Gerardo Salvador Acosta Rea
Expediente 1532/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1532/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/10/2017
Partes del expediente
- Gerardo Salvador Acosta Rea
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a once de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal de autos, del que se advierte que mediante sentencia terminada de engrosar el doce de julio de dos mil trece, este órgano jurisdiccional concedió al quejoso **********, el amparo y protección de la justicia federal a efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, diera continuidad hasta concluir con el procedimiento laboral 38/2011, conforme a los términos establecidos, a fin de cumplir con las disposiciones del artículo 17 Constitucional y en su oportunidad demostrara que emitió el laudo correspondiente; lo anterior con la finalidad de cumplir con lo que la garantía en cuestión exige y resarcir a los quejosos en el goce de ésta, lo que resulta en una buena y eficaz administración de justicia. Se precisa que el efecto de la sentencia constriñe a la autoridad responsable a que realice el señalamiento de fecha más cercana para la celebración de la audiencia trifásica en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, así como para la preparación y el desahogo de los medios de convicción ofrecidos por las partes en el expediente laboral 38/2011 y sus acumulados, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, en relación con los diversos 685, 873 y 883 de la Ley Federal del Trabajo, y también provea lo que resulte necesario a fin de que se culmine con la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, se ponga en estado de resolución el asunto y en su oportunidad se emita el laudo correspondiente, conforme a los plazos y términos previstos en la ley de la materia. Ahora bien, en virtud de que la autoridad responsable no ha desahogado el requerimiento hecho en proveído de ocho de septiembre del año en curso, consistente en dar cumplimiento al fallo protector; y no obstante que de los oficios y anexos que obran en autos, si bien es cierto, que la autoridad responsable ha llevado a cabo diversas actuaciones con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no menos cierto es, que ha señalado fechas de audiencia muy lejanas, lo que ocasiona el retraso en el cumplimiento al fallo protector ya que no se ha realizado el señalamiento de fecha más cercana para la celebración de la audiencia trifásica. En tal virtud, el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público, respecto de la cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que dispone, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que puedan discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, en virtud de que lo ordenado en éste es cosa juzgada y no admite oposición alguna; por tanto, en virtud de que no existe incumplimiento injustificado por la responsable, con fundamento en los artículos 17 y 107, fracción XVI de la Constitución Federal, 192 y 214 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se requiere nuevamente a la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del término de quince días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, cumplimente el fallo protector en los términos indicados en párrafos precedentes. En ese sentido, debe precisarse que se arribó a la anterior determinación considerando que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo en el presente asunto involucra una controversia laboral la cual se encuentra regida por sus propias normas, por tanto, debido a la dificultad de la Junta responsable para acatarla en un lapso menor al establecido, el suscrito considera como plazo razonable el asentado en el párrafo que antecede, lo anterior en estricto acatamiento al último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable no tiene superior jerárquico, se le apercibe que de no dar cumplimiento a lo ordenado sin causa justificada, se le podrá imponer una multa a la cantidad que resulte equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, de conformidad con el artículo 258 de la ley mencionada, asimismo, se podrá remitir el expediente al tribunal colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J. 36/2011 (10a.), definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 4, Libro IV, Enero de 2012, página 3515, de rubro y texto siguientes: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede y considerando que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la parte quejosa se haya inconformado con lo proveído en auto de veinte de julio del presente año, en el que se determinó que no existía materia para el cumplimiento; en consecuencia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de depuración, conservándose la demanda y sentencia respectivas, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, negó y concedió la protección de la Justicia Federal, y a juicio del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido acuerdo. Asimismo, glósese el original de los cuadernos relativos al incidente de suspensión; por lo que hace al duplicado manténgase por separado y, con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo del acuerdo de mérito, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, toda vez que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en los puntos Segundo fracción XV y Vigésimo Primero fracción III, primer párrafo, del Acuerdo General Conjunto en cita, se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se concedió la medida cautelar, debiéndose conservar la determinación o determinaciones correspondientes. Finalmente, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Notifíquese.
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