Gerardo Terán Rodríguez
Expediente 537/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 537/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/10/2019
Partes del expediente
- Gerardo Terán Rodríguez
Actuaciones
- Principal
R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 537/2019-I, promovido por **, por su propio derecho, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Único de Primera Instancia Penal, Director de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Ensenada, y Comandante de la Policía Ministerial del estado Zona Ensenada, todas con sede en esta ciudad, consistente en la orden de aprehensión, presentación o detención librada en su contra y su ejecución. Segundo. En cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de la sentencia, una vez que cause ejecutoria la misma, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Tercero. De conformidad con lo establecido en el considerando quinto, se ordena la captura de la sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la Judicatura Federal.
- Incidental
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN..R E S U E L V E ÚNICO. Se niega a **, la suspensión definitiva que solicitó, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables Juez Único de Primera Instancia Penal; Comandante de la Policía Ministerial del Estado, Zona Ensenada; y Director de Seguridad Pública Municipal, por conducto del Coordinador Jurídico de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California; todas con residencia en esta ciudad; (en su denominación correcta), por las razones que quedaron especificadas en el segundo considerando de la presente resolución.
- Principal
Visto, el escrito de demanda presentado por Gerardo Terán Rodríguez, por la cual se le tiene solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Único de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Ensenada y otras autoridades. Fórmese el expediente respectivo, previo su registro en el libro de juzgado correspondiente bajo el número 537/2019-I y con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Asimismo, tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión por así haberlo solicitado la parte quejosa, de conformidad con el artículo 125 de la Ley de Amparo. Se señalan las nueve horas con veinte minutos del veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en el artículo 117 de la ley de amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables enviándoles al efecto copia simple de la demanda, al que deberán anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, mismas que deberán estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del término de quince días hábiles siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables la pena en que incurren con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. En ese orden, se hace saber a las autoridades que tienen la obligación de recibir los oficios que se les giren en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se harán acreedoras a una multa en lo individual de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que si bien se les otorga un término de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se les exhorta que en el momento que cuenten con la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, lo hagan saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables y demás partes que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa en lo individual de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, que equivale a la cantidad de $2,534.07 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos con siete centavos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se hace del conocimiento de la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con las mismas; lo anterior, con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones del quejoso, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, sin que al respecto opere la suplencia de la queja deficiente conforme lo prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo; en la inteligencia que de existir prueba en contrario o en la hipótesis de que se corrija el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable, se tomará en consideración en su oportunidad, ya que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que prevé la impartición de justicia pronta y expedita; y conforme al principio de celeridad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6º.P.14K (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación con número de registro 2017604, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. PREVIO A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE AMPARO NO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y REQUERIRLO NUEVAMENTE PARA QUE SEÑALE LA DENOMINACIÓN CORRECTA DE AQUÉLLA, SI CON ANTERIORIDAD LO APERCIBIÓ QUE DE NO EXISTIR CON LA DENOMINACIÓN SEÑALADA EN SU DEMANDA O SER ÉSTA IMPRECISA, SIN MAYOR TRÁMITE SE TENDRÍA COMO INEXISTENTE. La actuación del Juez de amparo de declarar la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables y suspender toda comunicación con éstas es legal, si previo a decretarla medió requerimiento anterior, en el que se apercibió al quejoso para que en caso de que las autoridades responsables no existieran con la denominación que señaló en su demanda o fuera imprecisa, sin mayor trámite se tendrían como inexistentes, pues el quejoso debía especificar su denominación correcta, después de señalarse ese apercibimiento, y no tener una actitud omisa para con el proceso de amparo, de no verificar la denominación exacta de las autoridades responsables; de manera que no corresponde al Juez recurrido, el dar vista y requerir al quejoso nuevamente para que señalara la denominación cierta de las autoridades. Aunado a que no existe precepto legal que prevea que, admitida la demanda de amparo y efectuado el apercibimiento respectivo, el Juez Federal deba realizar otro requerimiento a efecto de que se aclare su verdadera denominación." Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda, y por autorizado en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Sergio Hernández Gómez, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualesquiera de las actuarias de este juzgado, realicen las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar la secretaria. Finalmente, con fundamento en el artículo 5o., fracción IV de la Ley de Amparo, dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple del escrito de demanda.
- Incidental
Ensenada, Baja California, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Vista; las copias simples de la demanda, fórmese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 537/2019-I, promovido por Gerardo Terán Rodríguez, contra actos del Juez Único de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Ensenada y otras autoridades. En ese contexto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita pues de lo contrario; con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras en lo particular, a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos), la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación. Se señalan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del dos de octubre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Luego, previo a pronunciarse respecto de la medida cautelar, resulta corolario resaltar que sobre el tópico que nos ocupa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida dentro de la contradicción de tesis 100/2017, determinó que para el trámite y resolución del incidente de suspensión en el amparo indirecto en materia penal, debe aplicarse la Ley de Amparo vigente, lo anterior se desprende de las siguientes consideraciones, que se transcriben en lo conducente: "[.] esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, arriba al convencimiento de que a partir del dieciocho de junio de dos mil dieciséis, día siguiente en que entró en vigor el Decreto por el que se reformaron diversos cuerpos normativos, entre ellos la ley en comento y se derogó el artículo décimo transitorio del diverso Decreto, en toda solicitud que se realice de apertura del incidente de suspensión derivado de un juicio de amparo indirecto en materia penal, para el trámite y resolución de la medida cautelar el órgano jurisdiccional deberá atender a los lineamientos establecidos por la Ley de Amparo vigente. Con base en ello, se estima que en modo alguno debe considerarse que la autoridad jurisdiccional deba analizar a priori la naturaleza jurídica del procedimiento del que deriva el acto controvertido para determinar si éste se emitió en uno de corte mixto o bien, si se trata de uno acusatorio y oral, porque no lo determinó así el legislador. Máxime que para la tramitación del incidente de suspensión no es necesario atender a las disposiciones especiales de la materia del juicio de origen, puesto que el proceso constitucional autónomo de amparo, tiene su propia normatividad especial, que es la Ley de Amparo y la medida cautelar, de igual manera cuenta con su capítulo específico para su tramitación y resolución. Además, la Ley de Amparo vigente en el capítulo relativo a la suspensión en materia penal, no hace distinción alguna en torno a ese aspecto. Incluso, considerar que ese debe ser el proceder del órgano judicial implicaría incertidumbre jurídica, puesto que podría suceder que el promovente del juicio de amparo no cuente con datos o que éstos sean insuficientes para identificar bajo qué sistema se verifica el procedimiento penal del que deriva el acto reclamado y en cuyo caso no sería admisible que el juez se pronuncie respecto de una misma institución jurídica (suspensión) en un mismo expediente (incidente) con base en dos legislaciones (Ley de Amparo vigente y abrogada) [.]" (Énfasis añadido). De la anterior determinación, derivó la jurisprudencia 1a./J. 12/2018 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 52, marzo de 2018, tomo I, página 1026, con número de registro 2016417, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEBE APLICARSE LA LEY DE AMPARO VIGENTE". Por tanto, se tiene que para la tramitación y resolución del incidente de suspensión no es necesario atender a las disposiciones especiales de la materia del juicio de origen, puesto que el proceso constitucional autónomo de amparo, tiene su propia normatividad especial, que es la Ley de Amparo y la medida cautelar, de igual manera cuenta con capítulo específico para ello; además de que la ley de la materia, en el capítulo relativo a la suspensión en materia penal, no hace distinción alguna en torno a ese aspecto. Ahora, la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "La Orden de presentación, detención y/o, Orden de Aprehensión dictada en mi contra." Asimismo, se tiene que la parte quejosa solicita la medida suspensiva en los términos siguientes: "[.] solicito se dicte el auto correspondiente decretando la suspensión provisional y en su oportunidad la definitiva de la ejecución de la resolución que se recurre, a efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, entre tanto, no sea resuelto el Juicio Constitucional que se ventila, para dirimir la solicitud de Amparo y Protección de la Justicia Federal. [.]". Por tanto, con fundamento en el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al pronunciamiento sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada. En ese contexto, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa manifestó: "no omito decir, que hasta donde tengo conocimiento, en la Agencia del Ministerio Público del Orden Común Investigador de Delitos Patrimoniales de esta Ciudad existe la Averiguación Previa No. 843/15/311/AP por el delito de DESPOJO DE INMUEBLES, agregando que dicha averiguación fue consignada al Juzgado Único en materia Penal de este partido judicial en el mes de noviembre del 2017, la orden de Aprehensión solicitada en mi contra fue negada por el Juzgado antes citado. 3.- Inconforme el Agente del Ministerio Público del orden común adscrito al jugado de Origen, interpuso el recurso ordinario de apelación, remitiéndose los autos al Tribunal de Alzada, el cual confirmó la negativa a la Orden de Aprehensión. Por último, tengo conocimiento de que la autoridad investigador recuperó la potestad acusadora y volvió a ejercitar acción penal y reparadora del daño en mi contra; por lo que tengo el temor fundado que de ahí se genere una orden de aprehensión (sic).". Por tanto, al advertirse de las manifestaciones del quejoso, que el delito por el que se giró la orden de captura reclamada, es el de despojo de cosas inmuebles o de aguas, el cual no se encuentra contemplado por el artículo 19 constitucional, como de los que amerite prisión preventiva oficiosa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 163 y 166, ambos de la Ley de Amparo, procede conceder la suspensión provisional solicitada, a fin de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y Gerardo Terán Rodríguez, no sea privado de su libertad personal, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables antes mencionadas, la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. Sin que sea el caso imponer al quejoso la obligación de presentarse ante la autoridad pertinente, para la continuación del procedimiento, toda vez que no se tiene certeza de la existencia de la orden reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 149/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, enero de 2008, página 371, materia penal, con número de registro 170432, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso." Lo anterior, sin perjuicio de que las autoridades responsables estén en aptitud de imponer las medidas cautelares correspondientes, dentro del procedimiento penal correspondiente, en términos de artículo 166 de la Ley de Amparo. En la inteligencia que, si la orden privativa de libertad se emitió por delito distinto al precisado, que amerite prisión preventiva oficiosa, conforme al artículo 19 de la constitución y la legislación procesal, la suspensión otorgada solo producirá el efecto de que una vez que el quejoso sea detenido, quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal en el lugar que sea recluido, quedando a disposición de la judicial responsable por lo que ve a la secuela del procedimiento. La presente medida cautelar no surtirá efectos si se sorprende a la parte quejosa en flagrante delito o en caso urgente o bien se trate de una orden privativa de libertad dictada con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo o bien, si es emitida por una autoridad judicial competente; en el entendido de que si la orden de detención se refiere a delitos que de acuerdo a la Constitución Federal y leyes ordinarias aplicables, prohíban o no autoricen por su gravedad, el beneficio de la libertad provisional bajo caución, la suspensión sólo producirá el efecto de que una vez que sea detenida el quejoso quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal en el lugar que sea detenido, quedando a disposición de la autoridad competente por lo que ve a la secuela del procedimiento. Lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se pronuncie sobre la suspensión definitiva; en la inteligencia de que la medida cautelar que se decreta tampoco surtirá efecto legal si el acto que se reclama fue emitido en cumplimiento a alguna ejecutoria de amparo; asimismo, se aclara que dicha medida no incide en la ejecución de alguna sentencia dictada en su contra, ni si su detención o presentación ocurrió en cumplimiento de una orden de autoridad judicial competente, o bien se trate de una orden privativa de libertad dictada con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo o en virtud de un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, conforme al artículo 19 de la constitución y la legislación procesal, y se otorga sin perjuicio de que con mayores elementos que las partes aportan pueda modificarse en todo o en parte. En este caso, la suspensión que se concede, surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si el quejoso no cumple dentro del término de cinco días hábiles, los siguientes requisitos: Otorgar garantía por la cantidad de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos), en billete de depósito que deberá exhibir a su nombre o en cualquiera de las formas establecidas por la ley, ante y a satisfacción de este juzgado. En el caso de exhibir billete de depósito deberá procurarse al reverso de éste, que incluya una leyenda relativa al otorgamiento de autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo para que solicite y reciba de la Institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dicho depósito, de conformidad con el numeral 32 del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la organización y funcionamiento del fondo de apoyo a la Administración de Justicia. En el entendido de que si el solicitante de amparo opta por exhibir garantía mediante billete de depósito, en él deberá incluirse el concepto por el cual se constituye, esto es, la leyenda siguiente: "Para garantizar la suspensión provisional concedida dentro del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo 537/2019, promovido por Gerardo Terán Rodríguez". En este sentido debe precisarse, que la garantía fijada se determina de manera discrecional, sin considerar algún otro aspecto, relacionado con las características de los hechos imputados; la situación económica del quejoso ya que en la demanda no precisó el monto de sus ingresos y tomando en cuenta la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia; dado que hasta este momento no obra alguna medio de prueba o indicio que lo justifique; sin embargo, se considera que la determinación del monto de la garantía fijada es vigilar que este juzgado federal no permita o posibilite que la parte quejosa se sustraiga a la acción de la justicia, ni suponga en él un cálculo utilitario que le orille a alejarse del proceso, evadiendo la acción de la justicia. La presente medida cautelar no surtirá efectos si se sorprende a la parte quejosa en flagrante delito o en caso urgente, o bien, se trate de una orden privativa de libertad dictada con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, y se otorga sin perjuicio de que con mayores elementos que las partes aportan pueda modificarse en todo o en parte conforme lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo, tomando en consideración que para el otorgamiento de la suspensión sólo se tomó en cuenta el peligro en la demora, los perjuicios que pudiera sufrir el particular con la ejecución de los actos y la clase y cantidad de actos y autoridades que señaló; de ahí que las responsables al rendir su informe previo deben manifestar en forma expresa la naturaleza, modalidades y característica del delito por el que se emitió la orden privativa de libertad, los artículos que lo prevén y sancionan, el monto estimado de la reparación del daño, las sanciones pecuniarias a imponer y si se trata o no de un delito que amerite prisión preventiva oficiosa acorde el artículo 19 Constitucional; de ahí que la obligación impuesta al quejoso de comparecer en el plazo de tres días hábiles ante la autoridad ordenadora, sea exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia de los actos reclamados y de la autoridad que lo emitió o pretende ejecutar. En la inteligencia de que la medida cautelar que se decreta tampoco surtirá efecto alguno si el acto que se reclama fue emitido en cumplimiento a alguna ejecutoria de amparo; asimismo se aclara que la medida cautelar no incide en la ejecución de alguna sentencia dictada en su contra, ni si ocurrió en cumplimiento de una orden de autoridad judicial competente. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda, y por autorizado en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Sergio Hernández Gómez, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. Como lo solicita la parte quejosa, expídasele copia certificada de esta determinación, previa identificación y razón que por su recibo se asiente en autos para constancia. Por último, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilita a cualesquiera de las actuarias de este juzgado para que en días y horas inhábiles haga entrega de los oficios correspondientes y realice las notificaciones inherentes a los acuerdos que se dicten en este incidente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo.
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