la Policía Federal en Transición a la Guardia Nacional aceptó la garantía del pago de la sanción impuesta en la boleta de infracción 6327527 a Gerardo Martínez Mendoza. 4. Por oficio GN/UOEC/DGSCI/CEOA/EOA/R-00001/2020 de uno de marzo de dos mil veinte, el coordinador Estatal Interino en Oaxaca de la Policía Federal en transición a la Guardia Nacional, le consignó al titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guanajuato "3" las boletas de infracción impuestas por la Policía Federal para efectos de control y cobro. 5. Posteriormente, el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, el titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guanajuato "3", mediante oficio de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, remitió al administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1" la boleta de infracción 6327527 impuesta a Gerardo Martínez Mendoza, con motivo que el domicilio fiscal del sancionado correspondía a la circunscripción territorial de la administración desconcentrada de recaudación antes citada. 6. Mediante oficio 400-45-00-02-02-2021-102 de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, el administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1" le requirió al quejoso Gerardo Martínez Mendoza diversas documentales a fin de calificar la garantía ofrecida por el apoderado de la empresa G7 Innovación y Transporte Empresarial S.A. de C.V., consistente en la factura con folio A279 correspondiente a una unidad de motor. Asimismo, se le informó que el adeudo se encontraba firme y se le invitó a realizar el pago del adeudo de manera inmediata; además, se le precisó que de no exhibir la documentación correspondiente en el plazo que le otorgó no se aceptaría la garantía ofrecida. 7. Mediante acta circunstanciada de hechos de nueve de abril de dos mil veintiuno el verificador, notificador y ejecutor responsable hizo constar que no fue localizable el domicilio fiscal de ese contribuyente. 8. El doce de abril de dos mil veintiuno, el administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1", con sede en la ciudad de Oaxaca, notificó por estrados al quejoso Gerardo Martínez Mendoza el oficio 400-45-00-02-02-2021-102, de veintidós de marzo de dos mil veintiuno; y se tuvo por notificado el veintiuno de abril de dos mil veintiuno al haber trascurrido el plazo establecido por la ley de la materia de ese procedimiento administrativo. 9. El veinte de abril de dos mil veintiuno el administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1", con sede en Oaxaca emitió el mandamiento de ejecución de control 33118200420211177 para el cobro de la multa de la boleta de infracción 6327527 impuesta a Gerardo Martínez Mendoza y le requirió el pago del crédito fiscal a su cargo. 10. Mediante acta circunstanciada de hechos de catorce de mayo de dos mil veintiuno el verificador, notificador y ejecutor responsable hizo constar que no fue localizable el domicilio fiscal del referido contribuyente, configurándose el supuesto previsto por la fracción III del artículo 134 del Código Fiscal de la Federación. 11. Mediante acta de catorce de mayo de dos mil veintiuno se hizo constar que el requerimiento de pago se llevó a cabo por estrados y el diecisiete de junio de dos mil veintiuno se procedió a notificar el mandamiento de ejecución, requerimiento de pago y embargo 33118200420211177, de veinte de abril de dos mil veintiuno; esto, al haber trascurrido el plazo establecido por la ley de la materia. 12. Mediante oficio 400-45-00-02-02-2021-1028 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por no presentado el ofrecimiento de garantía de interés fiscal al no haberse exhibido la documental solicitada; se devolvió al apoderado de la empresa G7 Innovación y Transporte Empresarial S.A. de C.V. consistente en la factura con folio A279, correspondiente a una unidad de motor que se ofreció como garantía del pago de la sanción impuesta en la boleta de infracción 6327527 a Gerardo Martínez Mendoza y se exhortó a este último a realizar el pago de la garantía correspondiente al tener dicho crédito el carácter de firme y se le precisó que, de no cumplir la misma, se procedería a iniciar y/o continuar con el procedimiento administrativo de ejecución. 13. Previo citatorio dejado el siete de septiembre de dos mil veintiuno, el ocho de septiembre siguiente se tuvo por realizada la notificación del oficio 400-45-00-02-02-2021-1028 con persona que se dijo ser autorizada de la parte quejosa contribuyente. Hasta aquí con los antecedentes de los actos reclamados. De conformidad con el principio de procedencia a que se refieren esos preceptos legales, el juicio constitucional indirecto únicamente procede cuando los actos en el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio: a) Constituyan la resolución definitiva, es decir, aquélla que ponga fin al asunto; y, b) Tengan una ejecución de imposible reparación al afectar materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o tratados internacionales en el que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución definitiva favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. En este último aspecto, debe entenderse como derechos sustantivos, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad; en tanto que los derechos procesales o adjetivos son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo, que no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida. Lo anterior, así lo sostuvo en la jurisprudencia I.8º. C. J/2, emitida por el Pleno del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 17 de marzo de 2017, registro 2013976, de datos de localización, rubro y texto siguientes: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida". Ahora, la multa que se impuso al quejoso pretende hacerse efectiva a través del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pues derivado de la boleta de infracción 6327527 que se le impuso a Gerardo Martínez Mendoza y que se le remitió al administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1", se inició dicho procedimiento encaminado al cobro del crédito fiscal con motivo de la imposición de la boleta de infracción antes descrita, más accesorios; afirmándose tal circunstancia, porque el mismo se integra con una serie de actos administrativos que buscan hacer efectivo un derecho a favor del fisco, desde la actuación de la autoridad exactora que determina la existencia del crédito como es el requerimiento de pago, hasta la resolución que finque el remate de bienes embargados y ordene la aplicación del producto de la enajenación a favor del fisco federal, como lo señala el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación. Así, el cobro del crédito fiscal por multa judicial que se lleva a cabo a través del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, mediante el requerimiento de pago y, en su caso embargo, en cumplimiento a un mandamiento de ejecución, no es impugnable a través del amparo indirecto, ya que se trata de actos intermedios, en tanto que el juicio de amparo sería procedente únicamente contra la resolución definitiva que en el mismo se dicte, en el que se harían valer las violaciones que se hubieren cometido durante dicho procedimiento, si es que trascienden al resultado del fallo. Además, tal requerimiento de pago y, en su caso, embargo, con motivo de la emisión del mandamiento de ejecución por multas judiciales, no son de imposible reparación, para que sea procedente el juicio de amparo indirecto, sin necesidad de esperar hasta la última resolución, ya que la autoridad responsable emitió el mandamiento de ejecución para realizar el cobro de la multa consistente en la boleta de infracción 6327527 a Gerardo Martínez Mendoza impuesta al quejoso, sin que se pudiera notificar personalmente tal mandamiento ni llevar a cabo la diligencia relativa, porque no fue localizable en el domicilio que se proporcionó para al efecto; por tanto, no ha existido embargo contra bienes de la parte quejosa, ni posterior a esa actuación se ha emitido acto por las responsables encaminado a la ejecución del mismo, pues no existe prueba aportada al respecto. En consecuencia, como esos actos reclamados no constituyen la última resolución dictada en dicho procedimiento seguido en forma de juicio, ni tienen una ejecución de imposible reparación, contra los cuales proceda la vía constitucional indirecta, resulta fundada la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 214593, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Además, la actualización de esa causal hace innecesario el análisis de los diversos supuestos de improcedencia a que se refieren las responsables, pues de forma alguna variaría el sentido de esta sentencia. QUINTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Gerardo Martínez Mendoza contra los actos a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca "1", consistente en la ejecución del crédito fiscal que se le impuso con motivo de la boleta de infracción 6327527 de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, por la cantidad de $49,428.00 (cuarenta y nueve mil cuatrocientos veintiocho pesos, cero centavos, moneda nacional), que se traduce en el inminente requerimiento de pago y, como consecuencia, la inscripción en el buró de crédito, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerandos cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta hoy, treinta de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.

  4. Principal

    PRAL.842/2022.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de treinta y uno de agosto del año en curso se agregó el informe justificado que rindió la administradora Desconcentrada Jurídica de Oaxaca 1, de la Administración General Jurídica del Servicio de la Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca 1; determinación de la cual quedaron notificadas las partes el uno de septiembre último. 2. Diferimiento de la audiencia constitucional. Por tanto, dado que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que debe mediar entre la notificación a las partes del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, y a fin de no dejarlos en estado de indefensión, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las nueve horas con dieciséis minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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