Gerardo Sergio Álvarez Martínez
Expediente 138/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 138/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 17/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Gerardo Sergio Álvarez Martínez
- Director General de Asuntos Jurídicos El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés.********************I. Estado de autos. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para manifestar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a verificar el acatamiento dado a dicha resolución.********************II. Relación de constancias. Consta en autos, que el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa; posteriormente, el veintiuno de abril del año en curso, causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió a la responsable para que dentro del ámbito de sus atribuciones realizara lo siguiente:********************"a) Recabe las pruebas y realice las diligencias necesarias en el expediente PRDP/AA/016/2017, relativo al procedimiento de determinación de daños y perjuicios y el financiamiento de indemnizaciones resarcitorias ********************, hasta que se deje en estado de resolución; y, ********************b) Lo acredite con las constancias pertinentes."********************III. Actuaciones exhibidas por la responsable. En cumplimiento al requerimiento efectuado a la responsable, en lo que aquí interesa, se recibió el oficio número ********************, el tres de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual, el director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada de la resolución definitiva dictada en el procedimiento administrativo de determinación de indemnizaciones resarcitorias, en la que, en lo medular, se determinó la improcedencia para fincar responsabilidad resarcitoria en perjuicio del quejoso ********************.********************IV. Vista cumplimiento. El precitado oficio y sus anexos, fueron incorporados al expediente en acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintitrés; asimismo, se ordenó dar vista al quejoso, para que dentro de un plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del acuerdo, se manifestara en relación con el cumplimiento de ejecutoria; asimismo, se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, se resolvería lo conducente, con base en los elementos existentes en autos y los datos aportados por las autoridades responsables; lo que le fue notificado debidamente, sin haber hecho manifestación alguna.********************V. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. Conforme a las actuaciones existentes, y lo expuesto anteriormente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso, ni defecto, pues el director General de Asunto Jurídicos del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, resolvió el procedimiento ********************, en contra del aquí quejoso, con lo que se cumplimentó con los efectos de la sentencia ejecutoriada.********************VI. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años.********************VII. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente.********************VIII. Devolución de tomo de pruebas. Resulta innecesaria la retención de dos tomos de pruebas identificados como Anexo I y Anexo II, remitidos por la autoridad responsable; en esa virtud, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales correspondientes.********************IX. Háganse las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ********************Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable y personalmente a la parte quejosa.********************Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.********************
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Informe de cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitidos por el director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, mediante el cual informa respecto del cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo y exhibe las constancias correspondientes. Atento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exprese lo que a su interés legal convenga; bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo indicado, este juzgador se pronunciará sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elemento existentes en autos y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer
- Principal
Certificación. El veintiuno de abril de dos mil veintitrés, María Guadalupe Noriega Vega, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifico y hago constar que el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió, del cuatro al veinte de abril de dos mil veintitrés, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado; lo anterior se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. Cuenta. El veintiuno de abril de dos mil veintitrés, se da cuenta al juez con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o bien, informe las gestiones y trámites efectuados para tal fin; en el entendido que los efectos para los cuales se emitió la sentencia concesoria, fue para lo siguiente: "a) Recabe las pruebas y realice las diligencias necesarias en el expediente ********************, relativo al procedimiento de determinación de daños y perjuicios y el fincamiento de indemnizaciones resarcitorias ********************, hasta que se deje en estado de resolución; y, b) Lo acredite con las constancias pertinentes." Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la referida ley, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de sus puestos y consignación. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o bien, informe las gestiones y trámites efectuados para tal fin; en el entendido que los efectos para los cuales se emitió la sentencia concesoria, fue para lo siguiente: "a) Recabe las pruebas y realice las diligencias necesarias en el expediente ********************, relativo al procedimiento de determinación de daños y perjuicios y el fincamiento de indemnizaciones resarcitorias ********************, hasta que se deje en estado de resolución; y, b) Lo acredite con las constancias pertinentes." Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la referida ley, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de sus puestos y consignación. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
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Juicio de amparo 138/2023 A-II Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las once horas con treinta y ocho minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien autoriza y da fe de sus actos, declaró abierta la presente audiencia sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la secretaria relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informe con justificación rendido por la responsable. Revisado el estado de autos, se advierte que en el auto de admisión, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. El juez acuerda: téngase por hecha la certificación que antecede, para todos los efectos legales correspondientes. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con las pruebas documentales ofertadas por la autoridad señalada como responsable. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza la citada probanza. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que el quejoso los formuló. El juez acuerda: téngase realizadas las manifestaciones que efectuó el quejoso y por perdido el derecho para expresarlos a las demás partes; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 138/2023 A-II; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito recibido el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el treinta de enero siguiente, por razón de turno, a este juzgado, Gerardo Sergio Álvarez Martínez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama del director general de asuntos jurídicos del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Por proveído de treinta y uno de enero del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto atribuido a una autoridad cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este Juzgado de Distrito. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado, el siguiente: La omisión de dictar resolución dentro del procedimiento de determinación de daños y perjuicios y el fincamiento de indemnizaciones resarcitorias PRDP/AAE/016/2017. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto atribuido al director general de asuntos jurídicos del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; asimismo, dicha certeza se corrobora con las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad por el quejoso en la demanda de derechos, las cuales revelan, que ha realizado solicitudes de forma expresa ante la responsable, para que emita resolución en el expediente PRDP/AAE/016/2017. Además, la veracidad del acto combatido se acredita con las documentales exhibidas por la autoridad responsable al rendir su informe con justificación, consistentes en la copia certificada del expediente PRDP/AAE/016/2017, relativo al procedimiento de determinación de daños y perjuicios y el fincamiento de indemnizaciones resarcitorias PRDP/AAE/016/2017, del índice de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, del cual dimana el acto reclamado. Documentales a las que, se les otorga valor probatorio pleno, conforme los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobran aplicación la jurisprudencia 226, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." En efecto, del análisis efectuado a las constancias previamente relacionadas, permiten constatar que la autoridad responsable no han emitido la resolución correspondiente en el expediente PRDP/AAE/016/2017. IV. Análisis de fondo Se considera que es innecesario transcribir los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, ya que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, basta que se precisen los argumentos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en la demanda, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la Litis. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con registro número 164618, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En su único concepto de violación, el quejoso manifiesta esencialmente que el acto reclamado es violatorio de las garantías consagradas en los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la autoridad responsable no ha dictado resolución definitiva en el expediente PRDP/AAE/016/2017, relativo al procedimiento de determinación de daños y perjuicios y el fincamiento de indemnizaciones resarcitorias PRDP/AAE/016/2017. El concepto de violación es fundado, toda vez que, este juzgador estima, que en el presente asunto, sustancialmente, se ha vulnerado en perjuicio del quejoso el artículo 17 constitucional, el cual consagra a favor de los gobernados la garantía de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla las subgarantías o principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Con base en las directrices del artículo 17 constitucional, en función de un procedimiento ordinario, puede decirse que la autoridad faltará a la garantía de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute el juicio en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone una prohibición: no retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. En ese sentido, la violación al artículo 17 constitucional, en el ámbito de un mecanismo de tutela, se manifiesta a través de un acto negativo y omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: a) La autoridad no desarrolla el trámite dentro de los términos y plazos legales, esto es, que exista dilación o demora; y, b) La autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del trámite respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. LXX/2005, con registro digital número 177921, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Julio de 2005, página 438, que establece: "JUSTICIA PRONTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR PARA GARANTIZARLA. El mandato contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia, lo hagan de manera pronta, completa e imparcial. Por lo que respecta a los actos legislativos, la justicia pronta se garantiza cuando el legislador establece en las leyes plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales tienen que sujetarse tanto la autoridad como las partes en los procesos jurisdiccionales, entendiéndose por: a) generales, que sean comunes a los mismos procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en la misma categoría de parte; b) razonables, que sean plazos prudentes para el adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las partes, y c) objetivos, que se delimiten en la ley correspondiente a efecto de impedir que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales." La naturaleza expedita de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Por su parte, el artículo 46 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora (vigente al momento que ocurrieron los hechos que se imputan al quejoso), establece, en lo medular, que una vez desahogadas las pruebas, o transcurrido el plazo a que se refiere la fracción II, el Instituto resolverá dentro de los treinta días siguientes sobre la existencia o inexistencia de los daños y perjuicios y determinará la indemnización correspondiente a los sujetos responsables. Finalmente, una vez emitida la resolución, la responsable notificará personalmente a los sujetos responsables y deberá remitir oficio con la resolución correspondiente ante la Secretaría de Hacienda o Tesorería Municipal respectiva, según corresponda. Al efecto, se reproduce de manera literal el artículo 46 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora ?vigente al momento de los hechos?, que reza: "ARTÍCULO 46. El Instituto procederá a determinar y hacer efectivas las indemnizaciones resarcitorias, sujetándose al procedimiento siguiente: I.- Se citará personalmente al presunto o presuntos responsables a una audiencia, haciéndoles saber las irregularidades que se les imputan y el monto de los daños y perjuicios que se hubiesen determinado, señalando el lugar, día y hora, en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un defensor; apercibidos que de no comparecer sin justa causa, se tendrá por precluido su derecho para ofrecer pruebas o formular alegatos, y se resolverá con los elementos que obren en el expediente respectivo; II.- A la audiencia referida en la fracción anterior podrá asistir el representante de los Poderes del Estado, los ayuntamientos o de los entes públicos, según corresponda, que para tal efecto designen. Entre la fecha de citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de quince días hábiles; III.- Desahogadas las pruebas o transcurrido el plazo a que se refiere la fracción II, el Instituto resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes sobre la existencia o inexistencia de los daños y perjuicios y determinará la indemnización correspondiente a los sujetos responsables y se les notificará personalmente, y se deberá remitir oficio con dicha resolución a la Secretaría de Hacienda o Tesorería Municipal respectiva, según corresponda. Cuando los responsables sean servidores públicos, la resolución será notificada al representante de los Poderes del Estado, de los Ayuntamientos o de los entes públicos, y al órgano de control interno respectivo, según corresponda; IV.- A partir de la notificación personal señalada en la fracción anterior, los sujetos responsables tendrán un plazo de quince días hábiles para cubrir el importe de la indemnización, ante la Secretaría de Hacienda o Tesorería Municipal respectiva, según corresponda; y V.- Si el monto de la indemnización no es cubierto en su totalidad dentro del plazo señalado en la fracción anterior, la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado o la Tesorería Municipal correspondiente lo hará efectivo mediante el procedimiento administrativo de ejecución." Lo subrayado es propio. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable conjuntamente con su informe justificado, en lo que interesa, se advierten los antecedentes siguientes: Mediante determinación dictada el doce de diciembre de dos mil diecisiete, en los autos del expediente PRDP/AAE/016/2017, relativo al procedimiento de determinación de daños y perjuicios y el fincamiento de indemnizaciones resarcitorias, el encargado del despacho de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, hizo constar, en esencia, que al revisar los documentos que integran el expediente relativo a los trabajos de revisión del gasto público durante el ejercicio presupuestal de la cuenta pública de dos mil quince, advirtió un daño patrimonial causado en perjuicio del erario público conforme a las observaciones no solventadas en el Fondo de Operación de Obras Sonora SI (FOOSSI). Ante la falta de acreditación del gasto público en el Fondo de Operación de Obras Sonora SI (FOOSSI), la responsable estableció que se infringió el artículo 25 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, la cual, establece, que cada dependencia debe acreditar el ejercicio del gasto público con el asiento contable correspondiente y documentación comprobatoria, por lo que, tal omisión representaba una actividad irregular generadora de una afectación o daño al patrimonio del Estado. Derivado de lo anterior, se reclamó una responsabilidad por daño patrimonial a Hugo Reynoso González (persona diversa del quejoso), quien fungió como director General de Finanzas del Fondo de Operación de Obras Sonora SI (FOOSSI), en el periodo del quince de noviembre de dos mil catorce al catorce de septiembre del dos mil quince, debido a que omitió presentar periódicamente la información financiera y los avances presupuestales y programáticos ante las instituciones y autoridades correspondientes. En segundo término, se reclamó una responsabilidad por daño patrimonial a Gerardo Sergio Álvarez Martínez (aquí quejoso), quien fungió como director general de Supervisor de Obras y/o supervisor General del Fondo de Operación de Obras Sonora SI (FOOSSI), en el periodo del veintidós de febrero de dos mil once al catorce de septiembre de dos mil quince, a quien se le reprochan diversas irregularidades, en el caso: Omitió supervisar, vigilar, revisar y verificar la materialización oportuna de las obras por conceptos pagados y no ejecutados, a saber: Obra pública NC2-306, denominada "Construcción, Equipamiento, Pruebas, Puesta de Operación y Estabilización de la Planta Potabilizadora Norte", del Municipio de Hermosillo, Sonora; Obra pública NC2-307A, denominada "Construcción de Ramal de Distribución Norte de la Ciudad de Hermosillo, Sonora Primera Etapa", del Municipio de Hermosillo, Sonora; y, Además, se otorgó un anticipo sin amortizar para la terminación de una obra relativa para abastecer de agua potable a la "tribu yaqui y Guaymas", Sonora (perforación de pozo), sin que exista comprobación documental de que se haya reintegrado el recurso público a favor del Fondo de Operación de Obras Sonora SI (FOOSSI). Derivado de lo anterior, se inició el procedimiento de indemnización resarcitoria en contra de Hugo Reynoso González y Gerardo Sergio Álvarez Martínez (quejoso), y se ordenó emplazarlos al procedimiento de marras, a fin de que contestaran las imputaciones y alegaran lo que a su derecho conviniera, ofrecieran pruebas y formularan alegatos. El tres de abril de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia prevista en el artículo 46, fracción I de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora a cargo del encausado Gerardo Sergio Álvarez Martínez (quejoso); quien compareció a la audiencia y realizó manifestaciones por escrito, además, ofreció medios de convicción. Mediante proveído de cinco de junio de dos mil dieciocho, el director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, hizo constar, que no pudo llevarse a cabo el emplazamiento de Hugo Reynoso González (diverso encausado); en mérito de lo anterior, requirió al director general de Ingresos y subsecretario de Recursos Humanos, pertenecientes a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, para que dentro del plazo de cinco días informaran el domicilio particular del ex servidor público en cita. Por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, derivado de la contingencia a causa del virus denominado "Covid-19", se suspendieron los plazos y términos relacionados con las actividades de la autoridad responsable. Una vez reanudado el procedimiento del expediente en cita, en auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno, se incorporó al expediente un escrito suscrito por el apoderado legal de Gerardo Sergio Álvarez Martínez, mediante el cual solicitó, en lo medular, se dictara la resolución definitiva. La anterior petición, fue desestimada por la responsable, bajo el argumento toral, que no se había declarado cerrada la instrucción; además, que se encontraba recabando la documentación e información necesaria para integrar el expediente. Mediante escritos presentados el veintiséis de enero, veintidós de febrero, veintisiete de abril, veinticuatro de mayo, veinticuatro de junio, quince de julio, veinticuatro de agosto, veintiuno de septiembre, uno de noviembre, veinticinco de noviembre, todos del dos mil veintidós; así como cuatro y diecisiete de enero, ambos del año en curso, el apoderado legal de Gerardo Sergio Álvarez Martínez ?aquí quejoso?, solicitó de forma recurrente, se emitiera en el procedimiento PRDP/AAE/016/2017, la resolución prevista en el artículo 46 Bis inciso C) de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; empero, la responsable se concretó a reiterar: "en atención a la solicitud antes referida, y en virtud de que no se ha declarado cerrada la instrucción en el Procedimiento de Determinación de Indemnizaciones Resarcitorias que nos ocupa, toda vez que este Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización se encuentra recabando la documentación e información necesaria para dar solventación y/o aclarar las observaciones materia del mismo para entonces resolver en consecuencia lo que legalmente corresponda, es que esta autoridad fiscalizadora determina no encontrarse en posibilidades de acordar de conformidad lo solicitado por el representante legal del encausado (.)" El veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió una determinación, en la que, en lo sustancial, para la debida integración del expediente PRDP/AAE/016/2017, consideró pertinente requerir mediante oficio ISAF/AJ1249/2022, al titular del Fondo de Operaciones de Obras Sonora SI (FOOSI), para que, en un plazo improrrogable de diez días hábiles, remitiera la documentación atinente a solventar las observaciones relativas a la cuenta pública 2015, tales como: comprobantes fiscales, recibos, expedientes técnicos, fotografías, actas de sitio o cualquier documentación tendiente a acreditar el uso o destino de un bien o el ejercicio del gasto, con los correspondientes apercibimientos, dado el evento de incumplir con lo requerido; y, finalmente, Consta en el juicio de origen, que el oficio ISAF/AJ1249/2022, dirigido al titular del Fondo de Operaciones de Obras Sonora SI (FOOSI) ?mediante el cual se le requirió la remisión de diversas constancias para la integración del expediente PRDP/AAE/016/2017, a fin de emitir la resolución respectiva?, fue entregado materialmente a la consabida dependencia hasta el veinte de febrero de dos mil veintitrés. Ahora bien, conforme a los antecedentes expuestos, es notorio que la responsable no se ha ajustado a los plazos que rige la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; lo anterior, toda vez que a la fecha de la emisión de la presente sentencia, han transcurrido más de cuatro años, desde el desahogo de la audiencia prevista por el artículo 46, fracción I, de la indicada legislación, la cual tuvo verificativo desde el tres de abril de dos mil dieciocho, sin que se adviertan actuaciones efectivas para recabar de forma oportuna la documentación y pruebas, o bien desahogar diligencias para la integración del expediente PRDP/AAE/016/2017 y, por ende, no se ha dictado la resolución correspondiente. Expuesto lo anterior, es fundado el concepto de violación correspondiente a una transgresión al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, en virtud de que la autoridad responsable se ha excedido en el término con que cuenta para resolver en definitiva el precitado procedimiento. Sin que sea óbice que al rendir informe justificado la autoridad responsable, mencionara que se encuentra recabando pruebas para mejor proveer, pues del análisis a las constancias relativas al expediente génesis del acto reclamado, no se justifica el retraso para la debida integración del expediente, dado el lapso tan prolongado desde la última actuación sustancial que obra en el expediente; máxime, que la misiva ISAF/AJ1249/2022, generada por virtud de la emisión del proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, fue entregada a la dependencia Fondo de Operaciones de Obras Sonora SI (FOOSI), hasta el veinte de febrero de dos mil veintitrés, esto es, un día previo a la recepción del informe justificado en este órgano jurisdiccional. En otro aspecto, sobre la base de los antecedentes y consideraciones expuestas, se arriba a la conclusión, que la autoridad responsable, a fin de no contravenir las normas legales que rigen el procedimiento de origen, tiene facultades para mejor proveer con el objeto del esclarecimiento de la verdad y llevar a cabo una investigación pormenorizada y minuciosa respecto de quién o quiénes son los responsables de los hechos ventilados en el procedimiento de determinación de indemnizaciones resarcitorias PRDP/AAE/016/2017, instruido en contra del aquí quejoso. En ese contexto, constituye un deber de la responsable resolver los hechos sometidos a su jurisdicción, fundando y motivando las resoluciones; lo anterior, posibilita la ordenanza oficiosa del desahogo de pruebas, o recopilación de éstas. De ahí que, ese ejercicio no resulta trasgresor de derechos del quejoso, sino que abona a la consecución de la verdad legal, que en el caso la constituye determinar la existencia o inexistencia de la responsabilidad del impetrante. Resulta orientadora, por las razones que informa, la tesis aislada sustentada por la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 295543, Quinta Época, Materias(s): Penal, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo CXXI, página 1855, Tipo: Aislada, con rubro y texto siguientes: "PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER. Si la autoridad responsable decretó una prueba para mejor proveer, el hecho de que en su sentencia no haya analizado esa prueba, que puede influir en la determinación de la imputabilidad o de la inculpabilidad, o en la medida de la sanción, trae como consecuencia que se violen, en perjuicio del acusado, las garantías individuales que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, y debe concedérsele el amparo para el efecto de que se dicte nueva sentencia en la que, haciendo el estudio de esa prueba, se resuelva lo que corresponda." Así como la tesis aislada sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 348803, Quinta Época, Materias(s): Civil, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXXV, página 2391, con rubro y texto siguientes: "PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER. Si la autoridad judicial responsable tomó en cuenta un documento exhibido fuera del término de prueba con fundamento en el artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, y lo tomó, no como prueba de la parte que exhibió ese documento, sino con la facultad que tiene, según el principio de que el término de prueba nunca concluye para el Juez, no incurrió en violación alguna, al estimarlo en calidad de prueba para mejor proveer." Asimismo, la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 303565, Quinta Época, Materias(s): Penal, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XC, página 58, con rubro y texto: "PRUEBAS EN EL PROCESO (EXPEDIENTES). Si la autoridad responsable, antes de dictar su fallo resolviendo sobre la demanda de responsabilidad civil proveniente de delito, pronunció auto para mejor proveer, ordenando se trajera a la vista el expediente relativo al proceso criminal, precisamente el resultado de ese proveído, tuvo que haber sido el de que tuviera en cuenta la autoridad juzgadora, todas las pruebas existentes en dicho proceso, sin que fuera necesario que las ofreciera la parte actora." Además, la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 295543, Quinta Época, Materias(s): Penal, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo CXXI, página 1855, con rubro y texto siguientes: "PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER. Si la autoridad responsable decretó una prueba para mejor proveer, el hecho de que en su sentencia no haya analizado esa prueba, que puede influir en la determinación de la imputabilidad o de la inculpabilidad, o en la medida de la sanción, trae como consecuencia que se violen, en perjuicio del acusado, las garantías individuales que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, y debe concedérsele el amparo para el efecto de que se dicte nueva sentencia en la que, haciendo el estudio de esa prueba, se resuelva lo que corresponda." En ese tenor, se concluye que se vulneró la garantía de administración pronta y expedita de justicia que tutela a favor del justiciable, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que, como lo refiere el quejoso, la autoridad responsable ha retardado la resolución del juicio; por lo que se impone conceder la protección constitucional solicitada. Finalmente, no se desconoce que la autoridad responsable cuenta con una carga de trabajo excesiva, sin embargo, dicha circunstancia no lo exime de la obligación que le impone la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, en cuanto a los tiempos fijados para el trámite del juicio. En el entendido de que se considerará cumplida la sentencia concesoria una vez que la autoridad responsable recabe las pruebas pertinentes y realice las diligencias necesarias, hasta dejarlo en estado de resolución, momento en el que habrá subsanado el motivo del retardo procesal en el procedimiento PRDP/AAE/016/2017 del que se duele el quejoso en el juicio y, por ende, cumplido el núcleo esencial de la presente sentencia amparadora. Lo así considerado encuentra apoyo en la tesis 2ª CV/20138 , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Decisión y efectos En esas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, dentro del plazo de veinte días hábiles siguientes, al en que reciba la notificación del oficio con transcripción de la presente sentencia: Recabe las pruebas y realice las diligencias necesarias en el expediente PRDP/AA/016/2017, relativo al procedimiento de determinación de daños y perjuicios y el fincamiento de indemnizaciones resarcitorias PRDP/AAE/016/2017, hasta que se deje en estado de resolución; y, Lo acredite con las constancias pertinentes. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Gerardo Sergio Álvarez Martínez, respecto del acto reclamado y autoridad responsable precisados en los considerandos II y III, por las razones y para los efectos establecidos en los considerandos IV y V de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. Noriega La presente foja corresponde a la parte final de la resolución constitucional dictada en esta fecha en el juicio de amparo 138/2023, lo que certifico y firmo para constancia, en Hermosillo, Sonora, a veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Doy fe.
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