Gerardo Teros Hernández

Expediente 279/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 25 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
279/2022
Año
2022
Actuaciones
25
Última actuación
06/12/2022

Partes del expediente

  • Gerardo Teros Hernández
  • Juzgado de Oralidad de lo Penal del Distrito Uno, ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, seis de diciembre de dos mil veintidós. Devolución de disco compacto. Del estado de autos del presente juicio de amparo, se desprende que en este juzgado obran dos discos compactos remitidos por la autoridad responsable denominada "juez oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, del Poder Judicial del Estado de Sonora" al momento de rendir informe justificado; en esa virtud, y toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, se ordena devolver dicho anexo, ya que resulta innecesaria su retención; en la inteligencia que no es necesario que la autoridad responsable acuse recibo de los citados discos compactos. Notifíquese; y mediante oficio a la autoridad en cita. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Auto. En Hermosillo, Sonora, dos de agosto de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha causó estado el acuerdo por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de derechos; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa. Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que si bien se concedió la medida cautelar provisional, en definitiva se declaró sin materia este incidente. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Billete de depósito. En otro orden, como se advierte de la certificación de cuenta, obra en la caja de seguridad de este juzgado el billete de depósito N 930775, por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional), que sirvió para garantizar los efectos de la suspensión provisional concedida en este incidente, y toda vez que resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución a favor del quejoso Gerardo Teros Hernández. Por lo tanto, se fijan las diez horas del doce de agosto de dos mil veintidós, para la entrega del billete al promovente, quien deberá presentarse en las instalaciones de este juzgado federal, con código QR -el que le será entregado por conducto del actuario adscrito- debidamente identificado, con su identificación oficial vigente y dos copias simples de la misma, a fin de realizar los trámites legales y administrativos correspondientes. En la inteligencia de que dicho billete podrá prescribir a favor del Erario Federal, en el plazo de dos años, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29 y 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. A margen de lo anterior, debe destacarse que no pasa inadvertido para este juzgador, lo dispuesto por el numeral 156 de la Ley de Amparo; sin embargo, la hipótesis prevista en ese precepto no se actualiza en el caso, pues con el billete de depósito no se garantizaron los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a un tercero interesado, sino para garantizar que el quejoso no se sustrajera de la acción de la justicia, al derivar el acto reclamado de un proceso penal, que se hizo consistir en una orden de aprehensión, en la que la suspensión fue otorgada en términos del artículo 168 de la Ley de Amparo; particularidad que descarta que se esté en el caso previsto en el numeral 156 de ese ordenamiento, en el sentido de que debe condicionarse la devolución de la garantía al transcurso de seis meses. Lo anterior, toda vez que el precepto citado en el último término, se refiere al incidente de daños y perjuicios que pueden promover los terceros interesados en cuanto a la exigibilidad de la garantía, y a los quejosos respecto de las contragarantías otorgadas con motivo de la suspensión concedida en términos del ordinal 132 de la legislación en cita. Resulta ilustrativa la tesis V.2o.P.A.9 K (10a.), que dispone: "GARANTÍA EXHIBIDA PARA QUE CONTINÚE SURTIENDO EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EN CASO DE QUE ÉSTE NO RESULTE CIERTO O NO EXISTA EL TERCERO INTERESADO, ES INNECESARIO ESPERAR A QUE TRANSCURRA EL PLAZO DE SEIS MESES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 156 DE LA LEY DE AMPARO PARA PROVEER SU DEVOLUCIÓN. De conformidad con el precepto citado, cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías otorgadas con motivo de la suspensión del acto reclamado, las partes deben promover el incidente de reclamación de daños y perjuicios, dentro del plazo de seis meses, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio de amparo; sin embargo, la necesidad de esperar el transcurso de ese plazo, antes de proveer de conformidad la devolución o cancelación de las garantías, sólo opera cuando se cumplan los siguientes requisitos, que: a) se haya concedido la suspensión -provisional o definitiva- del acto reclamado; b) éste o sus consecuencias jurídicas, efectivamente se hayan paralizado, suspendido o, incluso, cuando se haya restablecido provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, en razón de la suspensión otorgada por el juzgador de amparo; y, c) el quejoso o el tercero interesado hubiese exhibido garantía o contragarantía, según sea el caso, para que continuara surtiendo efectos la suspensión del acto reclamado, o bien, para que aquélla dejara de tener efectos y pudiera ejecutarse el acto reclamado; de suerte que, en aquellos supuestos en los que no resulte cierto el acto reclamado o no exista tercero interesado, es innecesaria esa espera, al resultar incuestionable que no existieron efectos que pudieron haberse visto paralizados en razón de la suspensión del acto reclamado decretada por el Juez de amparo; o bien, por no existir alguna persona a quien se le pudo parar perjuicio y que tenga legitimación para promover el incidente mencionado." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. LFEP

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, dos de agosto de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Incidente de suspensión. Acuérdese lo conducente en relación con la valoración y destino de los cuadernos incidentales de suspensión que derivan del presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. RamiroRJ

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, doce de julio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante acuerdo de siete del presente mes y año se agregó en autos un oficio con anexos reservándose proveer lo conducente hasta en tanto se llevara a cabo la diligencia de desistimiento solicitada por la parte quejosa y toda vez que dicha data ya aconteció sin que se haya presentado la aludida parte, se acuerda lo siguiente: Pruebas. De conformidad a lo establecido en el numeral 119 de la Ley de la materia, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexó a su oficio agregado en auto de siete de los actuales la autoridad responsable juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, con residencia en esta ciudad. Con los legajos de pruebas que remite la autoridad mencionada, fórmese el tomo I de pruebas por cuerda separada, quedando a disposición de las partes para su consulta, por formar parte del juicio en que se actúa. De igual forma, con el contenido de las videograbaciones de las audiencias contenidas en los discos digitales que remite la responsable, dese vista a las partes a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en los mismos y manifestar lo que a su derecho convenga. Lo anterior, en catamiento a lo que postula la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época de la Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004362 que a la letra dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.". Guárdense los discos compactos en la secretaría de este Juzgado. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las manifestaciones vertidas por la autoridad responsable juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, con residencia en esta ciudad, y las documentales anexas a su oficio de cuenta, se observa que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto de los actos por los cuales se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Esto es, como si el acto de autoridad nunca hubiera irrumpido en la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndolo hecho, no deje alguna huella, toda vez que la justificación de esta causa de improcedencia de la acción constitucional de garantías, radica en la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que además, no dejó huella en la esfera de derechos del particular, que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal. Lo anterior se encuentra establecido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir en la orden de aprehensión o reaprehensión o detención o presentación dictada en su contra, y su ejecución. Asimismo, del informe con justificación rendido por la responsable se advierte que el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se emitió orden de reaprehensión en contra del quejoso dentro de la causa penal 90/2021, por la posible comisión del hecho que la ley señala como delito de violencia familiar. Ahora, de las constancias que la autoridad responsable anexó al oficio agregado en autos el siete de julio de dos mil veintidós, se advierte que el veintidós de marzo de dos mil veintidós, se celebró audiencia general dentro de la causa penal 90/2021, en la que el juez de origen ordenó dejar sin efecto alguno la orden de reaprehensión emitida el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por el impetrante de amparo radicaba en la multicitada orden de reaprehensión, lo cierto es que, como se destacó, dicha orden privativa de libertad fue dejada sin efecto en audiencia de veintidós de marzo de dos mil veintidós, por lo que es inconcuso que a la presente fecha le fue restituido el derecho vulnerado. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de la responsable las cosas quedaron a favor de la parte quejosa, tal como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXl del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

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