Gerardo Salazar Quintero

Expediente 449/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
449/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
13/09/2022

Partes del expediente

  • Gerardo Salazar Quintero

Actuaciones

  1. Principal

    R E S U E L V E Único. Se sobresee en el juicio de amparo 449/2022-I, promovido por Gerardo Salazar Quintero, por su propio derecho, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable agente del Ministerio Público del fuero común del Sistema Tradicional en esta ciudad, consistente en la negativa de realizar actos de investigación en la averiguación previa***********, instruida en contra del quejoso y otros por el delito de despojo de cosas inmuebles o de aguas.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los autos con vista a las partes el informe justificado rendido por la autoridad responsable de cuenta; lo anterior en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, del cual se hará nueva relación en la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, se tiene como prueba de la autoridad responsable de mérito, las documentales que remite, en términos del artículo 119 de Ley de Amparo, mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza por no requerir forma especial para su desahogo, las cuales serán tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Notifíquese

  3. Principal

    "Ensenada, Baja California, quince de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra transcurriendo el plazo de quince días hábiles otorgado a la autoridad señalada como responsable agente del Ministerio Público del Orden Común de la Agencia Investigadora de Delitos Patrimoniales (Sistema Tradicional), para que rindiera su informe justificado, toda vez que la misma fue notificada el cuatro de agosto de dos mil veintidós, como se advierte del acuse de recibo del oficio 25353/2022 que obra a foja veintiuno -21- de autos. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las nueve horas con veinte minutos del trece de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, tres de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Gerardo Salazar Quintero, contra actos del agente del Ministerio Público del orden común de la Agencia Investigadora de Delitos Patrimoniales (sistema tradicional), en esta ciudad, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 449/2022-I, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo en sus términos. Sin que sea el caso tramitar incidente de suspensión, toda vez que no fue solicitado por la parte quejosa. Por otra parte, se señalan las nueve horas con cuarenta y seis minutos del quince de agosto de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a la autoridad responsable al que deberá anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, mismas que deberán estar debidamente selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del plazo de quince días hábiles siguientes aquél en que reciba el oficio en el que se le solicita, apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras, a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables la pena en que incurren con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con los actos reclamados, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, se solicita a las autoridades responsables que de manera preferente remita el informe justificado al correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID-19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que laboran tanto para las mencionadas autoridades responsables, como en éste Juzgado de Distrito y que de igual manera, proporcionen una dirección de correo electrónico oficial a fin de establecer comunicación en los casos que se estime necesario. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que si bien se le otorga un plazo de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se les exhorta que en el momento que cuenten con la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, lo hagan saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán rendir los mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio que se les gire en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable y demás partes, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de 2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos); la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. En otro contexto, este órgano jurisdiccional se reserva el emplazamiento a juicio del tercero interesado, hasta en tanto obre en autos el informe justificado que rinda la autoridad responsable, a efecto de verificar a quien le asiste tal carácter, así como el domicilio donde pueda ser emplazado. En otro aspecto, se tiene como domicilio procesal el que indica y por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a René Carrillo Barrera, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que no tiene cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualquiera de los actuarios de este juzgado, realice las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9 y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3o de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar el secretario. Finalmente, con fundamento en el artículo 5º, fracción IV de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo debidamente sellada y cotejada con su original. Notifíquese y personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, utilizando de manera preferente los medios electrónicos al alcance de los actuarios y de la persona a la que se encuentra dirigida, en la inteligencia que, en caso que no se cuente con dichos medios, debe realizarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad de su salud y de las demás personas que se encuentren en el lugar en que se practicaran las notificaciones.

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