Gerardo Rodríguez Aldrete
Expediente 3390/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 3390/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/11/2020
Partes del expediente
- Gerardo Rodríguez Aldrete
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio que remite vía electrónica en representación de la autoridad responsable Presidente de la República, mediante el cual solicita copia simple de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 3528/2019, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2, de la Ley de Amparo, en su oportunidad remítanse copias simples del testimonio de resolución que solicita, en atención al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid-19. De conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen por designadas como delegados a las personas que refiere y por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable Presidente de la República.
- Principal
Ciudad de México, veinte de octubre de dos mil veinte. RECEPCIÓN DE OFICIO Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario adscrito del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado a la resolución de dos de junio de dos mil veinte terminada de engrosar el dieciocho siguiente en el recurso de queja 3528/2019, de su índice, remite la resolución dictada en el toca de queja referido en sesión ordinaria virtual de dos de junio de dos mil veinte; Acúsese recibo. Hágase del conocimiento a las partes lo resuelto por el Tribunal de Alzada en el que determinó lo siguiente: "Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se declara SIN MATERIA el recurso de queja. Notifíquese;." De lo anterior se toma conocimiento y se ordena hacer las anotaciones correspondientes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y al Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México.
- Principal
Ciudad de México, once de diciembre de dos mil diecinueve. APERTURA DEL INCIDENTE Vista la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 130, 138, 139, 157 y 158 de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2154/2019, promovido por ****************, por propio derecho, contra actos de la Junta General del Instituto Nacional Electoral y otras autoridades y agréguese a los autos copia simple del escrito de demanda y de su escrito de ampliación de demanda promovida por la parte quejosa contra los actos y las autoridades responsables ahí precisadas. SOLICITUD DE INFORMES PREVIOS Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, con copia de los escritos de ampliación de demanda y de desahogo, se requiere a las autoridades responsables para que rindan su informe previo, respecto de dicha ampliación, el cual deberán exhibir por duplicado dentro del plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente proveído. En dicho informe, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, deberán concretarse a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen y podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. De igual manera, tendrán obligación de proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al órgano establecer, en su caso, el monto de las garantías correspondientes. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que acompañen a su informe previo cualquier documento que estimen necesario para que este juzgador se pronuncie sobre la suspensión definitiva; lo anterior, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO EN CASO DE NO RENDIR INFORME En caso de que las autoridades responsables sean omisas en rendir su informe previo, se presumirán ciertos los actos reclamados para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva; lo anterior, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo. Asimismo, con excepción de las autoridades legislativas, en caso de ser omisas se les impondrá una multa de cien a mil días fijada conforme al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo previsto en el artículo 260, fracción I, del ordenamiento citado. Finalmente, se hace de su conocimiento que, en términos del artículo 262, fracción I de la Ley de Amparo, en caso de expresar hechos falsos o negar la verdad al rendir su informe, podrá imponérseles una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, así como destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. FIJACIÓN DE AUDIENCIA INCIDENTAL Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo se fijan las NUEVE HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, así como ofrecer pruebas documentales y de inspección judicial, y excepcionalmente, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 143 de la propia ley, la testimonial en caso de que se reclamen actos previstos en el artículo 15 del ordenamiento citado. RESOLUCIÓN SOBRE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Precisado lo anterior, cabe señalar que este Juzgador se pronunciará únicamente respecto de la suspensión solicitada por la parte quejosa, esto es, que las responsables se abstengan de aplicar el Acuerdo número INE/CG34/2019, Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Presupuestos para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, que refleja la reducción realizada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y el Acuerdo INE/CG40/2019, denominado Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban para el ejercicio fiscal 2019, el Manual de Remuneraciones para los Servidores Públicos de Mando; la publicación de la Estructura Ocupacional en el Diario Oficial de la Federación y la Actualización de los Tabuladores de Sueldos para el Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, para el Personal de la Rama Administrativa y el de Remuneraciones para las Contrataciones bajo el Régimen de Honorarios Permanentes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 111/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, página 98, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS." Con ese propósito, para determinar si resulta procedente o no la suspensión solicitada, se analizarán en orden los siguientes aspectos: 1) La certeza de los actos reclamados. 2) Si su naturaleza permite su paralización. 3) Si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. 4) Si resulta necesario exigir alguna garantía para que surta efectos la suspensión, porque existe tercero interesado o se trate del cobro de contribuciones. Ahora bien, respecto de los efectos y consecuencias de la medida cautelar solicitada consistente en que las responsables no apliquen el Decreto mencionado, dado que por su naturaleza son susceptibles de paralización, lo procedente es verificar si se satisfacen los requisitos previstos en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, que dicen: "ARTÍCULO 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "ARTÍCULO 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda." Del precepto transcrito en primer término, se deprenden los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la suspensión, a saber: 1) Que la solicite el agraviado. 2) Que con la concesión de la medida cautelar no se infringen disposiciones de orden público ni se vulnera el interés social. Que el quejoso aduzca un interés legítimo, y acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue. Por su parte, de lo señalado en el artículo 131 de la Ley de Amparo, se desprende que es necesario que si el quejoso aduce un interés legítimo, éste deberá acreditar un daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue; luego, si bien es cierto que el artículo en comento hace referencia a un interés legítimo, no menos lo es que si para este tipo de interés se habla de que el quejoso debe acreditar el daño inminente e irreparable, con mayoría de razón también deberá hacerlo cuando aduzca ser titular de un interés jurídico, como lo manifiestan los peticionarios de amparo. Esto es así, ya que si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo no prevé de manera expresa el requisito mencionado en el artículo 131 de la citada ley, también lo es que resultaría imposible interpretar cada precepto considerándolo fuera del contexto normativo del que forma parte, ya que de ser así, cualquier intento de interpretación resultaría infructuoso para determinar el sentido y alcance de las normas, aunado al hecho de que un principio de hermenéutica obliga a interpretar los preceptos jurídicos en función a los demás que integran el ordenamiento al que pertenecen. Por lo que de la interpretación sistemática de los artículos en comento, se colige, que se concederá dicha medida cautelar, cuando se acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; lo que impone a los quejosos la obligación de acreditar en el juicio de amparo que son titulares del derecho que dicen le es afectado. Ahora bien, el artículo 131 de la Ley de Amparo, supone la demostración de su interés en forma presuntiva en la suspensión provisional al solicitar ésta y, fehaciente en la definitiva; dicho interés es un requisito de procedencia de la medida cautelar, y su examen implica generalmente el de la apariencia del buen derecho, que puede traducirse en el examen del interés o de la titularidad de los quejosos para promover la suspensión de los actos reclamados. En ese tenor, los requisitos previstos en el artículo 128, se ven colmados; puesto que el primero de ellos se cumplió plenamente, ya que en el escrito de demanda se solicitó la medida suspensiva, en cuanto al segundo, se toma en consideración que con la concesión de la medida cautelar no se infringen disposiciones de orden público ni se vulnera el interés social. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. El siguiente paso para analizar la procedencia de la suspensión de los actos reclamados es verificar que la quejosa cuenta con interés suspensional, así como llevar a cabo un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no generación de un perjuicio interés social y la no contravención a disposiciones de orden público, lo que encuentra sustento en los numerales 107, fracción X, de la Constitución Federal y 138 de la Ley de Amparo. Para tal efecto, en principio es necesario determinar si el interés con el que acude la quejosa a solicitar la suspensión corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, esto es, si cuenta con lo que se ha denominado "interés suspensional", esto es, el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. Una vez acreditado el interés suspensional, debe sopesarse el análisis de la apariencia del buen derecho, lo cual implica, de acuerdo con lo sostenido por el Alto Tribunal, llevar a cabo un examen superficial sobre el asunto y advertir una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Sobre el particular, debe decirse que el análisis en cuestión se traduce en la facultad del juzgador de realizar un cálculo de mera probabilidad con base en las manifestaciones del quejoso, las cuales deben ser suficientes para considerar la verosimilitud del derecho y determinar si se concede o no la suspensión. Por ende, a partir del referido estudio será posible advertir si en relación con el fondo del asunto asiste un derecho al quejoso que hace posible anticipar, con un alto grado de acierto, que obtendrá la protección federal que busca. Cabe señalar que el análisis correspondiente no puede llegar al extremo de exigir al juzgador que estudie las circunstancias del solicitante desde todos los puntos de vista posibles, debido a que ello no equivaldría a establecer una mera hipótesis o apariencia del derecho en cuestión, sino emprender un estudio exhaustivo, el cual es propio de la sentencia de fondo. En ese sentido, el estudio de la apariencia del buen derecho se reduce únicamente a un asomo provisional de los elementos que integran el asunto, de modo que el resultado de la suspensión de ningún modo prejuzga o vincula sobre la certeza del derecho cuestionado, ya que tal situación sólo puede determinarse en la sentencia de amparo, con base en un procedimiento más amplio y con mayor información. Establecidos los alcances de la apariencia del buen derecho, en párrafos precedentes se señaló que la demostración de dicha hipótesis no asegura, por sí misma, el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados, ya que es necesario contrastar ese resultado con la posible afectación al interés social y la contravención a disposiciones de orden público, de conformidad con la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 204/2009 (9ª) (registro 165659), de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO". Una primera postura de los tribunales federales ha sido dotar de contenido a esos conceptos a través de su interpretación literal, señalando que "interés" implica nociones como bien, beneficio, utilidad o importancia; "interés social" supone un beneficio o utilidad para la comunidad o la sociedad; "orden" implica la idea de un mandato que debe ser obedecido; y, "público", como un deber de los gobernados de no alterar la organización del cuerpo social. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada II.1o.A.23 K (9ª) (registro 178594), de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ALCANCE Y VALORACIÓN DE LOS CONCEPTOS ´INTERÉS SOCIAL´ Y ´ORDEN PÚBLICO´, PARA EFECTOS DE SU CONCESIÓN". No obstante, el criterio mayoritario se ha perfilado en el sentido de que el "interés social" y el "orden público" son conceptos jurídicos indeterminados que son imposibles de delimitar, en atención a que el dinamismo de la sociedad y la multiplicidad de las relaciones con la autoridad hacen necesario ajustar tales conceptos a la realidad imperante en una época determinada, lo cual resultaría difícil si a través de una fórmula legal y rígida se pretende definir, para todos los casos, cuándo se afectan los intereses colectivos de la sociedad. Por ello, para entender tales conceptos es necesario referir que el común denominador de los criterios aislados y jurisprudenciales sobre el tema ha consistido en establecer que la suspensión del acto reclamado afecta al interés social y a disposiciones de orden público cuando la paralización de aquél priva a la colectividad de un beneficio que le concede las leyes o le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Es decir, el significado de interés social y de orden público siempre ha estado asociado a las preocupaciones fundamentales y trascendentes para la colectividad, de modo que el interés particular del quejoso no puede sobreponerse a los temas respecto de los cuales la sociedad guarda una especial preocupación, tal y como ocurre, por ejemplo, con los supuestos previstos en el artículo 129 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que conforme al último párrafo del propio numeral 129 el juez, de manera excepcional, puede conceder la suspensión contra los actos previstos en el precepto legal transcrito, siempre que -a su juicio- con la negativa de la medida pueda causarse mayor afectación al interés social; aspecto que, en todo caso, dará lugar a una motivación reforzada sobre por qué resulta más gravoso permitir la ejecución de aquellos actos que, por sí mismos, son considerados lesivos de los intereses de la colectividad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada IV.2o.A.73 K (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 129, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE PREVÉ LA POSIBILIDAD EXCEPCIONAL DE CONCEDERLA, AUN EN LOS SUPUESTOS EN QUE EL LEGISLADOR CONSIDERÓ QUE DE OTORGARLA SERÍA CONTRARIO AL INTERÉS SOCIAL, A LA LUZ DE LA FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LA PONDERACIÓN COMO BASE DE LA DECISIÓN". Bajo esa tesitura, el interés social y el orden público se inscriben como dos conceptos indeterminados cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración, para lo cual deben ser observados bajo el tamiz de las condiciones que resultan esenciales para el desarrollo armónico de la comunidad, el correcto funcionamiento del Estado y las reglas mínimas de convivencia social. Por ello, si bien la estimación del orden público corresponde determinarla a otros órganos políticos del Estado, lo cierto es que no es ajeno a la función de los jueces de amparo apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten a consideración, verificando que la suspensión no prive a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o infiera un daño que de otra manera no resentiría. Al respecto, es preciso indicar que la valoración de estos aspectos no depende de las apreciaciones subjetivas del juzgador, sino que su análisis debe descansar en elementos objetivos que representen las preocupaciones fundamentales de una sociedad, exponiendo los motivos por los que se considere que un caso concreto ocasiona o no perjuicio al interés social, o bien, contravenga o no disposiciones de orden público. Asimismo, siguiendo los criterios jurisprudenciales, para considerar que la suspensión del acto resulta perjudicial para dichas instituciones, no basta que el acto reclamado se fundamente en leyes de interés social, o bien, se presente desde el punto de vista formal como una representación del orden público. Por el contrario, es menester atender a un criterio material conforme al cual la suspensión causaría tales perjuicios, no por el apoyo formal en que se funda, sino por las características materiales del acto mismo. Sirven de apoyo los siguientes criterios: Jurisprudencia 2a./J. 81/2002 (registro 186415), de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO". Tesis aislada s/n (8ª) (registro 227491), de rubro: "SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA". Tesis aislada s/n (registro 254979), de rubro: "SUSPENSION. INTERES SOCIAL O INTERES PÚBLICO. SU DEMOSTRACION". Tesis aislada s/n (registro 228764), de rubro: "ORDEN PÚBLICO. ALCANCE DEL CONCEPTO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSION". Así las cosas, es dable concluir que el interés social y el orden público no constituyen nociones que puedan ser delimitadas para todos los casos. Por ende, para determinar si se afectan tales instituciones debe partirse de la premisa de que constituyen la máxima expresión del interés de la sociedad para que las personas y autoridades ejerzan razonablemente sus derechos y atribuciones dentro del Estado. Esto es, para mantener la tranquilidad, el bienestar colectivo y la armonía social en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos, libertades y poderes dentro del Estado de Derecho, ya que sólo así pueden coexistir de manera pacífica el poder de la autoridad y la libertad de los individuos. En ese sentido, la eventual concesión de la medida cautelar debe asegurar el respeto del orden público y representar un ejercicio razonable del derecho, evitando un menoscabo grave al quejoso, pero ponderando los derechos de otras personas que, de no ser por la limitación, resultarían deteriorados o disminuidos. A través de este ejercicio, puede subsistir un equilibrio entre el legítimo y armónico ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes del Estado en relación con la libertad de las personas. Resulta orientadora la tesis aislada I.4o.A.11 K (10a.) (registro 2002421), de rubro: "SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD". Una vez expuesto lo anterior, procede analizar si los actos cuya suspensión solicitó la parte quejosa, una vez acreditada su existencia, que su naturaleza permite su suspensión, así como que no encuadran dentro de los supuestos de prohibición a que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo, reúnen los requisitos de acreditar el interés suspensional, superar el examen de la apariencia del buen derecho, así como que con la concesión de la medida cautelar no se cause un perjuicio al interés social, ni se violen disposiciones de orden público, conforme a los siguientes argumentos: En cuanto a la acreditación del interés suspensional de la quejosa, demostró tener el carácter de servidora pública al momento de la vigencia de la ley reclamada, ya que en la demanda presentada acompaña entre otras Copia de la constancia de nombramiento que lo acredita como Director de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, copia de la credencial número 33204, expedida a su nombre por el Instituto Nacional Electoral Órgano Interno de Control, Copia del recibo de pago correspondiente al periodo 2019-02-01 al 2019-02-15, expedido por el Instituto Nacional Electoral. En el caso particular, se acredita el interés suspensional de manera indiciaria, ya que de las constancias que exhibió la parte quejosa se advierte que es trabajadora del Instituto Nacional Electoral, en su calidad de Director de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control del citado instituto, por lo que, resulta evidente que con dicho cargo es sujeta regulada por la normatividad reclamada. Ahora bien, a partir de tales premisas, este órgano jurisdiccional considera que se tiene que la naturaleza de los actos reclamados permite ser objeto de suspensión, en razón de que los efectos y consecuencias de éste son de carácter positivo y constituyen actos de realización continuada, por ende, son susceptibles de paralizarse conforme al artículo 107, fracción X, constitucional, ya que prescribe las características que deben revestir las remuneraciones de ciertos sujetos, bajo la premisa que establece la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que es la norma de la que emana el Manual ahora reclamado, que establece que ninguna persona pueden recibir un pago mayor que el Presidente de la República; y de hacerlo, los conmina a realizar un reporte que, en caso de omisión, los podría vincular con la comisión de un ilícito. De ahí que se tenga por existentes los actos reclamados y se defina su naturaleza como actos positivos futuros pero de realización inminente. Ahora bien, como se indicó líneas arriba, para resolver acerca de la medida suspensional, respecto a los efectos y consecuencias del acto reclamado, es preciso analizar si se satisfacen los requisitos previstos en los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, pues de no ser así, la medida debe negarse. La parte quejosa para demostrar que es sujeto de la norma que reclama, argumenta prestar sus servicios en el Instituto Nacional Electoral y le es aplicable la normatividad que reclama, es decir el Acuerdo número INE/CG34/2019, Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Presupuestos para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, que refleja la reducción realizada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y el Acuerdo INE/CG40/2019, denominado Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban para el ejercicio fiscal 2019, el Manual de Remuneraciones para los Servidores Públicos de Mando; la publicación de la Estructura Ocupacional en el Diario Oficial de la Federación y la Actualización de los Tabuladores de Sueldos para el Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, para el Personal de la Rama Administrativa y el de Remuneraciones para las Contrataciones bajo el Régimen de Honorarios Permanentes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. Circunstancia que la parte quejosa demuestra mediante la exhibición de las documentales señaladas en párrafos precedentes que acompañó a la demanda de amparo; de modo que con las documentales de referencia se acredita que Juan ***************, cuenta con la calidad de servidor público. Documentos que en su conjunto se consideran suficientes para acreditar el interés suspensional que asiste al accionante del amparo y de la medida suspensiva que ahora nos ocupa. Es así, pues mediante éstas se justifica que el interesado es servidor público de la institución en comento; lo que incide en la sujeción a las normas que impugnan. Así pues, se satisface el requisito contenido en la fracción I del numeral 128 de la Ley de Amparo (que lo solicite el quejoso), con la presentación de la demanda y la petición de suspensión, aduciendo la afectación que les causa el manual de percepciones reclamado, ya que la finalidad de éste es ajustar las remuneraciones de los servidores públicos, a fin de cumplir con lo dispuesto en la Ley Federal de Remuneraciones, de la cual emana, bajo la prohibición a todo servidor público de recibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República, que se determina en el presupuesto de egresos correspondiente, conforme al principio rector de anualidad. Por otra parte, cabe mencionar que de igual manera, se estima satisfecho el requisito contenido en la fracción II del citado numeral, ya que no se causa afectación al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Al caso debe entenderse por interés social y orden público la referencia a las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre un sistema coherente de valores y principios, estos últimos se traducen en el balance entre los derechos humanos y las libertades individuales, con los de la comunidad. Al respecto, debe recordarse que la Ley de Amparo en su artículo 128, fracción II, señala como requisitos de procedencia -regla general- que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el diverso artículo 129 de la aludida ley reglamentaria, como regla específica, se señala una serie de supuestos en los que, invariablemente, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales quien resuelve no debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, en los demás casos distintos a los contenidos en dicha norma, el suscrito tendrá la facultad de calificar si con la suspensión de los actos reclamados no se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Además de ello, como ya se mencionó, conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. En consecuencia, se debe analizar si el acto reclamado, por sí solo, actualiza alguna hipótesis del artículo 129 citado. Si la respuesta es positiva, no cabe realizar la ponderación establecida en la fracción X del artículo 107 constitucional, pues deberá negarse la suspensión del acto reclamado; pero si la respuesta es negativa, entonces el juzgador está obligado a realizar la ponderación de referencia, para determinar si la ejecución del acto puede causar un perjuicio de difícil reparación al quejoso; o si por el contrario, con la suspensión de éste se seguirá un perjuicio al interés social que debe prevalecer sobre el aparente derecho de la parte quejosa que pretende paralizar la ejecución del acto reclamado. En ese sentido, cabe abundar en que, corresponde al juez examinar la presencia de tales factores en cada caso, atendiendo desde luego, al contenido de los actos que se reclaman; ello teniendo presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretenden evitar con esta institución. Entonces, se insiste, no se tendrá colmado el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, cuando en caso de concederse la suspensión de los actos o las leyes reclamadas, implique que dejen de producirse actos o hechos tendentes a satisfacer necesidades colectivas, que reporten un beneficio a la sociedad, o bien, que eviten un trastorno o perjuicio público, esto es, que no procederá otorgar la referida medida precautoria cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. Respecto a este tema, debe destacarse que el artículo 129, fracción III, de la Ley de Amparo dispone, en lo conducente: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: (.) III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; (.)" De lo transcrito se advierte que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, entre otros, cuando de concederse la medida suspensional se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. En torno a ello, el último párrafo del aludido numeral establece que excepcionalmente podrá concederse la suspensión, a pesar de que se trate de los casos previstos en la propia norma, si a juicio del juzgador con la negativa pueda causarse mayor afectación al interés social. Entonces, al ponderar la afectación que la parte quejosa pretende evitar y el bien tutelado de la sociedad, se obtiene que de negarse la medida cautelar se ocasionarla un daño mayor que con el otorgamiento de ésta. Aunado a lo anterior, cabe destacar que la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto, entre otros, resolver toda controversia que se suscite con motivo de normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la propia Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Esto es, la finalidad de dicha ley reglamentaria de la Constitución, es proteger los derechos humanos consagrados en ésta y en los pactos internacionales en los que México sea parte, de las transgresiones de que fueren objeto con motivo de normas generales, actos y omisiones de las autoridades. En ese sentido, se recuerda que la referida fracción III del artículo 129 de la Ley de Amparo, establece que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, entre otros, cuando de concederse la medida suspensional se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. En el caso, cabe precisar que, entre otros aspectos, el decreto tildado de inconstitucional prevé el delito de remuneración ilícita, cuando se reciba un pago no autorizado, de conformidad con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, o bien, cuando éste sea indebido, en términos de la fracción I del artículo 217 Bis adicionado en el aludido decreto, sin realizar su reporte. Ahora bien, es obligación de este órgano jurisdiccional realizar una interpretación conforme, como lo mandata el segundo párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "Artículo 1°. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favorablemente en todo tiempo a las personas la protección más amplia." En razón de lo anterior, al realizar la interpretación de la fracción III del artículo 129 de la Ley de Amparo, conforme al artículo 1° la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (ejercicio que a su vez exige optar por el sentido del que derive un resultado más acorde al texto constitucional, a fin de garantizar la debida supremacía y, simultáneamente permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico), no pasa inadvertido para quien resuelve que las normas reclamadas están contenidas en una legislación reglamentaria de la Constitución Federal, esto es, de los artículos 75 y 127 de la Carta Magna; sin embargo, al ser un mandato constitucional se debe realizar una interpretación conforme, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, por lo que se considera que la interpretación conforme del artículo 129, fracción III, respecto al artículo 1º constitucional, implica un espectro de protección más amplio para los peticionarios de amparo, en los términos referidos precedentemente. Con lo que se tienen por satisfechos los requisitos contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Por otro lado, conviene precisar que la apariencia del buen derecho, en términos de los artículos 107, fracción X, constitucional y 138 de la Ley de Amparo, constituye un mandato de optimización de un fin perseguido constitucionalmente, que encomienda al juzgador adoptar la decisión más óptima, a la luz de las circunstancias de cada caso concreto, para maximizar el fin de dar eficacia a la suspensión sin lastimar el interés social, sin que la norma constitucional otorgue libertad en sentido amplio o permiso en el sentido negativo para la toma de la decisión sobre suspender un acto, sino que responsabiliza al juzgador de seleccionar el medio más efectivo para la consecución del fin constitucional perseguido, en función de las particularidades de cada asunto. En el caso, la aplicación de las normas reclamadas puede tener consecuencias jurídicas de difícil reparación en la esfera de la parte quejosa tanto a nivel personal, como en su carácter de funcionario público. Al respecto, es de reiterarse, que la parte quejosa es una persona con una relación laboral-administrativa para con el Estado Mexicano, dado que es servidor público perteneciente al Instituto Nacional Electoral, como se advierte de las documentales descritas en párrafos precedentes. Luego, vista la afectación subjetiva de manera aislada, es decir, un particular que no desempeñe un cargo revestido de protección constitucional, cuya función se desenvuelve en un principio de división de poderes, pudiera pensarse que es necesario que materialmente resienta un perjuicio económico. En razón de que el principio de anualidad, desde este momento y desde una perspectiva económica, pudiera considerarse que no produce efectos objeto de la paralización de las normas, pues el sueldo del presidente del país se autoriza en el presupuesto anual; entonces, es factible que tal afectación recaiga en el inicio del siguiente ejercicio fiscal. En cuyo caso, estará conminando a realizar un reporte a su superior jerárquico si su remuneración supera a la del titular del ejecutivo. Sin embargo, como se dijo, la parte quejosa es servidor público perteneciente al Instituto Nacional Electoral, por lo que la sola vigencia de las normas reclamadas, por su contenido y fin, le irradian una afectación, dado que su posición no se limita a su proyecto de vida y conservación de status quo, sino de protección inmediata de sus funciones dentro del órgano desconcentrado a la cual se encuentra adscrito, potencialmente menoscabadas con motivo de la sola vigencia de las normas reclamadas, como enseguida se expone. De manera ilustrativa se acude a las tesis emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que determinó que la existencia de una norma que penalice de inicio la búsqueda de información puede constituir un efecto amedrentador (tener un chilling effect), hacia los periodistas; cuyo efecto previsible (con las consabidas diferencias entre la actividad periodística y la jurisdiccional), es factible que se actualice en el caso, con relación a las sanciones punitivas descritas en el decreto reclamado. El criterio invocado se encuentra contenido en las tesis aislada 1a. XXXIII/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, de la décima época, materia común, visible a página 680, de texto y rubro siguiente: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. LOS PERIODISTAS CUENTAN CON INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EN AMPARO, SIN ACTO DE APLICACIÓN PREVIO, EL ARTÍCULO 398 BIS, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, POR SU POTENCIAL DE AFECTACIÓN EN LAS CONDICIONES DE ACCESO A LA DELIBERACIÓN PÚBLICA.". Entonces, a través de la suspensión del acto que se reclama, se evita el peligro en la demora, considerando esto como la posible frustración de los derechos de los pretendientes de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo; pues mientras ello no suceda, la estabilidad y funcionamiento del Instituto Nacional Electoral puede resultar menoscabada. Luego, si la parte quejosa acredita con las documentales exhibidas, que es servidor público perteneciente al Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, por lo que a nivel subjetivo cuenta con la protección constitucional a la independencia administrativa, así las cosas, en apariencia del buen derecho que le asiste, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley de Amparo, se concede al quejoso la suspensión provisional solicitada, para los efectos siguientes: Para que no se le apliquen las normas generales que combate, ni alguna diversa que tenga concordancia y suponga la operatividad de las reclamadas; esto es, que el parámetro de cálculo para las remuneraciones de ejercicios fiscales subsecuentes, relativas al puesto que ocupa como trabajador del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, no sea el salario del Presidente de la República; que las autoridades responsables se abstengan de eliminar, menoscabar, reducir o alterar en perjuicio de la accionante las remuneraciones que actualmente percibe, conforme al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal vigente, en los términos y plazos establecidos antes de la entrada en vigor del decreto reclamado. Lo anterior, hasta que se dicte la suspensión definitiva en este asunto. En la inteligencia de que dicha medida surte sus efectos de inmediato y se otorga sin garantía, dada la naturaleza de los actos reclamados y al no advertirse la existencia de terceros interesados. Además, conviene precisar que todas las autoridades responsables se encuentra vinculadas al cumplimiento de la medida suspensiva otorgada, las que deberán pasar por ésta en forma puntual en la totalidad de los actos subsecuentes que emitan. Una vez analizados los requisitos para conceder o negar la suspensión definitiva de los actos reclamados por la parte quejosa, y atendiendo a lo expuesto en líneas anteriores, se concede la suspensión provisional, respecto de la aplicación del Acuerdo INE/CG40/2019, denominado Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban para el ejercicio fiscal 2019, así como del Manual de Remuneraciones para los Servidores Públicos de Mando; de la publicación de la Estructura Ocupacional en el Diario Oficial de la Federación y la Actualización de los Tabuladores de Sueldos para el Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, para el Personal de la Rama Administrativa y el de Remuneraciones para las Contrataciones bajo el Régimen de Honorarios Permanentes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve y del Acuerdo número INE/CG34/2019, Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, que refleja la reducción realizada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Cabe destacar que la medida cautelar surtirá sus efectos desde luego y siempre que las disposiciones legales reclamadas no se hayan aplicado en perjuicio de la parte quejosa de manera irreparable, en razón de que la naturaleza de la medida suspensional impide que sus efectos sean restitutorios e incluso que puedan retrotraerse a actos anteriores a la fecha de presentación de la demanda de amparo, máxime que ello, en todo caso, será materia de la sentencia que se dicte en el cuaderno principal, respecto de la restitución de derecho que pueden verse afectados con la aplicación de la ley reclamada. Sirve de sustento a lo anterior, Tesis: XIII.P.A.3 K (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con número de registro 2016125, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS, SIEMPRE QUE EL ACTO RECLAMADO NO SE HUBIERA CONSUMADO IRREPARABLEMENTE, PREVIA PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL INTERÉS SOCIAL." Notifíquese.
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EN CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL AUTO DE VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE:" Ciudad de México, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN DE OFICIO Por recibido el oficio de cuenta 26767/2019, remitido por el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, al que se anexan el cuaderno de antecedentes relativo al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 388/2019, de su índice hoy 2310/2019 de la estadística de este órgano jurisdiccional; diversas constancias de notificación y la promoción con registro 10169 del juzgado de origen Acúsese recibo de estilo vía interconexión. CAMBIO DE CARÁTULAS DEL CUADERNO DE ANTECEDENTES RELATIVO AL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que el juzgado oficiante remitió el cuaderno de antecedentes relativo al incidente de suspensión, derivado de este juicio; en tal virtud, hágase el cambio de carátula del cuaderno incidental de que se trata con el número de juicio que corresponda para su debida identificación. CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN En relación con las constancias de notificación correspondientes al cuaderno en que se actúa, glósense las mismas y por cuanto hace a las relativas al juicio de amparo principal, sin ulterior acuerdo, intégrense al cuaderno respectivo para que obren como correspondan. ESTADO PROCESAL Visto el estado procesal de los autos, se advierte que en proveído de siete de octubre del presente año, se reservó la notificación personal a la parte quejosa en tanto se contará con el resultado del exhorto girado mediante acuerdo de dos de octubre pasado en el cuaderno principal del que emana este incidente, circunstancia que ya aconteció mediante auto de veintidós de octubre pasado, como se aprecia de la copia simple del escrito de diez de octubre del año en curso, en el que se tuvo a la quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, por tanto, se ordena la notificación de éste proveído y el diverso de siete de octubre de dos mil diecinueve; y hecho ello, remítanse junto con el cuaderno original los agravios respectivos al Tribunal Colegiado para la substanciación y resolución del recurso de revisión planteado por las partes, en términos del punto CUARTO del Acuerdo General 9/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. JUZGADO REMITE OFICIO DE AGRAVIOS Ahora bien, en auto de catorce de agosto de dos mil diecinueve, el juzgado de origen dio trámite al recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Presidente de la República en contra de la interlocutoria de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve el cual registró con el folio 10169, sin que al respecto obrara el original del oficio de interposición; motivo por el cual en auto de siete de octubre pasado se le solicito al Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz con residencia en Coatzacoalcos, la remisión del original de dicho oficio, lo que ya aconteció, motivo por el cual se provee lo siguiente: Debido que este juzgador no tiene la certeza de que el juzgado de origen hiciera del conocimiento de las partes el medio de impugnación planteado por la autoridad responsable, puesto que anexo a su oficio de cuenta ocho juegos de copias del mismo; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso a), 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes, incluido al Ministerio Público Federal (hoy Fiscal Ejecutivo Titular), copia del oficio de agravios y dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que se integre debidamente el expediente, remítase el original del oficio de agravios, copia del mismo y el cuaderno original del incidente de suspensión a los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto del Centro Auxiliar de la Primera Región, en términos del numeral CUARTO del Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para la sustanciación y resolución del recurso de referencia. GESTIONES CUMPLIMIENTO Finalmente agréguese a los autos el oficio signado por el Director de Procesos y Amparos de la Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Bienestar, en representación de la propia Secretaría, mediante el cual informa las gestiones implementadas a efecto de cumplimentar la suspensión definitiva concedida en resoluciones interlocutorias de diecisiete de mayo y cinco de junio, ambas de este año, dictadas por el juzgado de origen y para acreditar su dicho, exhibe copia certificada de diversos comprobantes de pago a favor de las quejosas; de lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Por cuanto a lo solicitado por la autoridad oficiante en el sentido de que se modifique la valoración de la medida cautelar debido a que han cesado los efectos del acto reclamado; dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad con lo solicitado toda vez que no es la vía y medio para hacerlo valer, por lo que, queda expedido su derecho para promover el medio de impugnación correspondiente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación", DICTADO EN EL INCIDENTE RELATIVO AL JUCIO DE AMPARO 2310/2019, A LA PARTE QUEJOSA EN EL JUICIO EN QUE SE ACTÚA. NOTIFÍQUESE.
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